El Perú atraviesa un escenario cada vez más delicado por la rápida pérdida de glaciares, fundamentales para regular el agua en las cuencas altoandinas. Estos ecosistemas funcionan como reservas naturales que alimentan ríos, sostienen actividades productivas y abastecen a poblaciones enteras, especialmente en épocas secas.

Sin embargo, ese equilibrio se está debilitando. Regiones como Ayacucho perdieron por completo su cobertura glaciar desde 2016, según MapBiomas, una señal clara de que el retroceso ya no es puntual, sino parte de una tendencia extendida. Un análisis del Instituto del Bien Común, basado en imágenes satelitales entre 1985 y 2024, muestra que el país ha perdido más de 62 mil hectáreas de glaciares en menos de tres décadas. Hoy quedan alrededor de 94.345 hectáreas, concentradas en su mayoría en Áncash.

En el marco del Día Mundial de los Glaciares, que se conmemora cada 21 de marzo, te mostramos cómo este panorama refleja una tendencia nacional de retroceso glaciar que que afecta directamente la disponibilidad de agua y la capacidad de los ecosistemas andinos para sostener la vida en sus territorios. Para profundizar en este escenario, conversamos con la Dra. Paola Moschella, directora de investigación en glaciares del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem).

Reducción de glaciares en Perú continúa por alza de temperaturas

La pérdida de glaciares en el Perú sigue siendo una de las señales más visibles del impacto del cambio climático. Aunque en 2025 la tasa anual de retroceso se estimaba en 1%, la tendencia no se ha detenido: la superficie y el volumen de hielo continúan disminuyendo, impulsados por temperaturas más altas y por una menor presencia de nieve en las zonas altoandinas, que es clave para “alimentar” a los glaciares.

Este proceso, aunque pueda parecer lento en cifras, tiene efectos acumulativos. Menos nieve significa menos capacidad de recuperación, y más calor acelera el derretimiento, reduciendo progresivamente estas reservas naturales de agua.

Como explica Moschella: “La situación de reducción de la superficie y volumen glaciar se mantiene. En los últimos años se evidencia un reducido aporte de nieve a los glaciares, sumado al incremento de la temperatura que acelera el derretimiento”.

Para seguir de cerca este proceso, el Inaigem actualiza cada cuatro años el Inventario Nacional de Glaciares. Según su versión más reciente, publicada en 2023, el Perú cuenta con 2084 glaciares que cubren una superficie de 1,050.32 km². El estudio también identificó 2147 glaciares rocosos y 8466 lagunas de origen glaciar, lo que muestra la dimensión de estos ecosistemas en el país.

La próxima actualización, prevista para este año, permitirá contar con una imagen más actualizada sobre el estado de los glaciares y dimensionar con mayor precisión cuánto han retrocedido en los últimos años.

Factores que aceleran el derretimiento glaciar

El principal factor detrás de este proceso es el cambio climático global, que incrementa las temperaturas y reduce las zonas donde se produce nieve. Esto no solo acelera el deshielo, sino que limita la regeneración natural de los glaciares, haciéndolos cada vez más vulnerables.

A ello se suma la contaminación por carbono negro, partículas generadas por la quema de combustibles y vegetación que pueden viajar largas distancias y depositarse sobre la superficie glaciar. Este fenómeno reduce la capacidad de reflejar la radiación solar, acelerando el derretimiento del hielo.

“Las zonas donde cae nieve son cada vez más reducidas y se ubican a mayor altitud, lo que disminuye el aporte de nieve a los glaciares”, precisó Moschella, al advertir sobre la combinación de factores que intensifican este proceso.

Proyecciones y riesgos para el abastecimiento de agua

Las proyecciones científicas indican que los glaciares tropicales, como los del Perú, son los más vulnerables a desaparecer. Estudios estiman que, hacia finales de siglo, podría perderse hasta el 45% de la masa glaciar si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, o hasta un 80% en el peor escenario sin medidas de mitigación.

Esta situación tiene implicancias directas sobre la disponibilidad de agua. Los glaciares cumplen un rol importante al abastecer de forma constante a los ríos, especialmente durante la temporada seca, beneficiando tanto al consumo humano como a la agricultura.

“El deshielo de los glaciares aporta todo el año con agua a los ríos, en Perú, miles de personas dependen de esta agua como su principal fuente de abastecimiento, al igual que para el riego de cultivos. Al perderse este aporte de los glaciares, el caudal de muchos ríos se está reduciendo, especialmente, fuera de la época de lluvias”, sostuvo la especialista.

Retroceso glaciar ya afecta la calidad del agua en los Andes

Además, el retroceso glaciar no solo implica perder hielo: también expone rocas que antes permanecían cubiertas. Al entrar en contacto con el aire y el agua, algunos minerales, especialmente los sulfuros, generan procesos de drenaje ácido que elevan la acidez de las fuentes hídricas. Esto puede deteriorar la calidad del agua, volverla no apta para consumo y afectar a los ecosistemas que dependen de ella.

En la Cordillera Blanca, esta situación ya empieza a ser visible. Algunas subcuencas que abastecen a la ciudad de Huaraz muestran señales de contaminación, lo que anticipa un problema mayor si el retroceso continúa. No se trata solo de cuánto hielo se pierde, sino de cómo cambian las condiciones del agua que sostiene a poblaciones enteras.

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que reducir las emisiones y aplicar medidas de adaptación en los territorios altoandinos será determinante. De ello dependerá no solo la conservación de los glaciares, sino también la seguridad hídrica de millones de personas en el país.

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Una actividad por el Día Mundial de las Ranas, realizada en el distrito de Carmen Alto, puso en agenda una problemática que especialistas consideran cada vez más visible: la reducción de anfibios en Ayacucho y sus efectos en el equilibrio ambiental.

Durante la jornada, representantes del colectivo ProFauna advirtieron que estas especies cumplen un rol clave en el control de insectos. En su fase acuática se alimentan de larvas, incluidas las de zancudos, mientras que en su etapa terrestre consumen insectos que podrían convertirse en plagas agrícolas o transmisores de enfermedades como el dengue.

Pese a su importancia, su presencia ha disminuido en zonas urbanas de la región. Entre las principales causas se identifican el crecimiento de la ciudad, la pérdida de hábitats naturales y el aumento de contaminantes en el suelo y el agua. A esto se suma el uso intensivo de agroquímicos, cuyos residuos no absorbidos por los cultivos terminan arrastrados hacia fuentes hídricas.

Especialistas explican que los anfibios son altamente sensibles a estos cambios debido a su piel permeable, lo que los convierte en indicadores directos de la calidad ambiental. Su desaparición puede evidenciar deterioro en los ecosistemas y anticipar impactos en otras especies.

A nivel nacional, Perú alberga una de las mayores diversidades de anfibios, pero enfrenta amenazas similares. Informes del Ministerio del Ambiente y evaluaciones internacionales advierten que la pérdida de hábitat, la contaminación y enfermedades emergentes han colocado a varias especies en situación de riesgo, en línea con una tendencia global que ubica a los anfibios entre los vertebrados más vulnerables.

Durante la actividad también se abordó el consumo de extracto de rana, práctica vigente en algunos mercados. Se alertó que su preparación sin procesos adecuados podría implicar riesgos sanitarios por la posible presencia de parásitos.

La jornada incluyó actividades de educación ambiental dirigidas a escolares, pero dejó como principal mensaje una advertencia: la disminución de anfibios en Ayacucho no es un hecho aislado, sino un indicador de cambios ambientales que podrían tener consecuencias directas en la salud pública y la producción agrícola.

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El promotor del plan de prosperidad, Fernando Mera, sostuvo que la reactivación del sector forestal en Loreto pasa por ampliar las concesiones y fomentar la inversión privada. Indicó que, de los 10 millones de hectáreas con potencial productivo, solo una parte ha sido concesionada y una proporción menor se encuentra en operación, lo que limita la producción maderera en la región.

En ese sentido, planteó duplicar el área concesionada e impulsar la instalación de industrias como plantas de pulpa y papel, con participación de capital extranjero. Mera señaló que el plan también contempla la integración de comunidades nativas en la cadena productiva y que, de ejecutarse, podría incrementar significativamente el aporte del sector forestal al producto regional en los próximos años.

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Una escolar resultó herida tras caer de una camioneta tipo «custer» en Arequipa, en un hecho que evidencia las consecuencias de la crisis de transporte público que atraviesa la ciudad. El incidente ocurrió cuando la menor se trasladaba en una cúster, al parecer que estaba llena. Esto sucede ante la falta de buses urbanos que han reducido su servicio por protestas de transportistas que exigen el aumento del pasaje a S/ 1.50 y por el costo elevado de combustible.

Una transeúnte que presenció el accidente relató en detalle lo ocurrido. «Veo a la niña ahí sentada en el suelo, que le había arrollado la parte de atrás de la llanta», narró la testigo, quien detalló que los demás pasajeros intentaban retirarse del lugar.

«Y yo auxilie, pues dije, no, no se puede ir, hay que quedarse, ¿no? Auxiliar a la niña», agregó la ciudadana que brindó los primeros auxilios a la menor.

Consultado sobre la gravedad de las lesiones, el testigo precisó: «La ha lastimado el pie», dejando claro que el impacto fue significativo, aunque sin especificar si la llanta pasó por encima o solo golpeó a la escolar.

En medio del caos, el conductor de la unidad informal tomó una decisión que agravó la situación, dejando el lugar sin esperar a las autoridades. El hecho ocurrió en Paucarpata. Mientras tanto, la menor era trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

Arequipa: ONPE realizó cambio de 11 locales de votación por daños en infraestructura

Crisis de transporte en el Cono Norte de Arequipa

La reducción de la flota de transporte urbano en Arequipa responde a una medida de protesta de los transportistas, quienes exigen que el pasaje se incremente a S/ 1.50. Ante la falta de buses, escolares y usuarios del Cono Norte se ven obligados a utilizar vehículos informales, muchos de ellos no acondicionados para el transporte de pasajeros.

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La reciente captura de dos presuntos integrantes de la banda “Los Rápidos de Toco Toco” empieza a destapar más casos. En las últimas horas, varias personas llegaron hasta la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) en Juliaca asegurando haber sido víctimas de los mismos sujetos, a quienes ahora reconocen directamente.

Todo parte del operativo “Plan Cerco”, ejecutado por la Policía Nacional, que permitió ubicar y detener a dos individuos acusados de robar una camioneta que ya estaba siendo desmantelada en una comunidad. Pero lo que parecía un caso aislado, ahora apunta a algo más grande.

A partir de ahí comenzaron a aparecer denuncias.

El primer testimonio es de una pareja de esposos que fue asaltada el pasado 9 de marzo en el sector de Mataro Chico. Según su relato, un vehículo plomo les cerró el paso y de él descendieron tres sujetos armados. Fueron reducidos, atados de manos y pies, y abandonados en un descampado mientras los delincuentes huían con su camioneta. Lo clave es que ambos aseguran haber reconocido a uno de los detenidos.

Un segundo caso ocurrió el 25 de febrero en el sector de Sallaco, en la vía Juliaca–Sandia. La víctima fue interceptada por un auto negro, los delincuentes lo encañonaron, lo golpearon y le arrebataron su camioneta de placa X4N-742. Igual que en el primer caso, terminó abandonado en una zona descampada. También aquí, el agraviado identifica a uno de los capturados.

Y hay un tercer hecho, registrado en el sector de Toco Toco. La víctima conducía su vehículo cuando fue interceptada por sujetos a bordo de otra camioneta. Fue golpeada, trasladada a un descampado y abandonada maniatada. Su unidad, de placa V1K-899, fue robada. Nuevamente, señala a uno de los detenidos como autor del asalto.

Lo que se repite en los tres casos no es menor, mismo patrón, vehículos que interceptan, uso de armas, violencia directa y abandono en zonas alejadas. Eso empieza a perfilar un modus operandi bastante claro.

Las víctimas no solo llegaron a denunciar, también exigen que sus casos sean incorporados en la investigación en curso. Afuera de SEPROVE, pidieron que las autoridades profundicen las diligencias y determinen si los detenidos están vinculados a otros robos ocurridos en distintos puntos de la región Puno.

A la espera de lo que determinen las investigaciones, el caso ya deja una alerta evidente sobre el nivel de organización y violencia en este tipo de delitos, y sobre todo, sobre la necesidad de que las denuncias se conecten para no tratar cada robo como un hecho aislado.

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El presidente de la Comisión de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026 de la municipalidad provincial, Yonnel De La Cruz Cornejo, rendirá cuentas este 24 de marzo ante el Concejo Municipal de Puno.

El funcionario deberá detallar el uso de los recursos y las acciones realizadas antes, durante y después de la festividad, según lo anunció el regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Lizardo Rojas Bustincio.

Señaló que el objetivo de la citación al presidente de la comisión es transparentar el manejo de los fondos y evaluar tanto los aciertos como las fallas en la organización del evento cultural más importante de la región.

Precisó que uno de los puntos será el viaje de funcionarios municipales a Tenerife, España, en 2024. De la Cruz Cornejo tendrá que explicar si esta promoción internacional tuvo algún impacto real en la difusión de la festividad o si solo representó un gasto sin resultados concretos.

También en la sesión del concejo municipal está agendado, donde el jefe del Órgano de Control Institucional de la municipalidad presentará su propio reporte, donde se esperan detalles sobre posibles irregularidades o recomendaciones para mejorar la gestión de los recursos.

Otro tema en la agenda es la adecuación del centro poblado de Carucaya, ubicado en el distrito de Platería y las autoridades discutirán las acciones necesarias para mejorar las condiciones de esta comunidad, aunque aún no se han dado mayores detalles sobre los planes específicos.

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La Contraloría General de la República detectó graves faltas en la rendición de cuentas sobre gastos de fondos públicos en Cusco ocurrido en la Universidad de Arte Diego Quispe Tito de Cusco. Los auditores publicaron el Informe de Acción de Oficio Posterior número 007-2026-2-4461 para detallar las irregularidades encontradas en la gestión de recursos estatales.

Esta investigación fiscalizadora analizó el dinero entregado para organizar la tradicional festividad denominada Niño Jesús Inka P’unchao durante el año académico 2025. Una servidora pública recibió la suma de diez mil soles mediante un encargo interno para comprar diversos alimentos destinados a visitantes y comparsas.

Los documentos presentados para sustentar los gastos impiden verificar el destino final de panetones, leche, mermelada, wafers, avena y también la pasta cacao. Las fotografías adjuntas en el expediente oficial solo muestran escenas de eventos culturales pero omiten pruebas sobre la entrega de los productos. El organismo supervisor señala que la falta de evidencia física compromete la transparencia necesaria en el uso del presupuesto asignado a esta entidad.

La institución universitaria autorizó este presupuesto excepcional a pesar de que la festividad anual está plenamente institucionalizada desde el pasado año dos mil veintitrés. Los planes institucionales deben anticipar estos gastos fijos porque la celebración ocurre puntualmente cada veintiuno de diciembre según el calendario oficial de Cusco.

El uso innecesario del mecanismo de encargo interno demuestra debilidades estructurales en la planificación de las actividades programadas por las autoridades de turno. La normativa vigente prohíbe utilizar fondos de emergencia para eventos previsibles que permiten una licitación pública bajo los estándares legales de transparencia administrativa.

Acciones legales ante el escándalo por fondos en Cusco

El reporte oficial indica que la servidora responsable incumplió la Directiva de Tesorería número 001-2007-EF/77.15 al no justificar adecuadamente el dinero público. Esta norma exige documentos claros que permitan comprobar cada sol invertido para evitar el mal uso de los recursos del tesoro nacional peruano.

La Contraloría General recomendó al titular de la universidad cusqueña adoptar medidas inmediatas para corregir estos hechos detectados con claros indicios de irregularidad. El informe sugiere iniciar procesos para el deslinde de responsabilidades administrativas o penales contra los funcionarios implicados en esta deficiente gestión de fondos.

Los ciudadanos esperan que la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito transparente sus cuentas para recuperar la confianza de toda la comunidad. El control gubernamental continuará vigilando el patrimonio público para asegurar que cada moneda llegue realmente a los beneficiarios finales en las festividades regionales.

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La exministra de Educación y actual aspirante al Senado de la República, Patricia Correa Arangoitia, participó en una entrevista con la Red de Medios Regionales del Perú para detallar su plataforma legislativa bajo el sello del partido Ahora Nación. Durante el diálogo, la candidata enfatizó la urgencia de recuperar el sentido ético en la política y devolver el equilibrio de poderes a un Estado que, según su visión, ha sido capturado por intereses particulares en el actual Congreso. Correa sostiene que su decisión de postular responde a un momento histórico dramático donde los ciudadanos deben retomar la representación para garantizar un gobierno que realmente responda a las necesidades del Perú profundo, especialmente en zonas como Puno y Ayacucho.

Uno de los puntos centrales de su agenda es la transformación del sistema de educación superior. Correa criticó la creación masiva de lo que denominó universidades de papel, las cuales suelen ser utilizadas como herramientas políticas para obtener preventas electorales sin ofrecer calidad real. En su lugar, la candidata propone un modelo basado en la descentralización productiva, donde las universidades licenciadas funcionen mediante sucursales en los territorios para vincular la investigación con las cadenas productivas locales y la industrialización de recursos primarios. Bajo esta premisa, el objetivo es dejar de ser simples exportadores de materias primas para generar valor agregado desde las propias regiones.

Nueva fiscalización educativa y seguridad con estándares de calidad

Para materializar estos cambios, la candidata de Ahora Nación planteó la necesidad de una nueva Ley de Educación Superior que reemplace a la actual normativa, a la cual calificó como una ley vieja y debilitada por intereses mercantilistas. Su propuesta incluye la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Superior que sea verdaderamente autónoma, evitando que sus miembros sean juez y parte, como sucede actualmente tras los cambios que afectaron a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Esta visión integral no se limita a lo académico, pues busca potenciar la educación técnica, artística y deportiva, áreas que considera fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar emocional de los estudiantes.

En materia de seguridad ciudadana, Correa fue contundente al señalar que el miedo y la extorsión están afectando incluso a las escuelas públicas y privadas. Propuso la derogación de las leyes pro-crimen aprobadas por el parlamento vigente y una reforma profunda en la Policía Nacional del Perú. Esta reforma incluiría estándares de calidad más estrictos para el ingreso a las escuelas de oficiales y la implementación de una superintendencia que garantice la idoneidad de los efectivos. Finalmente, destacó que la prevención de la delincuencia pasa por cerrar brechas sociales, citando que el 86% de los jóvenes en centros juveniles no terminó su educación básica, lo que evidencia un sistema que expulsa talentos en lugar de integrarlos al desarrollo nacional.

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La carrera por el Senado en las elecciones de 2026 ha traído de vuelta a figuras que parecían haber agotado su ciclo en la primera línea. José Antonio Urquizo Maggia, actual regidor y exministro, busca representar nuevamente a Ayacucho bajo el símbolo de Somos Perú, partido liderado por Patricia Li. Pese a haber ocupado casi todos los peldaños del poder regional y nacional, Urquizo justifica su retorno apelando a una supuesta vocación de servicio latente, aunque sus críticos le consultan directamente si su verdadera intención es recuperar influencia política perdida tras una década fuera del Parlamento. El candidato intenta proyectar una imagen de interlocutor técnico, pero su discurso se ve interrumpido por el peso de cuestionamientos que aún generan suspicacia en el electorado del sur.

Uno de los momentos más tensos de su reciente intervención fue el descargo sobre sus vínculos con el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Urquizo minimizó las filtraciones telefónicas con el exjuez Walter Ríos, calificando el hecho como un simple «tema solidario» para ayudar a un litigante desposeído. A pesar de que asegura no tener una carpeta fiscal abierta, su explicación sobre la canalización de pedidos a través de secretarías judiciales deja un sabor amargo sobre las formas de hacer política en el país. Del mismo modo, su presencia en eventos oficiales junto al gobierno de Dina Boluarte y sus contratos con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) en 2024 fueron presentados por él como gestiones de articulación, negando cualquier tipo de lobby económico o cercanía irregular con el Ejecutivo.

Una propuesta marcada por la ambigüedad

El discurso de Urquizo entra en un terreno pantanoso al abordar la propia institución a la que postula. Aunque busca un escaño en el Senado, el candidato afirmó que su plan de gobierno presidencial contempla, paradójicamente, la posibilidad de cerrar el Senado debido al descrédito de la reforma bicameral impulsada por el actual Congreso. Esta postura genera una contradicción evidente: postular a un cargo cuya existencia cuestiona y tilda de trampa legal contra el referéndum de 2018. Urquizo intenta equilibrar esta ambivalencia criticando la reelección indefinida y el «golpe de Estado parlamentario» que, según él, ha permitido la repartija de ministerios y el copamiento de organismos como la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a la crisis social de diciembre de 2022, la postura de Urquizo resulta esquiva para los sectores que exigen justicia por los fallecidos en el aeropuerto de Ayacucho. Si bien hoy condena los hechos y pide que nada quede impune, se le cuestiona que el partido Somos Perú ha tenido una actuación cercana al oficialismo en el Congreso actual. El candidato se desmarca de la responsabilidad de su agrupación política alegando que él no puede asumir «el activo y el pasivo» del partido que lo invitó. Finalmente, su promesa de fiscalización y de impulsar un Fondo Nacional de Reparaciones choca con la realidad de un sistema donde los parlamentarios gozan de impunidad y protección, un vicio que él mismo reconoce pero que no garantiza poder cambiar desde una cámara que nace bajo sospecha.

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Durante este fin de semana, el cruce de la avenida Juan de la Torre con la calle Peral permanecerá cerrado de manera temporal debido a la ejecución de los trabajos finales de mejoramiento vial. La medida fue dispuesta por la Municipalidad Provincial de Arequipa y entrará en vigencia desde el mediodía del viernes 20 de marzo.

La restricción se mantendrá hasta las 23:00 horas del domingo 22 de marzo. Durante este periodo, se habilitará el carril de bajada de la avenida Juan de la Torre en doble sentido para permitir la circulación vehicular y reducir el impacto del cierre en la zona.

La Municipalidad en un comunicado indicó que los vehículos deberán utilizar rutas alternas para evitar la zona restringida. Entre ellas, la calle El Golf, la avenida Progreso y la vía Sáenz Peña – El Filtro, que permitirán retomar el tránsito hacia la calle Peral y otras zonas cercanas.

Se recomienda a los conductores tomar sus precauciones, ya que el cierre coincide con la salida de escolares y el desplazamiento habitual hacia distintos sectores del Cercado.

Cierre obligará cambios en rutas habituales en Arequipa

Como parte del plan de contingencia, se han establecido desvíos específicos para los conductores que transitan por este sector. Quienes se dirijan desde la avenida La Marina deberán continuar por Juan de la Torre, desviar por la calle El Golf y retomar su recorrido por Sáenz Peña, El Filtro y la calle Peral.

En tanto, los vehículos que se trasladan desde la avenida Arequipa hacia el Cercado podrán utilizar la avenida Progreso y continuar por Sáenz Peña y El Filtro. Estas rutas buscan evitar el congestionamiento en el punto intervenido, considerado uno de los de mayor carga vehicular en la ciudad.

Finalmente, se informó que el proyecto de mejoramiento vial contempla el cambio de carpeta asfáltica y la implementación de señalización, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en esta zona de Arequipa.

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Durante la participación de seis candidatos a la Cámara de Diputados por Arequipa en la cuarta edición del debate electoral, transmitido por tres medios locales, los postulantes coincidieron en un punto central: el rechazo al actual Congreso de la República.

Durante el bloque final del debate, varios señalaron que el Parlamento ha actuado en función de intereses particulares y alejándose de lo que necesita la ciudadanía. El candidato de Perú Primero indicó que se trata del “peor Congreso de la historia” y que ha generado una “inflación normativa de baja calidad”, al aprobar normas sin sustento técnico que comprometen el futuro del país.

En esa misma línea, el candidato de Somos Perú mencionó que existe una “repartija” en el Estado y que la corrupción continúa debilitando las instituciones. Por otra parte, el candidato de Cooperación Popular hizo mención a las denominadas “leyes pro crimen” y recordó que estas han modificado normas clave, como la ley de organización criminal, la ley antiforestal y disposiciones que limitan los allanamientos fiscales.

Finalmente, Mauricio Alosilla, candidato de Integridad Democrática, planteó como medida la “muerte civil” para funcionarios involucrados en corrupción.

Bryan Ponce Cerpa propone control total del gasto público en Arequipa

El candidato de Cooperación Popular centró su participación en la necesidad de mejorar la calidad del gasto público y reforzar la disciplina fiscal desde el Congreso. Señaló que no es necesario aumentar el presupuesto, sino optimizar su uso mediante mecanismos de control y evaluación permanente.

En ese sentido, planteó la implementación de una regla fiscal estricta, así como la aplicación obligatoria del presupuesto por resultados en todas las entidades públicas. También propuso evaluaciones técnicas anuales del gasto y la publicación de estos resultados como parte de una política de transparencia.

Guido Del Carpio Rodriguez plantea fortalecer a Contraloría

El candidato de Somos Perú enfocó sus propuestas en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los organismos de control. Señaló que este problema le cuesta al país miles de millones de soles al año, debido a la falta de supervisión efectiva en distintas entidades del Estado.

Como parte de sus planteamientos, propuso reforzar la Contraloría General de la República, dotándola de mayor independencia y recursos para ampliar su capacidad de fiscalización, especialmente en regiones donde la presencia de órganos de control es limitada.

Además, planteó la necesidad de descentralizar la toma de decisiones, particularmente en materia de inversión pública.

Miluska Delgado Ortega propone apoyo económico a sectores vulnerables y reformas en descentralización

La candidata destacó la necesidad de reorientar el gasto público hacia los sectores más vulnerables, cuestionando los privilegios que, según señaló, mantienen los congresistas.

Entre sus principales propuestas, planteó el incremento de las pensiones para jubilados y la creación de un bono de reconocimiento para amas de casa, a quienes consideró un pilar fundamental de la sociedad que no ha sido visibilizado por el Estado.

Además, propuso modificar la distribución del canon para que beneficie a toda la región y no solo a las zonas de extracción. 

Manuel Delgado Postigo plantea reformas políticas y modernización del Estado

El candidato reafirmó la necesidad de reformar el sistema político y mejorar la calidad de las leyes emitidas por el Congreso.

Propuso cambios estructurales como la figura de la “muerte cruzada”, que implicaría la disolución simultánea del Ejecutivo y el Legislativo en escenarios de crisis, así como la modificación de la vacancia presidencial para evitar su uso político.

En paralelo, planteó la modernización del Estado a través del uso de tecnologías que permitan reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en la gestión pública, así como la implementación de criterios meritocráticos en la contratación de funcionarios.

Mauricio Alosilla Chambi propone “muerte civil”

El candidato enfatizó la necesidad de aplicar sanciones más severas contra la corrupción, proponiendo la “muerte civil” para funcionarios y autoridades involucradas en estos delitos, con el fin de impedir su retorno a la función pública.

Asimismo, planteó la despolitización de los cargos directivos en ministerios y entidades del Estado, señalando que actualmente estos espacios son ocupados por personas vinculadas a partidos políticos y no necesariamente por profesionales calificados.

Debate en Arequipa: Candidatos responden cuestionamientos en careo directo

Luis Masco Cáceres propone revisar contratos y cuestiona la bicameralidad

Planteó la revisión de contratos vinculados a la explotación de recursos naturales, especialmente en los sectores minero y agroexportador, con el objetivo de incrementar la recaudación para el Estado.

Además, propuso modificar el esquema de regalías mineras para que las empresas aporten mayores recursos, así como revisar beneficios tributarios que, según indicó, generan pérdidas económicas significativas para el país.

Por otro lado, cuestionó la implementación de la bicameralidad, señalando que incrementa el número de representantes y el gasto público sin garantizar mejoras en la calidad legislativa. 

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Durante una entrevista en el canal de YouTube de la Agencia de Noticias Andina, el candidato presidencial Carlos Álvarez Loayza, del partido País para Todos, se refirió a la pena de muerte como una medida para enfrentar la delincuencia y señaló lo siguiente:

“Mientras no se aplique la pena de muerte, que es una propuesta mía, cadena perpetua a los delitos más graves: sicariato, extorsión, etc.”.

Sin embargo, aunque la propuesta ha sido mencionada por el candidato en diferentes momentos —con Rosa María Palacios, Exitosa, 24 Horas, en el podcast de Aaron Salomón—, no está incluida en el plan de gobierno de su partido, País para Todos, por lo que no cuenta con el respaldo formal necesario para su implementación. En ese sentido, la afirmación resulta imprecisa.

El plan de gobierno: un requisito obligatorio

El plan de gobierno es el documento que cada organización política presenta para participar en las Elecciones. En él se detallan objetivos, propuestas y acciones para un eventual periodo de gestión sobre la base de un diagnóstico del país.

De acuerdo con el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el plan de gobierno es un requisito obligatorio para inscribir candidaturas a la presidencia, vicepresidencias y al Congreso (Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino) ante el Jurado Electoral Especial (JEE) competente.

¿Para qué sirve?

Sobre la violencia letal y el crimen organizado, el plan de gobierno de País Para Todos tiene como objetivo “fortalecer la capacidad del Estado, especialmente del sistema de justicia, para identificar y desarticular organizaciones criminales nacionales y extranjeras mediante investigaciones complejas orientadas a estructuras, roles y redes, y una coordinación interinstitucional sostenida entre la Policía, el Ministerio Público y otras entidades competentes”. No hace referencia a la creación de nuevas sanciones penales, como la pena de muerte.

Para el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes Campos, que la propuesta de la pena de muerte no esté escrita en el plan de gobierno de País para Todos representa una contradicción y significaría que el partido no le está dando el peso necesario.

“El plan de gobierno, sin duda, refleja una intención. No una intención clara del partido, tampoco del presidente siquiera, pero refleja una intención política y las prioridades de un gobierno”, sostuvo. “Es sumamente importante un plan de gobierno porque nos marca un poco el norte de cuáles serán las principales políticas públicas”.

Por su parte, el economista Eduardo Recoba explica: “Los planes no son solamente la visión del país desde lo económico, social, cultural, sino que incluye el concepto de Estado-Nación, de decisión y liderazgo político. Además, la pena muerte no es aplicable en nuestro país por lo débil de nuestras instituciones, llámese Poder Judicial, Ministerio Público o la Policía Nacional”, indicó el especialista.

En esa línea, el abogado y analista político José Saldaña señala que el plan de gobierno es, en teoría, “es el instrumento de comunicación y de legitimidad del sistema electoral”. A través de éste, los partidos detallan las políticas públicas y reformas que se comprometen a ejecutar en caso de llegar al poder.

Sin embargo, Saldaña advierte que en la práctica peruana este rol ha perdido peso. El especialista señala que desde la década de 1990, los planes de gobierno han sido frecuentemente modificados, abandonados o reinterpretados por las autoridades una vez electas, lo que ha debilitado su credibilidad ante la ciudadanía.

En ese contexto, el especialista considera que plantear medidas que no figuran en el plan de gobierno —como la pena de muerte, en el caso del candidato Carlos Álvarez— evidencia una desconexión entre el discurso público y los compromisos formales de campaña. Además, subraya que este tipo de propuestas pueden responder más a estrategias de impacto político que a iniciativas viables.

Instaurar la pena de muerte implica la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos

José Saldaña detalló que reinstaurar la pena de muerte en el Perú no solo requeriría reformas legales profundas, sino también la salida del país de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana. Este proceso implicaría decisiones del Poder Ejecutivo y el Congreso, además de un alto costo político a nivel internacional.

En ese sentido, el experto concluye que propuestas de este tipo, cuando no están sustentadas en planes de gobierno ni en marcos legales viables, “no pasan de ser intentos populistas” que apelan al descontento ciudadano frente a la inseguridad, pero sin posibilidades reales de implementación.

En ningún apartado del plan de gobierno del partido de Carlos Álvarez, se hace referencia a los Derechos Humanos.

Respuesta del partido de Carlos Álvarez

PerúCheck solicitó los descargos de Carlos Álvarez a través de su partido político País para Todos. La respuesta fue que el candidato explicó su postura anteriormente en un programa de la periodista Rosa María Palacios.

En la entrevista, Álvarez contestó que la bandera de proponer la pena de muerte tiene más años, antes de inscribirse a País para Todos. Esto aplica también a otros políticos que, a lo largo de los años y pasadas elecciones, han propuesto la pena de muerte; es decir, no es una iniciativa exclusiva de Álvarez.

Conclusión

La pena de muerte no forma parte de la propuesta formal del candidato presidencial Carlos Álvarez. Si bien el candidato la ha planteado en distintos espacios, no figura en el plan de gobierno de su partido País para Todos, lo que podría limitar –de acuerdo con las fuentes consultadas– su viabilidad como política pública. Además, a lo largo de los años otros políticos han propuesto la misma iniciativa Por tal motivo, PerúCheck califica la afirmación de Carlos Álvarez como imprecisa.

La nota de verificación Es impreciso que la pena de muerte sea una propuesta del candidato Carlos Álvarez se publicó en plataforma PerúCheck en este enlace

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El 11 de marzo de este año la candidata a diputada por Lima participó en el programa ‘Debate extremo’, transmitido por Latina, en el que se abordó la problemática de los embarazos producto de violencia sexual. La candidata de Renovación Popular aseguró lo siguiente:

“Nadie las obliga [a continuar con el embarazo]. Ellas solitas hoy día son madres pujantes, aguerridas, que se sienten felices”.

Si bien no existe una ley que obligue literalmente a las menores a continuar con su embarazo, en el Perú el aborto está penalizado en casi todos los casos. Es decir, las menores tampoco tienen posibilidad de lo contrario a continuar con su embarazo.

Nota: siguiendo su metodología, PerúCheck no ofrece una posición a favor ni en contra del aborto. En este artículo, el medio se limita expresamente a verificar si es que las niñas son obligadas a continuar con un embarazo o no.

¿Las niñas deciden convertirse en madres?

Desde el año 2020 hasta la actualidad, el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea ha identificado 7,790 partos en menores de 14 años a nivel nacional. Al tratarse de niñas que no superan esa edad, la ley establece que estos casos corresponden a un crimen.

Así lo señala el artículo 173 del Código Penal que establece lo siguiente:

Código Penal | Fuente: LP Derecho

De acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), desde 2020 se han registrado 41,991 casos de violación sexual contra menores de 17 años en todo el país.

La legislación peruana no permite a las víctimas acceder al aborto incluso cuando la gestación es producto de una violación sexual o cuando se trata de una menor de edad. Este procedimiento está penalizado en casi todas sus formas, tal como lo establece el capítulo II –“Aborto”– del Código Penal, incluido dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

La normativa señala que el autoaborto, el aborto consentido y el aborto sin consentimiento son sancionados con penas privativas de la libertad. No obstante, en los casos en que la mujer haya sido víctima de violación sexual y haya presentado una denuncia, o cuando el feto tenga riesgo de nacer con una enfermedad grave acreditada mediante diagnóstico médico, la pena privativa de libertad no será mayor de tres meses.

PerúCheck se comunicó con Marcela Huaita, profesora de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien afirmó que «en Perú no existe una norma que diga explícitamente que una menor debe continaur con el embarazo, pero el marco legal limita su capacidad de decidir porque nuestro ordenamiento jurídico sólo contempla el aborto terapéutico y no por casos de violación».

«Desde un punto de vista legal, el Estado no formula una obligación directa de maternidad. Pero, desde un enfoque de derechos humanos, como no existe la previsión del aborto por violación sexual, muchos especialistas consideran que el efecto práctico es la imposición de la maternidad», señaló.

En la práctica, esto significa que, si una menor es víctima de abuso sexual y como consecuencia queda embarazada, no puede decidir sobre la continuidad de la gestación. 

Sin embargo, también existe el aborto terapéutico, que está despenalizado en el Perú desde 1924. Según el artículo 119 del Código Penal, este procedimiento sólo puede aplicarse cuando la vida de la gestante está en riesgo o cuando existe la posibilidad de que su salud sufra un daño grave y permanente.

La norma establece:

¿Quiénes pueden acceder al aborto terapéutico?

La Resolución Directoral N.° 200-2025-DG/INMP, que aprueba la actualización de la ‘Guía Técnica de Procedimiento de Aborto Terapéutico’, establece que los médicos deben informar a las pacientes —incluidas las menores— sobre los diagnósticos, los riesgos para su vida o su salud y los procedimientos terapéuticos disponibles.

Posteriormente, una junta médica evalúa la situación de la paciente y emite una decisión final. Sin embargo, en la práctica, hay víctimas que enfrentan diversas barreras para acceder al aborto.

El 1 de agosto de 2025, una menor de 13 años perdió la vida al dar a luz en su vivienda en Huánuco. No fue el único caso. En septiembre de 2023, TV Perú informó sobre el caso de otra niña de 13 años, en Junín, quien murió luego de que su parto presentara complicaciones. A ninguna de ellas se le practicó el aborto terapéutico.

¿Qué pasa con el aborto terapéutico?

Una investigación titulada “Aborto terapéutico en casos de violación en Perú: barreras de cuidado bajo el enfoque de derechos del paciente”, publicada en la Revista de Bioética y Derecho, identificó algunos de los principales obstáculos.

Entre las barreras fuera de los establecimientos de salud, el estudio señala que los funcionarios no siempre informan adecuadamente a las pacientes sobre sus derechos. Además, en algunos casos, los familiares se oponen al procedimiento o desconocen la posibilidad de acceder a él.

Por otro lado, dentro de los establecimientos de salud también se presentan obstáculos relacionados con conflictos de interés de los profesionales de la salud, la tendencia a judicializar decisiones médicas y la influencia de actores externos que buscan intervenir en la decisión, ya sea a favor o en contra del procedimiento.

Estas situaciones, si bien no “obligan” a las menores a continuar el embarazo, tampoco abren la puerta a lo contrario, por lo que no necesariamente la continuación se debe a una decisión personal.

¿Las niñas “se sienten felices” al continuar con un embarazo producto de una violación?

La candidata a diputada Roxana Rocha también mencionó que las niñas embarazadas “se sienten felices”. Sin embargo, diversas investigaciones han analizado el impacto que los embarazos tempranos tienen en la salud mental de las adolescentes. Un estudio publicado en la Revista de Psicología de la Universidad de Antioquia, titulado ‘Adolescentes gestantes: características sociodemográficas, depresión e ideación suicida’, evaluó las consecuencias psicológicas de esta situación.

Los resultados indican que 3 de cada 10 adolescentes embarazadas presentan algún nivel de depresión. Según el estudio, “la depresión es más común en las mujeres adolescentes embarazadas de lo que se piensa”.

Asimismo, la investigación identificó la presencia de ideas suicidas en 1 de cada 2 adolescentes embarazadas.

“Llama la atención el porcentaje de adolescentes embarazadas (56.6%) que presentó niveles considerables de ideación suicida. Al comparar estos resultados con trabajos anteriores, se encontró que la prevalencia de ideación suicida en el embarazo es más alta”, señala el estudio.

Los investigadores explican que variables como la desesperanza, el estrés y la falta de redes de apoyo pueden influir en la aparición de conductas suicidas.

PerúCheck intentó comunicarse con la candidata a través de su área de prensa, pero hasta el cierre de esta nota no tuvimos respuesta.

Conclusión

Aunque no existe una ley que obligue explícitamente a las niñas a ser madres, el aborto está penalizado en casi todas sus formas, incluso cuando la gestación es producto de una violación a una menor de edad. Por lo tanto, que nadie las obligue a continuar su embarazo, como dijo la candidata a diputada de Renovación Popular Roxana Rocha, es impreciso, pues no existen claras opciones para lo contrario.

La nota de verificación ¿Las niñas víctimas de abuso no son “obligadas” a ser madres en el Perú? se publicó en plataforma PerúCheck en este enlace

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Han pasado más de diez días desde el desborde del río Sankirhuato en Ayna San Francisco, Ayacucho, dejando cientos de familias afectadas y viviendas inhabitables. El desastre sorprendió a pobladores mientras dormían, arrasando casas, pertenencias y negocios, dejando a muchas personas sin nada y obligándolas a sobrevivir en condiciones precarias.

Mientras brigadas de rescate, salud y autoridades trabajan en la zona, el encauzamiento del río podría tomar varias semanas y la emergencia continúa activa. Las familias damnificadas siguen esperando apoyo para reconstruir sus vidas, enfrentando pérdidas totales, incertidumbre y la necesidad urgente de ayuda para recuperarse del desastre.

En Puno, la aparente amplia oferta electoral se reduce drásticamente al analizar la calidad de los candidatos, muchos con procesos judiciales, exclusiones y cuestionamientos. De los 204 postulantes iniciales, solo 151 fueron admitidos y tras revisar antecedentes, arraigo y omisiones, el número de opciones confiables se reduce significativamente.

Finalmente, apenas 59 candidatos cumplen criterios básicos de transparencia, sin procesos pendientes ni irregularidades, lo que evidencia una crisis de representación política en la región. Aunque las listas parecen numerosas, la falta de perfiles idóneos y la presencia de candidatos sin experiencia o vínculo regional limitan seriamente la decisión del electorado.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video PASÓ EN EL PERÚ: ¿A quién elegir en Puno? La oferta electoral que se cae al revisarla se publicó en YouTube en este enlace

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La máquina electoral ya está en marcha y no hay vuelta atrás. Así de contundente se mostró el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, durante su llegada a Arequipa. Anunció el inicio del despliegue progresivo del material electoral para las Elecciones Generales 2026. «No hay ninguna posibilidad de que el material electoral se cambie», manifestó el funcionario desde la Oficina Regional Descentralizada de la Ciudad Blanca.

La advertencia no es menor. Cualquier intento de modificar las cédulas de sufragio a estas alturas del proceso implicaría rehacer no solo las papeletas. También las actas, capacitar nuevamente a miembros de mesa, personeros y electores, y reorganizar los sistemas de cómputo. «Hay etapas que se cierran y no se vuelven a abrir», sentenció Corvetto, dejando claro que el calendario electoral avanza sin posibilidad de retrocesos.

Las cifras del despliegue electoral impresionan. A la fecha, la ONPE ya imprimió más de 5 millones de cédulas de sufragio, de las cuales 1 millón 200 mil están destinadas a peruanos en el exterior. El empaquetado de estas papeletas comenzó el jueves y serán entregadas este domingo. En total, se prevé la impresión de 27 millones 962 mil 783 cédulas para los comicios del 12 de abril.

El cronograma de distribución se realizará en tres fases. La primera comenzó el 22 de marzo con la entrega inicial a 2,500 mesas de sufragio para el voto en el extranjero. La segunda etapa será el 28 de marzo mediante envíos multimodales, vía terrestre y aérea, a las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. Finalmente, el despliegue principal en Lima y Callao iniciará el 10 de abril.

11 locales de votación cambiados en Arequipa

En materia de infraestructura electoral, la ONPE reportó la reubicación de algunos locales de votación debido a daños estructurales o procesos de reconstrucción. En Arequipa, se cambiaron 11 sedes, y los electores fueron notificados mediante correo electrónico sobre estas modificaciones.

Corvetto también se refirió al fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Sobre este caso, señaló que «la decisión sobre la fórmula presidencial del partido está en manos del jurado especial a cargo».

La ONPE reforzó los mecanismos para evitar irregularidades, como la inclusión de personas fallecidas en las listas de votación. Para ello, se realiza un cruce de información entre el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y el Reniec. Cada mesa contará con una relación actualizada de electores que fallecieron posterior al cierre del padrón electoral, ocurrido el 14 de octubre de 2025.

Keiko Fujimori desde Arequipa sobre Petroperú: «Haremos que sector privado integre la empresa»

Capacitación clave

Desde Arequipa, el jefe de la ONPE hizo un llamado a votantes, miembros de mesa y personeros a capacitarse con anticipación para asegurar un proceso ordenado. «La complejidad de la cédula no impedirá una jornada fluida si cada actor cumple correctamente su papel», señaló.

Para ello, la ONPE habilitó cursos y materiales en la plataforma ONPEduca, además de capacitaciones presenciales en oficinas descentralizadas y centros poblados donde funcionarán mesas de sufragio. Los miembros de mesa tendrán jornadas especiales de capacitación los domingos 29 de marzo y 5 de abril. Como parte de las medidas para agilizar la votación, se colocarán dos cabinas por mesa.

Corvetto recordó además que el viernes 20 de marzo vence el plazo para que organizaciones políticas y candidatos presenten su primer informe de aportes, ingresos y gastos de campaña, trámite que puede realizarse por la plataforma CLARIDAD o en las mesas de partes habilitadas por la ONPE.

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En Tingo María, cerca de treinta animales silvestres fueron rescatados tras ser hallados en cautiverio, abandono o desplazados hacia zonas urbanas por intensas lluvias. Las especies reciben atención en el Centro de Custodia Temporal de la ATFFS, donde permanecen bajo evaluación antes de ser trasladadas a espacios especializados de rescate.

Las intervenciones se realizan mediante operativos con autoridades y reportes ciudadanos, permitiendo ubicar animales en riesgo que ingresan a viviendas o permanecen en condiciones inadecuadas. Durante su permanencia, un equipo especializado monitorea su estado de salud y coordina su traslado a centros de rehabilitación, donde continuarán su proceso antes de regresar.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video Del cautiverio al rescate: 30 animales silvestres recuperados en Tingo María se publicó en YouTube en este enlace

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En Arequipa, la revisión de hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones revela que 36 candidatos a diputados no registran estudios superiores. Esta cifra representa cerca del veinte por ciento del total de postulantes, evidenciando diferencias en niveles de formación académica entre quienes buscan representar a la región.

Algunos partidos concentran mayor número de candidatos sin formación técnica o universitaria, mientras otros presentan postulantes con estudios completos e incluso posgrados registrados oficialmente. Aunque la mayoría declara algún tipo de educación superior, los datos muestran que la formación especializada sigue siendo minoritaria entre aspirantes al Congreso por Arequipa.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video Uno de cada cinco candidatos al Congreso por Arequipa no tiene estudios superiores se publicó en YouTube en este enlace

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En una sesión de consejo extraordinaria, el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, exhortó a los concesionarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT) a mantener el precio del pasaje en S/ 1. Esta solicitud surge ante la presión del gremio por elevar la tarifa debido al incremento del 58% en el costo del combustible en los últimos años. La autoridad edil enfatizó que cualquier modificación debe esperar los resultados del proceso de trato directo que evalúa el equilibrio financiero de los contratos vigentes.

La gerencia de Transporte Urbano y Movilidad Sostenible aclaró que el concejo municipal carece de facultades directas para decidir un aumento tarifario. No obstante, el municipio contrató un estudio jurídico especializado para realizar un análisis técnico-económico de la situación. Los resultados de este informe externo se entregarán el próximo lunes, permitiendo a la gerencia elaborar el sustento técnico final para la toma de decisiones oficiales.

Los tranportistas estuvieron presentes realizando un plantón frente a la sede municipal durante la sesión. El gremio advirtió que no sacarán sus unidades a trabajar hasta que las autoridades definan formalmente el alza del pasaje.

Ante esta amenaza de paralización, el alcalde Rivera insistió en que no existe ninguna autorización para realizar cobros adicionales y pidió respetar los plazos técnicos establecidos en el marco legal.

Transportistas denunciarían al Gobierno y PNP por “omisión de funciones ante el crimen”

Características del análisis técnico

El informe especializado evaluará si actualmente corresponde el ajuste del pasaje, basándose en el impacto real de los costos operativos. Este análisis técnico no solo determinaría el valor de la tarifa, sino que también propondrá medidas adicionales para optimizar la calidad del servicio de transporte en la ciudad.

Gastos actuales no generarían ganancias para los transportistas

Desde hace varios años, las ganancias netas del los consorcios de transporte fueron a la baja. Patricia Velasquez, representante del frente de transportistas, indicó que incluso antes de los acontecimientos ocurridos a lo largo de este año, los ingresos que se percibían eran cada vez menos sostenibles.

Según indicó, desde hace más de diez años el consumo de combustible fue encareciendo hasta observar un gasto de hasta 300 soles diarios por unidad. Esto para completar jornadas de 5 a 6 vueltas en la ruta de cada unidad, en la cual transportarían un aproximado de 600 personas.

Sumándose los gastos de mantenimiento, letra del vehículo y viáticos, el gasto diario se elevaría a un aproximado de 500 soles, teniendo a los consorcios a un estado de pérdida.

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Por Jon Gambrell, Sam Mednick y David Rising Associated Press

Irán amenazó con atacar sitios recreativos y turísticos en todo el mundo e insistió en que sigue construyendo misiles. La muestra de desafío del viernes se produjo a casi tres semanas del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel en los que han muerto varios de los principales líderes de Teherán, y sus industrias de armas y energía han resultado afectadas.

Irán disparó contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados árabes del Golfo mientras muchos habitantes de la región conmemoraban uno de los días más sagrados del calendario musulmán. Los iraníes también celebraban el Año Nuevo persa, conocido como Nowruz, una festividad normalmente alegre que este año es más sobria.

Con la poca información que sale de Irán, no se sabe cuántos daños han sufrido sus instalaciones armamentísticas, nucleares o energéticas desde que comenzó la guerra el 28 de febrero o incluso quién estaba realmente al mando del país. Pero Teherán ha mostrado que todavía es capaz de realizar ataques que estrangulan los suministros de petróleo y afectan a la economía global, y elevan los precios de los alimentos y el combustible mucho más allá de Oriente Medio.

Estados Unidos e Israel han ofrecido justificaciones cambiantes para la guerra, desde la esperanza de fomentar un levantamiento que derroque al gobierno de Irán hasta eliminar sus programas nucleares y de misiles. No ha habido señales públicas de ningún levantamiento de ese tipo, y no está claro qué capacidades mantiene la República Islámica o cómo podría terminar la guerra.

Irán se mantiene desafiante tras semanas de ataques

El principal portavoz militar de Irán advirtió el viernes que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo no estarán seguros para los enemigos de Teherán.

El general Abolfazl Shekarchi hizo la amenaza mientras Irán continúa siendo golpeado por ataques aéreos estadounidenses e israelíes. Esto renovó las preocupaciones de que la República Islámica pueda volver a utilizar ataques de combatientes más allá de Oriente Medio como táctica de presión en la guerra.

Los gobiernos de Estados Unidos e Israel han dicho que el ejército de Irán ha sido diezmado tras semanas de ataques. Las ofensivas aéreas también provocaron la muerte de su líder supremo, del jefe de su Consejo Supremo de Seguridad Nacional y de otros líderes militares y políticos de alto rango.

El ejército israelí dijo el viernes que Esmail Ahmadi, director de inteligencia del Basij, una fuerza interna de seguridad, había sido abatido por un ataque a princiios de la semana contra otros líderes de ese organismo.

«Estamos produciendo misiles incluso en condiciones de guerra»

El jueves, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que la Marina de Irán fue hundida y que su fuerza aérea está en ruinas, al tiempo que añadió que su capacidad para producir misiles balísticos había sido eliminada. El grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán cuestionó la afirmación sobre los misiles el viernes.

“Estamos produciendo misiles incluso en condiciones de guerra, lo cual es asombroso, y no hay ningún problema particular para acumular existencias”, dijo el portavoz, el general Ali Mohammad Naeini, según el periódico estatal iraní IRAN.

Naeini añadió que Irán no tenía intención de buscar un final rápido para la guerra. “Estas personas esperan que la guerra continúe hasta que el enemigo esté completamente exhausto”, afirmó.

Poco después de que se difundiera la declaración, la televisión estatal iraní dijo que Naeini murió en un ataque aéreo.

El nuevo líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, también emitió una declaración poco habitual, afirmando que a los enemigos de Irán hay que quitarles su “seguridad”.

Jamenei no ha sido visto desde que sucedió a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, quien murió en un ataque aéreo israelí el primer día de la guerra.

Atacan refinería en Kuwait y se producen explosiones en Dubái

Irán intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas en Estados árabes del Golfo después que Israel bombardeara el enorme yacimiento de gas natural marino de Pars Sur de Irán a principios de esta semana.

Dos oleadas de drones iraníes atacaron una refinería de petróleo kuwaití a primera hora del viernes, provocando un incendio. La refinería de Mina Al-Ahmadi, que puede procesar unos 730.000 barriles de petróleo al día, es una de las más grandes de Oriente Medio. Ya había resultado dañada el jueves en otro ataque iraní.

Bahrein informó que se desató un incendio cuando la metralla de un proyectil interceptado cayera sobre un almacén, y Arabia Saudí reportó haber derribado varios drones que tenían como objetivo su Provincia Oriental, rica en petróleo.

Fuertes explosiones sacudieron Dubái cuando las defensas antiaéreas interceptaban fuego entrante sobre la ciudad, donde la gente observaba el Eid al-Fitr, el final del mes sagrado musulmán de ayuno del Ramadán.

Irán celebraba el Nowruz o Año Nuevo persa cuando Israel lanzaba nuevos ataques

En Irán, mientras tanto, muchos celebraban el Nowruz aun cuando Israel afirmó haber lanzado nuevos ataques, y se escucharon explosiones sobre Teherán. El Año Nuevo persa, que coincide con el equinoccio de primavera. Es una tradición que se observa en todo el suroeste de Asia y se remonta a miles de años.

También se pudieron escuchar fuertes explosiones en Jerusalén luego que el ejército israelí advirtiera de la llegada de misiles iraníes. Los servicios de emergencia dijeron que atendieron a dos personas de alrededor de 70 años que resultaron levemente heridas.

Además de atacar de forma constante a Irán, Israel ha golpeado regularmente Líbano. Con ataques dirigidos contra combatientes de Hezbollah respaldados por Irán que han disparado cohetes y drones contra Israel.

El viernes, Tel Aviv amplió sus ataques a Siria, afirmando que impactó infraestructura del país en respuesta a lo que describió como ataques contra la población drusa minoritaria. Hasta el momento, la agencia estatal siria SANA no ha reconocido el ataque.

Más de 1.300 personas han muerto en Irán durante la guerra. Los ataques israelíes en Líbano han desplazado a más de 1 millón de personas. Esto, según el gobierno libanés, que afirma que más de 1.000 personas han muerto. Israel dice que ha abatido a más de 500 combatientes de Hezbollah.

En Israel, 15 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Otras cuatro personas murieron en la Cisjordania ocupada por un ataque con misiles iraní.

Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han muerto.

La guerra aumenta los riesgos para la economía mundial

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética en el Golfo. Combinados con su férreo control del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. La vía fluvial estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial y otros bienes críticos. Ha provocado una creciente preocupación por una crisis energética global.

El crudo Brent, el referente internacional, se ha disparado durante los combates. Se situaba en torno a 107 dólares en las operaciones matutinas del viernes. Con un alza de más del 47% desde el inicio de la guerra.

El aumento de los precios del combustible llega en un momento en que muchos líderes mundiales ya enfrentaban problemas para bajar los altos precios de los alimentos y muchos bienes de consumo. Asia está siendo golpeada con fuerza. La mayor parte del petróleo y el gas que salen del estrecho de Ormuz se transportan hacia la región.

Pero los shocks de precios repercuten en toda la economía mundial. Materias primas clave, como el helio utilizado en la fabricación de chips de computadora. Así como el azufre, una materia prima en fertilizantes, han sido obstaculizadas y podrían escasear pronto. Esto, elevará los precios de los bienes a lo largo de toda la cadena de suministro.

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El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez cuestionó duramente el proceso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que lo dejó fuera del cargo en el Ministerio Público, después de 20 años de trabajo y anunció que planteará la nulidad de la resolución.

Pérez Gómez dijo a Exitosa este jueves por la noche que la noticia dada en horas de la mañana lo tomó por sorpresa, pues “desconocía que la JNJ había elaborado un informe de evaluación que concluía con su no ratificación”.

Refirió que nunca fue notificado en ninguna de las direcciones registradas, ni por correo electrónico ni en su domicilio. Y que lo más grave del documento es que “contiene información falsa”.

El fiscal insistió en que “todo ciudadano tiene derecho a conocer los aspectos sobre los cuales está siendo evaluado y, en caso de observaciones, presentar los descargos correspondientes”.

Es una represalia de Tomás Gálvez

Es por esta situación que Pérez interpondrá un recurso de nulidad para defender sus derechos y «su buen nombre».

El fiscal vinculó esta decisión de la JNJ con lo que considera “una represalia iniciada desde la gestión de Tomás Gálvez en la Fiscalía de la Nación”.

Al respecto recordó que tras la desactivación del Equipo Especial Lava Jato lo suspendieron preventivamente y ahora se le deja sin trabajo después de más de veinte años de servicio.

«No pueden atribuirme un hecho que ha sido archivado por el Poder Judicial. [Voy a plantear] nulidad. (…) Toda esta represalia viene desde que Tomás Gálvez asume la conducción de la Fiscalía de la Nación, desactiva el Equipo Especial [Lava Jato]. A la semana me suspenden preventivamente el cargo y el día de hoy me están dejando sin mi trabajo de más de veinte años», concluyó.

¿Qué información falsa contiene el informe de la JNJ?

José Domingo Pérez dijo que uno de los puntos más críticos del informe de la JNJ es la referencia a un presunto proceso por enriquecimiento ilícito. Ese expediente se archivó en octubre del 2025 por lo que acusó a la Junta de difamación. Esto, al usar dicha acusación como argumento para no ratificarlo en el Ministerio Público.

«Yo creo que lo que es más grosero y que puede incurrir en algún tipo de responsabilidad penal y de infracción a la Constitución, es afirmar en ese informe que yo soy un procesado por el delito de enriquecimiento ilícito. Dicho expediente se encuentra totalmente archivado desde octubre del año pasado», denunció.

El fiscal cuestionó que algunos miembros habrían actuado bajo consigna como parte de todo este copamiento institucional. Pero expresó su sorpresa por el voto del magistrado Francisco Távara. «Me causa sorpresa de que hayan inducido al doctor Francisco Távara a que vote sobre este informe”, declaró.

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