El sector de Boca San Gabán, ubicado en Carabaya, vive días de angustia tras el ingreso de supuestos mineros que han desalojado con violencia a más de veinte familias de sus tierras ancestrales, los cuales ven en riesgo su vida y su patrimonio, según Ever Alejandro Quispe Calsina.
El pasado diez de julio se llevó a cabo un operativo en el que participaron más de ciento diez policías y el fiscal Gonzalo Cuba Chávez, además de maquinaria pesada que buscaba instalarse en el área para extraer minerales, lo que generó temor entre los pobladores.
El supuesto concesionario Lino Andrés Cáceres Cancapa domina una vasta extensión de la selva, donde los poseedores solo cuentan con certificados de posesión de pequeñas parcelas y luchan por evitar la pérdida total de sus tierras, relata Ever Alejandro Quispe Calsina, vicepresidente de la zona.
La presencia de individuos encapuchados y armados, que obstruyen el acceso a la carretera y a los campos de trabajo, mantiene en permanente alerta a los agricultores, quienes cada día ven dificultado su sustento y su tranquilidad, resaltó Quispe Calsina.
La invasión ha marcado un precedente negativo, pues incluso niños han sido afectados por los actos violentos y por la utilización de explosivos en la vía pública, ocurrida frente a las propias autoridades que participaron en el desalojo.
El señor Cáceres Cancapa, junto con su hijo William Cáceres Tito y el abogado Beltrán Hancco, ha empleado métodos intimidatorios, agrediendo a mujeres y amenazando legalmente a quienes se atreven a expresar alguna inconformidad por la situación, señaló el afectado.
Ever Alejandro Quispe Calsina sostiene que el concesionario solo debería tener derechos sobre el subsuelo, mientras que el terreno superficial pertenece a los antiguos poseedores del sector, lo cual exige respuestas claras de la Dirección Regional de Energía y Minas.
Además, no se realizó ninguna consulta a la población local ni se gestionó consulta previa o popular, lo que convierte la actividad minera en completamente ilegal, según el entrevistado, quien denuncia la negativa de Cáceres Cancapa a dialogar y a encontrar soluciones pacíficas.
Entre los afectados prevalece la indignación, pues la restricción de acceso y el control de carreteras por grupos invasores impide el desplazamiento libre y la continuidad de labores agrícolas, colocando en una situación crítica a los pobladores.
Las familias desplazadas siguen tramitando documentos para reivindicar sus derechos sobre las tierras ancestrales, pero solo reciben certificaciones de posesión que limitan la extensión adjudicada, en contraste con las grandes hectáreas del concesionario.
El vicepresidente del sector pide justicia para los pobladores, quienes continúan siendo desalojados de sus hogares y requieren el respaldo inmediato de la Defensoría del Pueblo, los derechos humanos y la prensa nacional para frenar el avance minero.
La ausencia de paz y la inseguridad se han apoderado de Boca San Gabán, mientras los residentes claman por protección y apoyo ante la amenaza de perder lo poco que les queda, frente a grupos armados y a decisiones judiciales que desconocen sus derechos.
La Dirección Regional de Energía y Minas es llamada a esclarecer por qué se permite la intervención de concesionarios que emplean la violencia para despojar de tierras a los campesinos, a quienes solo les corresponde el usufructo directo de la superficie.
Las autoridades locales y nacionales tienen la tarea urgente de restablecer la tranquilidad y de investigar a profundidad la legalidad de los títulos y permisos mineros adjudicados en este sector selvático, donde la minería ilegal ha sembrado el terror y la miseria.
Por último, Ever Alejandro Quispe Calsina exige el fin de los desalojos y solicita la intervención de entes gubernamentales para devolver la seguridad y derechos a los habitantes de Boca San Gabán, quienes esperan respuestas y acciones concretas.
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