El Cuerpo de Bomberos reportó al menos 35 cuerpos en la zona del siniestro. No obstante, no se descarta que más cuerpos se encuentren atrapados bajo el bus.
Una unidad de transporte interprovincial de la empresa Llamosas habría sido colisionada por una camioneta a la altura del kilómetro 781 de la carretera Panamericana Sur, cuando cubría la ruta Chala – Arequipa. Tras el impacto, la unidad se despistó y cayó a un barranco.
De acuerdo con declaraciones del gerente regional de Salud, Walter Oporto, la cifra de víctimas mortales sería de 37. En tanto, el Cuerpo de Bomberos reportó al menos 35 cuerpos en la zona del siniestro. No obstante, no se descarta que más cuerpos se encuentren atrapados bajo el bus. Además, se estima un total de 25 heridos.
La colisión se produjo alrededor de las 00:30 horas del miércoles 12 de noviembre. Ninguno de los pasajeros de la camioneta resultó fallecido. Aún está en investigación las responsabilidades del siniestro.
Estado en que quedó la camioneta que colisionó con el bus interprovincial.
De los 37 fallecidos, 36 perdieron la vida en el lugar del accidente y 1 mientras era trasladado a un centro hospitalario. En un primer momento, 25 heridos fueron atendidos en el Centro de Salud de Ocoña, pero dada la gravedad de las lesiones comenzaron a ser trasladados a Camaná y al hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa.
La zona de la coalición es una curva cerrada al borde de un precipicio, desde donde la unidad recorrió alrededor de 200 metros dando vueltas de campana. El lugar ya fue escenario de siniestros de gran magnitud. En 2018, un bus de la empresa Rey Latino se despistó y dejó un saldo de 45 muertos.
Walter Oporto refirió que a través del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de la GERESA que están en permanente comunicación con los establecimientos de salud de la zona para seguir la evolución de los pacientes y coordinar el apoyo que sea necesario.
Los heridos son atendidos en los centros de salud de Camaná, Ocoña y Arequipa.
En tanto, continúan los trabajos para la recuperación de los restos. El Cuerpo de Bomberos pidió apoyo para trasladar los cadáveres del lugar del siniestro hasta la otra ribera del río Ocoña, un lugar de más fácil acceso. Trascendió que la Municipalidad Distrital de Nicolás de Pierola puso a disposición un cargador frontal para esta labor.
En el lugar ya se encuentran representantes del Ministerio Público para el proceso de identificación y levantamiento de cuerpos. Asimismo, continúa restringido el tránsito vehicular en el tramo de la Panamericana Sur donde ocurrió el accidente.
Lista de heridos en accidente de bus de empresa Llamosas en Ocoña: Pacientes internados en Camaná y trasladados a Arequipa
La Gerencia Regional de Salud actualizó el estado de los 25 heridos en la tragedia de Ocoña. En el hospital de Camaná permanecen 18 heridos, mientras que 7 fueron trasladados al hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa. Hasta el momento, dos pacientes ya llegaron al nosocomio regional. Esta es la lista oficial al promediar las 9:29 horas.
Respecto al conductor de la camioneta involucrada en la tragedia, este fue identificado como Hennry Branddy Rey Apaclla Ñaupari. El individuo se encuentra detenido en la comisaría de Ocoña. Respecto a los trascendidos que señalan que se encontraba bajo el efecto de bebidas alcohólicas, el examen cualitativo de dosaje arrojó resultado positivo. En las próximas horas será sometido a un examen cuantitativo para determinar si la ingesta de licor estaba por encima de los valores permitidos. En las siguientes horas el Ministerio Público determinará su situación legal.
Ministerio Público inicia recojo de cadáveres
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná se encuentra en Ocoña realizando las diligencias preliminares urgentes para el levantamiento e internamiento de los cadáveres. Debido a la magnitud de los hechos y la cantidad de fallecidos, en la zona del accidente se encuentran los fiscales provinciales Luis Supo Ramos y Jorge Medina Chávez, además del fiscal adjunto al provincial, Clisman Ala Gordillo.
Asimismo, se ha coordinado con la División Médico Legal de Arequipa para que personal de distintas áreas se trasladen hacia el lugar del accidente para que apoyen en las distintas diligencias. También se trabaja con personal especializado de la policía para los peritajes que sean necesarios. Hasta el lugar también llegó un sacerdote para otorgar la bendición a los cuerpos que son retirados.
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Tomás Gálvez y críticos de Delia Espinoza insisten a la JNJ que se ponga las pilas y evite su retorno como fiscal de la Nación
Vladimir Cerrón reconoce que tuvo que improvisar la plancha presidencial con Pedro Castillo y Dina Boluarte
José Jerí defiende su plan de cantar el himno e izar la bandera para acabar con el crimen
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Delia Espinoza ya envió su carta a Tomás Gálvez exigiéndole que desocupe el escritorio que todavía le pertenece. El reloj corre y en menos de 24 horas Espinoza debería estar nuevamente al mando del Ministerio Público. La noticia no ha caído nada bien entre quienes ya se sentían cómodos con la gestión de Aladino Gálvez y sus recientes decisiones dentro de la institución.
Desde Willax, los comentarios no se han hecho esperar. Sus panelistas han cuestionado severamente la pasividad de la Junta Nacional de Justicia, calificando su actuación como débil y timorata frente a la restitución de Espinoza. Por su parte, el abogado del actual presidente de la JNJ, Gino Ríos, optó por un tono más técnico, señalando que el fallo a favor de Delia Espinoza refleja —según él— la mayor muestra del deterioro del sistema judicial. Aun así, sugirió una salida: que la JNJ presente una acción competencial ante el Tribunal Constitucional o, al menos, un pedido de aclaración para retrasar el cumplimiento de la sentencia.
En la misma línea se encuentra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien desde su espacio seguro —Willax— afirmó que si la JNJ “fuera eficaz”, ya habría presentado dichas medidas. Según su lógica, eso demostraría un poco más de “carácter institucional”.
Se huele a kilómetros la decepción de quienes esperaban que la JNJ mostrara mayor agresividad contra Delia.
Vladimir Cerrón reconoce que tuvo que improvisar la plancha presidencial con Pedro Castillo y Dina Boluarte
Con una curiosa mezcla de audacia y nostalgia, Vladimir Cerrón, precandidato presidencial por Perú Libre y actual prófugo de la justicia, ha revelado el (supuesto) origen del “experimento fallido” Castillo-Boluarte: fue un plan B. Según su peculiar relato, todo se debió a que una sentencia lo excluyó a él, el candidato original, “sentencias que se hacen en el preámbulo de un tema electoral para impedir la candidatura de personas que son incómodas”, indicó, forzando una improvisada plancha que, en sus palabras, terminó en un golpe de Estado… pero no el que todos creen.
Cerrón argumenta, con lógica propia, que Pedro Castillo no dio un golpe; más bien, fue la víctima de uno, un pobre ingenuo al que le hicieron creer que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas para luego dejarlo solo.
Como balance de su partido, asegura con ironía que su gestión fue “totalmente positiva”, destacando como gran logro no haber aprobado leyes a favor de banqueros, concesiones abusivas o una amnistía para militares, una forma muy particular de medir el éxito desde la clandestinidad.
José Jerí defiende su plan de cantar el himno e izar la bandera para acabar con el crimen
Parece que José Jerí tiene poca correa para las críticas. El popular “código borrachita” se apeligró para defender su medida de izar la bandera y cantar el himno nacional en todas las instituciones estatales.
Como si de la cúspide de la lucha contra el crimen se tratara, el presidente máquina salió a minimizar a quienes señalan lo evidente: que su propuesta es un disparate más en el bulto de despropósitos de autoría de este Congreso o de su antecesora Dina Boluarte. Es más, arguyó que todo lo que tenga que ver con la patria saca ronchas en los críticos de su extenso gobierno.
Ya pues, Jerí, no nos tomes de sanos. Los que te critican no lo hacen porque seas uno más de los “Dios, patria y familia”, lo hacen porque tus medidas son puro humo y nada de resultados. Si se va a dedicar a hacer videitos en vez de gobernar como se debe, mejor que lo reemplace su imitador de TikTok. Al menos él sí da risa.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, debe entregar el cargo a la fiscal Delia Espinoza, de acuerdo con una nueva resolución del Poder Judicial.
Delia Espinoza mediante una carta enviada al fiscal interino Tomás Gálvez, este martes, le solicita oficialmente que se le reponga como Fiscal de la Nación, tras la disposición del Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia para que se suspenda el proceso disciplinario que le abrió la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y determinó su suspensión.
De acuerdo con la misiva, Espinoza Valenzuela refiere, «resulta necesario que proceda a realizar la entrega de cargo de su gestión como interino. Y designe a quien presidirá la comisión de transferencia de gestión a la suscrita. (…) corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación», dice en el documento.
Como se informó, el juez Juan Torres Tasso, firmó la resolución en la que dispone la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación y determina que los cuatro cargos que se le atribuyen provienen directamente del artículo 3 de la resolución 231-2025-JNJ, la misma que había sido previamente suspendida por el propio magistrado.
JNJ interpretó equivocadamente alcances de decisión del Poder Judicial
«Se ordena a la entidad emplazada, la Junta Nacional de Justicia, que reponga a doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación dentro de los dos días siguientes a la notificación de la presente resolución», dice en el documento enviado este lunes 10 de noviembre.
Asimismo, explica la resolución que, la JNJ interpretó equivocadamente cuáles eran los alcances de la decisión del Poder Judicial. Porque se había solicitado cumplir con «reponer a la magistrada y que continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación». Pero no se cumplió con esta disposición judicial.
«Se exhorta a la institución emplazada a que cumpla con los deberes propios a la debida conducta procesal de las partes en el presente proceso», dice.
Abogado de Delia Espinoza solicitó aclaración a Juzgado sobre orden judicial
El abogado de Delia Espinoza, Luciano López, dijo que han solicitado una aclaración al Juzgado para que precisen que su defendida no requiere de un documento de la Junta para ser repuesta en su cargo.
«La Junta Nacional de Justicia le sacó la vuelta a la orden judicial y el juez está poniendo justamente los puntos sobre las íes y está diciendo eso. Incluso le está diciendo que adecúe su conducta procesal al cumplimiento del mandato constitucional. Las resoluciones judiciales se cumplen sin titubeos y sin discusiones», declaró a Canal N.
De otro lado, algunos colectivos y autoconvocados están haciendo un llamado para este miércoles 12 de noviembre. Se realizará un plantón de apoyo a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la sede central del Ministerio Público en la avenida Abancay.
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– Delia Espinoza confronta a Tomás Gálvez y le exige entregar el cargo – Movidas electorales: Harvey Colchado se lanza y Jurado retira a Morgan Quero – La “solución de Jerí” no está funcionando – Conexión regional: Jerí en Huánuco
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Junín: Fiscalía impugna fallo que absuelve a exgobernador Fernando Orihuela de violencia contra la mujer. Cusco: Autoridades ineficientes ante malos ciudadanos que destruyen Centro Histórico
Pasó en el Perú | Ayacucho. Decenas de enfermeras realizaron un plantón en el frontis del Hospital Regional de Ayacucho, en rechazo a la propuesta que busca eliminar el Departamento de Enfermería de la estructura organizacional del nosocomio. La manifestación fue encabezada por representantes del sindicato local y contó con el respaldo de la Federación de Enfermeros del Perú.
Las profesionales denunciaron que la medida estaría contemplada en una modificación del Manual de Organización y Funciones (MOF), elaborada por personal externo, que desconoce la realidad hospitalaria y la función esencial que cumple el personal de enfermería en la atención directa a los pacientes.
“Nos están imponiendo un plan piloto que busca desaparecer nuestro departamento, bajo el argumento de que duplicamos funciones con otras profesiones. Eso ocurre porque quienes elaboran el documento no conocen la realidad del hospital ni nuestro trabajo”, manifestó la secretaria general del sindicato, Rocío Vargas Jurado.
El gremio exige a la dirección del hospital dejar sin efecto cualquier cambio estructural hasta abrir un diálogo técnico con los representantes del sector. Desde otras regiones, colectivos de enfermería expresaron su respaldo a las trabajadoras de Ayacucho, advirtiendo que esta propuesta podría sentar un precedente para el sistema hospitalario nacional, informó Jornada.
Junín: Fiscalía impugna fallo que absuelve a exgobernador Fernando Orihuela de violencia contra la mujer
Pasó en el Perú | Junín. La Fiscalía apeló la sentencia que absolvió al exgobernador de Junín, Fernando Orihuela, del delito de violencia contra la mujer. El Ministerio Público afirma que el juez de Huancayo valoró de forma incorrecta las pruebas y no motivó adecuadamente su decisión, pese a los videos y al certificado médico que registró 17 hematomas en el cuerpo de la víctima.
La fiscal Fabiola Luna Marchán sostiene que las evidencias demuestran agresiones físicas y psicológicas contra la joven, con quien Orihuela mantenía una relación sentimental. La denuncia describe golpes, insultos y jalones ocurridos la madrugada del 19 de febrero de 2023, frente a una discoteca de Huancayo.
La apelación también cuestiona que el juez haya dado peso a la retractación de la víctima, ocurrida más de dos años después del hecho. La Fiscalía advierte que esa retractación puede responder a presión o dependencia emocional y económica, lo que refuerza el contexto de violencia de género.
El Ministerio Público pide que la Sala de Apelaciones anule el fallo absolutorio y emita una condena por agresión contra la mujer, según el artículo 122-B del Código Penal, informó Huanca York Times.
Cusco: Autoridades ineficientes ante malos ciudadanos que destruyen Centro Histórico con basura y cemento
Pasó en el Perú | Cusco. El centro histórico de la ciudad imperial sigue siendo blanco de atentados contra su patrimonio. Por ejemplo, la basura se ha convertido en un problema que no solo contamina, sino que frena el desarrollo y afecta la salud.
Apenas el 5% de los residuos recibe tratamiento adecuado; el resto termina en botaderos informales, cerca de ríos y comunidades. Según la Red de Estudios para el Desarrollo, cada tonelada sin tratar significa más gasto público y menos calidad de vida.
Son más de 28 millones de soles que siguen sin ejecutarse en proyectos de limpieza. Una gestión eficiente no solo reduciría la contaminación: también generaría empleo y desarrollo sostenible.
Otro tipo de deterioro, que también se registra, es la destrucción de muros incas.
Malos empresarios que abren locales nocturnos modifican las casonas a conveniencia destruyendo los antiguos muros incas que agravan el daño sobre el patrimonio.
Así, una vez más, somos los propios cusqueños quienes terminamos atentando contra nuestra historia y nuestra ciudad, informó CuscoPost.
Arequipa: Alcaldesa de Yura advierte sobre situación de botadero Quebrada Onda
Pasó en el Perú | Arequipa. La alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas, alertó que el botadero de Quebrada Honda, donde se dispone gran parte de la basura de toda la ciudad de Arequipa, se encuentra al borde de su capacidad.
Según precisó, recibe más de mil toneladas diarias de desechos, lo que ha provocado contaminación y olores que afectan a los vecinos de Ciudad de Dios y la zona tradicional del distrito.
Ruelas informó que la Municipalidad Distrital de Yura ha solicitado la declaratoria de emergencia para el botadero, advirtiendo que esta situación pone en riesgo la salud de los habitantes, pues el exceso de desperdicios también generó la presencia de plagas.
Explicó que, siendo competencia de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se requiere una intervención urgente de mitigación mientras se elabora el expediente técnico para un nuevo relleno sanitario.
La alcaldesa también exigió al Ministerio del Ambiente acelerar los trámites y considerar la instalación de otro relleno sanitario en la zona sur de la región, con el fin de evitar que Yura continúe concentrando la mayoría de los residuos sólidos de toda la ciudad, informó El Búho.
Loreto: Evaluarán entrega de bono y proyectos en Puinahua
Pasó en el Perú | Loreto. Durante la reunión de la Junta de Administración del Fondo Social y el Consejo Consultivo del Fondo Social de Puinahua se escucharon diversas peticiones y hubo acuerdos que fueron por consenso.
Entre las cosas que se dijeron están que, las reuniones deben ser en Bretaña, que se debe remover a los de la Junta que son candidatos y que la empresa ejecutora no se pueda conformar con miembros de la Junta.
Asimismo, que se evaluará la entrega de un bono; que se deben institucionalizar los apoyos económicos y excluir de los mismos a los de la asociación de residentes de Puinahua y que, se tiene que elegir representantes por cantidad de población, mínimo uno por barrio. Además, se estableció que las próximas sesiones serán en Puinahua, informó ProyContra.
“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.
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Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Un nuevo incidente alarmó a los viajeros de la Panamericana Sur, luego de que un bus interprovincial de la empresa Jacksa se incendiara por completo mientras cubría la ruta Lima–Ica. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 149, en el sector La Arena, distrito de San Vicente de Cañete, dejando solo daños materiales. Según […]
Un nuevo incidente alarmó a los viajeros de la Panamericana Sur, luego de que un bus interprovincial de la empresa Jacksa se incendiara por completo mientras cubría la ruta Lima–Ica. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 149, en el sector La Arena, distrito de San Vicente de Cañete, dejando solo daños materiales.
Según los primeros reportes, el vehículo con placa C0Y-951 partió de Ica alrededor de las cinco de la mañana, cuando el chofer detectó humo proveniente del motor. De inmediato, detuvo la marcha y evacuó a los más de 50 pasajeros que viajaban a bordo.
“Estábamos dormidos y escuchamos gritos. El conductor gritó que bajáramos rápido, que el bus se estaba quemando”, relató uno de los ocupantes. La evacuación fue caótica, ya que varios pasajeros se encontraban dormidos y no lograban reaccionar a tiempo.
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Pobladores del centro poblado Villa del Mar acudieron en auxilio al ver las llamas a lo lejos. “El fuego era tan fuerte que no pudimos hacer mucho, solo ayudar a la gente a salir”, contó una vecina que presenció el siniestro.
Hasta el lugar llegaron bomberos de Asia y San Vicente, quienes trabajaron varios minutos para controlar el incendio, que dejó al bus completamente calcinado. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas, solo pérdidas materiales.
El conductor fue trasladado a la comisaría de San Vicente para las investigaciones correspondientes. La Policía Nacional restringió el tránsito durante algunas horas mientras se retiraban los restos del vehículo y se restablecía la circulación en la vía.
Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA
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En el distrito de Sivia, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), se han registrado recientemente casos importados de malaria, lo que ha generado la activación de medidas para contener la enfermedad. La malaria, causada por el parásito Plasmodium vivax, se transmite a través de la picadura del mosquito Anopheles. Desde […]
En el distrito de Sivia, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), se han registrado recientemente casos importados de malaria, lo que ha generado la activación de medidas para contener la enfermedad. La malaria, causada por el parásito Plasmodium vivax, se transmite a través de la picadura del mosquito Anopheles.
Desde enero hasta la fecha, se han confirmado nueve casos en la región, aunque no se han reportado nuevos contagios desde abril. Los casos importados provienen de regiones como Junín y Cusco, debido al constante flujo de personas hacia el Vraem.
Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y malestar muscular. La atención temprana es clave, especialmente para niños, gestantes y adultos mayores, ya que en estos grupos la enfermedad puede complicarse.
Entre las recomendaciones para prevenir la enfermedad están el uso de repelentes, ropa de manga larga, mosquiteros y mallas en ventanas, así como eliminación de charcos y maleza alrededor de las viviendas, que son lugares donde se reproduce el mosquito transmisor.
A diferencia del dengue, que no cuenta con tratamiento específico, la malaria tiene cura mediante un esquema farmacológico de siete días, utilizando medicamentos como cloroquina y primaquina. Una vez finalizado el tratamiento, el paciente recibe el alta médica.
Actualmente, el monitoreo se concentra en las zonas con transmisión activa, mientras que las brigadas de salud intensifican las intervenciones y campañas preventivas. Las autoridades instan a la población a reportar síntomas de manera inmediata y mantener medidas de protección, especialmente en las áreas rurales del Vraem.
A nivel nacional, los datos más recientes de la Ministerio de Salud (Minsa) muestran que hasta la semana 36 del 2025 se han notificado 24 877 casos de malaria y 6 defunciones en el país.
En la región de Loreto, solo hasta la semana 24‑2025 se registraron 14 313 casos, frente a los 16 547 del mismo periodo en 2024. Estas cifras reflejan que, aunque la enfermedad sigue concentrada en zonas selváticas, la movilidad poblacional puede favorecer la aparición de casos importados en regiones como el Vraem, lo que acentúa la necesidad de vigilancia y prevención local.
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La Reserva Nacional de Paracas está en el centro de una disputa que podría redefinir la forma en que se protegen las áreas naturales protegidas (ANP) del país. En los próximos días, el Poder Judicial deberá decidir si la pesca industrial puede operar dentro de estos espacios creados para resguardar la vida marina. La controversia […]
La Reserva Nacional de Paracas está en el centro de una disputa que podría redefinir la forma en que se protegen las áreas naturales protegidas (ANP) del país. En los próximos días, el Poder Judicial deberá decidir si la pesca industrial puede operar dentro de estos espacios creados para resguardar la vida marina.
La controversia enfrenta a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), el gremio más poderoso del sector industrial, y al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Este 7 de noviembre, ambas partes se encontraron en una audiencia de apelación que reunió en una misma sala argumentos jurídicos, científicos y económicos.
Aunque popularmente este proceso se asocia a “Paracas”, su alcance va mucho más allá. La SNP busca abrir la puerta a la pesca a gran escala en todas las áreas naturales protegidas del país. Un fallo a su favor modificaría el reglamento que, desde hace más de veinte años, mantiene fuera a la pesca industrial de estos espacios y podría además influir en otro proceso judicial en curso, el de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.
Los alegatos de la última audiencia giraron en torno a una cuestión de fondo: ¿La normativa ambiental debe mantenerse como un escudo que proteja nuestros ecosistemas o puede modificarse para “compatibilizar” la pesca industrial con la conservación? El debate llegó a esta instancia luego de que, en junio de 2024, el Poder Judicial rechazara la demanda de la SNP. Aun así, el gremio apeló.
¿Qué planteó cada parte en esta audiencia decisiva? Y, sobre todo, ¿qué está en juego para el futuro del mar peruano? Aquí te lo contamos.
SNP defiende “compatibilizar” la pesca industrial con la conservación
La audiencia comenzó con la parte demandante. La SNP cuestionó la Directiva 006-2021 del Sernanp, que prohíbe la pesca industrial dentro de las áreas naturales protegidas. Su abogado, Samuel Abad Yupanqui, sostuvo que esta norma vulnera la ley y los principios constitucionales. También alegó que, al no haberse publicado por completo en el diario El Peruano, la directiva carece de validez.
Su defensa giró en torno a un argumento ya conocido, que las normas ambientales deben “compatibilizar” la actividad económica con la conservación. “La posición de la Sociedad Nacional de Pesquería y la que recoge la ley de áreas naturales protegidas es buscar una solución equilibrada, una solución razonable que permita, en determinadas zonas, la pesca de mayor escala con controles del Sernanp”, dijo ante los magistrados.
Para reforzar su argumento, el abogado citó el caso excepcional de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, donde hoy se permite la pesca industrial hasta los mil metros de profundidad. Con ese ejemplo, sostuvo que no existe una prohibición general y que el Sernanp actúa de manera incoherente al aplicar la directiva.
Sin embargo, esta comparación es engañosa. La Dorsal de Nasca enfrenta actualmente un proceso judicial que busca revertir precisamente esa excepción, por considerarla contraria al principio de conservación. Una posición respaldada por exministros del Ambiente y 21 científicos marinos quienes advierten que permitir la pesca industrial dentro de áreas protegidas no representa un “equilibrio”, sino una amenaza directa para los ecosistemas y los compromisos internacionales de conservación marina asumidos por el país.
El Estado recuerda que la pesca industrial está prohibida desde hace más de veinte años
Por su parte, el procurador constitucional Luis Alberto Huerta Guerrero, representante del Estado, centró su intervención en la continuidad normativa. Recordó que la prohibición de la pesca industrial dentro de ANP no nació con la directiva del 2021 que se busca impugnar, sino que está vigente desde el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas aprobado en 2001. En otras palabras, el Estado no inventó una restricción nueva, sino que la reafirmó.
Asimismo, respondió directamente a las declaraciones del abogado Samuel Abad, quien trató de deslindar la Reserva Nacional de Paracas del proceso actual. “Aquí no se discute nada sobre Paracas. Lo que se resuelva no incidirá en Paracas”, sostuvo el abogado de la SNP, intentando reducir el alcance del debate a una resolución específica.
En la Reserva Nacional de Paracas se permite la pesca artesanal porque forma parte de las actividades tradicionales y sostenibles de las comunidades locales que habitan la zona. (Foto: Alejandra Thais/ Inforegión)
Ante ello, el procurador le recordó que en octubre de 2023 fue la propia SNP quien acudió al Sernanp con un documento en el que pedía, de manera expresa, autorización para que sus agremiados puedan pescar en Paracas. Subrayó que aquella solicitud no mencionaba la directiva de 2021, sino que cuestionaba el reglamento de 2001, el mismo que prohíbe de forma clara la pesca industrial dentro de áreas protegidas. A ello, añadió que la presencia de la SNP en la reserva no es mínima, puesto que actualmente existen sanciones millonarias contra sus embarcaciones por ingresar ilegalmente a Paracas.
Huerta advirtió que la estrategia de la SNP no se limita a impugnar una norma aislada, sino que forma parte de una ofensiva más amplia para debilitar los marcos de protección ambiental del mar peruano. ¿Un ejemplo? Poco después de que se rechazara su demanda, la SNP acudió al Indecopi para intentar, por otra vía, eliminar la prohibición de la pesca industrial en áreas protegidas, alegando que se trataba de una “barrera burocrática”. Ese procedimiento fue suspendido en septiembre de 2024 porque el caso judicial todavía está en curso.
SNP usa una directiva reciente para evadir norma vigente desde 2001
En la audiencia de apelación también participó Luciano López, abogado de la organización Oceana, en calidad de tercero interesado. Durante su intervención, explicó que la estrategia legal de la SNP busca eludir las reglas usando como pretexto una norma más reciente, la directiva de 2021. Lo hace, señaló, porque si la SNP hubiera querido cuestionar la ley de las ANP, publicada en 2001, el plazo legal para hacerlo (cinco años) venció en 2006. Por eso ahora recurren a una directiva que en la realidad no crea una nueva restricción, sino que reafirma una norma vigente desde hace más de dos décadas.
El abogado también subrayó que la defensa de las áreas protegidas no recae solo en el Estado. Citó el pronunciamiento de más de 40 exministros, entre ellos ocho del Ambiente, además de científicos, exautoridades y gremios de pescadores artesanales, quienes han pedido sostenidamente al Poder Judicial actuar con responsabilidad y proteger el patrimonio natural del país frente a los intereses de la gran industria.
Exjuez del TC aboga por «equilibrio» entre pesca industrial y conservación
Como nuevo actor en el caso, también intervino en la audiencia Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, quien participó como tercero en representación de un sindicato de pescadores. Su intervención, sin embargo, coincidió por completo con la postura de la SNP. Blume defendió la posibilidad de permitir una pesca industrial “regulada” dentro de las áreas naturales protegidas y cuestionó el alcance de la prohibición vigente.
La pesca industrial es una actividad prohibida en áreas naturales protegidas desde 2001 porque su escala y métodos de captura generan un fuerte impacto en los ecosistemas marinos. (Foto: Andina)
El exabogado de Dina Boluarte argumentó que el desafío es “encontrar un equilibrio” entre la pesca industrial y la conservación, citando artículos de la Ley General de Pesca que protegen los derechos adquiridos de empresas con concesiones o permisos anteriores, es decir, los llamados “derechos preexistentes”, que buscan permitir a ciertas embarcaciones seguir operando incluso cuando una ley lo prohíbe. Según él, una prohibición total de la pesca industrial sería “irracional”, ya que el mar peruano es «extenso y rico en recursos».
Sin embargo, su planteamiento reproduce el discurso que la gran industria pesquera ha mantenido durante años, usar la idea de “equilibrio” para justificar la entrada de flotas industriales en zonas diseñadas precisamente para alejar la presión extractiva. Expertos ambientales señalan que este argumento ignora el verdadero propósito de las áreas naturales protegidas, que no fueron creadas para compatibilizar con intereses económicos, sino para garantizar la conservación efectiva de ecosistemas frágiles y especies vulnerables.
¿Qué está en juego y por qué debería importarnos a todos?
La audiencia del 7 de noviembre mostró cómo esta disputa va mucho más allá de una noticia jurídica. Se trata de una pugna por el modelo de gestión del mar peruano. Por un lado, están quienes defienden las áreas naturales protegidas como espacios intangibles diseñados para conservar ecosistemas únicos. Por el otro, quienes buscan reinterpretar su régimen para permitir actividades de gran escala como la pesca industrial.
¿Y qué implicaría abrirles la puerta? Primero hay que entender la diferencia de esta actividad con la pesca artesanal, que sí está permitida dentro de las ANP. Las embarcaciones artesanales son pequeñas, con una capacidad limitada de carga, y utilizan métodos manuales o redes de poca extensión que generan un impacto mínimo en el ecosistema.
En cambio, los barcos industriales son mucho más grandes y operan con redes gigantes que arrasan con todo a su paso. Estas redes provocan enmallamiento masivo de especies, atrapando peces adultos, juveniles e incluso animales que no son su objetivo como tortugas, delfines y ballenas. Permitir su actividad en las ANP, como advierten los expertos, puede agotar los recursos del mar, romper las cadenas alimenticias y poner en riesgo la economía de las comunidades costeras que dependen de un océano saludable.
Por eso, los pescadores artesanales también han alzado la voz. En agosto de 2024, visitamos la Reserva Nacional de Paracas (RNP) para conocer su posición. “Llevo más de 40 años dedicándome a la pesca artesanal, maricultura y extracción de mariscos. Las embarcaciones artesanales más grandes tienen una capacidad de 10 toneladas, y las más pequeñas de 3 toneladas. En cambio, las embarcaciones industriales pueden almacenar entre 800 y 1200 toneladas. Permitir que estas embarcaciones ingresen sería el fin de la pesca artesanal en el futuro”, nos señaló José Hernández, miembro del Comité de Gestión de la RNP.
Estas redes provocan enmallamiento masivo de especies, atrapando no solo peces adultos, sino también juveniles y hasta animales que no son su objetivo. (Foto: Jordi Chias / WWF)
En pocos días, el Poder Judicial deberá tomar una decisión que marcará un precedente decisivo. De su fallo dependerá si las áreas marinas continúan siendo un escudo efectivo frente a la gran industria pesquera o un territorio abierto a la lógica de la extracción sin límites.
Un fallo favorable a la SNP no solo debilitaría la protección de las reservas marinas, sino que también podría reactivar procesos paralelos, incidir en el caso que se sigue con la Dorsal de Nasca, aún sin resolver, y alterar el frágil equilibrio entre explotación y conservación. Además, sentaría un peligroso referente que podría ser usado para extenderse a otros espacios protegidos, incluidos parques nacionales donde hoy están prohibidas actividades como la minería, la explotación de hidrocarburos y otras industrias de gran escala.
El fallo que emita el Poder Judicial definirá también el rumbo de la política ambiental del país. En un contexto de crisis climática y agotamiento de recursos, la decisión que tome la Sala será una señal sobre qué tipo de desarrollo queremos como país. ¿Uno que proteja su patrimonio natural o uno que lo sacrifique en nombre de la rentabilidad inmediata?
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De acuerdo con la denuncia de los pobladores, este martes se cumple el segundo día de paralización de los trabajos en la carretera JU-103, que une los distritos de Yauli, Pancán y Ricrán, en la provincia de Jauja. Los comuneros de Huasquicha exigen la presencia del gobernador Zósimo Cárdenas, quien había prometido evitar nuevas suspensiones […]
De acuerdo con la denuncia de los pobladores, este martes se cumple el segundo día de paralización de los trabajos en la carretera JU-103, que une los distritos de Yauli, Pancán y Ricrán, en la provincia de Jauja. Los comuneros de Huasquicha exigen la presencia del gobernador Zósimo Cárdenas, quien había prometido evitar nuevas suspensiones de la obra.
Las maquinarias permanecen detenidas desde el lunes, día que coincidió con una fuerte lluvia que comenzó a deteriorar los trabajos. “Los obreros están colocando la sub base de carpeta asfáltica y las lluvias lo están arrastrando”, comentó un poblador a Huanca York Times.
Además de las lluvias, los 40 obreros se encuentran impagos hace dos meses. Hace unas semanas, a raíz de una protesta frente a la oficina de la empresa constructora, el Consorcio Edén, lograron que les pague de un mes. Ahora está pendiente sus salarios de setiembre y octubre.
Un aspecto adicional es, según los pobladores, que las maquinarias se quedaron sin el combustible necesario para operar.
Así, la construcción de esta carretera lleva alrededor de siete años de retrasos desde que inició en el 2018.
La obra, con una inversión superior a S/ 196 millones, contempla el asfaltado de 34 kilómetros, la construcción de puentes y muros de contención, y la instalación de cunetas y alcantarillas.
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A raíz de la ola de inseguridad ciudadana que se vive en la ciudad de Juliaca, los dirigentes de la provincia de San Román, no descartaron una nueva movilización en contra de las autoridades locales por los altos índices de asaltos, robos y sicariatos en la ciudad de los vientos. Tras el violento asesinato de […]
A raíz de la ola de inseguridad ciudadana que se vive en la ciudad de Juliaca, los dirigentes de la provincia de San Román, no descartaron una nueva movilización en contra de las autoridades locales por los altos índices de asaltos, robos y sicariatos en la ciudad de los vientos.
Tras el violento asesinato de un joven de 23 años que se desplazaba por el centro de la ciudad a bordo de un vehículo y por el asalto a mano armada en una vivienda, los representantes de los gremios sociales, protestaron, mediante un plantón, en contra de la policía y del alcalde calcetero, Oscar Cáceres Rodríguez.
«Señor Oscar Cáceres, ¿dónde está tu plan de seguridad ciudadana?, parece que las autoridades han hecho un pacto con la delincuencia. La población esta en completo abandono. Han implementado una mesa técnica que en nueve meses no ha tenido resultados ¿dónde están los resultados?, ¿los trece regidores de que ganan?, ¿han sacado una ordenanza para erradicar los antros de perdición?, no lo han hecho», emplazó el ex presidente de las cuatro zonas, Antero Pimentel Esquivias.
Tras ello, convocó a todos los representantes de la sociedad civil a una reunión que se estaría realizando el sábado 15 de noviembre en el local del SUCMMMA San Román.
Como se recordará, en el mes de abril de este año, la población de Juliaca, organizó un paro preventivo contra la ola delincuencial que invade a la ciudad de los vientos desde hace años.
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César Tito Rojas, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) confirmó que el magisterio y organizaciones populares preparan una jornada nacional de lucha este viernes 14. César Tito Rojas confirmó el repudio total de la población de Puno hacia el gobierno continuista de José Jerí. La protesta exige cambios urgentes […]
César Tito Rojas, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) confirmó que el magisterio y organizaciones populares preparan una jornada nacional de lucha este viernes 14. César Tito Rojas confirmó el repudio total de la población de Puno hacia el gobierno continuista de José Jerí. La protesta exige cambios urgentes en la política nacional y medidas concretas para resolver problemas sociales pendientes.
Tito Rojas indicó que el arribo anunciado del presidente José Jerí a Puno será rechazado por los ciudadanos organizados en distintos frentes. «La ultraderecha maneja actualmente el Estado» declaró afirmando que esto implica un claro continuismo de las políticas implementadas por Dina Boluarte en el pasado gobierno.
El dirigente declaró que el estado de emergencia en Lima no ha resuelto el grave problema de la delincuencia ni la extorsión y que el ejecutivo sigue con la misma política económica perjudicial para el pueblo indicando que la prueba de ello es la concesión de Matarani y la viabilidad del proyecto minero Tía María que genera rechazo social.
Denuncian incremento salarial selectivo en el Estado
Tito Rojas indicó que el gobierno central incrementa sueldos a funcionarios como jueces y magistrados de tribunales del poder judicial nacional mientras que sectores importantes como la salud, educación y agro están totalmente olvidados según denunciaron los dirigentes sociales por lo cual el pueblo exige respuestas ante la falta de inversión social en sectores prioritarios para el desarrollo regional puneño.
La concentración central del catorce de noviembre será a las cuatro de la tarde en el Parque Pino. Las provincias del sur de Puno se unirán a la movilización incluyendo Yunguyo y Juli según confirmó Tito Rojas. Los manifestantes del norte de la región se reunirán en la Plaza de Armas de Juliaca.
El entrevistado señaló la inacción de autoridades regionales ante problemas locales que afectan a la población puneña declarando que el gobernador regional, Richard Hancco y el alcalde provincial, Javier Ponce no han resuelto las grandes falencias de Puno, ya que promesas como el teleférico, el gas virtual y plantas de tratamiento quedaron pendientes sin ejecución concreta alguna.
Cuestionan incremento tarifario del servicio de agua
El servicio de agua potable en Puno presenta graves falencias y constante racionalización que afecta a los usuarios. La situación empeora con la pretensión de incrementar las tarifas de servicio al usuario según denunciaron las organizaciones. Las audiencias públicas con la entidad SUNASS sobre este tema «nunca ocurrieron» señaló el dirigente.
Finalmente, el SUTEP Regional Puno ratifica la convocatoria al paro nacional de FENATE Perú para el veintiuno de noviembre próximo. Los manifestantes del sur y norte confluirán en el centro de la ciudad de Puno en una movilización masiva la cual el magisterio debe ignorar según instruyó el dirigente César Tito Rojas.
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El partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, tenía entre sus militantes a Brucelee Bermudo, un ciudadano peruano acusado por el gobierno de Estados Unidos de integrar el Cártel de Sinaloa y traficar cocaína desde el VRAEM hacia Norteamérica. Solo después de que el programa Cuarto Poder revelara el caso el último […]
El partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, tenía entre sus militantes a Brucelee Bermudo, un ciudadano peruano acusado por el gobierno de Estados Unidos de integrar el Cártel de Sinaloa y traficar cocaína desde el VRAEM hacia Norteamérica. Solo después de que el programa Cuarto Poder revelara el caso el último domingo, la organización política procedió a expulsarlo, según confirmó su vocero Elio Riera en declaraciones a Canal N.
Riera informó que Bermudo se había afiliado a APP el 2 de octubre de 2024, presentando una declaración jurada en la que ocultó que tenía una investigación abierta por narcotráfico y una solicitud de extradición emitida por el Tribunal del Distrito Este de Texas. “El señor brindó información falsa, lo cual constituye una falta grave sancionable administrativa y penalmente”, precisó. El dirigente aseguró que el proceso interno de expulsión ya fue resuelto y que el registro estatal reflejará su retiro del padrón partidario.
Acuña se sorprendió, se indignó y lo expulsó…
Según el vocero, el líder de APP, César Acuña, se mostró sorprendido al conocer el caso y ordenó medidas inmediatas. “Hemos cumplido con la ley, pero corresponde también revisar qué pasó con la orden judicial que permitió su liberación”, señaló Riera, quien insistió en que el partido actuó de manera transparente y negó cualquier vínculo económico entre Bermudo y la agrupación.
La DEA lo buscaba por narcotráfico
El ciudadano peruano fue detenido el 27 de octubre de 2024 en Chiriaco, Amazonas, durante un operativo conjunto entre la Dirandro y la DEA. La justicia estadounidense lo acusa de enviar hasta dos toneladas mensuales de cocaína desde el VRAEM hacia México, con destino a ciudades como Chicago, Baltimore y Detroit. Sin embargo, días después de su captura, la jueza Lorena Sandoval Huertas ordenó su liberación alegando arraigo domiciliario y familiar, decisión que fue duramente cuestionada por la Fiscalía.
Riera lamentó que una persona con semejantes antecedentes haya sido liberada sin medidas restrictivas y advirtió que su paradero actual es desconocido. “¿Dónde está este señor ahora?”, cuestionó, pidiendo que la Junta Nacional de Justicia investigue el actuar de la magistrada. Añadió que APP reforzará sus filtros de afiliación para evitar casos similares y defender su compromiso con la legalidad y la transparencia.
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La obra, ejecutada por la Municipalidad de Arequipa, tendrá un plazo de 120 días y busca mejorar infraestructura, áreas verdes y restaurar la pieza de mármol de Neptuno.
La intervención, bajo administración directa, incluye nueva luminaria y la renovación de piletas y filtros.
La Municipalidad Provincial de Arequipa ha puesto en marcha el mantenimiento integral de la emblemática Plaza España. La obra, ejecutada por la propia comuna bajo la modalidad de administración directa, implica una inversión de S/ 566,810.55 soles.
El inicio de estos trabajos conlleva el cierre temporal de la plaza, impactando directamente en el tránsito peatonal en la zona. Según lo proyectado, la intervención tendrá un plazo de 120 días calendario. Esto significa que los ciudadanos y visitantes deberán esperar alrededor de cuatro meses para volver a disfrutar plenamente de este lugar histórico y arquitectónico.
Entre las tareas programadas, destacan acciones cruciales destinadas a mejorar tanto la infraestructura como la seguridad y estética de la plaza. Se realizará el cambio de los dados y el soporte de los árboles, asegurando un mejor entorno para las áreas verdes. Además, se ejecutará un mantenimiento completo de las piletas, incluyendo la renovación de los filtros, lo que garantizará su correcto funcionamiento. Para reforzar la seguridad y embellecer el entorno, se contempla la colocación de nueva luminaria.
Los trabajos no han estado exentos de polémica. Se trata de uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad, donde confluyen colectivos de danzantes, entusiastas del k-pop y punto de reunión de movilizaciones y protestas. Además, algunas voces poco tolerantes en redes sociales han celebrado que se cierre la Plaza España, arguyendo que así no habrá danzas altiplánicas en la zona.
La importancia de esta obra radica también en la preservación de elementos con valor histórico. Uno de los atractivos principales, el monumento de Neptuno, una valiosa pieza de mármol, será sometido a un proceso de restauración. Igualmente, se llevará a cabo el mantenimiento de los arcos perimétricos de fierro que delimitan el perímetro de la plaza.
El objetivo final de la municipalidad es claro: mejorar la infraestructura de la plaza, sus áreas verdes y sus espacios con valor histórico y arquitectónico para recuperar y poner en valor uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Los trabajos en la Plaza España buscan asegurar que este punto de encuentro continúe siendo un lugar seguro y atractivo para todos.
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La Municipalidad de Arequipa inicia el jueves 13 de noviembre la renovación de la Av. José Abelardo Quiñones. Conozca las rutas alternas y los 60 días de plazo de obra.
Desde este jueves 13 de noviembre, la avenida Quiñones cerrará por trabajos de mejoramiento vial. Entérese de los detalles del proyecto y el plazo de ejecución.
La Municipalidad Provincial de Arequipa ha anunciado el inicio de una importante obra de renovación de la calzada en la Av. José Abelardo Quiñones Gonzales. Los trabajos arrancarán este próximo jueves 13 de noviembre, lo que implicará el cierre total de la vía mientras dure la intervención.
Esta obra, catalogada como un proyecto de mejoramiento vial, cuenta con una inversión significativa de S/ 2,419,007.87 de soles, destinada a modernizar y mejorar la infraestructura de esta transitada avenida. Las autoridades informaron que se tiene previsto un plazo de ejecución de 60 días calendario, por lo que se estima que la vía reabrirá al finalizar dicho periodo.
Los conductores y vecinos de la zona deben tomar nota de esta fecha, ya que el cierre de la Av. Quiñones se mantendrá durante todo el tiempo que duren los trabajos. Por ello, la Municipalidad exhorta a los usuarios a utilizar rutas alternas, sugiriendo específicamente la vía que conduce al puente San Martín para evitar congestiones y retrasos.
Según el detalle del proyecto, la renovación de la avenida Quiñones comprende varias etapas clave. Inicialmente, se procederá con la demolición de la carpeta asfáltica existente que ya se encuentra deteriorada. Posteriormente, se enfocará en el mejoramiento de la base granular para garantizar la durabilidad de la nueva infraestructura, y finalmente se colocará la nueva carpeta asfáltica.
La intervención no solo se centrará en la calzada; también se proyecta un mejoramiento del entorno. Esto incluye la construcción de nuevas bermas y sardineles, el sembrado de grass natural en las áreas verdes correspondientes, y la implementación de señalización horizontal y vertical a lo largo de toda la zona para optimizar la seguridad vial una vez culminada la obra.
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El General Olger Benavides supervisó las labores en Aguada Blanca, donde buzos del Ejército y la Policía buscan al trabajador de Autodema desaparecido.
La búsqueda de Félix Santos Choque Flores, trabajador del Proyecto Especial Integral Majes Siguas – Autodema, continúa sin tregua en la represa de Aguada Blanca. El operario, desaparecido hace ya varios días, es buscado intensamente en una operación que ha escalado en complejidad y que involucra un esfuerzo coordinado de múltiples instituciones del Estado. Las frías aguas de la represa presentan un desafío significativo para los equipos de rescate.
Las condiciones en la zona son extremadamente difíciles. Según la información proporcionada, los buzos que realizan las inmersiones en Aguada Blanca no pueden permanecer sumergidos por más de 15 minutos debido a las bajas temperaturas y la altitud. Esta limitación complica severamente las labores de rastreo subacuático. El Gobierno Regional de Arequipa, a través de Autodema, ha informado que se intensificaron las labores de búsqueda para localizar al trabajador.
La operación se ha desarrollado en etapas claras. En una primera fase, la Policía de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú asumió el liderazgo de las inmersiones. Su equipo especializado de buceo comenzó a peinar distintos puntos estratégicos de la represa, enfrentando las gélidas aguas.
En esta nueva etapa, el operativo recibió un impulso significativo. El Ejército del Perú se ha sumado a las tareas, aportando buzos expertos en operaciones a gran altitud. Este refuerzo fortalece la búsqueda con personal altamente capacitado para enfrentar las adversas condiciones de la represa. Además, el esfuerzo no solo es operativo, sino también logístico y médico. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) mantiene un apoyo permanente en la zona. La entidad de salud ha dispuesto una ambulancia y personal especializado para brindar soporte y garantizar la seguridad de todos los rescatistas que intervienen en la emergencia.
Para verificar el avance de las labores, el jefe de la Región Policial Arequipa, el General Olger Benavides Ponce de León, llegó personalmente hasta la represa de Aguada Blanca. El general supervisó en el lugar las acciones de búsqueda y rescate del ciudadano, quien fue identificado en el reporte policial como Félix Ch. F. Benavides verificó el trabajo conjunto que realizan los buzos de Alta Montaña de la Policía y los efectivos del Ejército, quienes despliegan intensas labores con equipos especializados.
Durante su visita, el General Benavides destacó el esfuerzo y el compromiso del personal que interviene en la búsqueda. Resaltó que la institución policial mantiene un trabajo articulado permanente con las autoridades locales y, crucialmente, con los familiares del desaparecido. El objetivo, según indicó, es lograr resultados en el menor tiempo posible. La Región Policial Arequipa reafirmó su compromiso de mantener un operativo permanente en coordinación con las demás instituciones del Estado.
Por su parte, el Proyecto Especial Integral Majes Siguas – Autodema también reafirmó su compromiso de continuar con las acciones de búsqueda hasta lograr resultados concretos. La entidad expresó públicamente su reconocimiento y gratitud al Ejército del Perú, a la Policía Nacional del Perú y a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa por el trabajo conjunto en esta difícil tarea.
Dada la complejidad del escenario y las limitaciones del tiempo de inmersión, las autoridades evalúan las siguientes acciones. Ha trascendido que se pedirán buzos especializados de Lima para continuar y reforzar la búsqueda del trabajador en la represa Aguada Blanca. Se espera que este nuevo equipo pueda aportar nuevas capacidades técnicas para el rastreo en las profundas y frías aguas.
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La Universidad Nacional de San Agustín celebra 197 años de logros en investigación, pero una huelga indefinida paraliza las clases y amenaza el semestre.
La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa atraviesa una compleja paradoja en su 197 aniversario. Mientras las autoridades celebraban con orgullo los avances en investigación, modernización y la búsqueda de la acreditación internacional, los campus amanecieron cerrados. Una huelga nacional indefinida, acatada por el sindicato docente, ensombreció los festejos este 10 de noviembre, instalando la incertidumbre sobre la culminación del semestre académico. La casa agustina vive así un aniversario agridulce, dividido entre la celebración de sus logros y la parálisis de sus actividades esenciales.
La sesión solemne en el Aula Magna Simón Bolívar fue el escenario donde las autoridades destacaron la ruta hacia la excelencia. El rector, Hugo Rojas Flores, enfatizó el compromiso institucional de brindar una formación de calidad y asegurar que el derecho a una buena educación sea una realidad. Este compromiso se materializa en el proceso de acreditación internacional que evalúa actualmente la agencia IAC-CINDA. La universidad ya cuenta con 38 programas de estudio acreditados, tanto nacional como internacionalmente, incluyendo certificaciones recientes para carreras clave como Medicina, Psicología y Ciencias de la Comunicación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior de México. El vicerrector de Investigación, Henry Polanco Cornejo, complementó esta visión al informar sobre los más de 2,100 proyectos científicos financiados con fondos propios, canon minero y fuentes externas, además de los más de 130 docentes que integran el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología.
Los logros no son solo académicos. El IV Informe Bienal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) posiciona a la UNSA como la segunda mejor universidad pública del país y la primera fuera de Lima. Este liderazgo busca consolidarse con obras emblemáticas entregadas por la gestión actual, como el Centro de Investigación Aplicada y Laboratorios Especializados (CIALE) de Ingenierías y la modernizada Biblioteca de Sociales. Además, se invirtieron 18 millones de soles en nuevos laboratorios para Física y Química. Con las futuras filiales en Majes y Camaná, la universidad también fortalece la descentralización. Este impulso se vio coronado al ser sede principal del X Congreso Internacional de la Lengua Española, evento que posicionó a Arequipa como capital cultural de Hispanoamérica.
La parálisis de la huelga y la incertidumbre estudiantil
Sin embargo, este panorama de éxito choca frontalmente con la realidad de los campus. Desde el 10 de noviembre, las puertas de las tres áreas universitarias permanecen bloqueadas con pancartas. El Sindicato Unificado de Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín (SUDUNSA) acató la huelga nacional indefinida convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP). Esta medida de fuerza suspendió todas las labores lectivas, impidiendo el ingreso incluso a profesores contratados que no pertenecen al sindicato, según reportaron estudiantes.
Los docentes buscan presionar al Gobierno central para cumplir compromisos que, según Roger Tahua, vocero del sindicato, están en diálogo desde 2023. Las demandas son claras: exigen la instalación de la comisión de negociación para el periodo 2025-2026, un mayor presupuesto para las universidades nacionales y un incremento en sus remuneraciones. El docente César Marañón precisó la preocupación por un posible recorte presupuestal a las universidades. «Nosotros no ganamos como los congresistas», señaló Marañón, evidenciando el malestar del gremio, que también pide un régimen de pensión digna y la defensa de la autonomía universitaria.
El impacto más severo de esta parálisis recae, inevitablemente, sobre los estudiantes. La comunidad universitaria se encuentra en un estado de confusión total. David Calizaya, miembro del Frente Estudiantil de la UNSA, expresó la preocupación generalizada: «Estamos ya cerca de un mes de culminar las clases y una huelga… hace que exista el peligro de perder el año académico«. Los alumnos, que finalizaban la segunda unidad del semestre, temen que se repita el escenario de 2023, cuando una huelga similar obligó a extender las clases hasta los primeros meses del año siguiente. Esta situación afecta especialmente a los estudiantes foráneos y a quienes combinan el estudio con el trabajo.
Mientras la huelga avanza, algunos servicios esenciales como el comedor universitario y los trámites administrativos siguen operativos, según informó Marañón. No obstante, las autoridades de la universidad no han emitido un comunicado oficial sobre la reprogramación del calendario académico. La celebración de los 197 años de la casa agustina queda así opacada por un conflicto que expone la fragilidad del sistema universitario público. La visión de ser un referente en América Latina, declarada en la sesión solemne, contrasta con la incapacidad de sus estudiantes para asistir a clases, atrapados en una disputa entre el gremio docente y el Ejecutivo.
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El Jurado Nacional de Elecciones declaró la vacancia de los regidores Dioselina Valdivieso y Efraín Chuecas. La decisión deja al Concejo de Piura con dos miembros menos y paraliza comisiones clave. Mientras tanto, el alcalde Gabriel Madrid es cuestionado por no asumir responsabilidad ante las irregularidades detectadas. En medio de esta situación, el regidor Ricardo […]
El Jurado Nacional de Elecciones declaró la vacancia de los regidores Dioselina Valdivieso y Efraín Chuecas. La decisión deja al Concejo de Piura con dos miembros menos y paraliza comisiones clave. Mientras tanto, el alcalde Gabriel Madrid es cuestionado por no asumir responsabilidad ante las irregularidades detectadas.
En medio de esta situación, el regidor Ricardo Acuña, expresó su preocupación por la paralización de las comisiones de Economía y Administración, así como de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, debido a la falta de dos miembros titulares.
“Voy a presentar un escrito solicitando la celeridad de la notificación y la emisión de las nuevas credenciales a los regidores accesitarios, puesto que el pleno no puede estar sin dos de sus miembros”, sostuvo.
Acuña advirtió que el trabajo del concejo no puede paralizarse y que este viernes se verá si los regidores vacados asistirán a la sesión ordinaria. Recordó que el pronunciamiento del JNE es firme e inapelable. Solo falta la resolución que la oficialice y se haga entrega de credenciales a sus reemplazantes.
Respecto al comunicado emitido por la Municipalidad de Piura, en el que se deslindan responsabilidades sobre las irregularidades detectadas, el regidor fue enfático en su rechazo.
“Lamento mucho el pronunciamiento del señor Gabriel Madrid, porque la impresión que ha dejado (…) es que se está lavando las manos. Es un comportamiento, como dicen, ‘a lo Pilatos’. Él no puede atribuir actuaciones personales a sus regidores, porque en ambos casos existían informes y denuncias previas”, declaró.
El concejal advirtió que la problemática no se limita a los regidores vacados. Según dijo, hay más casos de presunto nepotismo y conflicto de intereses dentro de la comuna.
“Lamentablemente en esta gestión se ha vuelto una práctica muy común que familias enteras estén trabajando en la municipalidad (…) No es delito quizá, pero sí un conflicto de intereses”, afirmó.
Finalmente, Acuña pidió al alcalde Gabriel Madrid que asuma una postura clara y acciones concretas ante esta situación. Señaló que la autoridad edil debe actuar con firmeza para garantizar la gobernabilidad y no limitarse a comunicados que solo buscan deslindar responsabilidades.
“Le pediría al señor Madrid que se pronuncie, no mediante un comunicado, sino indicando qué acciones va a tomar. Debe remitir los actuados a fiscalía, investigar a los funcionarios involucrados y convocar una sesión extraordinaria para designar nuevos presidentes de comisión”, enfatizó.
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El proyecto del Malecón Turístico de la quebrada Amojú, en Jaén, ha generado una nueva controversia entre la Municipalidad Provincial de Jaén y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), luego de que esta última iniciara un procedimiento sancionador contra el alcalde por no haber pedido autorización, según lo establecido en la norma, para intervenir en […]
El proyecto del Malecón Turístico de la quebrada Amojú, en Jaén, ha generado una nueva controversia entre la Municipalidad Provincial de Jaén y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), luego de que esta última iniciara un procedimiento sancionador contra el alcalde por no haber pedido autorización, según lo establecido en la norma, para intervenir en una zona que involucra la quebrada Amojú.
El alcalde provincial, José Tapia Díaz, denunció públicamente que la Autoridad Local del Agua (ALA) Chinchipe-Chamaya, entidad adscrita a la ANA, estaría buscando “obstaculizar” el desarrollo del proyecto, pese —según dijo— a que se han cumplido los requisitos técnicos y ambientales exigidos. “Es la segunda vez que esta entidad pone trabas a una obra impulsada por la municipalidad, retrasando el progreso urbano de Jaén”, afirmó el burgomaestre, quien señaló además que el municipio ya presentó la documentación complementaria requerida ante la sede central de la ANA en Lima para que se revise el caso.
Ante ello, la administradora de la ALA Chinchipe-Chamaya, Carmen Orrego Cumpa, aclaró que la entidad no se opone a la ejecución del Malecón Turístico, pero precisó que tanto la municipalidad como el consorcio ejecutor deben ajustarse a la Ley de Recursos Hídricos N.° 29338, la cual regula toda intervención en fuentes naturales.
Orrego informó que, tras una inspección técnica, se verificó que los trabajos se desarrollaban sin contar con la autorización correspondiente para intervenir en la quebrada, por lo que se levantó un informe técnico y se notificó a la Municipalidad Provincial de Jaén para que regularice la situación. Asimismo, se inició un proceso sancionador con un plazo de cinco días para subsanar las observaciones formuladas.
En respuesta a las declaraciones del alcalde, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió un comunicado oficial en el que rechaza tajantemente las afirmaciones del burgomaestre y defiende la labor técnica de la ALA. La institución sostuvo que uno de sus ejes fundamentales es promover las inversiones públicas y privadas, señalando que solo en el último año se han viabilizado más de 18 mil millones de dólares en proyectos a nivel nacional, generando miles de empleos.
La ANA también aclaró que no ha ordenado la paralización del proyecto del corredor bioturístico en Jaén, y reiteró su disposición a que las obras culminen con prontitud, siempre que se ejecuten en cumplimiento de los procedimientos técnicos y normativos vigentes.
Finalmente, la entidad informó que el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) se mantiene en curso contra la Municipalidad Provincial de Jaén y el Consorcio Jesusmaría, por haber intervenido en la quebrada Jaén sin la debida autorización.
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Gerardo Mondragón, funcionario de la empresa, no quiso declarar sobre el tema. La Contraloría General de la República alertó que funcionarios y servidores de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A. (Sedaloreto) realizan procesos de compras públicas sin contar con la certificación exigida por el Organismo Especializado […]
Gerardo Mondragón, funcionario de la empresa, no quiso declarar sobre el tema. La Contraloría General de la República alertó que funcionarios y servidores de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A. (Sedaloreto) realizan procesos de compras públicas sin contar con la certificación exigida por el Organismo Especializado en Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
El informe de orientación de oficio N.° 011-2025-OCI/3474-SOO, correspondiente al periodo del 17 de setiembre al 20 de octubre de 2025, advierte que parte del personal encargado de las contrataciones no posee la acreditación obligatoria.
Entre ellos, la funcionaria a cargo del área de Logística solo cuenta con certificación básica, inferior al nivel avanzado requerido por la norma. La verificación en el portal del OECE también reveló que otros tres trabajadores de Sedaloreto no registran ninguna certificación.
Según la Ley General de Contrataciones Públicas, todo personal que participe en la gestión de bienes, servicios u obras debe tener como mínimo título técnico o bachillerato universitario y contar con la acreditación correspondiente al nivel de responsabilidad que ejerce.
Consultado sobre las observaciones, Gerardo Mondragón, representante de Sedaloreto, indicó que el tema corresponde al área de Contrataciones y que los demás departamentos están impedidos de pronunciarse sobre asuntos ajenos a su competencia. “Sugiero que la jefa de Contrataciones sea quien responda, ya que las áreas estamos prohibidas de declarar sobre problemas en otras áreas”, señaló.
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