– Dina Boluarte libre de polvo y paja… pero no aprende – Mientras en el Congreso todos hacen negocios – Cosas que solo pasan en el Perú – Conexión regional
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Aprobaron el informe final de la SAC que pedía el archivo de la denuncia impidiendo que la Fiscalía siga investigando a la mandataria por los más de 50 muertos
La presidenta Dina Boluarte, una vez más fue blindada por el Congreso que envió al archivo la denuncia constitucional que tenía en su contra por las muertes de las protestas de diciembre 2022 a marzo 2023.
La Comisión Permanente del Congreso mandó al archivo el Informe Final de la denuncia constitucional N.º 509 contra la presidenta de la República Dina Boluarte, el expremier Alberto Otárola y otros ministros por el caso de las muertes durante las protestas.
Pese a que la congresista Ruth Luque pidió una cuestión previa para que regresara a la Comisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), esta iniciativa obtuvo un empate, pero con el voto dirimente del tercer vicepresidente, Ilich López, alcanzó 11 votos en contra.
El informe final de la SAC determinó el archivamiento de la denuncia, con lo que impidió que la Fiscalía continúe con las investigaciones contra la mandataria por las más de 50 muertes y más de mil heridos en las protestas que se realizaron en rechazo a su Gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
La denuncia contra Boluarte Zegarra la formuló el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena. En esta se acusaba a la jefa de Estado de “incurrir en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos”.
En la acusación estaban comprendidos también Pedro Miguel Angulo Arana, expresidente del Consejo de Ministros. A Luis Alberto Otárola Peñaranda, exministro de Defensa y titular del Consejo de Ministros. También a los exministros del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández. Así como al ex titular de la cartera de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta.
Como se informó, el informe final se aprobó previamente el 18 de julio en la SAC, que entonces presidía la congresista María Acuña.
Informe iría más allá de las competencias de la SAC
De acuerdo con los argumentos del informe que leyó la ahora presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, “no se hallaron pruebas suficientes para sustentar la denuncia”.
“No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”. Y que, “en mérito a las pruebas aportadas y presentadas, no existen elementos de convicción suficientes que configuren en los tipos penales de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves”, sostuvo.
Sin embargo, en el debate, la congresista Ruth Luque, quien también es abogada, hizo notar que la SAC habría ido más allá de sus funciones a “opina” sobre cuestiones que solo le competía definir a los fueros judiciales. Instó además a que el Congreso, deje que las investigaciones sigan su curso en la Fiscalía, pero su propuesta fue desoída y desaprobada la cuestión previa que solicitó.
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Algunos parlamentarios como Patricia Chirinos cuestionaron severamente la situación de inseguridad en el país y lo acusó de operar bajo la sombra de Juan José Santiváñez.
El pleno del Congreso interpeló al ministro del Interior, Carlos Malaver, obligándolo a responder un pliego interpelatorio de 22 preguntas, centradas en seguridad ciudadana, orden interno y las acciones de su gestión contra la delincuencia.
A pesar del respaldo público que obtuvo de congresistas ligados a las fuerzas del orden, algunos como Patricia Chirinos cuestionaron severamente la situación de inseguridad en el país y lo acusó de operar bajo la sombra de Juan José Santiváñez, señalando que este último maneja el sector Interior mientras que Malaver actúa como figura decorativa para el gabinete.
Durante la interpelación, se generó un momento de fuerte tensión cuando el congresista Edwin Martínez logró suspender la sesión del pleno mientras defendía al ministro del Interior. Martínez lanzó insultos, exigió que dejen al ministro trabajar “para no estar jodiendo el Perú” y se negó a retirar la palabra cuando se lo solicitaron, provocando que abandonara la sesión en presencia de Malaver. La situación se normalizó más tarde: el debate se reanudó una vez que Martínez aceptó retirar sus expresiones.
Carlos Malaver pidió respeto a su persona durante el pleno, recordando que su larga trayectoria en la Policía respalda su gestión en el ministerio. Además, sostuvo que su cartera trabaja con responsabilidad, especialmente en la desarticulación de bandas criminales y con la implementación de estados de emergencia para reforzar la seguridad ciudadana.
Una pregunta central fue si el Ministerio del Interior coordina eficazmente con la Policía Nacional y otras instituciones, y qué resultados concretos ha tenido hasta ahora el plan “Perú Seguro” y las medidas excepcionales implementadas. Se le cuestionó también sobre el equipamiento policial, sobre el funcionamiento de las escuelas de formación de la PNP, los resultados de grupos especiales como Terna, y sobre denuncias de irregularidades en procedimientos policiales.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
«La JNJ, apéndice del congreso para el nombramiento de magistrados judiciales, fiscales y autoridades electorales, realiza una agresiva arremetida contra la fiscal de la nación»
La mafia gubernamental, instalada en el congreso y ejecutivo, viene implementando una agresiva arremetida para controlar o anular a la Fiscalía de la Nación (FN). No toleran la independencia del organismo constitucional encargado de fiscalizar la ley y ser titular de la acción penal. La mafia gubernamental no puede detener las investigaciones y acusaciones fiscales a la presidenta, ministros, congresistas, funcionarios públicos y, líderes políticos de los partidos que dirigen el congreso y gobierno. El Ministerio Público (MP) o FN, con aciertos y errores, ha venido cumpliendo su labor, es detestado por quienes se saben culpables y descubiertos en sus delitos. El MP independiente es un peligro para el crimen organizado y desorganizado y, sin duda, está a expensas del crimen y de su captura por él.
El MP como organismo constitucional autónomo fue creado hace 46 años por la Constitución de 1979, hasta esa fecha era un órgano del Poder Judicial. La constitución de 1993 ratificó su existencia, excluyendo de su ámbito la defensa del pueblo para asignarla a otro organismo constitucional autónomo: la Defensoría del Pueblo. El fujimorismo lo intervino entre 1996 y el 2000, mediante una Comisión Ejecutiva que se disolvió por Ley N° 27367. En el último lustro, la FN padece el asedio permanente del Congreso, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de la Justicia. Acabó copado por organizaciones criminales como la de los cuellos blancos que operaban en todos los organismos del sistema de justicia. El MP que lucha por su autonomía institucional también debe liberarse del crimen que lo contamina y afecta.
Este agosto, el MP ha sufrido un carga montón y presión política sin igual, a los pedidos de destitución de la fiscal de la nación y amenazas de acusación constitucional a la Junta Nacional de Fiscales Supremos, se suman las “reposiciones” de fiscales supremos destituidos por serias denuncias penales y por integrar organizaciones criminales; los procesos abiertos y persecución a los fiscales encargados del caso Lava Jato y de liderar las denuncias por corrupción y; el decidido acuerdo entre ejecutivo y congreso de ahogar presupuestalmente a la FN negándole recursos para su funcionamiento operativo. La mafia gubernamental no ha logrado controlar ni descabezar al MP, entonces, ha decidido ahogarlo económicamente y anular su funcionamiento.
El ahogamiento económico de organismos autónomos es una lamentable práctica gubernamental antidemocrática, se masifica y normaliza en dictaduras y gobiernos criminales. El gobierno peruano niega y recorta presupuesto a la FN para funcionar y combatir a las economías criminales y el crimen organizado. Ha dicho que tiene recursos no utilizados y puede recurrir a ellos. No es ignorancia, es prepotencia, saben que no se puede utilizar recursos asignados a unas funciones para hacer otras porque sería malversación de fondos públicos. Además, el premier, “cuello blanco”, ha señalado que el MP no es eficiente en su ejecución presupuestal, ocultando que está mejor que varios ministerios del Poder Ejecutivo. El gobierno busca desacreditar al MP para disminuir su presupuesto, allana el camino al congreso, para que confirme la disminución presupuestal. Es un claro mensaje de extorsión gubernamental a la FN, te controlo o te anulo.
El MP tiene innumerables procesos contra la presidente, ministros y parlamentarios, desde enero del 2024 existen 88 denuncias de acusación constitucional ante el congreso por delitos de corrupción en sus diferentes modalidades (cohecho, concusión, tráfico de influencias, negociación incompatible, etc.), hasta asesinatos en el caso de la presidenta y sus ministros.
De todas ellas, 25 han sido archivadas por la SAC, 26 están en trámite y 37 pendientes de calificación para ser admitidas. Peor aún, si tomamos en cuenta las denuncias, de oficio y de parte, de los últimos 5 años, en el congreso existe una “criminal mayoría parlamentaria calificada” con denuncias, investigaciones y acusaciones fiscales que con sus votos tienen garantizada la impunidad, persecución a sus adversarios, sanción a quienes se le oponen y hasta la reforma constitucional a su antojo. No hay mayoría calificada para las decisiones en beneficio del Perú, son una mayoría calificada en favor del crimen. El MP debe remar contra la corriente, requiere el apoyo ciudadano. La lucha contra el crimen estructural, callejero y gubernamental, es tarea de todos.
El pasado viernes, la Comisión Permanente del Congreso, en una sola votación, sin discriminar ni distinguir nada, mandó al archivo 23 denuncias fiscales contra dichos funcionarios. Sin duda, la FN, con todos sus problemas, dividida internamente por obra de la mafia gubernamental, es una piedra en el zapato para los criminales que se han apropiado de las instituciones estatales. El MP se creó para perseguir el crimen. Y cuando lo hace contra el crimen gubernamental, el Congreso, Ejecutivo y otras instituciones estatales (TC y JNJ) lo desautorizan, persiguen y anulan. Quieren un MP a su medida, sometido y cómplice con el crimen.
Efectivamente, la JNJ, apéndice del congreso para el nombramiento de magistrados judiciales, fiscales y autoridades electorales, realiza, hace tiempo, una agresiva arremetida contra la fiscal de la nación y los fiscales que investigan a los funcionarios aforados. Han intentado destituir a la fiscal de la nación y denunciar a los fiscales supremos. Peor aún, en alianza con otros poderes del estado, han logrado reponer a “magistrados supremos” con prontuario de delincuentes. Hoy, la JNJ, tiene medio control del MP, pero quiere y va por todo. Asimismo, otro apéndice del congreso es el TC. Su última sentencia, orientada a recortar las funciones de investigación contra la presidenta de la República, es una nefasta intromisión festejada por la mafia gubernamental. Acertadamente, la fiscal de la Nación ha dicho que acatarán la resolución, precisando que seguirán las investigaciones, respetando “la dignidad de la figura presidencial” conforme lo recomienda y no ordena el TC.
Tampoco es que el MP sea una institución de excelencia homogénea, el necesario principio de independencia de sus magistrados lo hace muy complicado. Necesita establecer criterios para evitar liberar comprobados y declarados delincuentes por el prurito argumento de falta de pruebas. O, cuando las encuentran, de que no son suficientes. Pareciera que optan por reemplazar la presunción de inocencia por favorecimiento al criminal, la protección a la víctima por la inocencia del delincuente.
Existe un lugar común, brutal contra la fiscalía, “la policía detiene a los delincuentes y la fiscalía los libera al día siguiente”. Si el MP no es empático con la sociedad que padece el crimen organizado y desorganizado, no encontrará el respaldo social para defender sus fueros. El MP debe desterrar funcionarios y prácticas nefastas, pro crimen, que existen en su seno. El Perú lo defenderá del crimen gubernamental, si él nos defiende del crimen estatal y callejero.
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Abogado, catedrático y político peruano nacido en Amazonas Fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala y ministro de Vivienda en el gobierno de Alejandro Toledo.
Edwin Martínez, congresista por Arequipa, vuelve a ser noticia por conseguir suspender el pleno del Congresoal defender al ministro del Interior. Lanzó insultos, se negó a retirar la palabra pese al pedido de su ex compañero de bancada, Ilich López, y dijo: “Si he recibido el abuso de mi partido que me expulsa, seguramente recibiré el suyo”, antes de retirarse de la sesión. Al final, la sesión se reanudó una vez que Martínez aceptó retirar su palabra, siendo aplaudido por algunos colegas congresistas.
Ahora, esta situación no solo generó polémica en el pleno, sino que también evidenció una crisis interna que enfrenta Acción Popular. El partido ha iniciado un procedimiento de expulsión contra Martínez luego de que votara a favor del proyecto que permite la reelección de gobernadores y alcaldes, postura contraria a la de su bancada.
Esto ha generado fuertes divisiones. Alfredo Barnechea, militante histórico y precandidato presidencial, rechazó el proceso sumarísimo de expulsión e instó a respetar la discrepancia interna.
Martínez, aunque militante de Acción Popular, ya figura como congresista no agrupado, pues su voto lo apartó de la bancada oficial.
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Desde el extranjero llegarán autores como Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana y Juan Gabriel Vásquez de Colombia; Alberto Fuguet y Alejandra Moffat de Chile.
El Hay Festival Arequipa 2025 reunirá a 130 invitados de 15 países en cuatro días de programación cultural. Literatura, música, filosofía, ciencia y debates de actualidad se encontrarán en diversos escenarios de la ciudad, que por once años se ha consolidado como sede del evento internacional.
Entre los invitados peruanos figuran Gustavo Rodríguez, Jeremías Gamboa y Carlos Enrique Freyre, junto con autoras como Olga Montero Rose, María Luisa del Río y Teresa Ruiz Rosas. También estarán presentes Zoila Vega Salvatierra, Sonia Cunliffe y Enrique Planas, quienes compartirán sus obras más recientes.
Desde el extranjero llegarán autores como Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana y Juan Gabriel Vásquez de Colombia; Alberto Fuguet y Alejandra Moffat de Chile; Fernanda Trías de Uruguay; y el mexicano Guillermo Arriaga, entre otros. Europa estará representada por Mircea Cărtărescu de Rumania, Andrés Barba de España, Mathilde Forget de Francia y Jessica Andrews del Reino Unido.
Deberás adjuntar un documento que acredite tu condición y podrás solicitar un máximo de 10 entradas para el programa general (una por evento). Están sujetas a disponibilidad y por orden de recepción. Además, la comunidad universitaria tiene acceso libre a todos los eventos del Hay Festival Joven sin necesidad de formulario.
Para el público general, las entradas ya están a la venta en la página web oficial. Los precios son accesibles: 10 soles para conversaciones. Además, 15 soles para eventos con traducción simultánea y 40 soles para espectáculos artísticos. El pago en línea se realiza exclusivamente con tarjeta (Visa, Mastercard o Maestro).
A partir de finales de octubre, se habilitará una boletería física en Arequipa donde se aceptarán pagos en efectivo, tarjeta o Yape. Tras cualquier compra, recibirás un correo con el recibo y tus tickets descargables, cada uno con un código QR que deberás mostrar al ingresar a los eventos. Un plan cultural imperdible en la Ciudad Blanca.
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El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) y diversas organizaciones sociales realizaron un plantón en el frontis del Gobierno Regional de Ayacucho, exigiendo atención a su pliego de demandas. Los dirigentes advirtieron que, de no concretarse compromisos en la sesión ampliada programada para la tarde, se convocará a un paro de 48 horas […]
El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) y diversas organizaciones sociales realizaron un plantón en el frontis del Gobierno Regional de Ayacucho, exigiendo atención a su pliego de demandas. Los dirigentes advirtieron que, de no concretarse compromisos en la sesión ampliada programada para la tarde, se convocará a un paro de 48 horas en toda la región.
John Lapa Ore, presidente del Fredepa, sostuvo que las exigencias se centran en la reversión de terrenos, la instalación de una mesa técnica para el desarrollo integral de Huamanga y la reubicación de infraestructuras como el aeropuerto, el penal de Yanamilla y el cuartel Domingo Ayarza.
“Si no se cumplen los acuerdos, la Asamblea General ya ha aprobado la realización de un paro de 48 horas en Ayacucho”, afirmó.
El dirigente también cuestionó la falta de inversión en el sector agropecuario.
“El Gobierno Regional destina apenas el 0.8 % de su presupuesto a la Dirección Regional de Agricultura, que solo cubre planillas y no impulsa proyectos. Necesitamos sistemas de irrigación y un acceso justo al agua para comunidades campesinas y juntas de regantes”, añadió.
Otro de los puntos de reclamo fue la construcción del estadio Ciudad de Cumaná, obra a cargo del Consorcio Deportivo Libertad. Según Lapa Ore, el proyecto presenta irregularidades y discriminación laboral.
“Actualmente hay unos 300 trabajadores en la obra, pero apenas entre 30 y 40 son ayacuchanos. Se han denunciado cobros ilegales y exclusión de mano de obra local”, expresó.
El Fredepa exigió además la intervención de la Contraloría General de la República para auditar el proceso de adjudicación del proyecto y determinar posibles responsabilidades.
Durante la protesta, los manifestantes recalcaron que sus pedidos buscan garantizar la seguridad alimentaria, el derecho al trabajo y el desarrollo urbano de la provincia.
“El pueblo ha salido a luchar y va a defender de manera férrea la plataforma del paro”, concluyó Lapa Ore.
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La Organización de Nacionalidades Andwa del Pastaza (ONAPP) y FEDINAPA expresaron su preocupación por el silencio del Estado frente a la reactivación del Lote 192, paralizado desde 2019. Señalaron que las pérdidas para el país superan los 2,500 millones de dólares y que la demora genera desconfianza en las comunidades, que esperan el cumplimiento […]
La Organización de Nacionalidades Andwa del Pastaza (ONAPP) y FEDINAPA expresaron su preocupación por el silencio del Estado frente a la reactivación del Lote 192, paralizado desde 2019.
Señalaron que las pérdidas para el país superan los 2,500 millones de dólares y que la demora genera desconfianza en las comunidades, que esperan el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Los dirigentes también se pronunciaron sobre el nuevo socio operador elegido por Petroperú y recordaron que la consulta previa debe cumplirse de manera paralela al inicio de operaciones.
Además, plantearon que la participación de las comunidades en los beneficios suba del 1.5% al 2.5% de la producción fiscalizada, como condición mínima para viabilizar la reactivación.
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Entre enero y julio de este año, la región Cusco registró 1014 casos de violencia sexual, 5439 denuncias de violencia contra mujeres y siete feminicidios, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Las cifras fueron presentadas en el informe “Cusco en cifras: Un diagnóstico para la incidencia ciudadana”, elaborado por CHS […]
Entre enero y julio de este año, la región Cusco registró 1014 casos de violencia sexual, 5439 denuncias de violencia contra mujeres y siete feminicidios, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Las cifras fueron presentadas en el informe “Cusco en cifras: Un diagnóstico para la incidencia ciudadana”, elaborado por CHS Alternativo y la Veeduría Mirada Ciudadana.
El diagnóstico también señala que el 37,8 % de las víctimas son menores de 17 años. Los distritos con mayores reportes de violencia son San Sebastián, Cusco y Santiago.
Trata de personas y desapariciones
La trata de personas es otro delito con presencia relevante en la región. El Ministerio Público ha registrado 28 denuncias por este delito en Cusco, de un total de 942 a nivel nacional. Por su parte, la Policía Nacional informó sobre la desaparición de 228 mujeres, niñas y adolescentes en este mismo periodo.
De acuerdo con el informe, factores estructurales como la pobreza y la deserción escolar incrementan el riesgo de captación y explotación, en muchos casos vinculados a redes de trata.
El diagnóstico también advierte sobre los altos niveles de tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. (Foto: CHS Alternativo)
Iniciativas de vigilancia ciudadana
Con el objetivo de fortalecer la respuesta frente a esta problemática, CHS Alternativo presentó oficialmente el Diagnóstico Situacional en un evento que contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y veedurías ciudadanas de cinco distritos de la provincia del Cusco.
Félix Yanqui, coordinador regional de CHS Alternativo, explicó que la Red de Veedurías “Mirada Ciudadana”, conformada por colectivos juveniles, organizaciones sociales, gremios y medios de comunicación, busca “asegurar la implementación y mejora de las políticas públicas frente a la violencia y explotación a través de la vigilancia y participación activa de la sociedad civil”.
En sus palabras: “Estas cifras no deben reducirse a simples registros estadísticos; representan la voz de las víctimas, quienes exigen cambios y la construcción de un Cusco más justo y seguro. La vigilancia ciudadana es hoy más urgente que nunca para exigir al Estado que cumpla con su deber de prevenir, atender y sancionar estos delitos”.
Alta tolerancia a la violencia
El diagnóstico también advierte sobre los altos niveles de tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. La Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2024 (ENARES) revela que el 80 % de la población adulta en Cusco tolera algún tipo de violencia contra la mujer. En el caso específico de la violencia sexual, el 74 % de los hombres en la región la considera justificada.
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La Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos de Junín, junto al Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, exhumó restos óseos en el paraje Allpachaca, ubicado en la frontera entre Carhuamayo (Junín) y Paucartambo (Pasco). La diligencia contó con el apoyo de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Cruz Roja Internacional. El […]
La Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos de Junín, junto al Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, exhumó restos óseos en el paraje Allpachaca, ubicado en la frontera entre Carhuamayo (Junín) y Paucartambo (Pasco). La diligencia contó con el apoyo de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Cruz Roja Internacional.
El operativo estuvo a cargo del fiscal provincial Johel Chamorro Macukachi y el fiscal adjunto Pedro Vega Rodríguez, quienes, junto a peritos forenses, recuperaron los restos de cuatro víctimas asesinadas por Sendero Luminoso en 1992, en el marco de la violencia política que vivió el país entre 1980 y 2000.
Los restos fueron trasladados a la Unidad Médico Legal III de Huancayo, donde se realizará el análisis para su identificación. El proceso busca culminar con la restitución y entierro digno de los agraviados, en respeto a las costumbres y creencias de sus familias.
Según la investigación fiscal, el 8 de mayo de 1992 senderistas secuestraron a Gerardo Fortunato Guerra Ponce, Wilson Samaniego Castro, Cristóbal Serafín Briceño Laura y Federico Bonifacio Coquez en las comunidades de Santa Rosa de Tama (Junín) y Tambillo (Pasco). Luego los trasladaron hasta Allpachaca, donde los ejecutaron.
Quince días después, los familiares de dos de las víctimas hallaron el lugar y exhumaron por cuenta propia los cuerpos de Guerra y Samaniego para darles sepultura en Tambillo. Los restos de Briceño y Bonifacio quedaron en el paraje hasta ahora, más de tres décadas después.
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La Fiscalía Provincial Penal abrió investigación preliminar tras detectarse una grave irregularidad en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde el área de Medicina Legal habría emitido un certificado de defunción a nombre de un paciente que aún se encontraba con vida y permanecía internado en el mismo establecimiento de salud. El director regional […]
La Fiscalía Provincial Penal abrió investigación preliminar tras detectarse una grave irregularidad en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde el área de Medicina Legal habría emitido un certificado de defunción a nombre de un paciente que aún se encontraba con vida y permanecía internado en el mismo establecimiento de salud.
El director regional de Salud de Puno, Freddy Velásquez Angles, confirmó que el hecho fue comunicado de inmediato al Ministerio Público, a fin de que se determinen las responsabilidades. Explicó que el sistema institucional cuenta con trazabilidad digital, lo que permitirá identificar con precisión al responsable del registro anticipado.
“Cada médico cuenta con un usuario único en el sistema, lo que facilita rastrear los accesos. Este caso debe ser investigado con toda rigurosidad”, declaró la autoridad sanitaria.
Según el informe de la Red de Salud San Román, se indagará qué profesional ingresó el registro indebido, considerando que cada galeno dispone de credenciales exclusivas.
Velásquez advirtió que, de comprobarse que un médico del hospital emitió el documento de manera irregular, enfrentará un proceso administrativo y no se descarta la apertura de un procedimiento penal.
La Fiscalía evaluará si la emisión del certificado de defunción corresponde únicamente a una falta administrativa o si configura un delito, dada la gravedad de certificar la muerte de una persona que seguía con vida.
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El Hospital Regional de Ica obtuvo una transferencia de S/ 789,300 del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). El presupuesto fortalecerá la atención oncológica, beneficiando directamente a pacientes con cáncer que necesitan radioterapia. Gracias a esta gestión del Gobierno Regional de Ica, los pacientes podrán acceder al tratamiento especializado en la misma ciudad. Esto evitará […]
El Hospital Regional de Ica obtuvo una transferencia de S/ 789,300 del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). El presupuesto fortalecerá la atención oncológica, beneficiando directamente a pacientes con cáncer que necesitan radioterapia.
Gracias a esta gestión del Gobierno Regional de Ica, los pacientes podrán acceder al tratamiento especializado en la misma ciudad. Esto evitará traslados a Lima, listas de espera extensas y gastos adicionales.
El área oncológica del hospital atiende actualmente a pacientes en quimioterapia, muchos de los cuales requieren iniciar radioterapia. La implementación del servicio permitirá una atención más completa y cercana.
Hospital Regional de Ica recibe presupuesto para pacientes con cáncer que requieren radioterapia.
Con este avance, el Hospital Regional de Ica consolida la atención integral en tres frentes: cirugías oncológicas, quimioterapia y radioterapia. Esto marca un hito en la capacidad hospitalaria de la región.
En 2024, el hospital atendió alrededor de 8,000 pacientes oncológicos y en 2025 ya superan los 4,000. De ellos, más de 150 necesitan iniciar radioterapia.
Los diagnósticos más frecuentes incluyen cáncer de cuello uterino, mama, colon, estómago y próstata, además de leucemias y linfomas. Todas estas patologías demandan tratamientos especializados y de acceso oportuno.
Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA
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240 agentes de serenazgo enfrentan diariamente en la ciudad de Juliaca una realidad que transformó sus funciones preventivas en una lucha por la supervivencia, donde chalecos antibalas y gas pimienta resultan insuficientes ante delincuentes que operan con armas de fuego de manera cada vez más sofisticada y agresiva. La Municipalidad Provincial de San Román confirmó […]
240 agentes de serenazgo enfrentan diariamente en la ciudad de Juliaca una realidad que transformó sus funciones preventivas en una lucha por la supervivencia, donde chalecos antibalas y gas pimienta resultan insuficientes ante delincuentes que operan con armas de fuego de manera cada vez más sofisticada y agresiva.
La Municipalidad Provincial de San Román confirmó que está evaluando nuevamente la adquisición de armas no letales para proteger la integridad de sus agentes, según informó Arturo Chávez Chávez, subgerente de Seguridad Ciudadana, quien reconoció que los serenos ya no solo previenen, sino que deben defenderse activamente de los criminales.
Los agentes trabajan en distintos turnos, pero todos están expuestos diariamente a una delincuencia que ahora realiza asaltos con armamento de fuego, una situación que obliga al personal a ir más allá de sus funciones legales establecidas de prevención y disuasión para garantizar su propia seguridad y la de los ciudadanos.
La Policía Nacional dirigió un importante curso de capacitación para los serenos en temas de arresto ciudadano y protección de escenas del crimen, áreas que tradicionalmente no corresponden a serenazgo, pero que la realidad delictiva actual les obliga a conocer y manejar profesionalmente.
Chávez Chávez explicó que los agentes frecuentemente se involucran en intervenciones de agresiones y detenciones de sospechosos por pedido directo de la población, lo que requiere conocimiento legal específico para desarrollar estas intervenciones sin generar denuncias posteriores contra el personal municipal.
A pesar de los altos riesgos que enfrentan contra la delincuencia armada, el subgerente confirmó que el compromiso del serenazgo con la población mantiene su enfoque en prevención y disuasión, mientras los trabajos operativos continúan desarrollándose con normalidad en toda la ciudad de Juliaca.
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Una tarde mágica de música, arte en vivo y conexión con la naturaleza se vivirá este domingo 14 de septiembre en el Fundo Alto del Río, donde se celebrará la segunda edición de “Un Canto al Alma”, un festival cultural que invita a reconectar con lo esencial a través de sonidos, colores y sabores. El evento se desarrollará de 1:00 a 6:00 p.m. en la Casa de la Trova (frente al Club del Ingeniero).
La propuesta artística incluye a Pájaros Jaguares, con su música medicina de raíces andinas; Lundú, portadores de la energía vibrante de la música afroperuana; y Chakanazul, con su propuesta de danza ritual y cuentacuentos. También se presentará el dúo conformado por Milagros Medina y Ricardo Copaja, que aportará sensibilidad acústica a la tarde.
El arte en vivo también tendrá su espacio con Nvrpony (body painting), Eli Delgado (tatuajes temporales) y el colectivo Tengo algo para contarte, que ofrecerá un oráculo de palabras.
Además, los asistentes podrán disfrutar de sabores locales con parrilla, caja china y artesanías, todo en un entorno pensado para compartir en familia y reconectar con la naturaleza. Las entradas se pueden adquirir al número 928 528 661 o a través de las redes sociales de Pájaros Jaguares.
“Un Canto al Alma Volumen II” busca consolidarse como un espacio de encuentro artístico y espiritual en Arequipa, donde el arte y la naturaleza dialogan para celebrar la vida en comunidad.
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La insania criminal en Trujillo parece no tener límites ni freno. En medio del horror por las extorsiones diarias y los atentados cada vez más frecuentes, otro espeluznante caso sacudió a la ciudad norteña. Se trata del secuestro de un joven de 23 años, la grabación de su ejecución, la extorsión a su familia para […]
La insania criminal en Trujillo parece no tener límites ni freno. En medio del horror por las extorsiones diarias y los atentados cada vez más frecuentes, otro espeluznante caso sacudió a la ciudad norteña. Se trata del secuestro de un joven de 23 años, la grabación de su ejecución, la extorsión a su familia para devolver el cuerpo, el hallazgo de sus restos desmembrados y el silencio de la Policía frente a este hecho.
Historia de horror
La tragedia comenzó el sábado 6 de septiembre, cuando Luis Anticona Gutiérrez, trabajador de limpieza de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, terminó su jornada laboral y desapareció sin dejar rastro.
Horas después, sus familiares recibieron un macabro video en el que se ve al joven siendo ejecutado de un disparo en la cabeza. Poco después, llegó un nuevo mensaje: los asesinos exigían 20 mil soles para entregar el cadáver.
Desmembraron su cuerpo
Los familiares denunciaron el hecho ante la Policía y la Fiscalía, pero mientras aguardaban información, recibieron la noticia del hallazgo de un cadáver en un descampado, cerca del canal de Chavimochic, en Alto Moche.
Los restos estaban dentro de un costal. Habían sido descuartizados y quemados. A pocos metros se halló un brazo. Entre la desesperación y la duda, la familia reconoció al joven, y el martes, en la División Médico Legal del Ministerio Público, se confirmó su identidad.
Los peritajes revelaron que, tras ser asesinado de un disparo, su cuerpo fue desmembrado con una sierra eléctrica. Le amputaron los brazos a la altura de los hombros, las piernas desde las rodillas y la cabeza desde el cuello.
¿Quiénes lo asesinaron?
La identidad de los homicidas aún se desconoce. En el video del asesinato, el autor del disparo, que aparece con el rostro cubierto, se identificó como integrante de la banda La Nueva Jauría. El móvil del crimen tampoco está claro: ¿venganza, acto de intimidación o una nueva modalidad de extorsión? Nadie lo sabe.
Pese a la conmoción que ha generado el caso, la Policía no ha emitido información oficial ni se conocen avances de la investigación.
Mientras tanto, la familia de Luis Anticona enfrenta el dolor y el miedo en silencio, a puerta cerrada, esperando respuestas.
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Un menor de 17 años fue detenido en flagrancia en Pacasmayo, al cual se le hallaron artefactos explosivos y sería un presunto implicado en hechos extorsivos en la región. El menor de iniciales J.D.M.G, fue intervenido sorpresivamente, en posesión de un cartucho de dinamita, munición y droga. Se presume que la tenencia de materiales peligrosos […]
Un menor de 17 años fue detenido en flagrancia en Pacasmayo, al cual se le hallaron artefactos explosivos y sería un presunto implicado en hechos extorsivos en la región.
El menor de iniciales J.D.M.G, fue intervenido sorpresivamente, en posesión de un cartucho de dinamita, munición y droga. Se presume que la tenencia de materiales peligrosos está destinada a la fabricación, suministro y tenencia de materiales explosivos. Además, es un posible implicado en el tráfico ilícito de drogas.
El adolescente es presunto involucrado de acciones ilícitas que atientan contra la seguridad pública y la salud colectiva. Además, estaría vinculado a actos de extorsión en varias zonas de Pacasmayo. Según información policial, incluso, estaría siendo usado por organizaciones criminales para amenazar a comerciantes y empresarios locales.
El menor fue puesto bajo custodia policial mientras que se efectúan las investigaciones correspondientes.
La intervención se realizó en colaboración con el representante del Ministerio Público, RMP. Wimer Omar Mariños Montero, Fiscal de la fiscalía provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo.
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El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso la suspensión de la pesca de pota o calamar gigante en todo el litoral peruano. La medida ha generado un fuerte rechazo entre pescadores artesanales, quienes aseguran que carece de sustento técnico, afecta su economía y beneficia solo a grandes grupos empresariales. El dirigente pesquero Fidel Periche expresó […]
El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso la suspensión de la pesca de pota o calamar gigante en todo el litoral peruano. La medida ha generado un fuerte rechazo entre pescadores artesanales, quienes aseguran que carece de sustento técnico, afecta su economía y beneficia solo a grandes grupos empresariales.
El dirigente pesquero Fidel Periche expresó a través de Cutivalú su rechazo a la disposición. Calificó la medida como “descabellada” y sostuvo que actualmente existe una abundancia incalculable de pota en la costa peruana.
“Cuando el recurso entra en abundancia hay que aprovecharlo. Lo que están haciendo es perjudicarnos económicamente”, señaló Periche.
Críticas a la falta de sustento técnico
Periche cuestionó que la resolución no cuente con un informe del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) que justifique la suspensión. Según los propios pescadores, la pota se encuentra en abundancia en todo el litoral y no está en riesgo de extinción.
Además, denunció que el gobierno mantiene políticas que favorecen a las grandes empresas pesqueras, mientras los artesanales carecen de apoyo para invertir, procesar y exportar su producción.
Riesgo económico para miles de familias
El dirigente advirtió que la medida pone en riesgo la economía de miles de familias que dependen de esta actividad. Solo en Sechura se verán afectadas unas 2,000 embarcaciones, mientras que a nivel nacional el impacto alcanzaría a más de 10,000 pescadores.
También rechazó el límite de 48 horas para desembarcar la pesca, impuesto en la norma, al considerarlo inviable. “En el mar no hay horarios ni fechas fijas. La pesca no es como trabajar en una oficina, hay que buscar el recurso y eso toma tiempo”, explicó.
Convocatoria a un paro
Ante esta situación, los pescadores artesanales anunciaron que evalúan convocar a un paro nacional. En Sechura ya se están organizando y esperan que todos los gremios se sumen a la protesta.
“Estamos coordinando con los compañeros que están en el mar y una vez que estemos reunidos, tomaremos acciones. No nos quedaremos de brazos cruzados”, advirtió Periche.
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Durante una intervención conjunta, ambas autoridades manifestaron su profunda preocupación por el retraso significativo en el proyecto del aeropuerto, considerado una obra estratégica para el desarrollo económico, turístico y social de la provincia de Jaén y la región nororiental del Perú. El alcalde José Tapia indicó que los plazos establecidos en el contrato no se […]
Durante una intervención conjunta, ambas autoridades manifestaron su profunda preocupación por el retraso significativo en el proyecto del aeropuerto, considerado una obra estratégica para el desarrollo económico, turístico y social de la provincia de Jaén y la región nororiental del Perú.
El alcalde José Tapia indicó que los plazos establecidos en el contrato no se están cumpliendo, lo que genera malestar en la población y pone en riesgo la inversión pública destinada a esta importante infraestructura. Por su parte, el fiscal Gilmer Jara Vergara señaló que el exceso de tiempo en la ejecución podría constituir una falta grave, por lo que exhortó a las entidades competentes a iniciar acciones de fiscalización y sanción.
Tanto el alcalde como el fiscal hicieron un llamado a los responsables del proyecto para que aceleren los trabajos y garanticen la transparencia en la ejecución del contrato. Recalcaron que la ciudadanía merece una obra de calidad, concluida en los plazos establecidos, y que cumpla con los estándares técnicos y legales correspondientes.
El aeropuerto de Jaén es una obra clave para mejorar la conectividad de la región con otras ciudades del país, así como para fomentar el turismo, el comercio y la inversión. Sin embargo, los constantes retrasos ponen en riesgo los beneficios proyectados para la población.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de defender los intereses del pueblo de Jaén y velar por el correcto uso de los recursos públicos.
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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentará al despacho dela presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que promovió el Congreso y aprobó el Ejecutivo.
Tal como lo anunció la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, está lista la demanda de inconstitucionalidad que presentará contra la Ley de Amnistía, porque permite la liberación de policías y militares procesados por delitos que cometieron durante la lucha antisubversiva entre los años 1980 y 2000.
La titular del Ministerio Público dijo, «ya tenemos listo el proyecto de demanda de inconstitucionalidad para presentarlo ante el Tribunal Constitucional y así hacer respetar lo que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico».
Como se informó, esta norma la propuso e impulsó Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución. Luego fue aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte.
Espinoza Valenzuela explicó que esta iniciativa “presenta serias contradicciones con la Constitución y los derechos humanos…y atenta contra la reparación que debe brindarse a las víctimas de la violencia estatal durante el conflicto armado interno”.
La fiscal de la Nación dijo que, «no es un tema de rencor, es un tema de reparación elemental. Todavía hay muchas víctimas desaparecidas, por eso hay que pacificar al país. Desde el Ministerio Público, así como perseguimos el delito, también actuamos en prevención para lograr armonía en la población», sostuvo.
Asimismo, Delia Espinoza consideró que la ley que promovió el Congreso y Dina Boluarte genera impunidad «para aquellos efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía que perpetraron asesinatos extrajudiciales, abusos de poder y otros crímenes contra los derechos humanos. No se está persiguiendo a las Fuerzas Armadas ni a la Policía. Tenemos héroes, policías y militares que hicieron mucho por nosotros contra la delincuencia terrorista».
Pero esta Ley de Amnistía busca que se les perdonen los delitos a quienes están siendo investigados. Eso no significa que se vulneren sus derechos fundamentales, refirió.
Como se sabe, la Corte IDH ordenó al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares conocida como Ley de Amnistía. Este organismo internacional advirtió que la puesta en marcha de esta norma vulneraría el derecho de las víctimas a acceder a justicia y verdad, además de contradecir principios internacionales de derechos humanos ya establecidos en fallos anteriores.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez en nombre del Ejecutivo ha defendido la iniciativa, argumentando la existencia de atentados terroristas y la demora en los procesos judiciales, un discurso que, según la comunidad internacional, busca justificar una ley que encubre la impunidad.
Magistrado TC descarta prevaricato en jueces que apliquen control difuso a Ley de Amnistía
De otro lado, Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, dijo que la figura del control difuso está amparada por la Constitución y negó que su aplicación por parte de jueces constituya prevaricato.
Defendió la facultad de los jueces para aplicar una herramienta jurídica contemplada en el artículo 138 de la Constitución. “El juez es el único que, finalmente, puede apartarse de una ley cuando en un caso concreto considera que aplicar una norma puede generar un acto arbitrario o inconstitucional”, dijo en Prueba de Fuego.
“Es la potestad del juez de inaplicar una ley haciendo control difuso al caso en concreto, no generando ninguna doctrina, no generando ninguna posición dogmática, sino relatando los hechos y determinar si, en esos hechos concretos, aplicar la ley resulta manifiestamente inconstitucional y, por lo tanto, no lo aplica”, explicó.
De otro lado, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, dijo este jueves que, los miembros del TC consideran inconstitucional, la medida disciplinaria inmediata que plantea la JNJ contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
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Por segundo día consecutivo, alcaldes de centros poblados de Ayacucho se movilizaron para exigir la transferencia de recursos que establece la Ley N.° 32185. La protesta derivó en la instalación de una mesa técnica en la Defensoría del Pueblo, aunque sin la presencia del gobernador regional Wilfredo Oscorima, principal demandado por los manifestantes.
En la reunión participan 11 presidentes de la Mancomunidad de Centros Poblados del Perú, técnicos y representantes del Gobierno Regional, encabezados por el gerente general Eduardo Huacoto, además de la Defensoría del Pueblo como mediadora.
Los alcaldes demandan la asignación de 30 mil soles para cada uno de los 256 municipios de centros poblados de la región, lo que equivale a más de 10 millones de soles. Señalaron que el Gobierno Regional aún mantiene 14 millones de libre disponibilidad que podrían destinarse a esta transferencia.
“El gobernador nos tiene en las calles, no ha recibido a ninguna de las tres movilizaciones. No nos pueden tratar como ciudadanos de segunda, también somos autoridades elegidas por voto popular”, manifestaron los dirigentes durante la protesta.
Los representantes recordaron que en regiones como Cajamarca, Huánuco y Huancavelica ya se concretó este financiamiento. En el caso de Ayacucho, advirtieron que, si no se cumplen los compromisos, las medidas de lucha se radicalizarán en los próximos días.
Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
El diagnóstico también advierte sobre los altos niveles de tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. (Foto: CHS Alternativo)
