Selmira Cruz Gómez, representante de la organización Mujeres Puneñas del Bicentenario, expresó que Dina Boluarte no representa a la mujer peruana y ha generado conflictos con el género femenino. Según Cruz Gómez, la actual presidenta es una «decepción» que afecta la imagen de las mujeres en el ámbito político, especialmente en un contexto de crisis social y económica.

La líder puneña criticó las políticas del gobierno que, según ella, benefician a grupos de poder en lugar de proteger a la ciudadanía. Un ejemplo es la reciente norma que obliga a los jóvenes de 18 años a inscribirse en las AFP, medida que calificó como una forma de «esclavizar» a los trabajadores. Cruz Gómez, quien también es docente y abogada, afirmó que la organización rechaza estas acciones y exige cambios inmediatos.

Cruz Gómez también destacó la falta de acciones concretas para combatir la violencia contra la mujer, un problema que ha aumentado en los últimos meses. Aunque reconoció la existencia de normativas, señaló que estas no se aplican en la práctica. «Las leyes no sirven si no se implementan», comentó, y añadió que Boluarte debería priorizar programas sociales y fuentes de empleo para las mujeres, especialmente en regiones como Puno.

La representante criticó el manejo económico del gobierno, que favorece a grandes transnacionales y grupos de poder en lugar de apoyar a la ciudadanía. «El Estado debe invertir en la gente, no en las AFP», declaró, y propuso la creación de microempresas estatales para fomentar el desarrollo local y generar empleo digno para las mujeres.

Desde Puno, la organización hizo un llamado a la acción, destacando su compromiso con la formación de ciudadanos críticos y la defensa de los derechos de las poblaciones vulnerables. «No nos rendimos, seguiremos trabajando con servicio y propuesta», afirmó Cruz Gómez, reafirmando su rechazo a las políticas actuales y su lucha por un cambio real.

En ese sentido la Asociación de Mujeres del Bicentenario en coordinación con las escuelas municipales juventud del centenario de la municipalidad provincial de San Román desarrollarán un programa «Escuelas Para Futuros Padres del Siglo XXI» dirigido a adolescentes y jóvenes donde se brindarán charlas de orientación en temas de prevención sexual y planificación familiar.

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El 4 de marzo, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña; el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna; y el alcalde distrital de Huanchaco, Efraín Bueno —todos de Alianza para el Progreso— participaron en la colocación de la primera piedra de la obra de pistas y veredas en Huanchaquito Bajo. El proyecto, a cargo del Consorcio Huanchaquito, fue anunciado con bombos y platillos y valorizado en más de 12 millones de soles. Hoy, sin embargo, todo se derrumbó. El pavimento recién colocado tuvo que ser destruido tras detectarse graves irregularidades técnicas en su ejecución.

Todo se derrumbó…

En efecto, seis meses después de la colocación de la primera piedra, la historia es distinta. El 11 de septiembre, una visita de fiscalización del Consejo Regional reportó un avance de 65.91 %; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la denuncia de vecinos. Indicaban que la avenida Aviación, pavimentada hace apenas unas semanas, ya presenta fisuras y daños visibles. La situación obligó a que maquinaria pesada retire el pavimento recién colocado para rehacerlo por completo.

La Municipalidad de Huanchaco informó que ordenó a la contratista corregir el trabajo y aseguró que las reparaciones no generarán un costo adicional. No obstante, la destrucción de pistas nuevas pone en cuestión la calidad de la obra, la supervisión técnica y el real control del gasto público en un proyecto millonario que ni siquiera ha sido inaugurado.

El antecedente inmediato hace más ruido: el escándalo del Corredor Vial Huanchaco, adjudicado a un consorcio representado por una joven de 23 años sin experiencia, Lucero Coca Condori, cuyo contrato fue anulado tras las revelaciones periodísticas. ¿Será que lo ocurrido en Huanchaquito Bajo responde a una reacción preventiva para evitar otro bochorno que golpee la imagen de Alianza para el Progreso y de sus principales autoridades?

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El Ministerio Público decidió ampliar la investigación por el caso Real Plaza e incluir a Carlos Rodríguez Pastor, uno de los hombres más millonarios del Perú y dueño de Intercorp; así como al CEO, Fernando Zavala, por la tragedia del Real Plaza, la cual dejó seis muertos y más de 80 heridos, el pasado 21 de febrero en Trujillo

Ambos empresarios serán investigados por el delito de homicidio culposo y han sido citados para declarar en Trujillo el próximo 29 de setiembre.

Noticias Trujillo tuvo acceso al informe de ampliación de la investigación, en donde se señala que tanto Rodríguez Pastor como Zavala, al ser parte de la empresa, deben ser incluidos.

Por el momento, se espera que puedan llegar a la ciudad con sus abogados para pasar por las diligencias correspondientes.

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Durante el debate del pleno del Congreso para aprobar el retiro de hasta 4 UIT de las AFP, la congresista fujimorista Martha Moyano lanzó una advertencia.

La parlamentaria de Fuerza Popular advirtió a sus colegas que los llamados “dibujitos” no deben ser menospreciados, pues tendrían la capacidad de movilizar a la ciudadanía en las calles, e incluso pidió investigarlos.

También se aprobó el restablecimiento del retorno del 95,5% en favor de los menores de 40 años al momento de jubilarse. Se derogó la disposición que obligaba a los trabajadores independientes a aportar.

Así fue la postura de cada congresista antes de aprobar dicha medida:

El video Fujimoristas lanzan advertencia a sus colegas: los “dibujitos” pueden poner en jaque al Congreso se publicó en YouTube en este enlace

De acusado a víctima: congresistas acaban defendiendo a Santivañez tras atacar a la Fiscalía (VIDEO)

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Luego de la aprobación en el Congreso del octavo retiro extraordinario y voluntario de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (AFP) por un monto máximo de S/ 21.400, hay una serie de pasos que debe realizar previamente.

Lo primero, es saber que la propuesta de ley, autoriza que cualquier afiliado del sistema privado de pensiones pueda retirar aportes de sus cuentas individuales de capitalización, sin importar su edad, saldo acumulado o situación laboral.

Lo que se debe hacer es presentar una solicitud para el retiro del monto señalado de manera física o virtual ante la AFP correspondiente dentro de los noventa días calendarios siguientes a la entrada en vigor del reglamento de la ley.

Esto es, que hay que esperar a que el Gobierno promulgue la ley y el Reglamento para poder proceder al pedido. Este proceso sería rápido dado que tanto la presidenta, Dina Boluarte y el Ministerio de Economía y Finanzas, anunciaron públicamente su respaldo a la norma.

Una vez, promulgada la ley y hecha la solicitud dentro de los 90 días siguientes, su AFP realizará el desembolso en partes de hasta una UIT (S/5.350) cada treinta días. El primer abono deben hacerlo a los treinta días tras la solicitud.

Congreso da marcha atrás en ley de pensiones y aprueba octavo retiro AFP | Al Vuelo

¿Cuándo se iniciarán los desembolsos?

Según declaró el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, “los primeros desembolsos podrían realizarse en noviembre y, en el mejor de los casos, a fines de octubre”.

Seguramente se habilitará una página web a la que se podrá ingresar para realizar el pedido. Como se recuerda, antes era solicitaretiroafp.pe. Esta solicitaba ingresar datos, el número de cuenta bancaria de ahorros en una identidad y el DNI, según la fecha que le correspondía al afiliado.

Presentada la solicitud a la AFP, esta tendrá hasta 30 días calendario para realizar el primer depósito, el cual no puede superar una UIT (S/ 5.350). Y los desembolsos siguientes se abonarán en intervalos mensuales hasta completar el máximo autorizado, siempre y cuando el fondo que tiene el afiliado permita llegar al monto total.

Como se informó, el octavo retiro se reclamó en una marcha multitudinaria, en defensa del derecho de los afiliados al uso de sus fondos. Esto permitirá cubrir las necesidades de sus hogares u otras contingencias como deudas o incluso empezar un emprendimiento.

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La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen del octavo retiro de las AFP, que autoriza retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) —equivalente a S/ 21,400— y deroga algunas de las medidas más controvertidas de la reforma previsional. Esta medida obtuvo 24 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Desde distintos frentes del Congreso surgieron posiciones encontradas. La bancada de Fuerza Popular, por medio de la congresista Rosangella Barbarán, defendió su participación activa en la reforma. Alegaron que ya incluían propuestas para garantizar pensión mínima, frenar los abusos de las AFP, mejorar la comisión por productividad y aumentar la competencia entre administradoras. Barbarán admitió que algunos puntos críticos fueron introducidos por el Ejecutivo, pero sostuvo que su bancada impulsará modificaciones en lo que “la ciudadanía ha reprochado”.

Por otro lado, congresistas como Guido Bellido han pedido que el retiro de fondos de AFP se vote por separado de la reforma previsional. Él sostiene que dicha reforma “no sirve” y que se debería derogar parcialmente ciertos artículos. Sin embargo, su pedido se rechazó.

El Ejecutivo también ha tenido que dar un giro. Inicialmente, hubo rechazo firme del Ministerio de Economía al retiro de nuevas AFP, indicando que disminuiría los fondos futuros, pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema y afectaría a millones de afiliados.

Sin embargo, Dina Boluarte anunció hace poco que su gobierno apoya el dictamen del octavo retiro, marcando una contradicción con posturas previas. Dentro del debate técnico, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió que este retiro provocaría una salida inmediata de más de S/ 31,600 millones de los fondos previsionales y que millones de afiliados menores de 40 años podrían quedar con saldos bajos o incluso en cero en sus cuentas posteriores a varios retiros.

También se cuestionó el retiro del 95,5 % de los fondos acumulados al jubilarse para todos los afiliados, un punto que muchos congresistas desean reintroducir en el dictamen.

Otro tema sensible es el aporte de los trabajadores independientes, cuya obligatoriedad ha sido derogada en el dictamen, lo cual algunos ven como un alivio, pero otros advierten que podría debilitar el financiamiento del sistema previsional. El congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) ha pedido que este proyecto de retiro de 4 UIT sea tratado con urgencia, argumentando que millones de personas necesitan esos fondos para cubrir necesidades básicas.

Mientras tanto, opositores piden cautela y ajustes para proteger a los futuros pensionistas. Maricarmen Alva, por ejemplo, dijo que si bien hay que ceder, no deberían hacerse reformas que comprometan la pensión mínima o garantías estatales.

De esta manera, la Comisión de Economía vive un momento de tensión política donde los congresistas de Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Juntos por el Perú, el Bloque Magisterial y otros han tenido que matizar sus posiciones: unos insisten en que aprobaron el dictamen original con los artículos objetados; otros critican que el gobierno haya introducido cambios que “desnaturalizan” lo acordado previamente.

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El video ¡SE APROBÓ EL RETIRO! | Mira qué congresistas se la jugaron por la ley AFP: buscan «arreglarlo» se publicó en YouTube en este enlace

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Juan José Santiváñez acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para desmentir categóricamente los audios atribuidos a él con el reo conocido como “El Diablo” y otras investigaciones en su contra. Aseguró que todas las tesis “se han caído solas”, incluso la del peritaje que señala una alta probabilidad de que su voz esté en los audios vinculados al capitán Junior Izquierdo. “Se hicieron dos peritajes; el que concluye que no es mi voz, me prohibieron publicarlo”, denunció.

De esta manera, varios congresistas de la comisión de Fiscalización le dieron la razón al ministro Santiváñez. Consideran que la Fiscalía se ha politizado y eso ha llevado a «perseguir» a políticos que sean incómodos para ellos. Le exigieron que haga una reforma total del sistema judicial.

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El video De acusado a VÍCTIMA: congresistas terminan defendiendo a Santivañez tras atacar a la Fiscalía se publicó en YouTube en este enlace

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El distrito de Yura fue ratificado como el lugar definitivo para la construcción del nuevo relleno sanitario de Arequipa. Autoridades locales, representantes del Ministerio del Ambiente y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aseguraron que no habrá variaciones en la ubicación. El proyecto, con un presupuesto de 256 millones de soles y financiamiento de la cooperación alemana KfW, busca dar solución al manejo de más de 900 toneladas diarias de residuos en la provincia.

Yura concentra la obra de disposición final

El gerente de Servicios al Ciudadano, Carlos Vélez Herrera, explicó que la iniciativa contempla plantas de valorización en Yura y La Joya, además de una planta de tratamiento mecánico-biológico para reaprovechar hasta el 75 % de los desechos. Señaló que el consorcio MIRS ejecutará el expediente técnico y la construcción en cuatro fases que culminarán en un plazo de 36 meses.

Daniel Madalangoita, representante del Ministerio del Ambiente, precisó que Arequipa concentra el 70 % del presupuesto total del proyecto por ser la cuarta ciudad con mayor generación de residuos en el país. Agregó que se entregarán 2 900 contenedores, 105 compactadoras y 15 soterrados para reforzar la recolección y transporte de la basura.

La obra, que ya inició la elaboración de estudios técnicos, permitirá superar la actual situación de botaderos informales y generar oportunidades de economía circular a través del reaprovechamiento de materiales.

“Si se refieren al tema del proyecto. El proyecto ya está avanzado, como ya explicó el Ministerio del Ambiente, y se va a ejecutar en la zona de Yura”, afirmó Kelly Salas, jefa de la oficina desconcentrada del OEFA en Arequipa.

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Supervisión y control ambiental permanente

Salas detalló que el OEFA mantiene un monitoreo constante de las operaciones de disposición final de residuos en Quebrada Honda, mientras se construye la nueva infraestructura. Explicó que se emitieron observaciones técnicas, como la impermeabilización de los canales de lixiviados, que la municipalidad ya comenzó a subsanar.

La ingeniera Génesis Amado, Sub Gerente de Saneamiento, Salubridad y Salud de la Municipalidad Provincial de Arequipa, indicó que se realizan fumigaciones semanales y neutralización de olores para reducir el impacto en las zonas aledañas. Además, se construye una celda transitoria y se preparan diques para la temporada de lluvias.

Omar Mendoza, coordinador zonal del consorcio MIRS, sostuvo que la cuarta fase del proyecto incluirá el acompañamiento para la puesta en marcha de la planta, garantizando su operatividad y el cumplimiento de los estándares ambientales.

“Hemos hecho un informe de supervisión y suscrito un acta de compromiso con la Municipalidad Provincial de Arequipa, en donde ellos se comprometen a subsanar las observaciones encontradas”, señaló Salas sobre el seguimiento del OEFA.

En tres años, Arequipa contará con su primer relleno sanitario moderno en Yura, una obra que marcará un cambio en la gestión de residuos de la región y que, según las autoridades, se mantiene firme e inamovible en su ubicación para asegurar una solución definitiva a un problema histórico de la ciudad.

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Perú OCUPA PREOCUPANTES TITULARES | La crisis que afecta a la ciudadela de Machu Picchu, en Cusco, ya ha captado la atención de la prensa internacional en países como Chile, España y Francia. Varios turistas han reportado estar “atrapados” debido a la paralización en el distrito, tras la finalización de la concesión otorgada a la empresa Consettur.

No obstante, no todas las voces han sido críticas. Algunos visitantes manifestaron su comprensión e incluso solidaridad con las protestas, tras escuchar las demandas de la población local. Este miércoles, las comunidades que mantenían la medida de fuerza anunciaron una tregua de 72 horas, lo que permitirá reanudar temporalmente los servicios ferroviarios y facilitar el traslado de los turistas.

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El video MALA IMAGEN | Así cubre la prensa extranjera la situación de turistas «atrapados» en Machu Picchu se publicó en YouTube en este enlace

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El exalcalde provincial de Arequipa, Yamel Romero Peralta, anunció su regreso al Partido Aprista Peruano (APRA) y su precandidatura a la presidencia de la República para las Elecciones Generales 2026. La presentación se realizó este miércoles en la Ciudad Blanca, marcando su retorno al partido tras ser expulsado en 2006.

Romero explicó que su salida se debió a conflictos internos y a lo que consideró maniobras para impedir su reelección como alcalde. “Lamentablemente por malas prácticas dentro del propio partido, me alejaron y sacaron en el 2006 para impedir mi candidatura a la reelección como candidato alcalde […] En los últimos años hemos visto que el partido aprista decayó, inclusive perdió inscripción por el bajo respaldo que tenía y creo que ahora todos los compañeros que tenemos algo que aportar, estamos en la obligación de hacerlo, ese es el motivo por el cual hemos reingresado”, sostuvo.

El exburgomaestre aseguró que cuenta con el respaldo de las bases apristas y confía en imponerse en las elecciones internas que se realizarán el 30 de noviembre. “Respeto a todos los precandidatos del partido aprista. Vamos a competir y serán los militantes apristas, supervisados por la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, quienes manifestarán quién es el candidato más idóneo para limpiar la cara al partido”, declaró.

No mencionó su recorrido por el partido Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) y otras agrupaciones políticas que conformó, pero sí defendió a Fuerza Popular e insistió en que el 2021 hubo fraude electoral.

Plan de gobierno

En su plan de gobierno, Romero propone una ofensiva contra la corrupción y la implementación de un plan de seguridad inspirado en el modelo salvadoreño del Plan Bukele. “Los niveles de eliminación de delincuencia en El Salvador han hecho que siendo el país más golpeado por la violencia, ahora sea un atractivo para ir de vacaciones”, señaló.

Asimismo, planteó eliminar “los falsos gobiernos regionales” para fortalecer la descentralización a través de macroregiones. Y se comprometió a impulsar tanto la agricultura como la minería, bajo el lema “agro sí y mina también”, buscando compatibilizar ambas actividades económicas.

En el pasado, Yamel Romero ha participado hasta en 8 elecciones, sin éxito.

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Un individuo fue intervenido este miércoles 17 de septiembre mientras realizaba pintas no autorizadas en una pared de la cuarta cuadra de la calle San Juan de Dios, en el corazón del Centro Histórico de Arequipa.

El presunto responsable, identificado con las iniciales A.L.S., fue puesto a disposición de la comisaría de Palacio Viejo. Según las autoridades, ya se presentó la denuncia formal para que se inicien las investigaciones correspondientes. Además, lograr la identificación de sus posibles cómplices, quienes lograron huir del lugar.

La Municipalidad Provincial de Arequipa condena el acto de vandalismo y recordando a la ciudadanía el severo régimen sancionador que conlleva dañar el patrimonio. Las multas por este tipo de infracciones son claras y cuantiosas.

Realizar grafitis o pintas en bienes públicos o privados acarrea una multa administrativa de 1 605 soles. La sanción por colocar pintas y propagandas se eleva a 5 350 soles, e incluye el retiro del material. Cuando el daño se realiza sobre un monumento, la sanción es de 5 350 soles, además del retiro de la pintura y la interposición de una denuncia penal.

Arequipa: tras 9 días de huelga de EsSalud, ¿qué exigen los manifestantes?

Recurrencia en Arequipa

Este sería el octavo atentado de características similares ocurrido en el Centro Histórico de Arequipa durante el presente año 2025. La frecuencia de estos hechos ha llevado a los especialistas a considerar que se trataría de acciones intencionadas y planificadas, ejecutadas en momentos de poca vigilancia.

Al respecto, el gerente de la institución, William Gómez, fue enfático en sus declaraciones la semana por un caso similar. Indicó que eran necesarias sanciones más estrictas.

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• Pleno del Congreso aprobó retiro de 4 UIT de AFP y maquilla parte de la polémica reforma de pensiones

• Dina Boluarte defiende a ministros involucrados en escándalos de audios: Acusa a fiscales de querer desestabilizar su gobierno con investigaciones sin sentido jurídico

• Las discrepancias entre la JNJ y la fiscal de la Nación al rojo vivo

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El video ¿MIEDO A LAS PROTESTAS? | Congreso da marcha atrás en ley de pensiones y aprueba octavo retiro AFP se publicó en YouTube en este enlace

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Afiliados a las AFP podrán retirar hasta 4 UIT de su fondo, se elimina el aporte obligatorio de independientes y, además, los menores de 40 años podrán retirar hasta el 95.5% de su jubilación. Estas son las medidas que el Congreso aprobó este miércoles para disimular el faenón que intentaron colar por debajo de la mesa con la famosa reforma del sistema de pensiones.

El debate en la Comisión de Economía estuvo movido: Rosangella Barbarán aseguró que no se arrepiente de nada, porque fue quien impulsó la ley y, según dijo, “enfrentó al oligopolio de las AFP”. Guido Bellido pidió la derogación total de la reforma, mientras que Alejandro Cavero salió con la clásica advertencia: que el aporte sea voluntario, pero que luego nadie estire la mano al Estado cuando esté anciano y sin pensión.

Los congresistas juran que esto no tiene nada que ver con el miedo a más protestas desde el 21 de septiembre. Aunque de todos modos, la medida es un maquillaje: el verdadero problema sigue siendo la falta de una reforma real del sistema de pensiones.

Las discrepancias entre la JNJ y la fiscal de la Nación al rojo vivo

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, podría ser destituida este viernes, cuando se la ha citado para la audiencia en la que se discutirá su suspensión por 6 meses, mientras se alaliza la denuncia contra ella. Según entendidos, su sentencia de muerte esta ya escrita, por lo que la doña ha agregado la calidad de “jueza” a su currículum. Su pronóstico: que los miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel” por esta procedimiento. Wilber Medina, abogado del presidente de la JNJ, respondió calificando el comentario como una “amenaza velada” poco propia de su cargo. Incluso sugirió que semejante declaración podría merecer, oh ironía, otro proceso disciplinario contra ella.

Medina intentó desmontar con ejemplos pasados, el argumento de inconstitucionalidad esgrimido por Espinoza, recordándole que el procedimiento para investigarla sigue el mismo formato con el que ella misma fue nombrada. Aunque no dice nada que esos procesos express son precisamente lo que le critican a Delia cuando actuó contra Patricia Benavides. La incoherencia, madre de todos los males.

Dina Boluarte defiende a ministros involucrados en escándalos de audios: Acusa a fiscales de querer desestabilizar su gobierno con investigaciones sin sentido jurídico

Los audios de Juan José Santiváñez siguen sacando ronchas en el Ejecutivo. Tras el cierrafilas de los ministrillos en defensa de alias ‘Cachetón’ y del premier Eduardo Arana, ahora fue el turno de Dina Boluarte de poner el pecho por sus dos angelitos. La descarada volvió a rasgarse las vestiduras jurando la inocencia de sus lacayos.

Así, Dina Ercilia no escatimó en ataques para sus enemigos del Ministerio Público. La tía acusó a los fiscales de abrir investigaciones por doquier y sin sentido jurídico. También los culpó de querer distraerlos e intentar desestabilizar a su gobierno. Ya, pues, tía, no te pases de chistosa. Si a tu gobierno le falta estabilidad es todo culpa tuya, por tener a puro inestable en la cúpula del poder, empezando por su hermanito y su ministrolL. Mejor anda a hacerte tus retoquitos, que solo para eso sirves.

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Congresistas de distintas bancadas presentaron una moción de censura en contra de Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos por los audios que revelan un presunto tráfico de influencias a favor del criminal Miguel Salirrosas, apodado ‘El Diablo’, sentenciado por pertenecer a la banda criminal «Los Pulpos».

La moción cuenta con 34 firmas y fue promovida por la parlamentaria Susel Paredes. Si bien la impulsó previo a la difusión de los audios contra Santiváñez, la revelación de estos que incentivó para que más congresistas se sumaran y se alcanzara las firmas necesarias para que se admita en el Pleno.

Luego, de su debate y si llega a contar con 67 votos a favor para su aprobación -en sesión plenaria que se realizaría en octubre, porque la siguiente semana es de representación- Santiváñez Antunez se le censuraría.

Las firmas para la moción de censura se juntaron luego de que el ministro Santiváñez estuviera presente en la Comisión de Fiscalización que lo citó para que respondiera por los audios difundidos que lo acusaban de presunto tráfico de influencias, y que lejos de admitir su responsabilidad, se victimizó y dijo que había una campaña en su contra.

Congreso censura a Juan José Santiváñez: congresistas se lanzaron calificativos como ‘cobardes’ e ‘ignorantes’ (VIDEO)

¿En qué se sustenta la moción de censura contra Santiváñez?

Según se lee en el texto de la moción de censura contra el ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se cuestiona su idoneidad para el cargo, ya que recuerdan su gestión como ministro del Interior que se caracterizó por una falta de eficacia en la lucha contra la inseguridad, con un aumento significativo en los índices de la criminalidad.

Como la situación de violencia escaló a niveles insostenibles, el Congreso lo censuró en marzo de 2025 por su incapacidad para enfrentar la creciente ola de delincuencia. También sumaron sus fallidos operativos.

Además, Santiváñez tiene graves acusaciones judiciales, incluyendo tráfico de influencias, abuso de autoridad, y su implicación en una presunta organización criminal vinculada a actos de corrupción como el direccionamiento de contratos públicos, la influencia en ascensos y permanencias de generales de la Policía Nacional, la protección de operaciones mineras ilegales y encubrir actos ilícitos en la administración pública.

«A Santiváñez lo investigan por varios delitos»

Como se informó, al ministro se les está siendo investigando también por varios delitos graves y está enfrentando una serie de procesos judiciales que incluyen un impedimento de salida del país. “Esta acumulación de cargos, junto con la falta de confianza política y ética, ha erosionado su capacidad para liderar el Ministerio de Justicia, sector crucial para la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos”, argumentan.

Los legisladores también hacen notar la contradicción de su nombramiento luego de su censura en otro cargo del Ejecutivo y consideran que su permanencia en el puesto representa un riesgo para la administración de justicia en el país. Finalmente, argumentan que su posición al frente de la política anticorrupción y de derechos humanos afecta la integridad del Estado de Derecho y la transparencia del gobierno.

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La protesta del personal médico y asistencial de EsSalud en Arequipa se mantiene sin acuerdos con las autoridades del sector. Los trabajadores aseguran que la medida es completamente legal y que responde a la necesidad de proteger la autonomía de la institución y los beneficios de los asegurados, mientras el debate se traslada al Congreso de la República.

El segundo secretario general del sindicato de médicos, César Goicochea, informó que la huelga busca garantizar derechos laborales y un servicio de calidad para los pacientes. La paralización, que reúne a diez gremios de la Seguridad Social, mantiene la atención cero en consultorios externos, pero continúa con emergencias, áreas críticas y operaciones de urgencia.

Goicochea precisó que también se han suspendido las cirugías electivas y que solo las operaciones de urgencia se realizan con normalidad. El dirigente agregó que algunos trabajadores aún continúan atendiendo en consultorios externos, por lo que se invocará a suspender esas actividades para cumplir con la disposición nacional.

“Estamos en el noveno día de huelga nacional indefinida, diez gremios unidos de la Seguridad Social por la defensa de nuestros derechos laborales y para tener un trabajo digno y atención para nuestros asegurados en una forma completa, sin restricciones”, expresó Goicochea.

Controversia por la legalidad de la huelga

El representante sindical aseguró que la protesta cuenta con todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo, pese a que las autoridades la declararon improcedente. Subrayó que se han realizado asambleas, reuniones y notificaciones previas, por lo que rechazan cualquier intento de descuentos salariales.

Además, Goicochea denunció un incidente con el gerente general de las directivas nacionales, Freddy Colcacahuana, a quien acusó de maltrato verbal y psicológico durante una reunión en Lima. Por este motivo, los gremios exigen su destitución y han anunciado que presentarán la denuncia respectiva ante las instancias oficiales.

“En una forma irrespetuosa, beligerante y agresiva contra los representantes nacionales de los gremios se han proferido palabras soeces, mentando la madre a los trabajadores. Eso no se puede permitir”, sostuvo el dirigente médico.

Los sindicatos de EsSalud en Arequipa insisten en el retiro del Decreto Legislativo 1666, que, según señalan, vulnera la intangibilidad de los recursos de salud y amenaza con convertir a los trabajadores en empleados estatales con menos beneficios. Mientras el Congreso debate la norma, la paralización continúa y el acceso a las consultas externas permanece restringido.

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Arequipa volvió a ser escenario de tensiones gremiales. Esta mañana, trabajadores del Sindicato de Construcción Civil con base en La Joya y Cocachacra (provincia de Islay) realizaron una protesta en rechazo a su secretario general de la región, Alfredo Puño Cala. Lo acusan de dividir al gremio con la creación de nuevas bases sindicales.

Los manifestantes denunciaron que la dirigencia impulsó la creación de la base San Camilo en el mismo distrito de La Joya, generando conflicto entre los agremiados. Augusto Valero, secretario general de la base La Joya, cuestionó duramente la decisión.

Arequipa: logran condenas claves por masacre de mineros en Caravelí, en 2022

Buscan soluciones

Valero explicó que se invitó formalmente a Puño Cala para que visite el distrito y explique los motivos de esta medida, pero este no asistió. «Lo que indican es que la jurisdicción de San Camilo está lejos de La Joya pero eso es mentira… No estamos en contra de los hermanos de San Camilo, pero la directiva debe poner orden y no dividirnos», añadió.

Asimismo, la base de Cocachacra se sumó al reclamo y pidió explicaciones sobre la decisión de su dirigencia. «Con ellos también hemos trabajado y hemos hecho negociaciones colectivas, Cocachacra, Islay y La Joya no hemos tenido ningún problema. Pero, ahora, el compañero Alfredo ha creado una base y queremos explicaciones», manifestó Valero.

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Eduardo Arana dijo sentirse indignado con el Ministerio Público por la filtración de audios que lo vinculan a presuntos favores con Juan José Santivañez. Negó tajantemente haber intervenido en beneficios para el reo conocido como “El Diablo” y sugirió que estos audios podrían ser una venganza de la fiscal de la Nación tras la reducción del presupuesto para el 2026.

Descartó que vaya a pedir la renuncia de Santivañez, pues, según asegura, es un ministro con gran trayectoria y conocimiento en asuntos judiciales.

El video ¡UNA VENGANZA! | Premier se defiende del escándalo por audios con Santivañez culpando a la Fiscal se publicó en YouTube en este enlace

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La cuestionada ley de las AFP es una de las normas más nocivas de este Parlamento, debido a que el daño a la economía de los jóvenes no es solo inmediata, sino que viaja en el tiempo, perjudicando el futuro de los trabajadores independientes y de los menores de 40 años.

Esta ley fue impulsada por el fujimorismo, aunque ahora pretendan lavarse las manos. La madre de la primera propuesta de ley fue la fujimorista Rosángela Barbarán, a pesar de que intentan desconocer su rol en esta dañina norma. Al igual que Barbarán, procedieron muchas otras propuestas para una “reforma de pensiones” del sistema privado de las AFP.

Sin embargo, el encargado de unificar las propuestas hasta exponerla en una sola idea, fue el congresista piurano César Revilla, parlamentario de Fuerza Popular.

Este legislador piurano -quien mantiene perfil bajo durante sus visitas a la región Piura- sustentó ante el Pleno del Congreso el proyecto de ley, para finalmente ser aprobado en 2024. Cabe recordar que la promulgación que hizo la semana pasada el Ejecutivo de Dina Boluarte fue el reglamento de la ley. Allí se puede conocer los candados que la norma le pone a los afiliados y jóvenes para que no puedan acceder a sus fondos.

Uno de los mayores golpes a la economía de los peruanos se sustenta en la prohibición para retirar el 95.5% de los fondos de las AFP. En las últimas disposiciones para el retiro de fondos, los afiliados podían acceder a este beneficio, teniendo en cuenta de que se trata de su propio dinero.

La norma también obliga a tributar el 2% a los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios. Y esta tributación será progresiva hasta el 2034, llegando a un 5%. Sin embargo, este descuento que tendrán los jóvenes en sus ingresos será un monto que no aportará significativamente a su fondo de pensiones. Pese a ello, se mantiene esta disposición.

La pensión de 600 soles que esta ley manifiesta está supeditada a que los afiliados “aporten” durante 20 años seguidos. Sin embargo, el mercado laboral siempre se ha mantenido inestable para la masa trabajadora. Algunos especialistas señalan que esto solo acrecentará la informalidad.

Si el afiliado muere, pues la pensión pasa a uno de sus familiares. Pero, el fondo cambia. La nueva pensión será de 5 a 10% de su fondo total. Esto reduce rápidamente el estado económico de cada pensionista.

Y como si fuera poco, la norma estableció que si una persona no alcanza los 600 soles al momento de su jubilación, las AFP pedirán lo faltante al Estado. De esta manera, el presupuesto para atender a los millones de jubilados estará en manos del presupuesto nacional, afectando peligrosamente la caja fiscal del país. 

A pesar de todos estos candados y prohibiciones que plantea la ley, el congresista fujimorista César Revilla presentó y sustentó la propuesta, hasta lograr que fuera aprobada como ley y en su reglamento.

Cabe mencionar que ahora, los fujimoristas intentan responsabilizar al gobierno por esta ley de las AFP, tras la marcha que los miles de jóvenes realizaron el último fin de semana, exigiendo la derogatoria inmediata de la norma.

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El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, anunció que no participará en las elecciones presidenciales de 2026 y que se retira de la política activa. 

“He declarado oficialmente que no voy a participar en las elecciones de 2026. Es momento de retirarse de la política, creo que he cumplido un ciclo como político en la región”, señaló.

El anuncio se produce mientras continúa la investigación fiscal en su contra por el denominado “Rolexgate”, caso en el que se indaga la entrega de relojes y joyas de lujo a la presidenta Dina Boluarte. En las elecciones regionales de 2022, Oscorima obtuvo la gobernación de Ayacucho con 138.965 votos, equivalentes al 46,79 % del total, consolidando un importante respaldo electoral en provincias como Huanta y La Mar. Ese capital político, que le permitió imponerse en varias contiendas pese a procesos judiciales en curso, es considerado ahora un “bolsón de votos” que podría ser trasladado a su entorno familiar o político.

Wilfredo Oscorima ha sido elegido tres veces gobernador de Ayacucho (2011-2014, 2015-2018 y 2023-2026), consolidándose como uno de los caudillos regionales más influyentes.

Fuentes políticas han señalado que Yuri Oscorima, hermano del actual gobernador, se perfila como posible candidato al Congreso por Alianza para el Progreso (APP), lo que abriría la posibilidad de que el clan mantenga influencia a nivel nacional. El balance de las gestiones de Wilfredo Oscorima es objeto de debate. Entre sus partidarios se destaca la ejecución de obras de infraestructura y proyectos de inversión pública, mientras que sus críticos cuestionan la paralización de iniciativas en varias provincias y la distribución desigual de recursos. A ello se suman antecedentes judiciales, desde condenas anteriores hasta los procesos abiertos por el Ministerio Público en el marco del “Rolexgate”. Con su decisión, Oscorima descarta una eventual participación en las elecciones generales, pero su futuro político y judicial seguirá marcado por el desarrollo de las investigaciones en curso y por el destino de la estructura electoral que lo acompañó en las últimas dos décadas. La incógnita es si esta retirada es un punto final o apenas una pausa estratégica en la trayectoria de un caudillo regional que, entre obras, denuncias y favores, ha dejado una huella imborrable en el tablero político nacional. La semana pasada, el Poder Judicial levantó el impedimento de salida del país contra Oscorima en una investigación por colusión agravada, cohecho y asociación ilícita, vinculada a la licitación de una carretera con Obrainsa entre 2014 y 2017.

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En octubre del 2017 el entonces gobernador de Loreto, Fernando Meléndez Celis, acompañado de sus funcionarios, llegó al Hospital Apoyo Iquitos para que se inicie la remodelación que debía terminar 814 días después, es decir, en enero del 2020. Durante ese tiempo se debía invertir S/. 240 millones de soles. La obra se encargó al Consorcio Salud Loreto, conformada por las empresas CMO Group y la italiana Impresa Pizzarotti C.S.P.A, que finalmente decidió resolver el contrato. Entre el 2017 y 2018 el gobierno de Fernando Meléndez desembolsó S/. 103,472.00 millones de soles.

Mientras que el gobierno de Elisbán Ochoa desembolsó S/. 112,327.00 millones de soles hasta que en mayo del 2022 se resolvió el contrato con el consorcio que tenía como representantes legales a DELGADO VIZCARRA ARTURO ERNESTO, GIACOMO FRANCESCO ORSATTI, MARCHETTI MARCO, CIRAMI ALFIO y GIOMMONI VALTER. Desde que se resolvió el contrato el Gobierno Regional de Loreto se encargó de la obra bajo la modalidad de administración directa. Los montos gastados en ese período son muy difícil de calcular. Sin embargo, fuentes que trabajaron en la gestión del profesor Elisbán Ochoa coinciden en señalar que se gastó aproximadamente S/. 90 millones de soles en siete meses porque se contrató labores de construcción y equipamiento a diversas empresas de manera directa. En ese período hay un detalle por demás extraño, ya que se pagó a dos consorcios con la misma denominación pero distinto RUC. Se desembolsó S/. 712,588.80 al consorcio representado por ZEGARRA FLORES LUCIENNE que tenía su oficina en la ciudad de Iquitos mientras que el otro consorcio tenía su domicilio en Lima.

Durante el gobierno de René Chávez Silvano se actualizó el avance de obra y se estableció que tenía 70% de ejecución. Para concluir la misma se convocó a una licitación y se seleccionó al Consorcio Salud Garayar, conformado por las empresas JVC Consultores y Ejecutores EIRL, Servicios y Construcciones Díaz EIRL, Viiva Servicios Generales EIRL y Constructora Importadora JJJ Orba EIRL que tiene como representante legal a ORTIZ BARDALES JORGE PAOLO con domicilio en Iquitos.

La obra se reinició en mayo del 2024 y se firmó contrato por un monto de S/ 103,000,000.00 millones de soles con un plazo de ejecución de 450 días calendarios. Es decir, la obra deberá concluirse en octubre del 2025. Sin embargo, fuentes del consorcio consultadas señalaron a Pro & Contra que en diciembre se entregará la totalidad de los trabajos para que la entidad de la conformidad. Si no hay ninguna observación se podría entregar antes de fin de año. Hasta el momento ya se pagó al Consorcio aproximadamente S/. 62 millones de soles. Falta que se pague algunas valorizaciones y, según la misma fuente, “hay unas valorizaciones que están dentro del marco de la ley”.

Han pasado varios directores por el Hospital Iquitos y tres gobernadores. Habrá que esperar tres meses para conocer si por fin se terminarán los trabajos y los loretanos tendrán un lugar para atenderse con los mejores equipos y el mejor personal.

DESEMBOLSOS POR LA CONSTRUCCIÓN

Consorcio Salud Loreto 2017: S/. 54,480,636.16 2018: S/. 48,672,836.04 2019: S/. 70,802,859.13 2020: S/. 31,482,136.56 2021: S/. 10,214,407.15 2022: S/. 127,254.59 2022; S/. 712,588.80 (Consorcio con el mismo nombre y distinto representante legal)

Consorcio Salud Garayar 2024: S/. 32,895,576.14 2025: S/.  28,558,914.05

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