Poder Judicial revisa la acusación fiscal para dar fallo. El exfuncionario habría ordenado en 1991 envío de sobres con explosivos a personas “contrarias al régimen”
Vladimiro Montesinos, el exasesor de Alberto Fujimori fue sentenciado por el Poder Judicial a 20 años de pena privativa de la libertad por el caso de los "sobres bomba".
El Poder Judicial dictó 20 años de prisión contra contra Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, por el caso ‘sobres bomba’. Proceso que investiga el envío de artefactos explosivos a opositores del régimen de Alberto Fujimori durante la década de 1990.
El Ministerio Público pedía una condena de hasta 35 años de prisión contra el exfuncionario, como autor mediato de este delito, calificado como de grave violación a los derechos humanos. La lectura del fallo se produjo tras la culminación de los alegatos finales en este juicio oral.
El juez, Helbert Iván Llerena Lezama, de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional sentenció, “luego del análisis de todo el acervo probatorio actuado en juicio oral, se declara infundada la excepción de prescripción penal planteada por la defensa técnica del acusado Vladimir Montesinos Torres”.
«Y se condena al acusado por el delito de homicidio calificado previsto y sancionado del Código Penal en agravio de Melisa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruiz León y homicidio calificado en grave tentativa en agravio de Alejandro Augusto Zúñiga Paz, Ricardo Letts Colmenares y Carlos Eduardo Arroyo Reyes. En consecuencia impusimos 20 años de pena privativa de libertad al acusado Vladimiro Montesinos… y una reparación civil de 50 mil soles por cada víctima del delito de homicidio en grave tentativa”.
¿Qué decía la acusación fiscal?
La acusación fiscal determinaba que Montesinos Torres “habría ordenado en 1991 el envío de sobres con explosivos a diversas personas consideradas contrarias al régimen, hechos que derivaron en la muerte de la periodista Melissa Alfaro Méndez y del ciudadano Víctor Hugo Ruiz León”.
Al exasesor se le acusa de ser autor mediato, mientras que el otro inculpado en el caso, Penas Sandoval se le considera el autor directo del delito de homicidio calificado en agravio de dichas personas.
También se les imputa “el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga Paz, el entonces congresista Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes”.
Sin embargo, la sala decidió absolver al acusado Víctor Pena Sandoval por el delito de homicidio calificado. Previsto sancionado en el Código Penal en agravio de Melisa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruiz León y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Alejandro Augusto Zúñiga Paz, Ricardo Letts Colmenares y Carlos Eduardo Arroyo Reyes.
En ese sentido el representante del Ministerio Público dijo que interpondrán el recurso de nulidad respecto al extremo que absuelve de la acusación Penas Sandoval. También impugnaron esa decisión, las defensas de los agraviados.
Al momento de la lectura de la sentencia, luego del receso que dio la sala, estuvo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas quien mediante carta dirigida a la sala solicitó estar presente en la audiencia virtual que se realizó este viernes 20 el Poder Judicial y en la que se emitió la sentencia contra Montesinos. Siendo una audiencia pública, el juez relator no tuvo más que indicar que se le hiciera llegar el enlace de la sala.
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Si vives en Arequipa o planeas movilizarte durante este fin de semana, es mejor que empiece a planificar su ruta con anticipación. La Municipalidad Distrital de Cayma ha confirmado que el puente Chilina, esa arteria vital que conecta distritos y alivia el tránsito en la ciudad, permanecerá cerrado. Esto, para dar paso a la edición número 39 de la Maratón Internacional Virgen de la Candelaria.
La decisión no es caprichosa. Con cientos de atletas nacionales y extranjeros listos para recorrer las categorías de 5k, 10k, 21k y los exigentes 42 kilómetros, la prioridad es clara: reducir alguna posibilidad de incidentes. La medida busca garantizar la seguridad de los participantes y el adecuado desarrollo de este evento deportivo, considerado uno de los más importantes de la región.
Quienes piensen cruzar el puente el sábado por la noche harán bien en apurarse. La restricción vehicular comenzará el sábado 21 de marzo a partir de las 9:00 p.m. A partir de esa hora, el acceso quedará bloqueado para todo tipo de vehículos. La reapertura está programada para el domingo 22 de marzo a las 2:00 p.m., tras concluir las actividades programadas.
Durante todo ese periodo, los conductores deberán buscar otras opciones para cruzar de un distrito a otro. La Municipalidad de Cayma recomienda tomar las precauciones necesarias y utilizar rutas alternas para evitar el congestionamiento vehicular, especialmente durante la mañana del domingo, cuando la concentración de vehículos suele intensificarse.
Recomendaciones para conductores de Arequipa
La Unidad de Imagen Institucional de Cayma, responsable de difundir la medida, exhortó a la ciudadanía y a los transportistas a respetar la señalización que se instalará en la zona. Además del despliegue del personal municipal y policial que resguardará el recorrido de la maratón. Los vecinos de los distritos aledaños deberán prever sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.
El evento deportivo, que congrega cada año a cientos de corredores nacionales e internacionales, se ha consolidado como una de las competencias más convocantes de la región. Con el puente Chilina convertido en parte del circuito oficial, los organizadores esperan una jornada sin incidentes, siempre que conductores y peatones colaboren con las disposiciones establecidas.
Para quienes necesiten cruzar la ciudad durante el horario de cierre, la recomendación es clara: informarse con tiempo, salir antes o buscar vías alternas. Porque en Arequipa, este fin de semana, la ciudad corre literalmente.
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Seal anunció cortes de luz programados en Arequipa para este domingo 22 de marzo. Diversos distritos y provincias se verán afectados por mantenimiento de redes.
Sectores en distritos de Arequipa y la provincia de La Unión se verán afectados por cortes de luz este domingo 22 de marzo, según Seal. | IMAGEN: Seal
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – Seal dio a conocer los cortes de luz en Arequipa que realizarán este domingo 22 de marzo. La interrupción del servicio afectará algunas zonas en distritos del departamento durante el periodo antes señalado.
Respecto a la razón de las interrupciones escalonadas en distritos de Arequipa, Seal informó los motivos que los obligan a suprimir temporalmente el servicio. La interrupción se debe al mantenimiento de redes, mantenimiento preventivo de la subestación y trabajos en las líneas de transmisión en varias zonas del departamento.
¿Qué distritos se verán afectados en Arequipa?
Provincia de Arequipa: Arequipa (Cercado), Sachaca y Yanahuara.
Provincia de La Unión: Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa y Toro.
Cortes de luz el domingo 22 de marzo: horarios y zonas
En la provincia de Arequipa, diversos sectores de los distritos de Arequipa (Cercado), Sachaca y Yanahuara tienen cortes de luz programados a partir de las 05:30 hasta las 15:30 horas por mantenimiento en el circuito Magisterial y la línea Parque Industrial – Challapampa; esto incluye zonas como el Centro Histórico, Umacollo, Yanahuara, Magisterial, Sachaca y áreas industriales. Por otro lado, en la provincia de La Unión, la interrupción del servicio afectará a la totalidad de los distritos de Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa y Toro desde las 07:30 hasta las 14:30 horas debido a trabajos preventivos en la subestación Cotahuasi.
Recomendaciones frente a los cortes de luz en Arequipa este domingo 22 de marzo
Seal recomendó a los consumidores que constaten si serán perjudicados, buscando el número de subestaciones en la parte superior de su recibo. En caso de alguna consulta pueden contactar al número directo 054-381388. La atención al público es de lunes a domingo, de 07:30 a 20:00 horas, y los sábados, de 08:00 a 13:00 horas.
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Soy responsable de Audiencias y SEO en El Búho; además colaboro con artículos sobre periodismo de datos. Vivo en Arequipa. También escribo para Qué fue.pe
Especialistas advierten que, sin el Área de Conservación Regional Bosques del Araza, el Cusco podría perder una de sus principales fábricas de agua, biodiversidad y sustento económico. Minería, tala e invasiones presionan uno de los últimos refugios de montaña en Camanti. Ahí conviven casi 400 especies de animales y más de 600 especies de árboles […]
Especialistas advierten que, sin el Área de Conservación Regional Bosques del Araza, el Cusco podría perder una de sus principales fábricas de agua, biodiversidad y sustento económico. Minería, tala e invasiones presionan uno de los últimos refugios de montaña en Camanti. Ahí conviven casi 400 especies de animales y más de 600 especies de árboles y plantas nativas.
En los bosques del Araza, en el distrito de Camanti, provincia de Quispicanchi, Cusco, la amenaza de una invasión de mineros ilegales y traficantes de tierras aún no se siente con toda su fuerza. Vista desde lejos, esa presencia parece silenciosa. Pero no lo es. Ya hay retroexcavadoras que abren trochas en la montaña y campamentos ilegales de toldos azules a orillas del río Araza. El bosque tampoco está libre de taladores ni de la ocupación del río para lavar oro usando mercurio.
Imágenes satelitales, según Ronald Catpo Velásquez, director de Conservación de Conservación Amazónica (ACCA), confirman que en pocos años los mineros ilegales avanzan siguiendo el curso de los ríos hasta alcanzar los bosques. En esos registros aparecen campamentos y maquinaria pesada dejando cicatrices en medio de la cobertura vegetal. Para Catpo, esas marcas son la evidencia de un peligro casi inminente si no se actúa de inmediato.
Catpo Gutiérrez sabe cómo terminó esa historia en lugares vecinos a Camanti. En Huaypetue y La Pampa, en Madre de Dios, empezó con la deforestación. Luego aparecieron los campamentos y la maquinaria abriendo surcos en el paisaje hasta convertir esos territorios en depósitos de barro y sedimentos. Después el agua se enturbió, los peces desaparecieron y empezó a correr riesgo la vida de mamíferos y aves. Los bosques del Araza podrían correr esa misma suerte.
Un bosque que respira
Por suerte todavía no es así. Si uno camina al amanecer por el Araza —cuenta Catpo Gutiérrez— lo primero que escucha es una lluvia continua. Es una precipitación persistente de gotas que caen desde las hojas.
Ese sonido deja escuchar una naturaleza viva y fuerte. Se ven aves cruzando el cielo bajo y una vegetación exuberante que se mueve con el viento. A lo lejos aparecen montañas cubiertas de bosque y niebla, una detrás de otra, y se oye el caudal del río Araza regando cientos de comunidades.
En una de esas salidas de campo, al levantar la vista hacia las cumbres cubiertas de nubes y cascadas, Catpo entendió que estaba frente a un gran almacén de agua. Un sistema natural que capta, filtra y libera el recurso hídrico que baja primero en forma de riachuelo y luego se convierte en río. Entonces pensó que, si no se hacía nada, estos bosques podían ser devastados por la minería ilegal.
Dicen que en estos lugares el oro ya brillaba en tiempos del Inca, pero entonces se extraía con herramientas simples, sin mercurio ni máquinas que multiplicaran la escala de la explotación. Era una relación menos voraz con el suelo y el bosque. Todo cambió en la primera década del siglo XXI, cuando la fiebre del oro encendió la ambición y la minería dejó de ser artesanal para volverse indiscriminada.
Entonces el mercurio empezó a correr por los bosques de la Amazonía, los ríos fueron intervenidos y la tierra empezó a contaminarse en muchas áreas cercanas a los cursos de agua. Hoy, desde el aire, una imagen capturada por dron revela lo que a ras del suelo a veces no se ve. En un tributario del Nusiniscato el agua ya no es transparente como antes.
Zonas con minería ilegal detectados en 2025 mediante el uso de satélites.
La riqueza viva de los bosques
En estos bosques la orografía andina y los árboles capturan las nubes y las devuelven convertidas en agua. Cada hoja funciona como una esponja natural que retiene humedad y la deposita en una especie de bóveda ecológica formada por más de quinientas especies de plantas.
Estas especies almacenan carbono, enfrían el viento y retienen la lluvia. Entre ellas destacan el cedro y la caoba, aunque hoy son víctimas de la tala ilegal y del comercio clandestino de madera.
En los claros húmedos, las orquídeas se aferran a los troncos y conviven con hongos invisibles que tejen bajo el suelo una red de nutrientes.
Cada pétalo depende de una raíz. Cada raíz depende de un hongo. Cada hongo depende de la sombra fresca que el bosque concede.
Cuando llega el día, la fauna aparece. El cóndor andino une la montaña con la selva. Más abajo, entre bromelias y lianas, el oso de anteojos come frutos y siembra el bosque sin saberlo. En la espesura el jaguar avanza con sigilo, regulando la cadena trófica e imponiendo equilibrio. En lo alto de las copas, el mono maquisapa se balancea sin tocar el suelo, dispersando semillas que mañana serán árboles.
Al caer la tarde los murciélagos salen de sus cuevas, los anfibios toman las quebradas y los insectos (escarabajos y mariposas) sostienen la polinización y la fertilidad del suelo. Incluso los reptiles cumplen su papel en esta trama compleja de la vida del bosque.
Entre la vegetación, recuerda Catpo Gutiérrez, pueden verse monos choros de brazos robustos y pelaje oscuro moviéndose de rama en rama, sacudiendo el follaje como si defendieran su territorio.
Por ahora los Bosques del Araza permanecen como un territorio apenas explorado, donde su geografía abrupta y verde protege una masiva biodiversidad. Hasta hoy se han registrado más de 60 especies de mamíferos, 135 de aves, 41 de peces, 32 de anfibios, 11 de reptiles, 117 de insectos y 4 de arácnidos. Además 635 especies de árboles y plantas nativas. Un mundo que podría perderse antes de ser conocido.
Los picaflores y otras aves dependen de la conservación de los bosques del Araza (ACCA).
Lo que está en juego
Los Bosques del Araza forman parte de los ecosistemas de montaña del sur del Perú y son similares a otros bosques del Cusco, Madre de Dios y Puno donde la presión extractiva es mucho mayor. Por eso, sostiene Catpo Gutiérrez, estos bosques se han convertido en un refugio natural de flora y fauna silvestre.
La propuesta del Área de Conservación Regional Bosques del Araza abarca más de 56 mil hectáreas de bosques montanos y pajonales altoandinos. Los estudios aún son escasos, sobre todo en las cabeceras, pero lo que ya se ha registrado revela alta biodiversidad y un ecosistema todavía sano. Incluso podría haber altos niveles de endemismo, es decir especies únicas poco estudiadas o todavía desconocidas.
Además, el río Araza está entre las diez cuencas más importantes del Cusco. Sin el bosque el microclima de la zona cambiaría de forma drástica. Quincemil, capital de Camanti, y sus alrededores dependen de esa cobertura vegetal que atrapa nubes y regula el régimen de lluvias.
A los bosques se les llama “fábrica de agua”. Catpo Gutiérrez aclara que no producen agua, pero sí la capturan del ambiente y la filtran. Funcionan como un nevado. Así como el hielo almacena y libera agua gradualmente, el bosque intercepta la humedad, la infiltra en el suelo y la entrega en forma de arroyos y riachuelos que alimentan ríos mayores. Camanti depende del Araza.
El río abastece actividades agrícolas, provee agua potable y sostiene la pesca, principal fuente de proteína para muchas familias. También mantiene el microclima que permite cultivos de alto valor.
El cacao de Camanti es reconocido incluso en el extranjero. Para mantener su calidad necesita condiciones estables de temperatura y humedad. Un cambio de apenas algunas décimas podría afectar su rendimiento y su sabor.
La producción de cacao es una de las principales actividades agrícolas en comunidades de Camanti (ACCA).
Desinformación
La propuesta de crear el Área de Conservación Regional Bosques del Araza genera expectativas y temores. Muchos agricultores quieren saber si afectará su vida cotidiana.
Cuando se les explica que el ACR no implica expropiaciones ni prohibiciones para sus actividades de autoconsumo, la mayoría muestra conformidad. También preguntan qué beneficios concretos traerá. Pero también circulan mitos. Que el Estado quitará tierras. Que será una zona donde no se podrá hacer nada. Inclusive hay autoridades que no contribuyen a su conformación.
Catpo Gutiérrez insiste en que la normativa para crear un ACR respeta derechos y considera los aspectos sociales. “A un agricultor que teme perder su parcela le diría que nadie puede quitarle lo que es suyo”, señala.
La oposición, explica, proviene en buena medida de quienes tienen intereses en actividades ilícitas, como minería o tala sin permisos. Estos sectores siembran miedo y desalientan la participación en las reuniones informativas.
Mientras tanto las migraciones no planificadas, la expansión agrícola y la presencia de economías ilegales aumentan la presión sobre el territorio. Si no se interviene ahora el Araza podría convertirse en otro foco de minería descontrolada.
Para Catpo Gutiérrez, declarar el ACR es apenas el primer paso. Significa diseñar un Plan Maestro, asegurar una gestión efectiva e involucrar a la población en la protección del bosque. También implica promover actividades compatibles con el ecosistema. Sembrar café, cacao o frutales junto a árboles nativos. Reforestar áreas degradadas. Aprovechar madera con permisos y manejo sostenible. Cuidar las fuentes de agua. Impulsar turismo comunitario. Es conservar, no prohibir. Es ordenar el territorio y garantizar que los recursos duren para siempre.
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El presidente del Comité de Gestión de la carretera JU-108, Fabián Cotera Mayta, lanzó un ultimátum al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Mujej, en el sentido de que si la empresa constructora no retoma los trabajos el próximo 6 de abril, la población iniciará una protesta frente a la sede de la institución. A […]
El presidente del Comité de Gestión de la carretera JU-108, Fabián Cotera Mayta, lanzó un ultimátum al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Mujej, en el sentido de que si la empresa constructora no retoma los trabajos el próximo 6 de abril, la población iniciará una protesta frente a la sede de la institución.
A ese acuerdo llegaron los dirigentes luego de que este viernes 20 de marzo, el gobernador no se presentara a la reunión que ya tenían pactada para definir la fecha de reinicio de las obras en la construcción de la carretera hacia Pariahuanca. Cotera explicó que la suspensión de los trabajos, debido al periodo de lluvias, afecta a cerca de 3,800 comuneros que viven a lo largo de la ruta, como Vilcacoto y Acopalca, y los 39 anexos de Pariahuanca.
Los dirigentes toman la ausencia del gobernador en la reunión como un desplante y solo asistieron gerentes de menor rango.
Ante esta situación, las autoridades comunales exigen la presencia personal de Cárdenas el 1 de abril en Lampa, capital del distrito, para que responda por el estancamiento de la vía Huancayo – Pariahuanca.
Tramo intransitable de la carretera JU-108, en la comunidad Vista Alegre, a poco de llegar a Pariahuanca.
Gasto millonario y avance mínimo. La obra presenta un grave desbalance financiero que preocupa a la Contraloría. Según el aplicativo Infobras, el proyecto registra apenas un 36 % de avance físico, a pesar de que el Gobierno Regional ya ejecutó el 62 % del presupuesto.
De los S/ 336.9 millones actualizados para el proyecto, la gestión ya gastó más de S/ 209.5 millones en una carretera que debió culminar originalmente en marzo de 2025. Actualmente, los trabajos permanecen suspendidos desde el 28 de noviembre de 2025.
Aunque la empresa alega el periodo de lluvias para justificar la paralización, Cotera señala que el clima ya permite ejecutar obras de arte y cunetas. Por ello, la población rechaza la intención de la contratista de esperar hasta mayo para reiniciar las labores.
La obra está a cargo de la empresa China Gezhouba Group Company Limited, la misma que también es la encargada de culminar la construcción del hospital El Carmen.
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El Perú atraviesa un escenario cada vez más delicado por la rápida pérdida de glaciares, fundamentales para regular el agua en las cuencas altoandinas. Estos ecosistemas funcionan como reservas naturales que alimentan ríos, sostienen actividades productivas y abastecen a poblaciones enteras, especialmente en épocas secas. Sin embargo, ese equilibrio se está debilitando. Regiones como Ayacucho […]
El Perú atraviesa un escenario cada vez más delicado por la rápida pérdida de glaciares, fundamentales para regular el agua en las cuencas altoandinas. Estos ecosistemas funcionan como reservas naturales que alimentan ríos, sostienen actividades productivas y abastecen a poblaciones enteras, especialmente en épocas secas.
Sin embargo, ese equilibrio se está debilitando. Regiones como Ayacucho perdieron por completo su cobertura glaciar desde 2016, según MapBiomas, una señal clara de que el retroceso ya no es puntual, sino parte de una tendencia extendida. Un análisis del Instituto del Bien Común, basado en imágenes satelitales entre 1985 y 2024, muestra que el país ha perdido más de 62 mil hectáreas de glaciares en menos de tres décadas. Hoy quedan alrededor de 94.345 hectáreas, concentradas en su mayoría en Áncash.
En el marco del Día Mundial de los Glaciares, que se conmemora cada 21 de marzo, te mostramos cómo este panorama refleja una tendencia nacional de retroceso glaciar que que afecta directamente la disponibilidad de agua y la capacidad de los ecosistemas andinos para sostener la vida en sus territorios. Para profundizar en este escenario, conversamos con la Dra. Paola Moschella, directora de investigación en glaciares del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem).
Reducción de glaciares en Perú continúa por alza de temperaturas
La pérdida de glaciares en el Perú sigue siendo una de las señales más visibles del impacto del cambio climático. Aunque en 2025 la tasa anual de retroceso se estimaba en 1%, la tendencia no se ha detenido: la superficie y el volumen de hielo continúan disminuyendo, impulsados por temperaturas más altas y por una menor presencia de nieve en las zonas altoandinas, que es clave para “alimentar” a los glaciares.
Este proceso, aunque pueda parecer lento en cifras, tiene efectos acumulativos. Menos nieve significa menos capacidad de recuperación, y más calor acelera el derretimiento, reduciendo progresivamente estas reservas naturales de agua.
Como explica Moschella: “La situación de reducción de la superficie y volumen glaciar se mantiene. En los últimos años se evidencia un reducido aporte de nieve a los glaciares, sumado al incremento de la temperatura que acelera el derretimiento”.
Para seguir de cerca este proceso, el Inaigem actualiza cada cuatro años el Inventario Nacional de Glaciares. Según su versión más reciente, publicada en 2023, el Perú cuenta con 2084 glaciares que cubren una superficie de 1,050.32 km². El estudio también identificó 2147 glaciares rocosos y 8466 lagunas de origen glaciar, lo que muestra la dimensión de estos ecosistemas en el país.
La próxima actualización, prevista para este año, permitirá contar con una imagen más actualizada sobre el estado de los glaciares y dimensionar con mayor precisión cuánto han retrocedido en los últimos años.
El Perú ha perdido más de 62 mil hectáreas de glaciares en menos de 30 años, según análisis basados en imágenes satelitales. (Foto: Inaigem)
Factores que aceleran el derretimiento glaciar
El principal factor detrás de este proceso es el cambio climático global, que incrementa las temperaturas y reduce las zonas donde se produce nieve. Esto no solo acelera el deshielo, sino que limita la regeneración natural de los glaciares, haciéndolos cada vez más vulnerables.
A ello se suma la contaminación por carbono negro, partículas generadas por la quema de combustibles y vegetación que pueden viajar largas distancias y depositarse sobre la superficie glaciar. Este fenómeno reduce la capacidad de reflejar la radiación solar, acelerando el derretimiento del hielo.
“Las zonas donde cae nieve son cada vez más reducidas y se ubican a mayor altitud, lo que disminuye el aporte de nieve a los glaciares”, precisó Moschella, al advertir sobre la combinación de factores que intensifican este proceso.
Proyecciones y riesgos para el abastecimiento de agua
Las proyecciones científicas indican que los glaciares tropicales, como los del Perú, son los más vulnerables a desaparecer. Estudios estiman que, hacia finales de siglo, podría perderse hasta el 45% de la masa glaciar si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, o hasta un 80% en el peor escenario sin medidas de mitigación.
Esta situación tiene implicancias directas sobre la disponibilidad de agua. Los glaciares cumplen un rol importante al abastecer de forma constante a los ríos, especialmente durante la temporada seca, beneficiando tanto al consumo humano como a la agricultura.
Ayacucho perdió la totalidad de su superficie glaciar en 2016, convirtiéndose en una de las primeras regiones del país en registrar este colapso. (Foto: Inaigem)
“El deshielo de los glaciares aporta todo el año con agua a los ríos, en Perú, miles de personas dependen de esta agua como su principal fuente de abastecimiento, al igual que para el riego de cultivos. Al perderse este aporte de los glaciares, el caudal de muchos ríos se está reduciendo, especialmente, fuera de la época de lluvias”, sostuvo la especialista.
Retroceso glaciar ya afecta la calidad del agua en los Andes
Además, el retroceso glaciar no solo implica perder hielo: también expone rocas que antes permanecían cubiertas. Al entrar en contacto con el aire y el agua, algunos minerales, especialmente los sulfuros, generan procesos de drenaje ácido que elevan la acidez de las fuentes hídricas. Esto puede deteriorar la calidad del agua, volverla no apta para consumo y afectar a los ecosistemas que dependen de ella.
En la Cordillera Blanca, esta situación ya empieza a ser visible. Algunas subcuencas que abastecen a la ciudad de Huaraz muestran señales de contaminación, lo que anticipa un problema mayor si el retroceso continúa. No se trata solo de cuánto hielo se pierde, sino de cómo cambian las condiciones del agua que sostiene a poblaciones enteras.
Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que reducir las emisiones y aplicar medidas de adaptación en los territorios altoandinos será determinante. De ello dependerá no solo la conservación de los glaciares, sino también la seguridad hídrica de millones de personas en el país.
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Una actividad por el Día Mundial de las Ranas, realizada en el distrito de Carmen Alto, puso en agenda una problemática que especialistas consideran cada vez más visible: la reducción de anfibios en Ayacucho y sus efectos en el equilibrio ambiental. Durante la jornada, representantes del colectivo ProFauna advirtieron que estas especies cumplen un rol […]
Una actividad por el Día Mundial de las Ranas, realizada en el distrito de Carmen Alto, puso en agenda una problemática que especialistas consideran cada vez más visible: la reducción de anfibios en Ayacucho y sus efectos en el equilibrio ambiental.
Durante la jornada, representantes del colectivo ProFauna advirtieron que estas especies cumplen un rol clave en el control de insectos. En su fase acuática se alimentan de larvas, incluidas las de zancudos, mientras que en su etapa terrestre consumen insectos que podrían convertirse en plagas agrícolas o transmisores de enfermedades como el dengue.
Pese a su importancia, su presencia ha disminuido en zonas urbanas de la región. Entre las principales causas se identifican el crecimiento de la ciudad, la pérdida de hábitats naturales y el aumento de contaminantes en el suelo y el agua. A esto se suma el uso intensivo de agroquímicos, cuyos residuos no absorbidos por los cultivos terminan arrastrados hacia fuentes hídricas.
Especialistas explican que los anfibios son altamente sensibles a estos cambios debido a su piel permeable, lo que los convierte en indicadores directos de la calidad ambiental. Su desaparición puede evidenciar deterioro en los ecosistemas y anticipar impactos en otras especies.
A nivel nacional, Perú alberga una de las mayores diversidades de anfibios, pero enfrenta amenazas similares. Informes del Ministerio del Ambiente y evaluaciones internacionales advierten que la pérdida de hábitat, la contaminación y enfermedades emergentes han colocado a varias especies en situación de riesgo, en línea con una tendencia global que ubica a los anfibios entre los vertebrados más vulnerables.
Durante la actividad también se abordó el consumo de extracto de rana, práctica vigente en algunos mercados. Se alertó que su preparación sin procesos adecuados podría implicar riesgos sanitarios por la posible presencia de parásitos.
La jornada incluyó actividades de educación ambiental dirigidas a escolares, pero dejó como principal mensaje una advertencia: la disminución de anfibios en Ayacucho no es un hecho aislado, sino un indicador de cambios ambientales que podrían tener consecuencias directas en la salud pública y la producción agrícola.
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El promotor del plan de prosperidad, Fernando Mera, sostuvo que la reactivación del sector forestal en Loreto pasa por ampliar las concesiones y fomentar la inversión privada. Indicó que, de los 10 millones de hectáreas con potencial productivo, solo una parte ha sido concesionada y una proporción menor se encuentra en operación, lo que limita […]
El promotor del plan de prosperidad, Fernando Mera, sostuvo que la reactivación del sector forestal en Loreto pasa por ampliar las concesiones y fomentar la inversión privada. Indicó que, de los 10 millones de hectáreas con potencial productivo, solo una parte ha sido concesionada y una proporción menor se encuentra en operación, lo que limita la producción maderera en la región.
En ese sentido, planteó duplicar el área concesionada e impulsar la instalación de industrias como plantas de pulpa y papel, con participación de capital extranjero. Mera señaló que el plan también contempla la integración de comunidades nativas en la cadena productiva y que, de ejecutarse, podría incrementar significativamente el aporte del sector forestal al producto regional en los próximos años.
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Una escolar resultó herida tras caer de una camioneta tipo «custer» en Arequipa, en un hecho que evidencia las consecuencias de la crisis de transporte público que atraviesa la ciudad. El incidente ocurrió cuando la menor se trasladaba en una cúster, al parecer que estaba llena. Esto sucede ante la falta de buses urbanos que han reducido su servicio por protestas de transportistas que exigen el aumento del pasaje a S/ 1.50 y por el costo elevado de combustible.
Una transeúnte que presenció el accidente relató en detalle lo ocurrido. «Veo a la niña ahí sentada en el suelo, que le había arrollado la parte de atrás de la llanta», narró la testigo, quien detalló que los demás pasajeros intentaban retirarse del lugar.
«Y yo auxilie, pues dije, no, no se puede ir, hay que quedarse, ¿no? Auxiliar a la niña», agregó la ciudadana que brindó los primeros auxilios a la menor.
Consultado sobre la gravedad de las lesiones, el testigo precisó: «La ha lastimado el pie», dejando claro que el impacto fue significativo, aunque sin especificar si la llanta pasó por encima o solo golpeó a la escolar.
En medio del caos, el conductor de la unidad informal tomó una decisión que agravó la situación, dejando el lugar sin esperar a las autoridades. El hecho ocurrió en Paucarpata. Mientras tanto, la menor era trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.
La reducción de la flota de transporte urbano en Arequipa responde a una medida de protesta de los transportistas, quienes exigen que el pasaje se incremente a S/ 1.50. Ante la falta de buses, escolares y usuarios del Cono Norte se ven obligados a utilizar vehículos informales, muchos de ellos no acondicionados para el transporte de pasajeros.
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La reciente captura de dos presuntos integrantes de la banda “Los Rápidos de Toco Toco” empieza a destapar más casos. En las últimas horas, varias personas llegaron hasta la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) en Juliaca asegurando haber sido víctimas de los mismos sujetos, a quienes ahora reconocen directamente. Todo […]
La reciente captura de dos presuntos integrantes de la banda “Los Rápidos de Toco Toco” empieza a destapar más casos. En las últimas horas, varias personas llegaron hasta la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) en Juliaca asegurando haber sido víctimas de los mismos sujetos, a quienes ahora reconocen directamente.
Todo parte del operativo “Plan Cerco”, ejecutado por la Policía Nacional, que permitió ubicar y detener a dos individuos acusados de robar una camioneta que ya estaba siendo desmantelada en una comunidad. Pero lo que parecía un caso aislado, ahora apunta a algo más grande.
A partir de ahí comenzaron a aparecer denuncias.
El primer testimonio es de una pareja de esposos que fue asaltada el pasado 9 de marzo en el sector de Mataro Chico. Según su relato, un vehículo plomo les cerró el paso y de él descendieron tres sujetos armados. Fueron reducidos, atados de manos y pies, y abandonados en un descampado mientras los delincuentes huían con su camioneta. Lo clave es que ambos aseguran haber reconocido a uno de los detenidos.
Un segundo caso ocurrió el 25 de febrero en el sector de Sallaco, en la vía Juliaca–Sandia. La víctima fue interceptada por un auto negro, los delincuentes lo encañonaron, lo golpearon y le arrebataron su camioneta de placa X4N-742. Igual que en el primer caso, terminó abandonado en una zona descampada. También aquí, el agraviado identifica a uno de los capturados.
Y hay un tercer hecho, registrado en el sector de Toco Toco. La víctima conducía su vehículo cuando fue interceptada por sujetos a bordo de otra camioneta. Fue golpeada, trasladada a un descampado y abandonada maniatada. Su unidad, de placa V1K-899, fue robada. Nuevamente, señala a uno de los detenidos como autor del asalto.
Lo que se repite en los tres casos no es menor, mismo patrón, vehículos que interceptan, uso de armas, violencia directa y abandono en zonas alejadas. Eso empieza a perfilar un modus operandi bastante claro.
Las víctimas no solo llegaron a denunciar, también exigen que sus casos sean incorporados en la investigación en curso. Afuera de SEPROVE, pidieron que las autoridades profundicen las diligencias y determinen si los detenidos están vinculados a otros robos ocurridos en distintos puntos de la región Puno.
A la espera de lo que determinen las investigaciones, el caso ya deja una alerta evidente sobre el nivel de organización y violencia en este tipo de delitos, y sobre todo, sobre la necesidad de que las denuncias se conecten para no tratar cada robo como un hecho aislado.
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El presidente de la Comisión de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026 de la municipalidad provincial, Yonnel De La Cruz Cornejo, rendirá cuentas este 24 de marzo ante el Concejo Municipal de Puno. El funcionario deberá detallar el uso de los recursos y las acciones realizadas antes, durante y después de la festividad, según […]
El presidente de la Comisión de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026 de la municipalidad provincial, Yonnel De La Cruz Cornejo, rendirá cuentas este 24 de marzo ante el Concejo Municipal de Puno.
El funcionario deberá detallar el uso de los recursos y las acciones realizadas antes, durante y después de la festividad, según lo anunció el regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Lizardo Rojas Bustincio.
Señaló que el objetivo de la citación al presidente de la comisión es transparentar el manejo de los fondos y evaluar tanto los aciertos como las fallas en la organización del evento cultural más importante de la región.
Precisó que uno de los puntos será el viaje de funcionarios municipales a Tenerife, España, en 2024. De la Cruz Cornejo tendrá que explicar si esta promoción internacional tuvo algún impacto real en la difusión de la festividad o si solo representó un gasto sin resultados concretos.
También en la sesión del concejo municipal está agendado, donde el jefe del Órgano de Control Institucional de la municipalidad presentará su propio reporte, donde se esperan detalles sobre posibles irregularidades o recomendaciones para mejorar la gestión de los recursos.
Otro tema en la agenda es la adecuación del centro poblado de Carucaya, ubicado en el distrito de Platería y las autoridades discutirán las acciones necesarias para mejorar las condiciones de esta comunidad, aunque aún no se han dado mayores detalles sobre los planes específicos.
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La Contraloría General de la República detectó graves faltas en la rendición de cuentas sobre gastos de fondos públicos en Cusco ocurrido en la Universidad de Arte Diego Quispe Tito de Cusco. Los auditores publicaron el Informe de Acción de Oficio Posterior número 007-2026-2-4461 para detallar las irregularidades encontradas en la gestión de recursos estatales. […]
La Contraloría General de la República detectó graves faltas en la rendición de cuentas sobre gastos de fondos públicos en Cusco ocurrido en la Universidad de Arte Diego Quispe Tito de Cusco. Los auditores publicaron el Informe de Acción de Oficio Posterior número 007-2026-2-4461 para detallar las irregularidades encontradas en la gestión de recursos estatales.
Esta investigación fiscalizadora analizó el dinero entregado para organizar la tradicional festividad denominada Niño Jesús Inka P’unchao durante el año académico 2025. Una servidora pública recibió la suma de diez mil soles mediante un encargo interno para comprar diversos alimentos destinados a visitantes y comparsas.
Los documentos presentados para sustentar los gastos impiden verificar el destino final de panetones, leche, mermelada, wafers, avena y también la pasta cacao. Las fotografías adjuntas en el expediente oficial solo muestran escenas de eventos culturales pero omiten pruebas sobre la entrega de los productos. El organismo supervisor señala que la falta de evidencia física compromete la transparencia necesaria en el uso del presupuesto asignado a esta entidad.
La institución universitaria autorizó este presupuesto excepcional a pesar de que la festividad anual está plenamente institucionalizada desde el pasado año dos mil veintitrés. Los planes institucionales deben anticipar estos gastos fijos porque la celebración ocurre puntualmente cada veintiuno de diciembre según el calendario oficial de Cusco.
El uso innecesario del mecanismo de encargo interno demuestra debilidades estructurales en la planificación de las actividades programadas por las autoridades de turno. La normativa vigente prohíbe utilizar fondos de emergencia para eventos previsibles que permiten una licitación pública bajo los estándares legales de transparencia administrativa.
Acciones legales ante el escándalo por fondos en Cusco
El reporte oficial indica que la servidora responsable incumplió la Directiva de Tesorería número 001-2007-EF/77.15 al no justificar adecuadamente el dinero público. Esta norma exige documentos claros que permitan comprobar cada sol invertido para evitar el mal uso de los recursos del tesoro nacional peruano.
La Contraloría General recomendó al titular de la universidad cusqueña adoptar medidas inmediatas para corregir estos hechos detectados con claros indicios de irregularidad. El informe sugiere iniciar procesos para el deslinde de responsabilidades administrativas o penales contra los funcionarios implicados en esta deficiente gestión de fondos.
Los ciudadanos esperan que la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito transparente sus cuentas para recuperar la confianza de toda la comunidad. El control gubernamental continuará vigilando el patrimonio público para asegurar que cada moneda llegue realmente a los beneficiarios finales en las festividades regionales.
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La exministra de Educación y actual aspirante al Senado de la República, Patricia Correa Arangoitia, participó en una entrevista con la Red de Medios Regionales del Perú para detallar su plataforma legislativa bajo el sello del partido Ahora Nación. Durante el diálogo, la candidata enfatizó la urgencia de recuperar el sentido ético en la política y devolver el equilibrio de poderes a un Estado que, según su visión, ha sido capturado por intereses particulares en el actual Congreso. Correa sostiene que su decisión de postular responde a un momento histórico dramático donde los ciudadanos deben retomar la representación para garantizar un gobierno que realmente responda a las necesidades del Perú profundo, especialmente en zonas como Puno y Ayacucho.
Uno de los puntos centrales de su agenda es la transformación del sistema de educación superior. Correa criticó la creación masiva de lo que denominó universidades de papel, las cuales suelen ser utilizadas como herramientas políticas para obtener preventas electorales sin ofrecer calidad real. En su lugar, la candidata propone un modelo basado en la descentralización productiva, donde las universidades licenciadas funcionen mediante sucursales en los territorios para vincular la investigación con las cadenas productivas locales y la industrialización de recursos primarios. Bajo esta premisa, el objetivo es dejar de ser simples exportadores de materias primas para generar valor agregado desde las propias regiones.
Nueva fiscalización educativa y seguridad con estándares de calidad
Para materializar estos cambios, la candidata de Ahora Nación planteó la necesidad de una nueva Ley de Educación Superior que reemplace a la actual normativa, a la cual calificó como una ley vieja y debilitada por intereses mercantilistas. Su propuesta incluye la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Superior que sea verdaderamente autónoma, evitando que sus miembros sean juez y parte, como sucede actualmente tras los cambios que afectaron a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Esta visión integral no se limita a lo académico, pues busca potenciar la educación técnica, artística y deportiva, áreas que considera fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar emocional de los estudiantes.
En materia de seguridad ciudadana, Correa fue contundente al señalar que el miedo y la extorsión están afectando incluso a las escuelas públicas y privadas. Propuso la derogación de las leyes pro-crimen aprobadas por el parlamento vigente y una reforma profunda en la Policía Nacional del Perú. Esta reforma incluiría estándares de calidad más estrictos para el ingreso a las escuelas de oficiales y la implementación de una superintendencia que garantice la idoneidad de los efectivos. Finalmente, destacó que la prevención de la delincuencia pasa por cerrar brechas sociales, citando que el 86% de los jóvenes en centros juveniles no terminó su educación básica, lo que evidencia un sistema que expulsa talentos en lugar de integrarlos al desarrollo nacional.
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La carrera por el Senado en las elecciones de 2026 ha traído de vuelta a figuras que parecían haber agotado su ciclo en la primera línea. José Antonio Urquizo Maggia, actual regidor y exministro, busca representar nuevamente a Ayacucho bajo el símbolo de Somos Perú, partido liderado por Patricia Li. Pese a haber ocupado casi todos los peldaños del poder regional y nacional, Urquizo justifica su retorno apelando a una supuesta vocación de servicio latente, aunque sus críticos le consultan directamente si su verdadera intención es recuperar influencia política perdida tras una década fuera del Parlamento. El candidato intenta proyectar una imagen de interlocutor técnico, pero su discurso se ve interrumpido por el peso de cuestionamientos que aún generan suspicacia en el electorado del sur.
Uno de los momentos más tensos de su reciente intervención fue el descargo sobre sus vínculos con el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Urquizo minimizó las filtraciones telefónicas con el exjuez Walter Ríos, calificando el hecho como un simple «tema solidario» para ayudar a un litigante desposeído. A pesar de que asegura no tener una carpeta fiscal abierta, su explicación sobre la canalización de pedidos a través de secretarías judiciales deja un sabor amargo sobre las formas de hacer política en el país. Del mismo modo, su presencia en eventos oficiales junto al gobierno de Dina Boluarte y sus contratos con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) en 2024 fueron presentados por él como gestiones de articulación, negando cualquier tipo de lobby económico o cercanía irregular con el Ejecutivo.
Una propuesta marcada por la ambigüedad
El discurso de Urquizo entra en un terreno pantanoso al abordar la propia institución a la que postula. Aunque busca un escaño en el Senado, el candidato afirmó que su plan de gobierno presidencial contempla, paradójicamente, la posibilidad de cerrar el Senado debido al descrédito de la reforma bicameral impulsada por el actual Congreso. Esta postura genera una contradicción evidente: postular a un cargo cuya existencia cuestiona y tilda de trampa legal contra el referéndum de 2018. Urquizo intenta equilibrar esta ambivalencia criticando la reelección indefinida y el «golpe de Estado parlamentario» que, según él, ha permitido la repartija de ministerios y el copamiento de organismos como la Defensoría del Pueblo.
En cuanto a la crisis social de diciembre de 2022, la postura de Urquizo resulta esquiva para los sectores que exigen justicia por los fallecidos en el aeropuerto de Ayacucho. Si bien hoy condena los hechos y pide que nada quede impune, se le cuestiona que el partido Somos Perú ha tenido una actuación cercana al oficialismo en el Congreso actual. El candidato se desmarca de la responsabilidad de su agrupación política alegando que él no puede asumir «el activo y el pasivo» del partido que lo invitó. Finalmente, su promesa de fiscalización y de impulsar un Fondo Nacional de Reparaciones choca con la realidad de un sistema donde los parlamentarios gozan de impunidad y protección, un vicio que él mismo reconoce pero que no garantiza poder cambiar desde una cámara que nace bajo sospecha.
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La restricción iniciará este viernes 20 de marzo al mediodía y se extenderá hasta el domingo 22 a las 11 de la noche, como parte del proyecto de mejoramiento vial valorizado en más de 2.3 millones de soles.
Durante este fin de semana, el cruce de la avenida Juan de la Torre con la calle Peral permanecerá cerrado de manera temporal debido a la ejecución de los trabajos finales de mejoramiento vial. La medida fue dispuesta por la Municipalidad Provincial de Arequipa y entrará en vigencia desde el mediodía del viernes 20 de marzo.
La restricción se mantendrá hasta las 23:00 horas del domingo 22 de marzo. Durante este periodo, se habilitará el carril de bajada de la avenida Juan de la Torre en doble sentido para permitir la circulación vehicular y reducir el impacto del cierre en la zona.
La Municipalidad en un comunicado indicó que los vehículos deberán utilizar rutas alternas para evitar la zona restringida. Entre ellas, la calle El Golf, la avenida Progreso y la vía Sáenz Peña – El Filtro, que permitirán retomar el tránsito hacia la calle Peral y otras zonas cercanas.
Se recomienda a los conductores tomar sus precauciones, ya que el cierre coincide con la salida de escolares y el desplazamiento habitual hacia distintos sectores del Cercado.
Cierre obligará cambios en rutas habituales en Arequipa
Como parte del plan de contingencia, se han establecido desvíos específicos para los conductores que transitan por este sector. Quienes se dirijan desde la avenida La Marina deberán continuar por Juan de la Torre, desviar por la calle El Golf y retomar su recorrido por Sáenz Peña, El Filtro y la calle Peral.
En tanto, los vehículos que se trasladan desde la avenida Arequipa hacia el Cercado podrán utilizar la avenida Progreso y continuar por Sáenz Peña y El Filtro. Estas rutas buscan evitar el congestionamiento en el punto intervenido, considerado uno de los de mayor carga vehicular en la ciudad.
Finalmente, se informó que el proyecto de mejoramiento vial contempla el cambio de carpeta asfáltica y la implementación de señalización, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en esta zona de Arequipa.
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Los postulantes señalaron que el Congreso registra apenas entre 3% y 4% de aprobación y cuestionaron la aprobación de las denominadas leyes Pro Crimen.
Durante la participación de seis candidatos a la Cámara de Diputados por Arequipa en la cuarta edición del debate electoral, transmitido por tres medios locales, los postulantes coincidieron en un punto central: el rechazo al actual Congreso de la República.
Durante el bloque final del debate, varios señalaron que el Parlamento ha actuado en función de intereses particulares y alejándose de lo que necesita la ciudadanía. El candidato de Perú Primero indicó que se trata del “peor Congreso de la historia” y que ha generado una “inflación normativa de baja calidad”, al aprobar normas sin sustento técnico que comprometen el futuro del país.
En esa misma línea, el candidato de Somos Perú mencionó que existe una “repartija” en el Estado y que la corrupción continúa debilitando las instituciones. Por otra parte, el candidato de Cooperación Popular hizo mención a las denominadas “leyes pro crimen” y recordó que estas han modificado normas clave, como la ley de organización criminal, la ley antiforestal y disposiciones que limitan los allanamientos fiscales.
Finalmente, Mauricio Alosilla, candidato de Integridad Democrática, planteó como medida la “muerte civil” para funcionarios involucrados en corrupción.
Bryan Ponce Cerpa propone control total del gasto público en Arequipa
El candidato de Cooperación Popular centró su participación en la necesidad de mejorar la calidad del gasto público y reforzar la disciplina fiscal desde el Congreso. Señaló que no es necesario aumentar el presupuesto, sino optimizar su uso mediante mecanismos de control y evaluación permanente.
En ese sentido, planteó la implementación de una regla fiscal estricta, así como la aplicación obligatoria del presupuesto por resultados en todas las entidades públicas. También propuso evaluaciones técnicas anuales del gasto y la publicación de estos resultados como parte de una política de transparencia.
Guido Del Carpio Rodriguez plantea fortalecer a Contraloría
El candidato de Somos Perú enfocó sus propuestas en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los organismos de control. Señaló que este problema le cuesta al país miles de millones de soles al año, debido a la falta de supervisión efectiva en distintas entidades del Estado.
Como parte de sus planteamientos, propuso reforzar la Contraloría General de la República, dotándola de mayor independencia y recursos para ampliar su capacidad de fiscalización, especialmente en regiones donde la presencia de órganos de control es limitada.
Además, planteó la necesidad de descentralizar la toma de decisiones, particularmente en materia de inversión pública.
Miluska Delgado Ortega propone apoyo económico a sectores vulnerables y reformas en descentralización
La candidata destacó la necesidad de reorientar el gasto público hacia los sectores más vulnerables, cuestionando los privilegios que, según señaló, mantienen los congresistas.
Entre sus principales propuestas, planteó el incremento de las pensiones para jubilados y la creación de un bono de reconocimiento para amas de casa, a quienes consideró un pilar fundamental de la sociedad que no ha sido visibilizado por el Estado.
Además, propuso modificar la distribución del canon para que beneficie a toda la región y no solo a las zonas de extracción.
Manuel Delgado Postigo plantea reformas políticas y modernización del Estado
El candidato reafirmó la necesidad de reformar el sistema político y mejorar la calidad de las leyes emitidas por el Congreso.
Propuso cambios estructurales como la figura de la “muerte cruzada”, que implicaría la disolución simultánea del Ejecutivo y el Legislativo en escenarios de crisis, así como la modificación de la vacancia presidencial para evitar su uso político.
En paralelo, planteó la modernización del Estado a través del uso de tecnologías que permitan reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en la gestión pública, así como la implementación de criterios meritocráticos en la contratación de funcionarios.
Mauricio Alosilla Chambi propone “muerte civil”
El candidato enfatizó la necesidad de aplicar sanciones más severas contra la corrupción, proponiendo la “muerte civil” para funcionarios y autoridades involucradas en estos delitos, con el fin de impedir su retorno a la función pública.
Asimismo, planteó la despolitización de los cargos directivos en ministerios y entidades del Estado, señalando que actualmente estos espacios son ocupados por personas vinculadas a partidos políticos y no necesariamente por profesionales calificados.
Luis Masco Cáceres propone revisar contratos y cuestiona la bicameralidad
Planteó la revisión de contratos vinculados a la explotación de recursos naturales, especialmente en los sectores minero y agroexportador, con el objetivo de incrementar la recaudación para el Estado.
Además, propuso modificar el esquema de regalías mineras para que las empresas aporten mayores recursos, así como revisar beneficios tributarios que, según indicó, generan pérdidas económicas significativas para el país.
Por otro lado, cuestionó la implementación de la bicameralidad, señalando que incrementa el número de representantes y el gasto público sin garantizar mejoras en la calidad legislativa.
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El humorista ha mencionado públicamente la pena de muerte como una de sus propuestas para combatir la delincuencia, pero la medida no figura en el plan de gobierno de su partido, País para Todos
Durante una entrevista en el canal de YouTube de la Agencia de Noticias Andina, el candidato presidencial Carlos Álvarez Loayza, del partido País para Todos, se refirió a la pena de muerte como una medida para enfrentar la delincuencia y señaló lo siguiente:
“Mientras no se aplique la pena de muerte, que es una propuesta mía, cadena perpetua a los delitos más graves: sicariato, extorsión, etc.”.
Sin embargo, aunque la propuesta ha sido mencionada por el candidato en diferentes momentos —con Rosa María Palacios, Exitosa, 24 Horas, en el podcast de Aaron Salomón—, no está incluida en el plan de gobierno de su partido, País para Todos, por lo que no cuenta con el respaldo formal necesario para su implementación. En ese sentido, la afirmación resulta imprecisa.
El plan de gobierno: un requisito obligatorio
El plan de gobierno es el documento que cada organización política presenta para participar en las Elecciones. En él se detallan objetivos, propuestas y acciones para un eventual periodo de gestión sobre la base de un diagnóstico del país.
De acuerdo con el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el plan de gobierno es un requisito obligatorio para inscribir candidaturas a la presidencia, vicepresidencias y al Congreso (Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino) ante el Jurado Electoral Especial (JEE) competente.
¿Para qué sirve?
Sobre la violencia letal y el crimen organizado, el plan de gobierno de País Para Todos tiene como objetivo “fortalecer la capacidad del Estado, especialmente del sistema de justicia, para identificar y desarticular organizaciones criminales nacionales y extranjeras mediante investigaciones complejas orientadas a estructuras, roles y redes, y una coordinación interinstitucional sostenida entre la Policía, el Ministerio Público y otras entidades competentes”. No hace referencia a la creación de nuevas sanciones penales, como la pena de muerte.
Para el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes Campos, que la propuesta de la pena de muerte no esté escrita en el plan de gobierno de País para Todos representa una contradicción y significaría que el partido no le está dando el peso necesario.
“El plan de gobierno, sin duda, refleja una intención. No una intención clara del partido, tampoco del presidente siquiera, pero refleja una intención política y las prioridades de un gobierno”, sostuvo. “Es sumamente importante un plan de gobierno porque nos marca un poco el norte de cuáles serán las principales políticas públicas”.
Por su parte, el economista Eduardo Recoba explica: “Los planes no son solamente la visión del país desde lo económico, social, cultural, sino que incluye el concepto de Estado-Nación, de decisión y liderazgo político. Además, la pena muerte no es aplicable en nuestro país por lo débil de nuestras instituciones, llámese Poder Judicial, Ministerio Público o la Policía Nacional”, indicó el especialista.
En esa línea, el abogado y analista político José Saldaña señala que el plan de gobierno es, en teoría, “es el instrumento de comunicación y de legitimidad del sistema electoral”. A través de éste, los partidos detallan las políticas públicas y reformas que se comprometen a ejecutar en caso de llegar al poder.
Sin embargo, Saldaña advierte que en la práctica peruana este rol ha perdido peso. El especialista señala que desde la década de 1990, los planes de gobierno han sido frecuentemente modificados, abandonados o reinterpretados por las autoridades una vez electas, lo que ha debilitado su credibilidad ante la ciudadanía.
En ese contexto, el especialista considera que plantear medidas que no figuran en el plan de gobierno —como la pena de muerte, en el caso del candidato Carlos Álvarez— evidencia una desconexión entre el discurso público y los compromisos formales de campaña. Además, subraya que este tipo de propuestas pueden responder más a estrategias de impacto político que a iniciativas viables.
Instaurar la pena de muerte implica la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos
José Saldaña detalló que reinstaurar la pena de muerte en el Perú no solo requeriría reformas legales profundas, sino también la salida del país de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana. Este proceso implicaría decisiones del Poder Ejecutivo y el Congreso, además de un alto costo político a nivel internacional.
En ese sentido, el experto concluye que propuestas de este tipo, cuando no están sustentadas en planes de gobierno ni en marcos legales viables, “no pasan de ser intentos populistas” que apelan al descontento ciudadano frente a la inseguridad, pero sin posibilidades reales de implementación.
En ningún apartado del plan de gobierno del partido de Carlos Álvarez, se hace referencia a los Derechos Humanos.
Respuesta del partido de Carlos Álvarez
PerúCheck solicitó los descargos de Carlos Álvarez a través de su partido político País para Todos. La respuesta fue que el candidato explicó su postura anteriormente en un programa de la periodista Rosa María Palacios.
En la entrevista, Álvarez contestó que la bandera de proponer la pena de muerte tiene más años, antes de inscribirse a País para Todos. Esto aplica también a otros políticos que, a lo largo de los años y pasadas elecciones, han propuesto la pena de muerte; es decir, no es una iniciativa exclusiva de Álvarez.
Conclusión
La pena de muerte no forma parte de la propuesta formal del candidato presidencial Carlos Álvarez. Si bien el candidato la ha planteado en distintos espacios, no figura en el plan de gobierno de su partido País para Todos, lo que podría limitar –de acuerdo con las fuentes consultadas– su viabilidad como política pública. Además, a lo largo de los años otros políticos han propuesto la misma iniciativa Por tal motivo, PerúCheck califica la afirmación de Carlos Álvarez como imprecisa.
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La candidata a diputada por Lima de Renovación Popular, Roxana Rocha, afirmó que “nadie obliga” a las menores víctimas de abuso sexual a continuar con un embarazo. Sin embargo, en el Perú no existen opciones para lo contrario.
El 11 de marzo de este año la candidata a diputada por Lima participó en el programa ‘Debate extremo’, transmitido por Latina, en el que se abordó la problemática de los embarazos producto de violencia sexual. La candidata de Renovación Popular aseguró lo siguiente:
“Nadie las obliga [a continuar con el embarazo]. Ellas solitas hoy día son madres pujantes, aguerridas, que se sienten felices”.
Si bien no existe una ley que obligue literalmente a las menores a continuar con su embarazo, en el Perú el aborto está penalizado en casi todos los casos. Es decir, las menores tampoco tienen posibilidad de lo contrario a continuar con su embarazo.
Nota: siguiendo su metodología, PerúCheck no ofrece una posición a favor ni en contra del aborto. En este artículo, el medio se limita expresamente a verificar si es que las niñas son obligadas a continuar con un embarazo o no.
¿Las niñas deciden convertirse en madres?
Desde el año 2020 hasta la actualidad, el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea ha identificado 7,790 partos en menores de 14 años a nivel nacional. Al tratarse de niñas que no superan esa edad, la ley establece que estos casos corresponden a un crimen.
Así lo señala el artículo 173 del Código Penal que establece lo siguiente:
La legislación peruana no permite a las víctimas acceder al aborto incluso cuando la gestación es producto de una violación sexual o cuando se trata de una menor de edad. Este procedimiento está penalizado en casi todas sus formas, tal como lo establece el capítulo II –“Aborto”– del Código Penal, incluido dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
La normativa señala que el autoaborto, el aborto consentido y el aborto sin consentimiento son sancionados con penas privativas de la libertad. No obstante, en los casos en que la mujer haya sido víctima de violación sexual y haya presentado una denuncia, o cuando el feto tenga riesgo de nacer con una enfermedad grave acreditada mediante diagnóstico médico, la pena privativa de libertad no será mayor de tres meses.
Código Penal | Fuente: LP Derecho
PerúCheck se comunicó con Marcela Huaita, profesora de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien afirmó que «en Perú no existe una norma que diga explícitamente que una menor debe continaur con el embarazo, pero el marco legal limita su capacidad de decidir porque nuestro ordenamiento jurídico sólo contempla el aborto terapéutico y no por casos de violación».
«Desde un punto de vista legal, el Estado no formula una obligación directa de maternidad. Pero, desde un enfoque de derechos humanos, como no existe la previsión del aborto por violación sexual, muchos especialistas consideran que el efecto práctico es la imposición de la maternidad», señaló.
En la práctica, esto significa que, si una menor es víctima de abuso sexual y como consecuencia queda embarazada, no puede decidir sobre la continuidad de la gestación.
Sin embargo, también existe el aborto terapéutico, que está despenalizado en el Perú desde 1924. Según el artículo 119 del Código Penal, este procedimiento sólo puede aplicarse cuando la vida de la gestante está en riesgo o cuando existe la posibilidad de que su salud sufra un daño grave y permanente.
La norma establece:
Código Penal | Fuente: LP Derecho
¿Quiénes pueden acceder al aborto terapéutico?
La Resolución Directoral N.° 200-2025-DG/INMP, que aprueba la actualización de la ‘Guía Técnica de Procedimiento de Aborto Terapéutico’, establece que los médicos deben informar a las pacientes —incluidas las menores— sobre los diagnósticos, los riesgos para su vida o su salud y los procedimientos terapéuticos disponibles.
Posteriormente, una junta médica evalúa la situación de la paciente y emite una decisión final. Sin embargo, en la práctica, hay víctimas que enfrentan diversas barreras para acceder al aborto.
El 1 de agosto de 2025, una menor de 13 años perdió la vida al dar a luz en su vivienda en Huánuco. No fue el único caso. En septiembre de 2023, TV Perú informó sobre el caso de otra niña de 13 años, en Junín, quien murió luego de que su parto presentara complicaciones. A ninguna de ellas se le practicó el aborto terapéutico.
¿Qué pasa con el aborto terapéutico?
Una investigación titulada “Aborto terapéutico en casos de violación en Perú: barreras de cuidado bajo el enfoque de derechos del paciente”, publicada en la Revista de Bioética y Derecho, identificó algunos de los principales obstáculos.
Entre las barreras fuera de los establecimientos de salud, el estudio señala que los funcionarios no siempre informan adecuadamente a las pacientes sobre sus derechos. Además, en algunos casos, los familiares se oponen al procedimiento o desconocen la posibilidad de acceder a él.
Por otro lado, dentro de los establecimientos de salud también se presentan obstáculos relacionados con conflictos de interés de los profesionales de la salud, la tendencia a judicializar decisiones médicas y la influencia de actores externos que buscan intervenir en la decisión, ya sea a favor o en contra del procedimiento.
Estas situaciones, si bien no “obligan” a las menores a continuar el embarazo, tampoco abren la puerta a lo contrario, por lo que no necesariamente la continuación se debe a una decisión personal.
¿Las niñas “se sienten felices” al continuar con un embarazo producto de una violación?
La candidata a diputada Roxana Rocha también mencionó que las niñas embarazadas “se sienten felices”. Sin embargo, diversas investigaciones han analizado el impacto que los embarazos tempranos tienen en la salud mental de las adolescentes. Un estudio publicado en la Revista de Psicología de la Universidad de Antioquia, titulado ‘Adolescentes gestantes: características sociodemográficas, depresión e ideación suicida’, evaluó las consecuencias psicológicas de esta situación.
Los resultados indican que 3 de cada 10 adolescentes embarazadas presentan algún nivel de depresión. Según el estudio, “la depresión es más común en las mujeres adolescentes embarazadas de lo que se piensa”.
Asimismo, la investigación identificó la presencia de ideas suicidas en 1 de cada 2 adolescentes embarazadas.
“Llama la atención el porcentaje de adolescentes embarazadas (56.6%) que presentó niveles considerables de ideación suicida. Al comparar estos resultados con trabajos anteriores, se encontró que la prevalencia de ideación suicida en el embarazo es más alta”, señala el estudio.
Los investigadores explican que variables como la desesperanza, el estrés y la falta de redes de apoyo pueden influir en la aparición de conductas suicidas.
PerúCheck intentó comunicarse con la candidata a través de su área de prensa, pero hasta el cierre de esta nota no tuvimos respuesta.
Conclusión
Aunque no existe una ley que obligue explícitamente a las niñas a ser madres, el aborto está penalizado en casi todas sus formas, incluso cuando la gestación es producto de una violación a una menor de edad. Por lo tanto, que nadie las obligue a continuar su embarazo, como dijo la candidata a diputada de Renovación Popular Roxana Rocha, es impreciso, pues no existen claras opciones para lo contrario.
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Han pasado más de diez días desde el desborde del río Sankirhuato en Ayna San Francisco, Ayacucho, dejando cientos de familias afectadas y viviendas inhabitables. El desastre sorprendió a pobladores mientras dormían, arrasando casas, pertenencias y negocios, dejando a muchas personas sin nada y obligándolas a sobrevivir en condiciones precarias. Mientras brigadas de rescate, salud […]
Han pasado más de diez días desde el desborde del río Sankirhuato en Ayna San Francisco, Ayacucho, dejando cientos de familias afectadas y viviendas inhabitables. El desastre sorprendió a pobladores mientras dormían, arrasando casas, pertenencias y negocios, dejando a muchas personas sin nada y obligándolas a sobrevivir en condiciones precarias.
Mientras brigadas de rescate, salud y autoridades trabajan en la zona, el encauzamiento del río podría tomar varias semanas y la emergencia continúa activa. Las familias damnificadas siguen esperando apoyo para reconstruir sus vidas, enfrentando pérdidas totales, incertidumbre y la necesidad urgente de ayuda para recuperarse del desastre.
En Puno, la aparente amplia oferta electoral se reduce drásticamente al analizar la calidad de los candidatos, muchos con procesos judiciales, exclusiones y cuestionamientos. De los 204 postulantes iniciales, solo 151 fueron admitidos y tras revisar antecedentes, arraigo y omisiones, el número de opciones confiables se reduce significativamente.
Finalmente, apenas 59 candidatos cumplen criterios básicos de transparencia, sin procesos pendientes ni irregularidades, lo que evidencia una crisis de representación política en la región. Aunque las listas parecen numerosas, la falta de perfiles idóneos y la presencia de candidatos sin experiencia o vínculo regional limitan seriamente la decisión del electorado.
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La máquina electoral ya está en marcha y no hay vuelta atrás. Así de contundente se mostró el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, durante su llegada a Arequipa. Anunció el inicio del despliegue progresivo del material electoral para las Elecciones Generales 2026. «No hay ninguna posibilidad de que el material electoral se cambie», manifestó el funcionario desde la Oficina Regional Descentralizada de la Ciudad Blanca.
La advertencia no es menor. Cualquier intento de modificar las cédulas de sufragio a estas alturas del proceso implicaría rehacer no solo las papeletas. También las actas, capacitar nuevamente a miembros de mesa, personeros y electores, y reorganizar los sistemas de cómputo.«Hay etapas que se cierran y no se vuelven a abrir», sentenció Corvetto, dejando claro que el calendario electoral avanza sin posibilidad de retrocesos.
Las cifras del despliegue electoral impresionan. A la fecha, la ONPE ya imprimió más de 5 millones de cédulas de sufragio, de las cuales 1 millón 200 mil están destinadas a peruanos en el exterior. El empaquetado de estas papeletas comenzó el jueves y serán entregadas este domingo. En total, se prevé la impresión de 27 millones 962 mil 783 cédulas para los comicios del 12 de abril.
El cronograma de distribución se realizará en tres fases. La primera comenzó el 22 de marzo con la entrega inicial a 2,500 mesas de sufragio para el voto en el extranjero. La segunda etapa será el 28 de marzo mediante envíos multimodales, vía terrestre y aérea, a las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. Finalmente, el despliegue principal en Lima y Callao iniciará el 10 de abril.
11 locales de votación cambiados en Arequipa
En materia de infraestructura electoral, la ONPE reportó la reubicación de algunos locales de votación debido a daños estructurales o procesos de reconstrucción. En Arequipa, se cambiaron 11 sedes, y los electores fueron notificados mediante correo electrónico sobre estas modificaciones.
Corvetto también se refirió al fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Sobre este caso, señaló que «la decisión sobre la fórmula presidencial del partido está en manos del jurado especial a cargo».
La ONPE reforzó los mecanismos para evitar irregularidades, como la inclusión de personas fallecidas en las listas de votación. Para ello, se realiza un cruce de información entre el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y el Reniec. Cada mesa contará con una relación actualizada de electores que fallecieron posterior al cierre del padrón electoral, ocurrido el 14 de octubre de 2025.
Desde Arequipa, el jefe de la ONPE hizo un llamado a votantes, miembros de mesa y personeros a capacitarse con anticipación para asegurar un proceso ordenado. «La complejidad de la cédula no impedirá una jornada fluida si cada actor cumple correctamente su papel», señaló.
Para ello, la ONPE habilitó cursos y materiales en la plataforma ONPEduca, además de capacitaciones presenciales en oficinas descentralizadas y centros poblados donde funcionarán mesas de sufragio. Los miembros de mesa tendrán jornadas especiales de capacitación los domingos 29 de marzo y 5 de abril. Como parte de las medidas para agilizar la votación, se colocarán dos cabinas por mesa.
Corvetto recordó además que el viernes 20 de marzo vence el plazo para que organizaciones políticas y candidatos presenten su primer informe de aportes, ingresos y gastos de campaña, trámite que puede realizarse por la plataforma CLARIDAD o en las mesas de partes habilitadas por la ONPE.
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Código Penal | Fuente: LP Derecho
