El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo declaró responsable a Julio César De La Rosa Luján, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SATH), por quebrantar el principio de neutralidad electoral en el proceso de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, la única sanción directa impuesta fue una orden de abstenerse de cometer una nueva falta. […]
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo declaró responsable a Julio César De La Rosa Luján, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SATH), por quebrantar el principio de neutralidad electoral en el proceso de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, la única sanción directa impuesta fue una orden de abstenerse de cometer una nueva falta.
La resolución N° 00972-2025-JEE-HCYO/JNE establece que De La Rosa participó de manera activa en un acto proselitista de la organización política Alianza para el Progreso el pasado 20 de septiembre. En la actividad denominada “La gran toma de Huancayo”, el funcionario pronunció un discurso en la plaza Huamanmarca y apareció, junto a símbolos de dicho partido, en una clara acción de propaganda electoral.
La prueba de la falta
Según las pruebas recogidas por los fiscalizadores, De La Rosa asistió al mitin y en su alocución hizo un llamado explícito al apoyo ciudadano para su agrupación y para el “futuro gobernador Arnaldo Mallma”. También se refirió a César Acuña, presidente de Alianza para el Progreso, como “presidente”, instándolo a no olvidar a Huancayo si llega a dirigir el país.
En pantallas gigantes se proyectó su imagen y su apodo político “el OSO” junto al logo del partido, lo que, a juicio del JEE, buscaba captar seguidores y favorecer a esa organización.
En sus descargos, De La Rosa argumentó que acudió al acto en su día libre, en ejercicio de sus derechos políticos y sin usar recursos públicos. Sostuvo que su participación fue “estrictamente ciudadana” y que en ningún momento invocó su cargo. Sin embargo, el JEE consideró que, por su investidura pública, su conducta generaba influencia y vulneraba la equidad electoral.
Aunque el JEE lo declaró infractor por el numeral 32.2.4 del Reglamento de Neutralidad Electoral, no le impuso multa ni suspensión. La resolución se limita a ordenarle que no reincida, bajo apercibimiento de que, si lo hace, se sancionará con amonestación pública y multa a la organización política que lo postule.
Como medida adicional, el JEE remitió los actuados a la Contraloría General, instancia que podrían abrir un proceso administrativo disciplinario contra el funcionario.
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El Producto Bruto Interno (PBI) de la región Puno registró una contracción de 1.4% en el segundo trimestre del 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024, ubicándose como el sexto peor desempeño económico a nivel nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicados por ComexPerú. Este resultado se contrastó […]
El Producto Bruto Interno (PBI) de la región Puno registró una contracción de 1.4% en el segundo trimestre del 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024, ubicándose como el sexto peor desempeño económico a nivel nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicados por ComexPerú.
Este resultado se contrastó con el crecimiento de la economía peruana, que en el mismo lapso avanzó 2.8%, interrumpiendo la recuperación que la región altiplánica venía mostrando desde inicios del año pasado. Con ello, Puno acumuló una ligera caída de 0.1% en el primer semestre del 2025.
Sectores en retroceso y crecimiento
De acuerdo con el INEI, la caída del PBI puneño respondió principalmente al retroceso de:
Agropecuario (-8.6%), afectado por condiciones adversas de producción.
Telecomunicaciones y servicios de información (-1.4%).
Minería e hidrocarburos (-0.7%), pese al peso histórico del sector en la región.
En contraste, algunos rubros mostraron un dinamismo positivo, como:
Electricidad, gas y agua (+42.1%).
Construcción (+13.5%), impulsada por proyectos públicos y privados.
Administración pública y defensa (+3.7%).
Comercio (+1.5%) y transporte, almacenamiento y mensajería (+1%).
ComexPerú advirtió que, aunque estos sectores atenuaron el retroceso, “es necesario impulsar con mayor fuerza las actividades con mejor desempeño para revertir la tendencia negativa del PBI regional”.
Contexto nacional
En el ámbito nacional, la economía peruana creció 2.8% entre abril y junio, impulsada principalmente por el comercio, la construcción y la manufactura. También destacaron el mayor dinamismo del transporte terrestre, aéreo y acuático; así como la recuperación del sector agropecuario, favorecido por condiciones climáticas y la mayor producción de aves y leche fresca.
En minería, el crecimiento fue liderado por la extracción de cobre, oro, zinc, plata, plomo y estaño, lo que contrasta con la contracción registrada en Puno.
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Las autoridades del distrito de Chucuito en la provincia de Puno firmaron un acta de compromiso después del plantón realizado por pobladores de la comunidad campesina de Chinchera, quienes exigen solución urgente a la contaminación del río Calajahuira que afecta a más de 380 familias durante cuatro años con aguas residuales sin tratamiento. Uriel Flores […]
Las autoridades del distrito de Chucuito en la provincia de Puno firmaron un acta de compromiso después del plantón realizado por pobladores de la comunidad campesina de Chinchera, quienes exigen solución urgente a la contaminación del río Calajahuira que afecta a más de 380 familias durante cuatro años con aguas residuales sin tratamiento.
Uriel Flores Choquemamani, presidente de la comunidad campesina de Chinchera, confirmó que el documento establece plazos específicos para resolver la crisis sanitaria que mantiene contaminadas las tierras y fuentes de agua de los pobladores afectados.
El acuerdo establece dos fechas límite para las autoridades municipales, la primera corresponde a la solución de la problemática ambiental hasta finales de octubre mientras que la ejecución de obras debe completarse hasta finales de noviembre con la elaboración del expediente técnico correspondiente.
Los pobladores advirtieron que considerarán una burla el incumplimiento de los compromisos firmados en el documento oficial, por lo cual están preparados para realizar una tercera manifestación si las autoridades no respetan los plazos acordados durante la reunión formal.
Flores Choquemamani señaló que la comunidad acudirá a instancias como la Fiscalía del Medio Ambiente, ANA y Midagri para presentar las acciones legales correspondientes si no obtienen respuestas efectivas de la municipalidad distrital en los tiempos establecidos.
Los vecinos de Chinchera mantienen vigilancia constante sobre el cumplimiento del acta firmada, esperando que las promesas se conviertan en acciones concretas después de esperar más de cuatro años por una solución definitiva al colapso del sistema de desagües.
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Por segunda vez en diez años, César Acuña renunciará al Gobierno Regional de La Libertad para postular a la presidencia del Perú. En 2015 dejó el cargo tras apenas nueve meses de gestión; hoy, en 2025, repite la decisión, confirmada por su partido Alianza para el Progreso (APP). El congresista y vocero de APP, Eduardo […]
Por segunda vez en diez años, César Acuña renunciará al Gobierno Regional de La Libertad para postular a la presidencia del Perú. En 2015 dejó el cargo tras apenas nueve meses de gestión; hoy, en 2025, repite la decisión, confirmada por su partido Alianza para el Progreso (APP).
El congresista y vocero de APP, Eduardo Salhuana, adelantó que Acuña “va a ser el candidato presidencial” y que formalizará su dimisión antes del 13 de octubre, fecha límite establecida por ley. Aunque el exgobernador aún no lo ha dicho abiertamente, ya lanzó una frase provocadora: “Las grandes decisiones se toman en el último segundo”.
Renuncia en medio de críticas como cancha
Sin embargo, su salida no se produce en un escenario favorable. La actual gestión regional acumula críticas por obras millonarias bajo sospecha y por la falta de respuesta frente a la inseguridad. La Contraloría General de la República ha emitido informes que señalan irregularidades graves en contrataciones emblemáticas de la administración liberteña.
El caso más sonado involucra la vía Trujillo–Huanchaco y el hospital de Virú, contratos que suman más de S/ 315 millones. Según la Contraloría, se habría favorecido de manera irregular al Consorcio Vías Huanchaco, vinculado a Lucero Coca, una joven de 23 años sin experiencia que habría presentado documentación falsa para acreditar capacidad técnica.
Denuncias por vulnerar la neutralidad…
A ello se suma que César Acuña, en su condición de gobernador de La Libertad, acumula expedientes por presunta vulneración al principio de neutralidad. El JEE de Chiclayo lo sancionó en tres ocasiones, derivando los casos al Ministerio Público y la Contraloría. Otros dos expedientes fueron archivados, mientras otros siguen en trámite.
La crisis de inseguridad también golpea a la región. Aunque La Libertad tiene el mayor presupuesto en seguridad ciudadana del país, apenas ha ejecutado un 12%. Más de S/ 50 millones permanecen sin utilizar mientras homicidios y extorsiones se multiplican. Tres distritos liberteños figuran entre los más violentos del Perú.
Acuña inició este mandato el 1 de enero de 2023 y debía culminar en diciembre de 2026.
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Dirigentes comunales de Quellouno expresaron sus demandas para exigir obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de sus poblaciones. Renato Callohuanca Ramos, presidente del sector Santusaires, Cuenca Chirumbia, distrito de Quellouno, enfatizó: “Necesitamos que mejoren las vías de comunicación con pavimentos hacia nuestro sector, ya que son dos horas de viaje”. Además, alertaron […]
Dirigentes comunales de Quellouno expresaron sus demandas para exigir obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de sus poblaciones. Renato Callohuanca Ramos, presidente del sector Santusaires, Cuenca Chirumbia, distrito de Quellouno, enfatizó: “Necesitamos que mejoren las vías de comunicación con pavimentos hacia nuestro sector, ya que son dos horas de viaje”.
Además, alertaron sobre el descuido de las autoridades en la agricultura, especialmente en obras de irrigación, dado que la población se dedica exclusivamente a esta actividad. Alcides Quispe Huarsaya, presidente del sector Quintarena, margen izquierda del distrito de Quellouno, señaló: “Somos agricultores y necesitamos obras de riego para mejorar nuestros cultivos, y en vías de comunicación nos falta la construcción del puente Quintarena”.
A este pedido se sumó Juber Chinchikiti Cahuanire, jefe de la comunidad nativa Misión Chirumbia, distrito de Quellouno, quien subrayó: “Son 20 años que nuestro Gobierno ha recibido el canon y hasta ahora ni una obra de riego para nuestra comunidad”.
También destacaron la necesidad de obras de saneamiento básico para sus viviendas. Abelino Carrasco Pedraza, presidente del sector Putucusi-San Martín, distrito de Quellouno, precisó: “En mi comunidad necesitamos obras de saneamiento básico. Tenemos presupuesto de canon y sobrecanon, debemos aprovecharlo”.
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El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en Ayacucho intensificó sus protestas y dirigió sus reclamos a la presidenta Dina Boluarte. Ronald Pizarro, secretario regional del gremio, afirmó que es urgente la firma de la ley que eleva las pensiones de los docentes jubilados de 400 a 3,300 soles. “Estamos exigiendo […]
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en Ayacucho intensificó sus protestas y dirigió sus reclamos a la presidenta Dina Boluarte. Ronald Pizarro, secretario regional del gremio, afirmó que es urgente la firma de la ley que eleva las pensiones de los docentes jubilados de 400 a 3,300 soles. “Estamos exigiendo que la presidenta Boluarte firme la ley que permitirá que las pensiones de nuestros compañeros jubilados aumenten”, señaló.
El sindicato dijo que este martes 30 de septiembre realizó una vigilia simultánea en todas las plazas de armas del país a las 6:00 p.m. Además, el 2 de octubre desarrollaron una movilización nacional en Lima, con destino a Palacio de Gobierno. Esta se replicó en las capitales de región y provincias para mantener la presión contra el Ejecutivo.
De no obtener respuesta, el Sutep convocará a una asamblea nacional el 11 de octubre para debatir la posibilidad de una huelga indefinida. Pizarro explicó que la medida no solo busca la promulgación de la ley de pensiones, sino también atender otras demandas vinculadas al financiamiento del sector educación en el presupuesto 2026.
El dirigente advirtió que en el proyecto de presupuesto no se contemplan recursos para el pago de la deuda social ni para alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno para educación. Así lo establece la Constitución, recordó. También que la última huelga nacional indefinida fue suspendida en octubre de 2024 tras acuerdos con el Ministerio de Educación. Sin embargo, las promesas continúan sin cumplirse.
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La Municipalidad Distrital de Yanahuara, en Arequipa, informó sobre la ejecución de un Plan de Desvío de Tránsito Temporal. Esta disposición estará vigente por un periodo estimado de 45 días.
Tiene como objetivo garantizar la seguridad y fluidez vial durante la ejecución de obras de mejoramiento en la zona. El proyecto de intervención, denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles de Jerusalén, Lima y Vías Perimetrales a la Plaza Principal del Pueblo Tradicional de Yanahuara – Etapa II”, hace necesario el reordenamiento del tráfico.
La medida busca minimizar las molestias propias de la ejecución de obras públicas, priorizando la seguridad de conductores y peatones. Se recomienda a los ciudadanos planificar sus rutas con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la comuna.
La Unidad de Imagen y Relaciones Públicas de la municipalidad distrital fue la encargada de emitir el comunicado oficial con esta información, dirigido a toda la población de Arequipa y, en especial, a quienes transitan por el pintoresco pueblo tradicional de Yanahuara.
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Juan Manuel Cavero Solano fue juramentado como el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos por la presidenta Dina Boluarte, para reemplazar al renunciante Juan José Santiváñez Antúnez.
La presidenta Dina Boluarte tomó juramento al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Manuel Cavero Solano, en reemplazo de Juan José Santiváñez Antúnez, quien estuvo en el cargo desde el 23 de agosto pasado, tras su censura por el Congreso, en marzo de este año, cuando era ministro del Interior.
De acuerdo con el portal del Gobierno, el nuevo titular del Minjus, Juan Manuel Cavero Solano, es titulado en Derechos y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima y se ha desempeñado en cargos de gestión pública en la Sunat, Empae, ATU, SUTRAN, entre otros. Y hasta mayo de este año, se desempeñaba como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia.
En septiembre del 2024, el Gobierno Regional del Callao, resolvió declarar procedente la defensa legal de Cavero Solano por estar comprendido en una investigación del Ministerio Público, por el delito contra la administración pública en la modalidad de Falsa Denuncia y el delito contra la Fé Pública en la modalidad de falsedad genérica en agravio del Estado y de Selenia Yesenia Rodríguez Córdova.
Asimismo, y de acuerdo con El Comercio, el 27 de noviembre del 2018, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dio por concluida la designación de Juan Manuel Cavero Solano en el cargo de director de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte Terrestre de esa cartera, área encargada del proceso para la emisión de brevetes.
“La remoción del funcionario ocurre un día después de que el MTC declarara en reorganización la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, tras un informe de El Comercio sobre las fallas en el sistema de emisión de licencias de conducir que permitieron que una persona con limitaciones visuales obtenga un brevete sin restricciones”, publicó el medio.
¿Por qué renunció Juan José Santiváñez a su cargo de ministro?
El ministro Santiváñez Antúnez, renunció a dos días de que el Congreso debatiera sobre su censura, tal como lo dio a conocer minutos antes de su dimisión. El Parlamento puso en agenda del Pleno el debate y votación de la moción de censura en su contra para este viernes 3 de octubre.
Según se informó, Santiváñez renunció a su cargo -a pocos días de que se cierre el padrón electoral, este 12 de octubre, según ley-, para postular a las Elecciones Generales 2026. Ya que esa es la fecha máxima en que una autoridad en funciones puede presentar su renuncia para intentar ganar una curul.
Fue el mismo ministro de Justicia quien presentó su carta de renuncia a la presidenta Dina Boluarte. Lo anunció en horas de la mañana del miércoles 1 de octubre, según fuentes de La República. Como se recuerda, el Congreso lo censuró como ministro del Interior en marzo de este año. Luego posteó un mensaje diciendo, «Nos vemos en 2026».
Hoy se sabe que estaría participando en las elecciones por el partido de César Acuña, Alianza Para el Progreso (APP). Incluso algunas pintas con su apellido y los colores de dicha agrupación política aparecieron en algunas ciudades del país.
Santiváñez renunció tras las investigaciones por el audio que reveló Panorama. En estos, supuestamente se le escucha hablar con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. El tema sería un pacto de favores ministeriales a fin de beneficiar a un policía vinculado a la organización criminal ‘Los Pulpos’.
Palacio de Gobierno citó a los ministros a las 8:45 am. para la juramentación de nuevos titulares de algunos sectores. Esto, tras la renuncia de Juan José Santiváñez a su cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos que presentó la tarde de este miércoles 1 de octubre.
El primer ministro en llegar a Palacio fue precisamente Santiváñez Antúnez, al promediar las 8:10 am. Poco a poco llegaron los otros ministros y se les ve portando los porta fajines de ministro. Estarían renunciando César Vásquez y Morgan Quero también para presentarse a las Elecciones 2026, razón por la que renunció el hasta ayer ministro de Justicia.
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De no obtener respuesta a sus demandas, «radicalizarán» la medida de fuerza e irán a un paro indefinido. Piden a ciudadanos luchar también por sus vidas
La indignación e impotencia frente a los más de 40 personas muertas entre choferes, cobradores y usuarios muertos han terminado con la paciencia de los transportistas y se han unido para realizar un paro este jueves 2 de octubre, que podría ser indefinido si no atienden sus demandas.
La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) confirmó que participarán del paro de transportistas, convocado por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano para Lima y Callao (Cetu) para este jueves 2 de octubre.
Son más de 46 trabajadores del transporte asesinados a manos de sicarios por no pagar los cupos diarios de la extorsión. Por eso, ante la impotencia e indignación, esta medida de fuerza se llevará a cabo “por la ola de inseguridad, cobro de cupos y sicariato en contra de los trabajadores del sector y la ciudadanía en general”, denunció el presidente de Anitra, Martín Valeriano.
«Es una bandera o plataforma que estamos enarbolando desde setiembre de 2024 y que nos ha llevado a estar en las calles reclamando a nuestras autoridades que realicen su trabajo de brindar seguridad y bienestar a la ciudadanía en general. Toda acción cívica que se realice con ese objetivo por cualquier ciudadano u organización es visto por Anitra con buenos ojos, apoyamos y nos autoconvocamos para estar ahí», manifiesta Anitra en un comunicado.
Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao exigen mayores medidas de seguridad contra el crimen organizado. Este se traduce en una creciente ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que afecta a choferes y empresas.
Plantean la creación de una Unidad de Élite conformada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esta debe dedicarse exclusivamente a enfrentar al crimen organizado en el sector, como parte de sus demandas.
“Pese a reuniones con el Gobierno, no se han logrado avances concretos”, refieren los dirigentes. Y cuestionan la falta de resultados de medidas como la instalación de cámaras de seguridad y las declaratorias de emergencia. Por eso buscan que esta nueva movilización “sirva para ser escuchados por el Congreso y los principales funcionarios del Ejecutivo”.
El dirigente dijo que los transportistas protestarán con el objetivo de exigir a las autoridades de los diferentes poderes del Estado realizar las acciones necesarias para enfrentar la delincuencia y criminalidad, además, para exigir que escuchen sus pedidos e hizo un llamado a los ciudadanos para que se sumen a la movilización de este 2 de octubre y exijan al Gobierno garantizar la seguridad y bienestar de todos los peruanos.
«Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, no solo a los transportistas. Hasta nuestros usuarios está siendo víctimas de estas bandas criminales que asesinan sin piedad», manifestó.
Paro podría ser indefinido
Mientras algunas universidades e institutos de Lima ya han determinado pasar a la virtualidad este jueves 2 de octubre porque no habrá unidades de transporte, los dirigentes han adelantado que el paro de transportistas “podría ser indefinido si autoridades no responden a las demandas”.
Aseguran en su comunicado que los gremios del sector de transporte presentarán sus reclamos e iniciativas de manera pacífica ante las autoridades. «Los gremios del sector tenemos la obligación y responsabilidad de llevar la voz de nuestros agremiados a las instancias correspondientes con decisión, energía y liderazgo».
Asimismo, dijo que, de no obtener respuesta a sus demandas, los transportistas «radicalizarán» su medida de fuerza y tomarán la decisión de iniciar un paro indefinido.
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La ciudad de Arequipa será sede del Inkafest 2025, festival internacional de cine de montaña que proyectará 60 cortometrajes y películas entre el 17 y el 25 de octubre. La programación se distribuirá en seis sedes, siendo la principal la Alianza Francesa, que ofrecerá funciones en horarios de mañana, tarde y noche.
El festival también contará con presentaciones en la Universidad Continental, la Universidad Católica Santa María, el Colegio de Arquitectos y la casona de la Universidad San Martín. Todas las funciones tendrán ingreso gratuito, según informaron los organizadores. Además, se presentarán seis cortometrajes arequipeños, tres de ellos en avant premier, que abordarán la geografía y volcanes de la región.
La edición 2025, que llega a su 21ª versión, incluirá actividades especiales con producciones nacionales e internacionales, entre ellas documentales sobre los volcanes de Arequipa. También participará el youtuber español Mario Colomina, quien prepara un documental sobre los tres volcanes de la ciudad.
Propuestas inclusivas del festival en Arequipa
El Inkafest mantendrá su enfoque inclusivo con la proyección de películas que retratan a deportistas con discapacidad, como un escalador con Parkinson y jóvenes invidentes que realizan caminatas. Asimismo, se organizará una caminata con el arequipeño Víctor, escalador invidente, para el 26 de octubre, como parte de las actividades paralelas del festival.
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Según la justificación, el comandante general Arriola cuenta con una amplia formación académica: estudios en Administración y Ciencias Policiales con especialidad en Orden Interno
En lo que parece ser una acción para congraciarse con el régimen de Dina Boluarte, y sin la aprobación del Consejo Regional, el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, decidió otorgar un diploma de honor al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Manuel Arriola Delgado, en reconocimiento a su reciente designación y a su destacada trayectoria profesional en la lucha contra la criminalidad y el terrorismo.
Sánchez entregó la distinción honorífica mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 479-2025-GRA/GR. El acto contó con la presencia del jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides, junto a otros altos oficiales.
Según la justificación, el comandante general Arriola cuenta con una amplia formación académica: estudios en Administración y Ciencias Policiales con especialidad en Orden Interno. Además, Programa de Estado Mayor en la Escuela Superior de la Policía, grado de Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal y Magíster en Derecho Penal. Ha sido jefe de la División de Terrorismo Regional y del Frente Policial VRAEM de la PNP. A actualmente se desempeña también como docente de posgrado.
“Tengo palabras de gratitud al gobernador de Arequipa que hace de los proyectos y realidades de Arequipa un espacio muy importante, un lugar seguro por el trabajo articulado con la Policía Nacional”, manifestó, a su vez, el general Arriola.
Por su parte, el gobernador regional se comprometió «a seguir trabajando de manera articulada con la PNP para fortalecer la seguridad ciudadana». Asimismo, anunció el apoyo para culminar la obra del Laboratorio de Criminalística de Arequipa, infraestructura necesaria para la investigación de delitos.
Según se mencionó, este ofrecimiento se da en el marco de un programa de apoyo a la Policía Nacional. Esto incluye la entrega de 24 motocicletas, 12 drones, 12 laptops y una capacitación internacional dirigida a más de 200 policías y operadores de justicia. Está enfocada en técnicas de investigación criminal de alta complejidad para enfrentar el crimen organizado.
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las autoridades de Bolivia están alarmadas por un rebrote en el asesinato y tráfico de jaguares durante los últimos dos años.
Foto: cortesía El Deber
Por: Iván Paredes Tamayo, fuente: Mongabay Latam. El 28 de abril pasado un cráneo de jaguar cruzó casi toda Bolivia. Los huesos de la cabeza del felino salieron de la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz, y fueron interceptados en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz. Un ciudadano boliviano trasladó el cráneo hasta la frontera con Chile. El traficante fue detenido y, según informaron varios activistas ambientales, ofrecía partes del jaguar en redes sociales. En los dos últimos años, los casos de tráfico de jaguar ascienden a 20, aunque no son datos oficiales y son procesos enumerados por expertos.
El traficante se enfrentó a la Justicia un día después en calidad de detenido. Obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria. El cráneo del jaguar tenía sus colmillos intactos, lo que presume que iba a ser ofertado a buen precio. Según el director de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), coronel Carlos Chispas, el detenido ofrecía en redes sociales el cráneo del jaguar a 2500 bolivianos (360 dólares).
“Nosotros realizamos el operativo en la ciudad de El Alto y se aprehendió a esta persona. Hay personas que se dedican al tráfico ilegal del jaguar para traficar loscolmillos de este animal, muy demandados en países de Asia con fines medicinales u otros usos. Lamentablemente, como en otros casos, la Justicia decidió que el traficante tenga detención domiciliaria”, afirmó Chispas a Mongabay Latam.
La Fiscalía de Santa Cruz investigó en 2022 la comercialización de colmillos y partes de jaguar. Foto: cortesía El Deber
El jefe policial detalló que un solo colmillo de jaguar en Asia cuesta 4000 dólares y que en los últimos cuatro años se decomisaron 236 colmillos de este felino en distintos operativos. Chispas añadió que POFOMA realiza las acciones para dar con los traficantes, pero que en la Justicia muchas veces no se abren los procesos legales o los benefician con detenciones domiciliarias o incluso recuperan la libertad.
“Tenemos medidas cautelares emitidas por el Tribunal Agroambiental, pero aún existen tareas pendientes en la protección del medio ambiente. Nos faltan jueces capacitados que puedan analizar adecuadamente estos casos, ya que algunos de ellos terminan liberando a personas implicadas en delitos como el tráfico de fauna silvestre”, dijo Chispas.
Por ejemplo, explicó el jefe policial, un caso reciente que motivó el reclamo policial fue la liberación de cuatro extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de peces ornamentales en el departamento de Beni, pese a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
En el primer semestre de esta gestión, 173 animales silvestres lograro rescatarse en distintos operativos en diferentes regiones de Bolivia, además de 37 animales domésticos encontrados en condiciones de vulnerabilidad, según datos de POFOMA y de la Fiscalía General. De esos 173, un 20 % son felinos y hay diez jaguares rescatados.
Rebrote de asesinatos
Sobre los casos de tráfico de jaguares vivos, la fiscalía y POFOMA no tienen un dato concreto, pero según Chispas “pasan los diez” en los dos últimos años. Pero existe otra problemática que se agrava: según Rodrigo Herrera, director de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, existe un rebrote de asesinatos de jaguares en diferentes regiones bolivianas.
“No son cifras oficiales, es información que tenemos sobre los reportes que nos llegan. Desde la pasada gestión, han rebrotado estos casos de tráfico y caza del jaguar, siendo alarmante lo que sucedió hace aproximadamente tres semanas, con cuatro hechos de caza y tráfico de jaguar”, relató Herrera a Mongabay Latam.
Una pareja de ciudadanos chinos acabó detenida y procesada en Bolivia por el supuesto delito de tráfico de partes de jaguar. En Sudamérica se ha identificado que el principal destino internacional de tráfico es Asia. Foto: cortesía El Deber
En los últimos 20 años, el desborde de casos de tráfico y caza del jaguar sucedió en el periodo entre 2014 y 2019, según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia. El delito comenzó a disminuir por las sentencias que se estaban ejecutando contra los acusados. Durante la pandemia por el Covid-19 la actividad ilegal bajó, pero desde 2024 nuevamente se dieron a conocer casos de jaguares asesinados.
Según Herrera, entre 2024 y septiembre de este año, existen 12 casos conocidos que implican al menos a 20 jaguares asesinados. “Solo son los casos sobre los que tenemos certeza, son cifras no oficiales. Es muy preocupante, no habíamos tenido este rebrote de casos desde hace mucho tiempo”, alertó el activista.
El experto sostuvo que estos crímenes son consecuencia de la inacción del Estado para actuar de oficio y procesar a los responsables. Además, también alertó sobre la oferta de caza silvestre que algunos operadores de turismo estarían promoviendo, similar al caso de Jorge Néstor Noya, un ciudadano argentino que ofrecía paquetes turísticos desde su país para llegar a Bolivia a cazar jaguares, a través de su empresa Caza & Safari, como publicó Mongabay Latam. El costo de este paquete llegaba a 50 000 dólares.
Según datos de POFOMA, los lugares donde se registran la caza de jaguares son en el municipio de Ixiamas, al norte del departamento de La Paz; en el municipio de Porvenir, en el departamento de Pando; en municipios de Beni; en el Chaco boliviano; y en la Chiquitania de Santa Cruz.
Entre 2024 y septiembre de 2025, se registraron 12 casos que implican al menos a 20 jaguares asesinados. Foto: cortesía El Deber
Por los últimos casos de este periodo, existen alrededor de 13 personas que resultan investigadas por la fiscalía tras denuncias de los activistas. Según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, desde 2014 hasta la fecha, se registraron 47 casos relacionados con la caza y el tráfico ilegal del jaguar. De esa cantidad, solo cinco terminaron con sentencia. Ninguno corresponde al último periodo.
Herrera añadió que la baja cantidad de sentencias se debe a que los fiscales del sector rural no están capacitados para realizar una investigación por ese delito ambiental. Además, a pesar de que el Estado debería actuar de oficio, los procesos los impulsan por activistas, pero la falta de recursos económicos para hacer el seguimiento hasta conseguir un fallo se convierte en otro obstáculo.
Mongabay Latam buscó conocer la opinión del Ministerio de Ambiente y Agua sobre el rebrote de asesinatos del jaguar, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Fallo inédito
El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió en abril de este año un fallo inédito y ordenó a diferentes entidades del Estado la protección del jaguar y de su hábitat. La sentencia exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Esa sentencia, que está en plena vigencia, dispone medidas de protección para el jaguar, para su hábitat y para los defensores ambientales.
En ese fallo, la instancia judicial ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses (hasta octubre) concluya la actualización de la categoría del jaguar en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia para que se lo catalogue como especie en peligro o en peligro crítico, porque actualmente está como una especie vulnerable. También instruyó a esta cartera de Estado a que implemente planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar.
Marcos Uzquiano es el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) y considera a los jaguares como su familia. Por su trabajo, sabe que el felino ya no vive tranquilo. Las mafias internacionales “le han echado el ojo” y lo buscan en las profundidades de la selva boliviana para arrancarle sus colmillos después de matarlos a balazos.
El jaguar es uno de los animales más importantes de la selva y regula la salud de este ecosistema. Foto: Patrick Meier
Para Uzquiano, esto tiene una explicación sencilla: en los países asiáticos los jaguares se apuntan como sustitutos del tigre (Panthera tigris), una especie que está al borde de la extinción, y es por eso que ahora se trafican para suplir una demanda.
Desde hace varios años, Uzquiano recibe información que apunta a que ciudadanos chinos pagan a los comuneros bolivianos por los colmillos de jaguar. El guardaparque, junto a su equipo de trabajo, lleva años rastreando este crimen, decidido a ponerle freno antes de que sigan matando a más felinos.
“La única alternativa para conservar el jaguar es una mayor fiscalización, una mayor coordinación a nivel interinstitucional entre los distintos niveles del Estado y también mayores acciones de prevención y de sensibilización con las comunidades”, resaltó Uzquiano, quien también afirmó que se necesita “un fortalecimiento directo al trabajo que hacen los guardaparques para que por lo menos los jaguares que están dentro de las áreas protegidas puedan ser protegidos realmente, como debe ser”.
Según datos de la Dirección General de Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre 2014 y 2020, al menos 760 colmillos de jaguar han sido decomisados en Bolivia en diferentes operativos a personas que habían comprado o trataban de comercializar estas piezas, aunque no existe información de decomisos por año.
Las cifras y datos más actualizados en Bolivia están en el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar 2020-2025, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el que se detalla que desde 2014 existe una “caza furtiva” de jaguares en el país con el fin de vender partes -como los colmillos y piel- al mercado asiático. Sin embargo, este plan también recoge datos que revelan que se solicitaron cuerpos enteros de jaguar para elaborar la “pasta de jaguar”, la cual se utiliza como una alternativa a la “pasta de tigre”, con fines medicinales en China y otros países de Asia.
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Guido Croxatto, es el nuevo abogado de Martín Vizcarra, quien verá el recurso presentado por el exmandatario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender o levantar las tres inhabilitaciones que le impuso el Congreso, a fin de que pueda participar en las Elecciones 2026.
El nuevo abogado de Martín Vizcarra, Guido Croxatto, refirió que las inhabilitaciones del Congreso al expresidente, ahora, su patrocinado, podrían quedar sin efecto con un fallo que podría dar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El letrado argentino en entrevista con Exitosa recordó que el exmandatario solicitó a la CIDH que acepte una medida cautelar para que le ordene al Estado peruano levantar las inhabilitaciones impuestas en su contra.
Croxatto fue crítico respecto de lo que resolvió el Parlamento. «Es una medida desproporcionada sacarse de encima a un candidato que puede ganar las elecciones», aseguró.
Al respecto dijo que hay antecedentes internacionales que podrían servir de precedentes importantes a favor de Vizcarra Cornejo, como los casos de Nicaragua y Venezuela, dado que la CIDH podría ordenar al Estado peruano “suspender temporalmente o levantar las tres suspensiones de la función pública vigentes en su contra”.
«Lo que puede hacer la Comisión cuando recibe una medida cautelar es lo mismo que hizo en Nicaragua y en Venezuela y es ordenarle al Estado que levante esas inhabilitaciones y que permita que Martín Vizcarra participe de las elecciones y que la ciudadanía pueda elegir», explicó a Nicolás Lúcar.
“A la ciudadanía le están impidiendo elegir a su candidato de preferencia”
Respecto a la vulneración de los derechos de Martín Vizcarra por estar suspendido de la administración pública, pese a que tiene un juicio oral en curso, Guido Croxatto dijo que son «irreparables». Y que esa figura aplicaría a la ciudadanía que lo respalda en las encuestas de opinión, ya que, “le están impidiendo elegir a su candidato de preferencia en un proceso electoral”.
Como se recuerda este 29 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por los presuntos delitos contra la administración pública -negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo – y nombramiento ilegal, ambos en agravio del Estado.
Esto, por “haberse interesado indebidamente y en forma directa en la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, sin cumplir con los requisitos legales para ocupar el cargo”. Nombramiento que se efectuó el 1 de febrero del 2020, con una resolución del ministerio de Justicia, cuya titular de entonces, Ana Teresa Revilla Vergara, también está incursa en el caso.
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La digitalización ha dejado de ser una tendencia para convertirse en un factor decisivo en la gestión de personas. En el Perú, el 73 % de las organizaciones ya se encuentra encaminado en su proceso de transformación digital, aunque solo un 9 % alcanza un nivel avanzado de madurez.
Este proceso de transformación en acto no está exento de retos, pero también abre oportunidades inéditas para fortalecer la cultura organizacional, optimizar procesos y generar un mayor impacto estratégico.
Uno de los mayores desafíos es mantener la cohesión cultural en un entorno marcado por el trabajo híbrido. La dispersión geográfica de los equipos exige nuevas formas de comunicación interna y mecanismos que promuevan la integración. En un país donde el 58,9 % de los hogares cuenta con acceso a Internet, la desigualdad en conectividad añade complejidad a la gestión de experiencias consistentes para colaboradores que alternan entre la oficina y el trabajo remoto.
Otro reto fundamental es la gestión del volumen creciente de datos. La administración manual de nóminas, beneficios y procesos de reclutamiento resulta cada vez más inviable. La presión por modernizar estos procesos es evidente: el 45 % de las empresas en el Perú identifica la falta de personal con competencias digitales como un obstáculo importante para avanzar en la transformación de sus áreas de RR.HH.
Finalmente, la rapidez con que surgen nuevas herramientas digitales implica un esfuerzo constante de actualización. Capacitar a los equipos de Recursos Humanos para el uso eficaz de estas soluciones se convierte en un requisito clave para evitar brechas tecnológicas dentro de la organización, y es un desafío que muchas empresas locales reconocen como prioritario.
En este contexto, los desafíos tecnológicos en Recursos Humanos no se limitan únicamente a la digitalización de procesos. También abarcan la gestión del cambio cultural, la adaptación a nuevas formas de trabajo y la necesidad de garantizar la seguridad de la información. Superar estas barreras es esencial para que los departamentos de RR.HH. puedan evolucionar hacia una gestión más eficiente y estratégica.
Innovaciones que marcan el futuro del área
Frente a estos retos, la innovación tecnológica se ha convertido en un aliado estratégico. La inteligencia artificial ya se aplica en procesos de selección, permitiendo identificar con mayor precisión los perfiles que mejor se ajustan a las necesidades de la empresa. En el Perú, el 88 % de los especialistas en RR.HH. declara utilizar plataformas digitales para realizar contrataciones, lo que confirma una rápida adopción de soluciones que mejoran la eficiencia en esta etapa crítica.
La automatización de nóminas y beneficios representa otro avance significativo, reduciendo errores, ahorrando tiempo y garantizando el cumplimiento normativo. Del mismo modo, las plataformas digitales de gestión del talento facilitan la centralización de datos, la trazabilidad de procesos y la toma de decisiones basada en métricas claras, un aspecto que ya forma parte del 64 % de las organizaciones que emplea analítica avanzada en sus decisiones.
Además, el uso de herramientas de análisis predictivo ayuda a anticipar necesidades de capacitación, detectar riesgos de rotación y diseñar planes de carrera más alineados con los objetivos de la organización y las expectativas de los colaboradores.
Los avances tecnológicos en Recursos Humanos no solo permiten optimizar procesos, sino también transformar el rol del área dentro de la empresa. La adopción de inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada consolida a RR.HH. como un actor clave en la construcción de experiencias laborales más personalizadas, en la retención de talento y en la generación de valor estratégico para el negocio.
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La Municipalidad Provincial de Arequipa acordó informar a COFOPRI que lo que la medida busca agilizar la formalización y evitar duplicidad de esfuerzos.
La Municipalidad Provincial de Arequipa aprobó el acuerdo que permitirá intervenir de forma directa en el saneamiento físico legal de asociaciones y asentamientos humanos. La medida busca ordenar la situación de miles de familias, con miras a iniciar los procesos de titulación desde el año 2026. La decisión se sustenta en informes técnicos que detallan las zonas involucradas y las condiciones establecidas en las normas vigentes.
Proceso de saneamiento físico legal
Durante la exposición técnica, se explicó que a nivel nacional solo dos entidades tienen la facultad de asumir competencias en este proceso: las municipalidades provinciales y COFOPRI. En ese marco, la municipalidad informó que mediante un acuerdo de consejo se comunicará a COFOPRI la decisión de intervenir de manera directa, con el objetivo de optimizar los recursos y evitar duplicidad en la gestión presupuestal.
Se indicó también que el acuerdo aprobado no tiene carácter resolutivo, sino declarativo. Es decir, constituye un paso previo de interés público que servirá para coordinar la intervención a partir del próximo año. Con ello, se busca asegurar que el procedimiento responda a las necesidades de la población asentada en terrenos estatales, siguiendo las disposiciones de la normativa urbana vigente.
El ingeniero Javier Gómez, subgerente de Asentamientos Humanos, recordó que la posesión de los predios se regula por leyes generales y ordenanzas. “Para el saneamiento y la titulación se considera la habitabilidad; lo que exigimos es que los posesionarios cuenten con un cerco, una vivienda, cocina y servicios básicos. El tema de la vivencia es subjetivo, lo que vale es la posesión conforme a la ley”, explicó durante su intervención.
Arequipa y los asentamientos que serán intervenidos
El dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano identificó nueve asentamientos humanos que serán incluidos en el proceso. Entre ellos se encuentran la Asociación de Vivienda Taller Consorcio Amácola, Asbitaconza, Asociación de Vivienda Lacano en La Joya, Casa Huerto, entre otras.
La regidora Ingrid Carpe Pérez, presidenta de la comisión, destacó la importancia social de la medida. “Hoy no decidimos solo sobre planos ni documentos, decidimos sobre el derecho de vivir con dignidad. Arequipa no somos unos cuantos, sino somos todos”, expresó durante la sesión. Con estas palabras enfatizó el impacto humano que representa el inicio del saneamiento físico legal.
Los regidores que participaron coincidieron en señalar que los pueblos ya cumplen con condiciones de habitabilidad, con viviendas de material noble y rústico, así como actividades productivas como crianza de animales. Consideraron que estos factores respaldan la viabilidad de los procesos de formalización, en línea con la legislación vigente.
El concejo provincial resaltó que la intervención se realizará bajo los requisitos establecidos en la Ley N.º 32267, que amplía los plazos para el reconocimiento de derechos de posesión hasta diciembre de 2021. Los funcionarios aclararon que todos los predios incluidos deben estar sobre terrenos estatales, sin superposición con áreas agrícolas ni zonas de riesgo.
La decisión del concejo municipal marca un evento importante para varias familias en Arequipa, para consolidar procesos de saneamiento físico legal que impactarán en la calidad de vida de cientos de familias. Aunque se trata de un acuerdo declarativo, constituye el inicio de un camino hacia la formalización y la seguridad jurídica, reforzando el compromiso de la municipalidad con la población asentada en terrenos estatales.
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El joven cantante y creador del Q’Pop, Lenin Tamayo, se sumó a las protestas de la Generación Z contra el Gobierno y el Congreso a su manera. Durante su último concierto en Arequipa, el artista recibió el respaldo de sus seguidores cuando corearon a viva voz “Dina asesina”.
Tras la muestra de apoyo, Tamayo, visiblemente emocionado, agradeció los mensajes de aliento y aseguró que eso le da motivación para seguir adelante, convencido de que sí se puede erradicar el “cáncer” que, según él, mantiene sometido al Perú a través de autoridades que no permiten avanzar a la juventud ni a sus ciudadanos.
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La Gerencia de Transportes y Movilidad Sostenible de la Municipalidad Provincial de Arequipa presentó un diagnóstico sobre la situación del tránsito en la ciudad, señalando problemas como el exceso de informalidad, el uso de vehículos antiguos, la falta de fiscalización y el estrés generado por la congestión vehicular. Ante este panorama, se anunció una propuesta integral que busca mejorar la movilidad urbana y avanzar hacia un sistema integrado de transporte más eficiente.
Implementación de nuevas tecnologías en el tránsito
Entre las medidas presentadas destaca la modernización del tránsito en Arequipa. El plan incluye la optimización de los sentidos de circulación, la mejora de la semaforización y la instalación de cámaras para la fiscalización electrónica. Estas herramientas permitirán la lectura de placas y un control más riguroso del transporte urbano, con el objetivo de aplicar sanciones efectivas y reducir la informalidad en las calles.
Asimismo, la comuna informó que se trabaja en coordinación con los municipios de Yanahuara y Cayma para establecer una «ola verde» a lo largo de la avenida Ejército, lo que permitirá mejorar la fluidez del tránsito. Esta acción forma parte de la estrategia para dar paso a la fase operativa del Sistema Integrado de Transportes (SIT), aún pendiente de consolidarse con la ampliación de rutas y el aumento de la flota de buses.
“Estamos con la propuesta de solución. La primera es la modernización del tránsito en la ciudad, que hay que buscar la fluidez y el desplazamiento eficiente para los ciudadanos”, señaló el gerente de Transportes de la MPA, David Hernández.
Arequipa frente al reto de la fiscalización y el orden vehicular
El gerente también informó que se han emitido más de 18 mil actas de control a operadores de transporte y alrededor de 141 mil infracciones a ciudadanos entre 2022 y 2025. Sin embargo, aún existen más de 72 mil expedientes pendientes de resolver, lo que demuestra la necesidad de mejorar la fase instructora y agilizar los procesos sancionadores. Para ello, se proyecta digitalizar expedientes y reforzar el convenio con la Policía Nacional.
Actualmente, Arequipa cuenta con 67 inspectores que realizan operativos diarios, aunque el modelo de fiscalización se centra en sancionar aproximadamente el 20% de las infracciones detectadas. El objetivo es disminuir progresivamente las conductas negativas en las vías, sin que la medida se convierta en un mecanismo recaudatorio, sino en una estrategia para generar un cambio de conducta ciudadana.
“Lo que queremos probar aquí es que la figura no es tener una conducta recaudatoria, sino lograr que la conducta negativa baje”, enfatizó Hernández.
Arequipa y la modernización de señalización y semáforos
Otro punto relevante abordado en la exposición fue el estado de la señalización y semaforización en Arequipa. Se informó que se han pintado 12 de los 92 kilómetros programados y colocado 109 señales verticales en zonas críticas como colegios y universidades. Sin embargo, persisten problemas en la durabilidad de la pintura en el centro histórico debido al tipo de pavimento.
En cuanto a semáforos, se indicó que 91 equipos en el Cercado requieren renovación por obsolescencia. Para ello, la Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con un convenio con Promovilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y apoyo del Banco Mundial, lo que permitirá implementar nuevos paraderos y un sistema moderno de semaforización.
“Estamos dentro del convenio y eso se va a hacer dentro de un PIP de inversión. Promovilidad se va a encargar y los paraderos estarían bajo esa lógica, con apoyo del Banco Mundial”, explicó Hernández.
El reto para la ciudad de Arequipa es consolidar un sistema de transporte eficiente que combine control, tecnología e infraestructura, con el fin de reducir la congestión y garantizar un servicio seguro para los ciudadanos. Las medidas anunciadas pueden ser avance en este camino, aunque aún resta concretar la fase operativa del SIT y ejecutar los proyectos de inversión en señalización y semaforización que permitan alcanzar los objetivos trazados.
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Las movilizaciones de la llamada Generación Z continúan cada fin de semana. Comenzaron con protestas masivas contra la reforma del sistema de pensiones y se extendieron a reclamos por corrupción
Dina Boluarte aseguró que los jóvenes de la Generación Z que participan en marchas están “absolutamente manipulados”, y los llamó a no dejarse influir por quienes, a su juicio, buscan desestabilizar al país. Invitó además a los jóvenes a un “diálogo” y a aprovechar plataformas estatales de capacitación y empleo en empresas privadas.
Las movilizaciones de la llamada Generación Z continúan cada fin de semana. Comenzaron con protestas masivas contra la reforma del sistema de pensiones y se extendieron a reclamos por corrupción, inseguridad y, sobre todo, por la impunidad en las muertes ocurridas desde fines de 2022. En Lima las marchas del 20 y 21 de septiembre derivaron en choques con la policía; hubo heridos entre manifestantes, periodistas y efectivos, y se reportó uso de gases lacrimógenos y perdigones.
En contraste con las palabras de la presidenta, el cardenal de Lima, Carlos Castillo, salió públicamente a respaldar a los jóvenes manifestantes. Durante su homilía llamó a no estigmatizarlos ni calificarlos de “terroristas” y pidió respeto por el derecho a la protesta. Su intervención añadió un peso moral importante al reclamo juvenil y cuestionó la narrativa oficial que criminaliza las movilizaciones.
Mientras Boluarte advierte sobre “narrativas falsas” y pide diálogo, los jóvenes responden en las calles y sectores eclesiásticos y de la prensa piden prudencia al calificar a manifestantes. El pulso entre denuncia, represión y diálogo marcará la agenda política del país en las próximas semanas.
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Los manifestantes denuncian que la laguna recibe aguas residuales, lo que genera olores nauseabundos y provoca afecciones como dolores de cabeza, mareos, infecciones y náuseas
EL GOBIERNO TENDRÁ QUE ESCUCHARLOS | A la marcha de sacrificio proveniente de Pataz se suma una nueva movilización hacia Lima. Cientos de padres han iniciado una protesta a pie desde Pasco, con el objetivo de exigir soluciones a la contaminación de la laguna Patarcocha.
Los manifestantes denuncian que la laguna recibe aguas residuales, lo que genera olores nauseabundos y provoca afecciones como dolores de cabeza, mareos, infecciones y náuseas entre los estudiantes de la zona. De esta manera, dos marchas avanzan actualmente hacia Lima, con la intención de hacer escuchar sus reclamos ante el Ejecutivo y la presidenta Dina Boluarte.
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Los miembros de la comisión de selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tendrán que asistir a la audiencia convocada por el Tercer Juzgado Constitucional que analizará la anulación del proceso que realizaron. Foto: Pulso27
El Poder Judicial a través del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, admitió la demanda de amparo que busca anular el proceso de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los nombramientos de sus miembros y realizar así, una nueva selección.
De acuerdo con lo decidido por el Juzgado, se realizará una audiencia única el 22 de diciembre, por la plataforma Meet con participación de todas las partes involucradas.
Según lo informado, la demanda la presentó el Instituto de Defensa Legal (IDL) y dos ciudadanas, en febrero de este año, al notar “presuntas irregularidades en el proceso de selección de los nuevos miembros”. Entonces, presentaron tachas, pero no las atendieron.
Es por ello que, en respuesta, presentaron una demanda de amparo y una medida cautelar contra dicho proceso y las resoluciones de nombramiento de los actuales miembros de la JNJ.
¿Qué dice la demanda de amparo y contra quiénes está dirigida?
La acción legal está dirigida contra la Comisión Especial de Selección, presidida por el defensor del Pueblo e integrada por la presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la presidencia del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, la decana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el decano de la Universidad Ricardo Palma.
La demanda en sus fundamentos refiere que el IDL observó una serie de «vicios e irregularidades» en el proceso seguido por la Comisión Especial presidida por Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo.
Esto “atenta contra la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y el artículo 155° de la Constitución, que obliga a llevar un procedimiento de selección respetando garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia”.
Además, está demostrado que dos integrantes de la JNJ, a los que eligió esa comisión en dicho proceso, cuentan con denuncias judiciales.
La falta de transparencia e imparcialidad en el proceso de selección por parte de la comisión se observaría en cuatro irregularidades: Uno, «no se compartió con la sociedad la documentación, herramientas y protocolos que pudieron evitar que las bases del concurso tengan deficiencias sobre instrumentos que ayudan a prevenir conflicto de interés o a ver que los méritos académicos se sustentan», explicó la abogada de IDL, Cruz Silva a La República.
Dos, «la falta de reglas claras de las entrevistas, los criterios para valorar la independencia», lo que generó desconfianza en el proceso y en la idoneidad de los elegidos, sobre todo porque muchos postulantes tienen serios cuestionamientos.
Tres, las tachas presentadas no se publicaron en la página web del proceso. «Deben publicarse porque eso ayuda a que la ciudadanía pueda ser parte del escrutinio público. Como tachante, no fui notificada con la información de los descargos de postulantes a los que se presentó tachas», explicó Silva del Carpio.
La irregularidad más grave
Cuatro, y quizás Ia más grave de las irregularidades, es que, al final del proceso cuando se publicó el cuadro de méritos, no se hizo lo mismo con la sesión de las observaciones sobre los candidatos y la votación.
“Durante la noche del último 28 de octubre, la Comisión publicó el cuadro de méritos del proceso y, también, indicó quiénes serían los miembros titulares y suplentes”. Pero se deben considerar el cuadro de méritos y la votación para el nombramiento.
Esto requiere una sesión para que la Comisión brinde sus observaciones sobre los candidatos y vote. «Esa sesión no ha sido considerada en el cronograma y tampoco ha sido publicada. ¿Cuándo y cómo se realizó? No se sabe. Si es que lo hicieron fue de forma clandestina», advirtió.
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