El Gobierno ordenó este viernes frente a la crisis en el suministro de gas natural, pasar a la modalidad de teletrabajo en el sector público y que se promueva en el sector privado en Lima y Callao. Y, la virtualidad para colegios, institutos y universidades a fin de reducir el consumo energético mientras se restablece el suministro de gas natural.

Entre las nuevas medidas para enfrentar la restricción del gas que afecta al país y con mayor énfasis en Lima Metropolitana y el Callao está la implementación del teletrabajo en el sector público y la promoción de esta modalidad en el sector privado, según lo informó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

Luego de la reunión del consejo de ministros, la premier refirió que “el Ejecutivo permanece en sesión permanente para atender la contingencia energética y garantizar el abastecimiento a los sectores más sensibles”. Las medidas buscan asegurar la continuidad de los servicios esenciales y proteger a millones de usuarios que dependen del gas natural en su vida cotidiana, dijo.

Medidas serán mientras dure el racionamiento

Miralles Miralles, explicó que las medidas adoptadas se mantendrán mientras dure la emergencia energética. Lo que se busca es “reducir la demanda de transporte y de combustible, en un contexto en el que el suministro de gas natural se encuentra restringido”.

Asimismo, exhortó a las empresas privadas a que implementen esta modalidad laboral. “También se promoverá el adelanto de vacaciones en aquellas industrias que resulten más afectadas por la menor disponibilidad del recurso energético”.

Para el sector educativo, se dispuso que las clases pasen a la modalidad remota durante una semana y en todos los niveles educativos del país. “La disposición alcanza a colegios, institutos y universidades, tanto públicas como privadas”. El fin es disminuir los desplazamientos diarios y aliviar la presión sobre el sistema de transporte y el consumo energético.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió ayer su sentencia en el caso Celia Ramos Durand vs. Perú, en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por las graves violaciones de derechos humanos que derivaron en la muerte de Celia Ramos, una de las víctimas de las esterilizaciones forzadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) implementado por el régimen de Alberto Fujimori.  

Celia Ramos, una mujer de Piura, fue sometida a una esterilización forzada en julio de 1997. Sufrió un paro cardiorrespiratorio por la medicina suministrada durante la operación, lo que provocó un coma, y falleció 19 días después, sin recibir la atención médica adecuada.

Como consecuencia de estos hechos, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, acceso a la información, a la familia, igualdad ante la ley, no discriminación y a la salud de Celia. Además, los derechos a la niñez de sus hijas y los derechos a la integridad personal, garantías y protección judicial para su familia.

Hijas de Celia Ramos logran la sentencia después de muchos años de lucha

Marisela y Marcia Monzón Ramos, hijas de Celia, señalaron que la sentencia es el resultado de muchos años de lucha por la verdad y la justicia. Recordaron que el proceso fue impulsado inicialmente por su familia, y sostenido durante décadas con el acompañamiento de organizaciones que caminaron junto a ellas en la búsqueda de justicia.

Para la familia, es un hito importante y un reconocimiento a miles de mujeres afectadas por esta política. No obstante, subrayaron que nada puede reparar plenamente el daño causado. Este momento, agregaron, reafirma su compromiso con la verdad sobre lo ocurrido.

“Esta sentencia histórica de la Corte Interamericana reconoce que las esterilizaciones forzadas sucedieron en Perú como una verdad innegable. Que son graves violaciones a los derechos humanos imprescriptibles. El Estado peruano deberá juzgar a los autores directos y mediatos, como los exministros de salud, y cumplir con la sentencia de amparo que ordena una política de reparaciones integrales que deberá reactivarse e incorporar a todas las demás víctimas que aún no han sido reconocidas”, aseguró Maria Ysabel Cedano García, abogada de DEMUS y colitigante del caso.

Estas esterilizaciones fueron una forma de violencia reproductiva

Este fallo constituye un precedente histórico al ser la primera condena internacional sobre esterilizaciones forzadas en Perú emitida por la Corte IDH. El tribunal reconoce que estas esterilizaciones forzadas fueron graves violaciones de derechos humanos y una forma de violencia reproductiva.

También estableció, a partir de un enfoque interseccional, que el PNSRPF fue una política de Estado que afectó de forma discriminatoria y masiva a mujeres indígenas, campesinas, rurales en situación de vulnerabilidad y que usó las esterilizaciones forzadas como herramienta para limitar su capacidad de decidir sobre su cuerpo.

“Después de décadas de impunidad, la Corte Interamericana reconoció la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos de Celia y estableció estándares clave para garantizar verdad, justicia y reparación a miles de mujeres afectadas. Este fallo marca un punto de inflexión para la justicia en Perú y en la región”, manifestó Gisela de León, Directora Jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Estado debe tomar en cuenta el consentimiento previo y el acceso a la salud antes del procedimiento

La Corte determinó que, en los procedimientos de esterilización quirúrgica femenina, el consentimiento debe ser previo, libre, pleno e informado. Esto significa que las mujeres deben poder decidir en libertad y sin presiones sobre su cuerpo y su salud reproductiva y con la información necesaria.

Además, el Estado debe tomar en cuenta factores que pueden afectar esa decisión, como la discriminación en el acceso a la salud, las relaciones de poder frente al personal médico y los estereotipos de género en el sistema de salud.

“La esterilización forzada es una de las más graves violaciones a derechos humanos que puede cometer un Estado, porque ocurre dentro del cuerpo de una mujer, sin su permiso, arrebatándole el derecho a decidir sobre su vida. La Corte IDH lo ha reconocido con el caso de Celia: el consentimiento es la base de cualquier intervención médica y la piedra angular de la autonomía reproductiva”, aseguró Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos.

«Leyes de amnistías y prescripción no pueden utilizarse para dejar los hechos en impunidad»

En su decisión, la Corte ordenó al Estado peruano investigar los hechos con perspectiva de género, sancionar a todos los responsables. Y adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Además, precisó que las leyes de amnistías y prescripción no pueden utilizarse para dejar los hechos en impunidad.

Entre las medidas de no repetición, la Corte ordenó implementar una política pública nacional integral sobre salud sexual y reproductiva; y establecer leyes, protocolos y guías que aseguren el consentimiento informado de las mujeres en la atención médica vinculada a estos servicios.

Finalmente, pidió que se inscriban en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) a todas las personas que murieron como consecuencia de las esterilizaciones forzadas. Y que se cree una política pública de reparaciones para las mujeres víctimas de esterilización forzadas, conforme a lo dispuesto por la Corte Superior de Lima.

La Corte reiteró que el Estado debe garantizar que DEMUS, como organización representante de las víctimas, pueda seguir ejerciendo su labor de representación legal ante la Corte IDH. Esto, sin sufrir represalias ni intimidaciones, incluyendo aquellas asociadas a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Desde Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos reafirmamos  la centralidad de la memoria, la justicia y la reparación en el Estado de derecho, en un contexto regional marcado por retrocesos antidemocráticos. El cumplimiento de esta sentencia será determinante para desmontar las estructuras de desigualdad que permitieron estas prácticas y para garantizar que nunca más se repitan.

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El domingo 1 de marzo fue un día frenético para las Cancillerías de Francia, Alemania y el Reino Unido. Mientras los Estados Unidos e Israel realizaban la operación Furia Épica contra Irán, que se saldó con la muerte de su líder supremo Ali Khamenei, Francia, Alemania y el Reino Unido calculaban el desastre que tanto temían: una guerra a flanco abierto en el Medio Oriente. Desde los ataques entre Israel e Irán en junio de 2025, en la ‘Guerra de los Doce Días’, Europa ya advertía los escenarios que se viven hoy.

Conforme fueron pasando las horas del domingo pasado, la prensa internacional habló de la ilegalidad de la intervención, según el marco del Derecho Internacional. La operación militar no había sido autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ni tampoco tenía la validez del Congreso de los Estados Unidos. En medio de la ola de misiles en el Medio Oriente, la Comisión de la Unión Europea (UE), uno de los principales órganos de gobierno del bloque comunitario, sacó un pronunciamiento que condenaba las respuestas de Irán, pero no mencionaba las acciones de Estados Unidos e Israel que ya ha sido calificada de ilegales por los expertos. Se esperaba una acción conjunta de los veintisiete miembros. Sin embargo, las principales potencias del grupo empezaron a actuar en función de sus intereses y además por presiones de Washington.

Aunque el Reino Unido ya no es parte de la UE, su participación con el bloque es fundamental. En medio del polvorín, los británicos se sumaron a Alemania y Francia para sellar comunicado conjunto de intervención defensiva por sus aliados en la zona. «Vamos a adoptar medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente activando las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir en origen la capacidad de Irán para disparar misiles y drones», indicaron los tres países.

Tres potencias mundiales, de las cuales dos, Francia y el Reino Unido, poseen armas atómicas, se repartían roles en el teatro bélico liderado por Estados Unidos e Israel. La noticia tuvo el efecto de una bomba entre la población europea.

Fuego en Europa

Ya con el comunicado firmado, Irán comenzó a responder con fuego contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait, Irak, Omán y ahora Turquía. Más de 460 misiles fueron en las primeras 48 horas hacia bases estadounidenses, ciudades de Israel e infraestructura civil de sus vecinos. Cuando un misil iraní cruzó los 1.500 kilómetros que separan a Irán de Chipre, para atacar la instalación militar británica Akrotiri en suelo chipriota, el miedo se extendió entre la población europea.

Si la tensión del sábado 28 se percibía a murmullos, el lunes 2 de marzo se materializó en miedo puro. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, tuvieron que dar en mensajes a sus naciones para explicar que la intervención tiene carácter defensivo. El Canciller alemán, Friedrich Merz, que estaba preparando una visita a Washington, indicó que se había sumado a las acciones de sus vecinos autorizando el uso de la base estadounidense en la ciudad germana de Ramstein. Se esperaba una acción conjunta de los veintisiete miembros poniendo sobre la mesa el tema del Derecho Internacional. Pero no hubo respuesta.

Francia alegó tratados de cooperación de defensa con Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Y Reino Unido, tocado en una de sus bases, explicó que sus medidas eran preventivas. Según sus declaraciones, Francia movilizó hacia el Medio Oriente su portaaviones estrella Charles de Gaulle, aviones de caza Rafale, aeronaves de alerta E-2C Hawkeye y fragatas de defensa. Reino Unido se reforzó con helicópteros antidrones y el destructor HMS Dragon. Grecia también se sumó con material bélico y barcos.

El factor español

Pero, hasta aquí, ¿cuál era el orden legal, fijado por el Derecho Internacional, que permitía estos movimientos?, ¿cuál era la disposición del Consejo de Seguridad de la ONU? Mientras Donald Trump veía que las piezas del puzzle militar europeo se movían a favor de la Operación Furia Épica, le comunicaron que España había decidido no autorizar la utilización de las instalaciones navales de Rota, en Cádiz, y Morón, en Sevilla. EEUU tenía allí aviones de apoyo logístico.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, había solicitado al Pentágono la resolución de la ONU para movilizar esos aviones. Washington no la tenía y se desató la cólera de Donald Trump. Las aeronaves fueron trasladadas a Alemania, a la base en Ramstein. Estas son piezas claves para proveer combustible a los aviones de combate que actúan en los cielos del Golfo Pérsico. Luego vino la respuesta del presidente español, Pedro Sánchez: fue un sonoro ‘‘No a la Guerra’’.

Si se observa con detenimiento, la operación Furia Épica está utilizando algunas instalaciones europeas de la OTAN, el acuerdo de defensa militar colectivo creado en 1949 y que reúne a 33 ejércitos nacionales. La UE tiene 26 países dentro de esa Alianza. Estas sirven como puntos de defensa, entrenamiento e intercambio de información. Según datos de la Alianza, EEUU tiene una parte de su material bélico e incluso cien bombas nucleares tácticas B61 repartidas en Alemania, Bélgica, Italia y Países Bajos.

La autoexclusión española, con la prohibición de bases de Rota y Morón, lleva a movilizar las bases de Lajes, Portugal, la de Ramstein, en Alemania. Y la de Fairford, en el Reino Unido. Además del material francés y griego como medida preventiva y de defensa a los aliados.

El cálculo de este adhesión de las potencias pasa por tres puntos. Primero, estabilizar el Medio Oriente. El segundo, mantener viva la Alianza de la OTAN. Estados Unidos la desprecia cada vez más porque los europeos dejaron de invertir en armas. Y EEUU tiene que ocuparse de la seguridad de todos. Y el tercero, un seguro de vida a largo plazo: obtener el apoyo de EEUU si Rusia decide atacar a Europa en un futuro conflicto. Hoy la coordinación integral dentro de la UE se ha perdido. El Derecho Internacional parece dejado de lado.

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Con el objetivo de perfeccionar los sistemas de alerta temprana y brindar datos más precisos sobre el comportamiento del clima, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha intensificado el uso del radiosondeo atmosférico en la región de Arequipa. Esta técnica de vanguardia permite a los especialistas «tomar el pulso» a la atmósfera en tiempo real, yendo más allá de las tradicionales estaciones meteorológicas de superficie.

La implementación de este sistema representa un avance significativo para una zona geográficamente compleja como Arequipa, donde la convergencia de la cordillera de los Andes y la influencia del Océano Pacífico generan condiciones climáticas muy variables y, en ocasiones, extremas.

¿Cómo funciona esta tecnología en Arequipa?

El proceso es meticuloso y de alta precisión. Diariamente, los especialistas liberan un globo meteorológico que ascenderá hasta romperse en las capas altas de la atmósfera. Durante su viaje, este dispositivo no es un simple globo; es una estación espacial en miniatura.

• Equipo especializado: El globo lleva acoplada una sonda (radiosonda) que actúa como un laboratorio volador.
• Trayectoria y datos: Durante su ascenso, que puede alcanzar entre 25 y 30 kilómetros de altura, la sonda mide parámetros como temperatura, humedad, presión atmosférica y velocidad del viento en las distintas capas de la columna de aire.
• Transmisión en vivo: Toda esta información es enviada de inmediato a las estaciones receptoras en tierra, ofreciendo una radiografía instantánea de la atmósfera.

Arequipa: trágico accidente en Cocachacra causa muerte de 4 pasajeros

La importancia de mirar hacia arriba

José Luis Ticona Jara, especialista de la Dirección Zonal 6 del Senamhi en Arequipa, explicó que esta tecnología es una pieza clave para entender la dinámica climática local. «Su importancia radica en evaluar la estabilidad atmosférica, lo cual es crucial para anticipar tormentas eléctricas, lluvias intensas y granizo», señaló el experto.

Mientras que una estación meteorológica convencional solo registra lo que ocurre a nivel del suelo, el radiosondeo revela lo que sucede en toda la extensión vertical de la atmósfera. Esta visión integral es fundamental no solo para la elaboración del pronóstico diario, sino también para:

1. Emitir avisos oportunos: Anticipar fenómenos peligrosos con mayor margen de reacción para la población.
2. Investigar el clima: Generar datos para estudios climáticos de largo plazo en la región sur del país.
3. Validar modelos numéricos: Mejorar la precisión de los software que predicen el tiempo al contrastarlos con datos reales de la atmósfera.

Con este tipo de acciones, el Senamhi consolida su labor de proveer información confiable, contribuyendo directamente a la seguridad de las personas y a una mejor gestión del riesgo ante fenómenos meteorológicos en el Perú.

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A cinco semanas de las elecciones del 12 de abril, los candidatos vienen intensificando su presencia en distintos medios, especialmente en redes sociales. En esta y las próximas entregas de la columna procuraré observar elementos relevantes de la campaña digital que varios despliegan en TikTok, una plataforma que en Perú se convirtió en una de las vías más usadas para informarse, de acuerdo con el Digital News Report del Reuters Institute. Revisar ese contenido permite detectar patrones que muchas veces pasan desapercibidos en el consumo rápido de redes y entender qué tipo de estrategia intentan instalar ante el electorado.

En esta ocasión, el seleccionado es César Acuña, un viejo conocido de contiendas. Aunque no lidera las encuestas —el IEP, por ejemplo, lo ubicó octavo con 2,4 % en febrero—, su actividad en el espacio mencionada es intensa. Una revisión de 25 videos publicados en los últimos cuatro días —del 1 y 4 de marzo— deja ver un primer patrón evidente: la insistencia en repetir su eslogan, “¡Si Acuña lo dice, Acuña lo hace!”. Sin embargo, ese énfasis en el cumplimiento contrasta con los cuestionamientos surgidos en su última gestión en La Libertad. En su campaña regional se comprometió a “convertirla en la mejor del país”, pero el departamento enfrenta hoy una severa crisis de inseguridad que difícilmente encaja con aquella promesa.

“En TikTok, la campaña de César Acuña se construye a partir de consignas repetidas, la reivindicación de su origen provinciano y la confrontación con adversarios, todo empaquetado en videos breves pensados para circular con rapidez en la lógica de la plataforma”

Otro rasgo que surge con fuerza en los audiovisuales es el planteamiento del origen. En uno de ellos, Acuña recuerda que proviene de una madre que nunca fue a la escuela y de un padre agricultor. También se describe como “serranito”, mientras en un mitin precisa en que es “provinciano como tú, como yo” y que no se dejará pisar por nadie. Estas frases construyen un personaje reconocible: el provinciano que se abrió camino y que ahora desafía a quienes, según su discurso, no aceptarían que alguien con esa procedencia llegue al poder. No obstante, las críticas que se le formulan al aspirante no aluden a su raíz, sino a las controversias políticas y legales que marcaron su trayectoria pública.

Un tercer componente que aparece es la construcción de adversarios. En una secuencia se responde a una publicación del diario La República, al que se acusa de difundir información falsa sobre una presunta entrega de víveres durante la campaña. El medio, por su parte, señaló que un ciudadano denunció dicho reparto de productos con material de APP en periodo electoral, práctica prohibida por la Ley de Organizaciones Políticas. De igual forma, apunta contra Rafael López Aliaga, a quien Acuña califica de “el mal del Perú” y critica de “lobista”, luego de que este manifestara que el gasto público “se va a pagar a todos los señores que rodean a Acuña y otros delincuentes más”. Estos cruces fundamentan la táctica habitual del “nosotros contra ellos”.

 

“La estrategia digital busca conectar con votantes jóvenes mediante streamers, música y cultura de internet; pero la pregunta de fondo sigue siendo si detrás de esos clips virales existe un proyecto político sólido o solo promesas como cancha”

Un cuarto recurso visible es el intento por acercarse al público joven y a la cultura digital. En múltiples posts se ven referencias a streamers, batallas de freestyle, música asociada a escenas juveniles y encuentros con figuras populares en ese entorno, como el rapero trujillano Jota. Acuña, además, afirma que trabajó con jóvenes a lo largo de 45 años, en alusión a su experiencia con academias preuniversitarias y universidades. Sin embargo, desde el propio mundo del streaming surgieron cuestionamientos que destacan que el candidato estaría pagando miles de dólares a creadores de contenido con el fin de que lo respalden. La discusión no es menor si se considera que este ecosistema tiene fuerte influencia en la juventud. Según el padrón, 6 millones 892 mil ciudadanos entre 18 y 29 años podrán votar el 12 de abril de 2026, lo que representa el 25,2 % de los electores.

Vistos en conjunto, los 25 videos dejan ver una estrategia que combina elementos distinguibles: el eslogan reiterado hasta volverse proclama, el relato del origen provinciano como símbolo de identificación, la confrontación con oponentes políticos y el empeño por juntarse con streamers para ampliar su llegada a votantes jóvenes. Todo se observa empaquetado en clips breves, con música, frases directas y capturas diseñadas con miras a circular con rapidez en la plataforma. En ese marco, donde el mensaje debe impactar en pocos segundos, la campaña apuesta por posicionar imágenes y consignas que se recuerden con facilidad. La pregunta que queda dirigida el electorado es si detrás de esas grabaciones hay un proyecto capaz de sostener lo que ofrece… ¿O solo promesas como cancha?

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Cada año, el Perú pierde alrededor de 150 mil hectáreas de bosque amazónico, una superficie equivalente a más de 200 mil canchas de fútbol. La expansión agrícola, la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras empujan esta pérdida en un territorio donde la presencia del Estado sigue siendo limitada. En medio de este escenario crítico, y mientras el país se prepara para elegir a sus nuevas autoridades en las elecciones de 2026-2031, surge la pregunta: ¿qué lugar ocupa realmente la Amazonía en las propuestas políticas? Una revisión preliminar, que será expuesta a profundidad en este informe, muestra que, en varios planes de gobierno, el tema aparece como un capítulo breve, disperso o cargado de promesas generales, con pocas estrategias concretas para enfrentar la crisis del bosque.

Este informe analiza los cinco planes de gobierno de los partidos con mayor intención de voto en las últimas encuestas: Renovación Popular (Rafael López Aliaga), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), País para Todos (Carlos Álvarez), Ahora Nación (Alfonso López-Chau) y Alianza para el Progreso (César Acuña). El análisis revisa propuestas vinculadas a deforestación, reforestación, gobernanza del bosque, conectividad amazónica como carreteras, hidrovías o trenes y actividades extractivas asociadas al territorio. Es importante precisar que otros temas centrales, como pueblos indígenas o minería ilegal, serán abordados en informes posteriores para analizar con mayor profundidad cada dimensión del debate político.

Para contrastar las propuestas de los partidos, el análisis incorpora también las miradas de Marc Dourojeanni, uno de los especialistas más reconocidos en conservación amazónica, y Marisol García Apagüeño, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (Fepikecha). Ambos coinciden en un diagnóstico general preocupante, donde la Amazonía continúa siendo vista en la política peruana como una frontera económica por explotar antes que como un ecosistema complejo que requiere planificación, gobernanza y respeto por los pueblos que la habitan.

Metas ambientales en el papel

Al revisar los planes de gobierno, llaman la atención las metas porcentuales sobre deforestación y otros temas que no explican cómo se lograrían. El plan de País para Todos, del candidato Carlos Álvarez, plantea una “reducción de la deforestación de al menos 20 % respecto a la línea base de 2025”. Sin embargo, la propuesta aparece sin mayor desarrollo técnico ni instrumentos claros que permitan entender de qué manera se alcanzaría esa reducción. Esta es la única meta vinculada a bosques dentro del plan de Álvarez, no se plantean objetivos de reforestación o restauración de bosques, ni temas vinculados.

Por su parte, Ahora Nación propone reducir la tasa anual de deforestación en 40 % y restaurar 150 mil hectáreas de bosque y señala que evitará el cambio de uso del suelo por expansión agrícola no planificada. Es el único que hace mención al uso de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) como herramienta para financiar acciones de conservación y recuperación de los bosques.

Solo entre 2019 y 2023, en estas áreas se perdieron más de 600 mil hectáreas de bosque, principalmente en Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios. (Foto: FCDS Perú)

Por su parte, Fuerza Popular promete “reducir en 50% la deforestación ilegal en la Amazonía”. El documento señala que esta meta se alcanzaría mediante titulación comunal, fortalecimiento de la vigilancia forestal y promoción de proyectos productivos sostenibles. También plantea un Programa Nacional de Cero Deforestación Ilegal, el uso de monitoreo satelital y drones, así como la creación de un Fondo Verde Amazónico para financiar alternativas económicas compatibles con la conservación.

En contraste, Renovación Popular, del candidato Rafael López Aliaga, no plantea una meta específica de reducción de la deforestación. La palabra aparece apenas una vez en todo el documento. En su lugar, el plan propone acciones con el uso de reservas o F.F.A.A. como la «reforestación de 500 mil hectáreas en forma anual hasta llegar a los 2 millones con el apoyo de reservistas” y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la tala ilegal.

El caso de Alianza para el Progreso, de César Acuña, muestra un enfoque distinto, donde la Amazonía aparece principalmente dentro de un eje territorial y económico. No hay metas de reforestación o planes contra la deforestación. La principal propuesta para esta región se articula bajo el nombre “Selva Productiva”, un proyecto que, según el plan, busca convertir la Amazonía en “un motor de bioeconomía, competitividad y sostenibilidad”, a partir de iniciativas vinculadas principalmente a infraestructura y desarrollo productivo.

Promesas ambientales sin estrategia territorial

Para el ingeniero agrónomo y forestal, con décadas de trabajo en la Amazonía, Marc Dourojeanni, este tipo de metas carece de sustento si no están acompañadas de decisiones territoriales concretas. A su juicio, los planes revisados no definen con claridad qué zonas del bosque se conservarán y cuáles podrían destinarse a actividades productivas, ni explican cómo se enfrentará el problema de la ocupación ilegal de tierras.

“No establecen una frontera entre el bosque que se va a conservar y el área que será destinada a agricultura. Tampoco dicen nada sobre la titulación de los invasores”, advierte.

Dourojeanni señala que una estrategia viable podría partir de reconocer la situación actual de muchas áreas ya deforestadas y ordenar su uso, mientras se garantiza la protección del bosque que aún permanece en pie. En sus palabras, se trataría de regularizar la tenencia en zonas ya degradadas, al mismo tiempo que se establecen garantías para que una parte importante del bosque remanente sea preservada de forma permanente.

Según el especialista, sin ese tipo de definiciones, que combinen ordenamiento territorial, seguridad jurídica y conservación, las metas porcentuales sobre reducción de deforestación corren el riesgo de quedarse en declaraciones sin un camino visible para cumplirse.

Más carreteras y nuevos lotes petroleros

Otro elemento a analizar en los planes de gobierno es la expansión de infraestructura o carreteras en la Amazonía. Renovación Popular propone ampliar la Red Vial Nacional. Alianza para el Progreso propone impulsar el Corredor Amazonas Norte Perú–Brasil, que conectaría puertos como Chancay y Paita con Yurimaguas y Manaos. Fuerza Popular también apuesta por una mayor conectividad amazónica mediante hidrovías, carreteras y trenes, incluyendo corredores que conectarían Paita con Manaos y el eje Acre-Pucallpa-Lima.

Para Dourojeanni, el problema es que estas propuestas suelen presentarse sin criterios de ordenamiento territorial ni salvaguardas ambientales claras. Antes que abrir nuevas vías en bosques primarios, la prioridad debería centrarse en mejorar la conectividad en territorios ya intervenidos.

“Lo que debería hacerse es mejorar el sistema vial en las áreas ya antropizadas o deforestadas, donde viven agricultores que necesitan acceso a mercados y servicios. Pero no construir más carreteras atravesando bosques naturales”, advierte.

La experiencia histórica en la Amazonía muestra que, cuando se abren carreteras en zonas de bosque primario sin planificación ni control estatal, suelen desencadenarse procesos de colonización desordenada, expansión agrícola, tala ilegal y tráfico de tierras. Estos impactos, además, han sido denunciados durante años por pueblos indígenas y organizaciones locales, que advierten sobre los efectos de la infraestructura mal planificada en sus territorios.

La visión extractiva también aparece en los apartados energéticos de varios planes. Fuerza Popular propone fomentar la exploración y explotación de nuevos lotes petroleros en la Amazonía y APP habla de un «apoyo decidido al nuevo boom petrolero”. APP también plantea «la extinción de Perupetro», mientras Renovación Popular plantea la venta o liquidación de Petroperú, lo que podría reconfigurar el papel del Estado en el sector energético.

«Los proyectos priorizan el extractivismo, no a las comunidades»

En conversación con Marisol García Apagüeño, lideresa kichwa de la región San Martín, el problema de fondo es que muchas propuestas sobre la Amazonía continúan elaborándose sin escuchar a quienes habitan el territorio.

Según explica, la preocupación en las comunidades también está marcada por la inestabilidad política y por una agenda legislativa que, a su juicio, favorece cada vez más actividades extractivas en la región. “Nos preocupa la inestabilidad política del país, pero también que cada vez más proyectos de ley estén enfocados en impulsar el extractivismo en la cuenca amazónica. Los gobiernos están tratando de sobreexplotar la Amazonía sin reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas que viven allí. Un ejemplo claro es la falta de titulación de nuestros territorios”, señala.

La dirigente añade que el discurso de desarrollo suele centrarse en grandes proyectos de infraestructura o explotación de recursos, mientras las necesidades básicas de las comunidades continúan relegadas.

“Se habla de construir carreteras, ferrocarriles y grandes proyectos, pero no pensando en nosotros, sino en conectar los mercados del extractivismo”, afirma.

Marc Dourojeanni y Marisol García Apagüeño. (Composición: Inforegión)

Asimismo, resalta uno de los vacíos más evidentes en los planes de gobierno: la consulta previa. Una revisión rápida de los documentos muestra que ninguno de los cinco planes analizados menciona este mecanismo, pese a tratarse de un derecho reconocido para los pueblos indígenas frente a decisiones o proyectos que puedan afectar sus territorios. La lideresa también advierte sobre otro tema ausente en las cinco propuestas: la situación de los defensores ambientales, muchos de ellos líderes indígenas que enfrentan amenazas y violencia por proteger el bosque.

“No hay financiamiento ni apoyo para los defensores que están siendo criminalizados o asesinados por proteger el bosque”.

Reformas institucionales

En el plano institucional, dos planes mencionan reformas al sistema ambiental, sin mayor desarrollo sobre las razones, alcances o mecanismos concretos que justificarían esos cambios. Renovación Popular propone reformar y dinamizar el OEFA y el SERFOR. Alianza para el Progreso plantea una transformación más radical, una «reingeniería del Sistema Nacional de Gestión Ambiental», donde el SENACE absorbería instituciones como ANA, SERFOR y SERNANP, concentrando la certificación ambiental en una sola entidad.

¿Un futuro verde o un bosque en retroceso?

El análisis de estos cinco planes de gobierno muestra que la Amazonía sigue ocupando un lugar periférico en el debate político nacional. Los documentos hablan de metas, conectividad e inversión, pero rara vez presentan una estrategia integral para proteger los bosques y ordenar el territorio. Para Marisol García Apagüeño, esa distancia entre discurso político y realidad se siente todos los días en las comunidades amazónicas.

“En la Amazonía seguimos sin agua, sin luz, con escuelas que se caen. Pero de nuestros territorios salen el petróleo, el gas y el oro”.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión | Agencia de Prensa Ambiental

El aumento del sobrepeso y la obesidad continúa posicionándose como uno de los principales problemas de salud pública en el país. En Ayacucho, más de la mitad de la población adulta presenta exceso de peso, según datos recientes citados por especialistas en nutrición.

En el marco del Día Mundial contra la Obesidad, conmemorado el 4 de marzo, la decana regional del Consejo Regional 18 del Colegio de Nutricionistas de Ayacucho, Milagros Nieto Cabana, advirtió que los indicadores regionales reflejan una tendencia preocupante que se alinea con el crecimiento de enfermedades no transmisibles en el Perú.

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2024, el 36.4 % de la población ayacuchana presenta sobrepeso, mientras que el 16.4 % padece obesidad, considerada el grado más severo del exceso de peso. En conjunto, el 52.2 % de la población tiene algún nivel de exceso de peso, lo que equivale a que cinco de cada diez ciudadanos en la región se encuentran por encima del peso saludable.

La obesidad es una enfermedad asociada a la malnutrición por exceso y suele relacionarse con el consumo elevado de carbohidratos y grasas, así como con la falta de actividad física. También puede estar vinculada a trastornos metabólicos, condiciones hormonales o enfermedades que influyen en el aumento de peso.

Especialistas advierten que el exceso de peso no solo afecta la calidad de vida, sino que también incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y síndrome metabólico, consideradas entre las principales causas de morbilidad en el país.

A nivel nacional, el problema también muestra una tendencia creciente. Datos del Ministerio de Salud y de la Endes indican que más del 60 % de los adultos peruanos presenta sobrepeso u obesidad, situación que se ha incrementado en las últimas décadas debido a cambios en los hábitos alimentarios, mayor consumo de productos ultraprocesados y estilos de vida sedentarios.

Frente a este escenario, especialistas señalan que uno de los principales retos es fortalecer la prevención desde el primer nivel de atención en salud, promoviendo la participación de nutricionistas en la atención primaria para evaluar el estado nutricional de los pacientes, diseñar planes alimentarios y realizar seguimiento.

Otro de los desafíos identificados es la limitada cultura de consulta nutricional. Según profesionales del sector, muchas personas recurren a información difundida en redes sociales o recomendaciones de influencers, que no necesariamente provienen de especialistas en nutrición.

Ante ello, se recomienda que la población acceda a evaluaciones nutricionales periódicas y controles médicos que incluyan exámenes de laboratorio para monitorear niveles de colesterol y triglicéridos, factores estrechamente relacionados con el sobrepeso y la obesidad.

Asimismo, se insiste en la importancia de adoptar hábitos saludables como incrementar el consumo de frutas y verduras, reducir alimentos industrializados, revisar las etiquetas nutricionales y realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física.

Especialistas advierten que, sin cambios en los hábitos de alimentación y actividad física, el incremento del exceso de peso podría continuar impactando en los sistemas de salud y en la calidad de vida de la población en los próximos años.

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La lideresa indígena de la comunidad de Huacrachiro, Damaris Panaifo, advirtió que varias viviendas se encuentran amenazadas por el avance del agua debido a la temporada de creciente en el distrito de Puinahua, provincia de Requena (Loreto). Según relató, el nivel del río ya alcanza las puertas de algunas casas y los pobladores han tenido que realizar trabajos comunales para levantar pequeños muros de contención y evitar que las viviendas se inunden.

Panaifo señaló que la situación preocupa a las familias porque el agua estancada podría generar enfermedades, especialmente entre los niños. Indicó además que la comunidad continúa enfrentando problemas con el suministro de electricidad y la falta de agua potable. Por ello, pidió a las autoridades regionales y locales atender estos servicios básicos, sobre todo ante el próximo inicio de clases y el riesgo sanitario que genera la creciente.

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La crisis de la carretera que conecta el altiplano con la selva puneña vuelve al centro del debate político. El exalcalde de Sandia, Víctor Adán Málaga Carcasi, cuestionó duramente al gobernador regional de Puno, Richard Hancco, por no gestionar ante el Gobierno Central una solución a la situación crítica de la vía que conduce a la provincia de Sandia.

Según el exburgomaestre, la carretera de penetración a la selva puneña permanece prácticamente intransitable en varios tramos durante la temporada de lluvias, especialmente hasta el distrito de Cuyocuyo, lo que afecta gravemente el transporte de personas y productos agrícolas.

Denuncian incumplimiento de empresa encargada del mantenimiento

Málaga Carcasi señaló que la empresa portuguesa Mota-Engil, responsable del contrato de conservación de la vía, estaría incumpliendo con las labores de mantenimiento desde hace más de un año. De acuerdo con su denuncia, durante la actual temporada de lluvias no se habrían desplegado maquinarias en los puntos críticos de la carretera.

“El gobernador debe gestionar soluciones. Nos dijo que ‘no es payaso de nadie’ y que no nos atendería. Esa reacción no ayuda y, por el contrario, incrementa la indignación de la población”, sostuvo el exalcalde al referirse a la respuesta del titular del Gobierno Regional de Puno frente al reclamo ciudadano.

Movilización ciudadana y paralización en Sandia

La situación provocó una paralización de 24 horas convocada por transportistas y organizaciones civiles de Sandia, quienes se trasladaron hasta la ciudad de Puno para exigir atención a la problemática vial.

La población sostiene que el deterioro de la carretera afecta directamente la economía local, pues impide el traslado oportuno de productos agrícolas, especialmente café, uno de los principales cultivos de la zona. Asimismo, limita el acceso de miles de pobladores a servicios básicos, educación y atención médica.

Proyecto millonario sigue sin ejecutarse

El exalcalde recordó que existe un proyecto de asfaltado aprobado con un presupuesto estimado de S/ 1.300 millones, el cual permitiría mejorar de manera integral la vía que conecta el altiplano con la selva puneña.

Indicó que el expediente técnico del primer tramo asfaltado, desde San Antonio de Putina hasta el desvío hacia Ananea, ya cuenta con aprobación; sin embargo, aún quedan dos tramos pendientes cuya ejecución dependería de gestiones directas ante el Ejecutivo.

Para Málaga Carcasi, la falta de impulso político estaría retrasando la solución definitiva a una problemática histórica que afecta a miles de familias de la provincia de Sandia.

Advierten nuevas protestas

Ante la falta de acciones inmediatas, dirigentes de Sandia advirtieron que retomarán medidas de protesta si en un plazo de entre siete y diez días no se evidencia la presencia de maquinaria en los tramos más críticos de la carretera.

Además, la población exige que la vía sea declarada en estado de emergencia, a fin de permitir intervenciones urgentes que garanticen la transitabilidad y la seguridad de los transportistas.

Mientras tanto, la situación continúa generando tensión entre las autoridades regionales y los ciudadanos de la selva puneña, quienes demandan soluciones concretas a un problema que, cada temporada de lluvias, vuelve a aislar a la provincia de Sandia del resto de la región.

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El costo del combustible se ha incrementado en la ciudad de Juliaca, donde los transportistas amenazan con subir el costo del pasaje a 1.50 soles, mientras en varios sectores, al igual que en la ciudad de Puno, ya se evidencia un desabastecimiento de gas.

La situación parece agudizarse en el altiplano, ante la situación de crisis energética por la falta de suministro normal de gas natural. En la ciudad de Juliaca se han registrado largas colas para adquirir balones de gas, cuyo costo se ha incrementado hasta en 15 soles en varios sectores.

En los diferentes grifos también se evidencia un alza, pues el combustible ha subido hasta en tres soles, lo que ha generado el malestar de los transportistas, quienes advirtieron que si ello se mantiene evaluarán subir el costo del pasaje a 1.50 soles. “Algunos trabajamos con chofer y cobrador, ya no nos queda nada, no podemos trabajar sólo para el grifo”, dijo uno de los transportistas.

En Puno la situación es similar. Las tiendas que abastecen de gas en la avenida El Puerto y diferentes sectores, ya registran un desabastecimiento y advirtieron que de persistir, el costo del balón podría subir en más de 10 soles.

“Las personas que nunca compran se han llevado todo el gas, no tengo nada”, dijo una de las comerciantes, quien señaló un posible acaparamiento de los revendedores, quienes aprovechan la situación.

Cabe precisar que, en la víspera, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, aseguró que no faltará gas licuado de petróleo (GLP) ni gasolina para abastecer de combustibles al mercado nacional. Asimismo, el sector precisó que el precio del balón de gas no debería subir.

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Una deflagración registrada en la estación de válvulas y en la tubería principal del sistema de transporte de gas operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco), provocó la paralización temporal de la producción de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) y dejó decenas de personas afectadas en comunidades cercanas. El ducto de Camisea ha registrado diversos incidentes desde su puesta en funcionamiento, aunque autoridades y especialistas coinciden en que este evento se encuentra entre los más graves registrados en la infraestructura del sistema de transporte de gas. La empresa Pluspetrol, que posee el 27,2 % del Consorcio Camisea, informó que la emergencia en el sistema de transporte operado por TGP obligó a detener temporalmente la producción de gas natural y de GLP. La paralización ocurre en un momento de preocupación por el abastecimiento energético en el país. Sin embargo, operadores locales de estaciones de combustible indicaron que, por el momento, no se ha registrado desabastecimiento en algunas ciudades. “Tenemos la comunicación de que no vamos a tener problemas para abastecernos de combustible GNV”, señaló a medios locales César Fernández, administrador de una estación de servicio de gas natural vehicular en Cusco. 

La seguridad energética 

La emergencia reactivó el debate sobre la seguridad del sistema energético en el sur del país. La Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) señaló que el incidente evidencia la vulnerabilidad del actual esquema de distribución de gas y planteó retomar el proyecto del Sistema Integrado de Gas (SIT Gas), antes Gasoducto Sur Peruano. Dirigentes de la organización indicaron que el sistema actual, basado en parte en el transporte de gas mediante camiones cisterna hacia varias ciudades del sur, no resuelve de manera estructural el acceso al recurso energético. Para la FDTC, la contingencia debería servir para reabrir el debate sobre la construcción del gasoducto, una infraestructura que permitiría llevar gas natural de manera directa a las regiones del sur y reducir la dependencia de sistemas de transporte alternativos. Solo de esa forma, en otro eventual accidente de la tubería de TGP, el abastecimiento con el combustible estaría garantizado mediante los ductos del sur. El gasoducto hacia el sur ha sido postergado desde el gobierno de Alan García hasta el actual. 

Personas afectadas 

El accidente ocurrió en una zona cercana al asentamiento rural Saringabeni, en el área de influencia del proyecto Camisea. Según el Ministerio de Salud (Minsa), 35 personas recibieron atención médica por síntomas como dolor en los ojos, ardor en la piel, problemas digestivos y cuadros de ansiedad. Vecinos de comunidades indígenas aseguran que la atención por ahora todavía es insuficiente. Mientras que la Fiscalía de La Convención abrió una investigación preliminar contra TGP por los presuntos delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Dispuso realizar una constatación en Megantoni.

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El 13 de febrero el candidato a la presidencia José Williams, de Avanza País, brindó una entrevista al programa ‘Tu decisión 2026’, de TVPerú Noticias. Durante el programa, el expresidente del Congreso afirmó que la bancada de Avanza País descartó que su bancada haya tenido problemas durante la actual gestión.

“Quiero decirte que la bancada Avanza País no ha tenido problemas, no tenemos cuestionamientos por personas que se hayan comportado mal, por corrupción, por malas decisiones, por estar en ética o por estar involucrados en algunas cosas”, dijo.

La bancada está conformada por José Williams, Adriana Tudela, Rosselli Amuruz, Diana Gonzales, Karol Paredes y Alejandro Cavero, según informa su página web. PerúCheck revisó los antecedentes públicos y halló que varios de los integrantes de su grupo parlamentario sí han sido cuestionados, han enfrentado denuncias constitucionales, investigaciones fiscales o sanciones administrativas en los últimos años.

Rosselli Amuruz: denuncia constitucional e investigación

En el caso de Rosselli Amuruz, la congresista enfrentó una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en julio de 2024 por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La acusación está vinculada a la supuesta intervención en la contratación de personas relacionadas con su entorno en oficinas del Congreso.

El actual candidato al sillón presidencial también mencionó que la bancada no tiene personas que hayan tomado “malas decisiones”. No obstante, en octubre de 2023 Rosselli Amuruz estuvo vinculada a una reunión social en el distrito de Lince que terminó en una balacera donde murió el periodista Christian Yan Enrique Tirado. Aunque la congresista no fue investigada por el crimen y señaló que se retiró antes de los hechos, el episodio generó cuestionamientos públicos debido a su cargo como tercera vicepresidenta del Parlamento en ese momento.

“Si hoy me dieran la opción de elegir, no lo haría. Porque fue una mala decisión, no la volvería a repetir. Porque lógicamente sé lo que represento. Opté por acudir a una reunión de alguien muy cercano a mí. Me retiré a una hora prudente. Al día siguiente acudí al homenaje de mi colega Nano Guerra, al cual estimo», dijo a los medios de prensa el 3 de octubre de 2023.

Diana Gonzales: destitución e investigaciones

Antes de llegar al Congreso, Diana Gonzales fue presidenta de la Federación Peruana de Vóley. En 2018 fue retirada del cargo e inhabilitada por tres años por el Consejo Superior de Justicia Deportiva del Instituto Peruano del Deporte. La resolución concluyó que no cumplía requisitos exigidos al momento de su postulación, como la acreditación de estudios y la condición de deportista destacada, de acuerdo a una nota periodística de La República. 

De acuerdo con dicho medio, la actual congresista registra denuncias por presuntos delitos como peculado, cohecho pasivo propio, malversación y concusión vinculadas a su gestión anterior. Algunos de estos casos cuentan con investigación formalizada en el Poder Judicial y otros continúan en etapa preliminar en el Ministerio Público. La congresista ha rechazado las acusaciones.

Karol Paredes: denuncia en el caso ‘Los Niños’

La congresista Karol Paredes también forma parte de la bancada de Avanza País y fue incluida en una denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el caso denominado ‘Los Niños’, que involucra a más de veinte parlamentarios y al expresidente Pedro Castillo. 

La denuncia se basa en declaraciones de un colaborador eficaz que señaló que la legisladora habría solicitado financiamiento para obras en su región. Paredes ha negado haber cometido irregularidades y el proceso continúa en evaluación.

José Williams: procedimiento electoral en evaluación

El propio candidato presidencial, José Williams, enfrentó un procedimiento sancionador ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 por la presunta omisión de una sentencia penal firme en su Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada para las Elecciones de 2026.

Según información remitida por el Poder Judicial, el candidato registra una supuesta sentencia por homicidio calificado vinculada al caso Chavín de Huántar. El órgano electoral evalúa si la omisión constituye una infracción que pueda derivar en su exclusión del proceso electoral. No obstante, esta fue archivada. 

Por otro lado, Williams, también ha sido cuestionado por la percepción de doble ingreso del Estado. Hasta el 2022, la normativa impedía que militares o policías pensionistas recibieran simultáneamente una pensión y una remuneración pública, salvo en casos de docencia. Sin embargo, tras la aprobación de una ley impulsada desde el Congreso que permitió contratar pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía en entidades públicas, algunos parlamentarios con ese perfil —entre ellos Williams— fueron cuestionados por percibir al mismo tiempo su pensión militar y su sueldo como congresistas.

En la información revisada no se identificaron procesos o sanciones públicas recientes contra Adriana Tudela ni Alejandro Cavero. Intentamos comunicarnos con el candidato para obtener sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. 

Conclusión

José Williams afirmó que integrantes de la bancada de Avanza País no han tenido “cuestionamientos”. Descartó que hayan estado involucrados en “malas decisiones” o investigaciones. Sin embargo, la revisión de antecedentes oficiales demuestra que varios de sus integrantes enfrentan o han enfrentado denuncias constitucionales, investigaciones fiscales, sanciones administrativas o procedimientos electorales en trámite. Por ello, PerúCheck califica la declaración de José Williams como falsa. 

La nota de verificación ¿Los integrantes de Avanza país “no tienen cuestionamientos”? Es falsa la declaración de José Williams se publicó en plataforma PerúCheck en este enlace

La carrera hacia el Senado de la República toma fuerza en medio de un panorama electoral que todavía no termina de encender a los ciudadanos. La Red de Medios Regionales conversó con dos figuras que buscan un espacio en la nueva bicameralidad peruana. Luciano Troyes Rivera representa a Avanza País, mientras que Oracio Pacori Mamani integra la lista nacional de Perú Primero.

Ambos candidatos enfrentan el reto de convencer a un electorado que muestra signos de desesperanza frente a la política tradicional. El próximo 12 de abril marcará un hito histórico con una cédula de sufragio inmensa que complica la elección de los ciudadanos.

Luciano Troyes cuenta con más de quince años en la gestión pública y tres décadas dedicado a proteger la biodiversidad en el norte del país. Su mensaje principal se enfoca en el presupuesto para educación y la creación de una nueva ley de aguas. El candidato sostiene que el estado descuida su obligación de brindar una enseñanza de calidad y condiciones dignas para los maestros.

Troyes argumenta que las escuelas carecen de materiales básicos y conexión a internet lo cual detiene el motor del desarrollo nacional. Su propuesta legislativa busca asegurar que el cumplimiento del seis por ciento del PBI para el sector educativo deje de ser una promesa vacía.

El agua como prioridad frente a la minería ilegal

La realidad de los servicios básicos en las regiones más alejadas preocupa profundamente al aspirante de Avanza País. Luciano Troyes planea prohibir que los gobiernos locales gasten dinero en remodelar plazas o construir edificios si antes no cierran las brechas de saneamiento. Él considera inaceptable que muchos peruanos consuman agua contaminada mientras el presupuesto se queda mayoritariamente en la capital.

Su postura contra la minería ilegal es tajante porque esta actividad arrastra delitos graves como el sicariato y la trata de menores. El candidato propone derogar la actual ley forestal para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas peruanos. Troyes confía en que el general José Williams subirá en las encuestas conforme la campaña se intensifique en el interior del país.

Por otro lado Oracio Pacori Mamani aporta una visión técnica desde su experiencia como economista y comunicador social. Pacori ya conoce los pasillos legislativos pues integró el parlamento que Martín Vizcarra disolvió en el año dos mil diecinueve. Su retorno a la política busca limpiar la imagen de una institución que hoy goza de muy poca aprobación popular.

El candidato de Perú Primero enfatiza la necesidad de fiscalizar el gasto interno del propio Congreso de la República. Él denuncia que el presupuesto del legislativo aumentó de forma desmedida en los últimos años sin que exista un control real por parte de la contraloría.

EEUU toma medidas contundentes para presionar a gobiernos latinoamericanos a reducir lazos con China

Reformas urgentes para recuperar la confianza ciudadana

La situación legal de los líderes de Perú Primero genera interrogantes sobre la viabilidad de su campaña electoral. Oracio Pacori defiende la figura de Martín Vizcarra y asegura que el exmandatario sufre una persecución política que limita su participación. El candidato explica que Mario Vizcarra lidera ahora el equipo técnico con total transparencia sobre sus antecedentes administrativos.

Pacori apuesta por un paquete de derogatorias que elimine las llamadas leyes pro crimen y aquellas que recortan los derechos de los pueblos indígenas. Él sostiene que el nuevo senado debe actuar con firmeza frente a la inseguridad ciudadana mediante una reforma integral de la policía nacional. La lucha contra la criminalidad requiere inteligencia y una reestructuración del sistema penitenciario para que la economía nacional no siga cayendo.

El aspirante al senado nacional propone una ley específica para la pequeña minería que permita una formalización con responsabilidad ambiental. Su enfoque busca terminar con el Reinfo por considerarlo una ventana abierta para la ilegalidad en diversas regiones del Perú.

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La madrugada de este viernes, una intensa neblina cubría el kilómetro 1 037 de la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Islay. Esto provocó un aparatoso choque entre una miniván de transporte de pasajeros y un camión remolcador en el sector El Fiscal, distrito de Cocachacra, desencadenó una escena de emergencia que movilizó a los cuerpos de rescate de toda la zona.

Producto de la colisión, cuatro personas perdieron la vida y al menos una decena de viajeros resultaron con lesiones de diversa consideración. Los equipos de emergencia trabajaron por horas para extraer los cuerpos de los atrapados entre las latas retorcidas del vehículo menor. La parte frontal quedó incrustado bajo la estructura del pesado remolcador.

Detalles del accidente

Según las primeras diligencias realizadas por efectivos de la comisaría de Cocachacra, el accidente ocurrió cuando la miniván, perteneciente a la empresa Pacífico Tour y con placa VDK-950, impactó por alcance contra la parte trasera de un camión remolcador con matrícula V5J-901.

• Las víctimas fatales: Tres de los pasajeros fallecieron en el acto dentro del vehículo. Una cuarta persona fue hallada sin vida sobre la carpeta asfáltica, presuntamente tras ser expulsada por la fuerza del choque.
• Los conductores involucrados: La unidad menor era conducida por Jean Franco Tuya Medina (25). El vehículo de carga pesada estaba al mando de David Jesús Luque Pacco (40).
• Ruta establecida: El vehículo de transporte interprovincial había iniciado su recorrido en la ciudad de Arequipa cerca de las 8:00 p.m., con destino final en el distrito de La Punta de Bombón.

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Labores de rescate e investigación fiscal

Tras el accidente, el tránsito en la zona fue restringido para facilitar las maniobras de los bomberos y agentes policiales. Se liberaron a los pasajeros que aún permanecían atrapados en la miniván. Los heridos fueron evacuados de inmediato a centros asistenciales cercanos.

Debido a la gravedad de las lesiones, al menos dos de ellos fueron trasladados durante la mañana al área de Emergencias del Hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa. Ahí permanecen bajo observación médica.

El fiscal de turno, Mauricio Rivera López, de la Fiscalía Penal Corporativa de Mollendo, llegó hasta el lugar para supervisar el levantamiento de los cuerpos. Fueron conducidos a la Morgue de Mollendo para las necropsias de ley.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos. Si bien el caso está en proceso de peritaje, la Policía Nacional maneja como principal hipótesis el exceso de velocidad de la miniván. Esto habría impedido que pudiera frenar a tiempo para evitar chocar contra el remolcador en la carretera Panamericana Sur, a la altura de Cocachacra.

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Por Didi Tang Associated Press 

Estados Unidos impuso prohibiciones de viaje a tres funcionarios chilenos por un posible proyecto con China para cableado submarino de fibra óptica. Además, advirtió al gobierno peruano que no debía ceder el control de un megapuerto construido por Beijing.

Ante la presión del presidente Donald Trump, quien había amenazado con devolverle a Estados Unidos el control del Canal de Panamá, el gobierno panameño incautó dos puertos en cada extremo del canal que eran operados por una empresa de Hong Kong.

Y cuando Estados Unidos capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero pasado, los intereses petroleros de China en la nación sudamericana quedaron expuestos de la noche a la mañana.

El gobierno de Washington ha tomado medidas contundentes en varias naciones latinoamericanas en las últimas semanas con el objetivo de frenar la influencia y el predominio económico de China. Como parte de su misión por restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, Trump recibirá este fin de semana a dignatarios latinoamericanos en su complejo de golf cerca de Miami para una cumbre bautizada como el “Escudo de las Américas”.

Los partidarios de los cambios de la Casa Blanca sostienen que es necesario hacer frente a lo que consideran como una influencia maligna de China a las puertas de Estados Unidos, advirtiendo que podría ayudar a inclinar el orden mundial a favor de Beijing. Otros ponen en duda la eficacia de un enfoque tan contundente cuando los intereses de China en América Latina son tan arraigados.

Francisco Urdinez, profesor asociado del Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, expresó su preocupación de que los países latinoamericanos tengan que elegir un bando.

“El enfoque de Trump hace que la estrategia de mantener opciones abiertas sea cada vez más difícil», señaló. «El resultado más probable es una región más fragmentada. Los gobiernos de derecha se alinearán más estrechamente con Washington, mientras que los gobiernos de izquierda mantendrán o profundizarán sus lazos con China. Los países atrapados en el medio intentarán gestionar la tensión según sea el caso”.

China avanzó con préstamos y acuerdos comerciales

En 2001, Cuba era el único país de la región que hacía más negocios con China que con Estados Unidos, según Urdinez, quien siguió el movimiento de empresas y fondos chinos en su libro “Economic Displacement: China and the End of US Primacy in Latin America”.

Pero 20 años después, todos los países de Sudamérica —excepto Paraguay y Colombia— comerciaban más con China que con Estados Unidos, de acuerdo con su investigación.

“La ventaja central de China es su peso económico, así de fácil», puntualizó.

Rebecca Ray, investigadora académica del Global Development Policy Center de la Universidad de Boston, indicó que China se ha vuelto relevante, deseable e incluso irremplazable en América Latina en industrias en las que Estados Unidos ha estado ausente.

“Estados Unidos no invirtió en las industrias a las que el mundo en desarrollo voltea a ver en términos generales para reducir sus brechas de infraestructura. Estados Unidos no está invirtiendo en energía verde; Estados Unidos no está invirtiendo en movilidad verde», declaró Ray. «Mientras tanto, en los últimos 20 años, China ha dado un salto tecnológico hacia estas nuevas industrias, y las empresas chinas han tenido que desarrollar tecnologías que nadie más tiene para que esas industrias sean viables”.

Entre 2014 y 2023, China otorgó préstamos y subvenciones a países de América Latina y el Caribe por un valor aproximado de 153.000 millones de dólares —la mayor fuente de financiamiento del sector oficial para la región—, en comparación con unos 50.700 millones de dólares de Estados Unidos, según AidData, un laboratorio de investigación de William & Mary, una universidad de Virginia.

Preocupaciones de seguridad de EEUU

En su Estrategia de Seguridad Nacional dada a conocer en diciembre pasado, la Casa Blanca atribuyó la pérdida de la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental a los “años de negligencia” y se comprometió negarle a los “competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas o alguna otra capacidad amenazante, o poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio”.

A medida que crecía el poderío económico de China, también ganaba influencia diplomática. Desde 2016, cinco países de la región —Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras— rompieron lazos con Taiwán y abrieron embajadas en Beijing con la esperanza de tener mejores perspectivas económicas.

Pero de los 12 países del mundo que aún reconocen la condición de Estado de Taiwán, siete están en América Latina. Lo que demuestra una lucha por la influencia entre las dos economías más grandes del mundo.

Taiwán es el tema más delicado en las relaciones entre China y Estados Unidos. Beijing considera a Taiwán como parte de su territorio y ha prometido anexar la isla por la fuerza si es necesario. Estados Unidos está obligado por ley a brindar a Taiwán suficiente equipamiento para disuadir cualquier ataque armado de China.

Beijing vende armas y equipo policial a países latinoamericanos y ayuda a entrenar a personal policial y militar.

El puerto en Chancay, Perú, fue construido por China y es uno de los más profundos de América Latina. La instalación ha despertado las preocupaciones de Washington de que China pueda usarlo con fines militares.

“El presidente Trump tiene razón al enfocarse en defender el hemisferio occidental de China», declaró el representante republicano John Moolenaar. Quien es además, presidente de la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino. «El presidente Trump ha dejado en claro que estamos con nuestros amigos en la región frente a los esfuerzos de China por socavar los intereses de Estados Unidos”.

La decisión para Latinoamérica

América Latina quiere ir más allá de China en busca de su prosperidad económica. Y Estados Unidos tiene mucho que ofrecer, señaló Enrique Millán Mejía, investigador sobre desarrollo económico para el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council.

“Existe cierto descontento con la presencia de China como inversionista y con cómo la huella y el resultado de esas inversiones no han sido significativamente positivos para la economía. Y están tratando de alinearse más con Estados Unidos, con la promesa de que Estados Unidos pueda invertir en sectores estratégicos”, dijo Millán Mejía.

Advirtió que China mantiene una gran ventaja porque ya ha invertido en sectores estratégicos, como infraestructura, seguridad, logística y tecnología. Pero espera que los países latinoamericanos sean pragmáticos y tomen lo mejor de cada una de sus relaciones con Estados Unidos y China.

“Sin duda, para América Latina es muy importante tener una relación muy buena y cercana con Estados Unidos. Porque Estados Unidos está muy cerca de ellos. Pero, obviamente, desde un punto de vista económico, es bueno mantener al menos relaciones comerciales con China”, añadió.

La postura de China

Sun Yun, directora del programa sobre China en el Stimson Center, un centro de estudios con sede en Washington, afirmó que China está enfocada en hacer negocios en Latinoamérica.

“Desde la perspectiva china, no hay competencia por el dominio con Estados Unidos», declaró Sun. «Darán prioridad a la protección de sus activos y no renunciarán sin luchar a instalaciones como un puerto”.

Aseguró que China espera algo a cambio.

“Lo que están tratando de hacer es argumentar que Taiwán está clara y plenamente dentro de la esfera de influencia de China», comentó Sun. «Si Estados Unidos espera que China respete su propia definición, entonces Estados Unidos también debe respetar la definición de China del Pacífico occidental. Especialmente de que Taiwán es un interés nacional fundamental para China”.

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La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sostuvo este jueves que “no existe una fecha clara para la reparación del ducto afectado ni para el restablecimiento total del suministro del gas natural en el país. El tiempo de reparación podría variar dependiendo de la evaluación técnica que aún realiza la empresa operadora del sistema”.

La premier refirió que “(TGP) nos ha dicho 14 días, para nosotros es muy importante que ese tiempo sea menor. Pero, no podemos asegurar cuánto es el tiempo. Obviamente, el plan establecido por ellos se debe cumplir, pero todo dependerá de la evaluación inicial que está realizando la empresa”, declaró a la prensa.

Afirmó que el Gobierno ha brindado apoyo logístico para acelerar las labores de reparación, a través de recursos del Ministerio de Defensa (Mindef), que incluyen aviones, helicópteros y equipo de las Fuerzas Armadas para facilitar el traslado de personal y materiales.

Como se informó hace cinco días se produjo la deflagración en un tramo del sistema de transporte del gas de Camisea, que está determinando una restricción en el suministro de gas natural en el país nunca visto. Y según la premier, no existe una fecha clara para la reparación del ducto afectado ni para el restablecimiento total del suministro de este insumo natural en el país.

Ángelo Alfaro: “Perú depende de una sola infraestructura para transportar el gas de Camisea”

En tanto, en su presentación ante el Congreso este jueves, el ministro de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro dijo que el país no tiene un “gaseoducto alternativo” mientras que Chile que no es productor de gas, tiene cinco ductos.

Esta crisis de gas evidencia la fragilidad del sistema energético del país al depender de una sola infraestructura para transportar el recurso de Camisea, lo que pone en riesgo el abastecimiento ante cualquier incidente, alertó a los congresistas en su presentación ante el Pleno.

La emergencia dejó al descubierto un problema estructural en la planificación energética del país “al depender de un solo ducto y cuando ese ducto falla todo colapsa… seguimos en deuda con la planificación. Luego de 20 años de Camisea no tenemos un anillo energético ni un gaseoducto alternativo”, refirió al Parlamento el titular del Minem.

Alfaro Lombardi explicó que el incidente generó una interrupción significativa en el flujo del recurso. “En condiciones normales, el sistema transporta cerca de 800 millones de pies cúbicos diarios. Tras el daño en los ductos, la distribución se redujo a cerca del 9% del volumen habitual”.

Gobierno prioriza abastecimiento y suspende exportación de gas

El Ejecutivo tras declarar en emergencia el sistema de distribución de gas natural, instaló un comité de crisis con participación de entidades como COES, Osinergmin, OEFA y empresas del sector energético para priorizar el abastecimiento de los usuarios residenciales. Y también garantizar el suministro para hospitales, el transporte del Metropolitano de Lima y los camiones de recolección de residuos a fin de evitar afectaciones en servicios esenciales mientras se restablece el sistema.

El ministro Alfaro, confirmó además que el Perú dejó de exportar gas de forma temporal. “Todo el volumen disponible se destina al consumo interno mientras se supera la crisis de gas”, informó.

Como se sabes, según las estimaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), las reparaciones del sistema podrían tomar alrededor de 14 días y así reponer el servicio. Pero, desde el Gobierno señalaron que ese cronograma todavía no es definitivo.

Esto porque si bien el cronograma estimado por TGP es de 14 días, las condiciones climáticas adversas dificultaron el traslado de maquinaria pesada y equipos especializados hasta la zona donde se produjo el incidente. Y si bien el personal técnico ya está en el área afectada, las lluvias han impedido que los equipos necesarios lleguen al punto exacto de intervención.

TGP refirió que aún continúa la evaluación de la causa raíz del incidente, debido a que persisten llamas en ambos ductos, lo que impide realizar un análisis técnico detallado.

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El candidato presidencial y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, publicó un video en sus redes sociales en el que se refiere a las matanzas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso ocurridas entre diciembre de 2022 e inicios de 2023 en diversas regiones del país.

En la grabación, difundida en TikTok el 9 de febrero y en Facebook el 10 del mismo mes, el secretario general del partido político Perú Libre asegura que 70 personas fueron asesinadas por la Policía y el Ejército durante la represión de las manifestaciones que estallaron tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo y la toma de mando de Boluarte.

Cerrón afirma textualmente: “La información de inteligencia [policial] se utilizó para derrocar al presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y con ello deterioraron la democracia, violaron los derechos fundamentales y debilitaron la institucionalidad del Ejecutivo. Este golpe produjo 70 muertos acribillados por la Policía y el Ejército, fundamentalmente en Puno, Apurímac y Ayacucho”.

Sin embargo, el dato difundido por el exgobernador regional de Junín es falso. Diversos informes de organismos nacionales e internacionales coinciden en que el número de civiles asesinados durante la represión estatal fue menor al que menciona Cerrón.

Fueron 49 civiles asesinados por la Policía y el Ejército

El informe “Perú en la mira por crímenes de lesa humanidad: asesinatos y represión sistemática de 2022-2024”, publicado en junio de 2024 por la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos, documenta 49 civiles asesinados en el contexto de la represión contra manifestantes. El documento detalla que la violencia estatal tuvo mayor cantidad de víctimas mortales en tres episodios: Andahuaylas (Apurímac), entre el 10 y el 12 de diciembre; Ayacucho, el 15 de diciembre; y Juliaca (Puno), el 9 de enero de 2023. En este último caso, considerado el más letal, se registraron 18 personas asesinadas.

El informe también señala que 48 de las 49 víctimas murieron por impactos en la cabeza, el tórax o el abdomen, causados por armas de fuego o por el impacto de cartuchos de gas lacrimógeno. En la mayoría de casos analizados se identificó el uso de fusiles calibre 5.56 o 7.62 mm, además de pistolas de 9 mm y escopetas con perdigones, compatibles con armas tanto de la Policía Nacional como del Ejército.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró 50 civiles muertos y al menos 821 heridos durante las protestas. El organismo también señaló que 27 de las víctimas mortales tenían menos de 25 años y siete eran menores de edad, y que, según la información recopilada, muchas de las personas fallecidas no habrían participado directamente en las manifestaciones.

Además, el documento precisa que otras 11 personas fallecieron en el contexto de los bloqueos de carreteras, principalmente en accidentes o por falta de acceso oportuno a atención médica, situaciones que ocurrieron durante las movilizaciones pero no como resultado directo de la acción de las fuerzas de seguridad.

En tanto, el Informe Defensorial N.°190 de la Defensoría del Pueblo, que analiza la crisis política y las protestas entre el 7 de diciembre de 2022 e inicios de 2023, reporta 49 personas fallecidas en enfrentamientos vinculados al conflicto social, en su mayoría durante intervenciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país. El documento identifica focos de violencia en Andahuaylas (6 fallecidos), Ayacucho (10), Juliaca (18), así como muertes registradas en regiones como Junín, Arequipa, Cusco, La Libertad y Lima.

Diversos medios de comunicación informaron a lo largo de los últimos años que los responsables de los asesinatos son efectivos de la Policía Nacional y el Ejército. De hecho, la Fiscalía llegó a pedir que el Estado asuma la reparación civil por el asesinato de los siete menores de edad a manos de las fuerzas del orden.

No se ha iniciado ningún juicio oral ni dictado sentencia por los asesinatos ocurridos durante las protestas.

Conclusión

Los reportes de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del informe ‘Perú en la mira por crímenes de lesa humanidad’, además de diversos medios de comunicación, coinciden en que fueron entre 49 y 50 los civiles asesinados por las fuerzas del orden durante la represión de las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso entre diciembre de 2022 y enero de 2023, no 70 como aseguró el dirigente de Perú Libre. Por tanto, PerúCheck califica como falsa la afirmación de Vladimir Cerrón.

La nota de verificación No se asesinaron a 70 personas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, como dijo Vladimir Cerrón se publicó en plataforma PerúCheck en este enlace

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La Mesa de Fortalecimiento Electoral de Arequipa, integrada por el JNE, ONPE y Transparencia, promovió una jornada de sensibilización respecto a la importancia del voto joven en el instituto SENATI. Esta actividad colaborativa aprovecha el marco de la feria por el Día de la Mujer para acercar información técnica a los estudiantes.

El objetivo principal es preparar a los ciudadanos para los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026. Los especialistas enfocan sus esfuerzos en los más de 100,000 jóvenes arequipeños que sufragarán por primera vez en este proceso.

A través de dinámicas interactivas, los estudiantes aprendieron a utilizara la plataforma «Voto Informado». Esta herramienta digital facilita el conocimiento de las hojas de vida de quienes postulan a la presidencia, al senado y a la cámara de diputados. También pudieron visualizar las características de la nueva cédula de votación. E incluso practicar con ella el ejercicio de votar. En palabras de los estudiantes, les ayudó a conocer a detalle cómo votar correctamente. Desde conocer a los candidatos hasta el momento de marcar su elección en los próximos comicios.

La capacitación subrayó el impacto e importancia de un voto consciente para la gobernabilidad de los próximos cinco años. Durante la actividad, estudiantes que votarán por primera vez en su vida pudieron conocer detalladamente las funciones que se ejercerán desde la cámara de diputados, senado y del Parlamento Andino para evitar confusiones en las urnas.

Función de la alianza entre instituciones

El despliegue de la Mesa de Fortalecimiento Electoral permite que diversas organizaciones actúen de forma conjunta para garantizar una difusión objetiva de las reglas del juego democrático. Además de la orientación presencial, se destaca la importancia de conocer las funciones específicas de cada autoridad para emitir un voto responsable y consciente.

De esta manera, varias instituciones se unen en Arequipa y llevan actividades que promueven un voto consciente del ciudadano y evitar los conflictos de índole político que puedan distorsionar la expresión de la voluntad. Así, la población pueda tener acceso a la información y las herramientas necesarias para tener una elección conciente.

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Una sentencia histórica vuelve a poner en el centro del debate uno de los capítulos más reprobables en materia de derechos humanos en el país, para cólera de los fujimoristas y quienes buscan que el país se salga a como de lugar de este tratado. La Corte IDH determinó que el Estado peruano es responsable por la esterilización forzada de Celia Edith Ramos Durand, quien fue sometida a una intervención quirúrgica durante el denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar aplicado en la década de 1990, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.

Según el tribunal internacional, el Estado violó múltiples derechos fundamentales de la víctima: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la vida privada, al acceso a la información, a la protección de la familia, a la igualdad ante la ley y al derecho a la salud.

La Corte concluyó que existieron presiones, engaños y ausencia de información adecuada para obtener el consentimiento de Celia Ramos Durand. Además, determinó que el procedimiento se realizó en condiciones deficientes. Tras la intervención, la mujer sufrió complicaciones graves y falleció luego de 19 días de dolorosa agonía.

El fallo también señala que el Estado intentó ocultar las verdaderas causas de su muerte a la familia, lo que agravó la vulneración de sus derechos. Aunque el caso fue archivado en el Perú durante años, la justicia internacional continuó evaluándolo hasta emitir esta sentencia.

Sanciones

Como parte de las reparaciones, la Corte ordenó al Estado peruano retomar y avanzar en la investigación de los hechos para identificar y sancionar a los responsables. Asimismo, dispuso que el país adopte medidas para garantizar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir. Entre ellas la aprobación de normas claras sobre el consentimiento informado en procedimientos de salud sexual y reproductiva.

La sentencia también establece que el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Así como pedir disculpas a la familia, además de publicar la resolución. Como medida de reparación, se ordenó otorgar becas de estudios profesionales, de actualización o de posgrado para las hijas de Ramos Durand.

Este fallo refuerza un único mensaje: No olvidar.

Expresidente José Jerí volvió al Congreso tras ser censurado y retomará sus funciones como parlamentario

Al Congreso se le terminaron las vacaciones y los otorongos reaparecieron para el inicio de la última legislatura del periodo 2021-2026. Si alguien se robó los reflectores, ese fue José Jerí. El expectorado expresidente retornó a la función pública después de ser censurado por sus ahora colegas.

Jerí hizo acto de presencia en el Palacio Legislativo promediando las 10 horas y no dio declaraciones a los periodistas presentes. Eso sí, estuvo arropado en todo momento por su colega Luis Cordero Jon Tay. Congresista señalado como el nexo que acercó a Pajerí y al empresario chino Zhihua Yang, el dueño del chifa donde el expresidente apareció encapuchado. A ver si José Jerí ya aprendió la lección y se olvida de contratar en su despacho a mujeres después de reunirse con ellas hasta altas horas de la noche.

María Del Carmen Alva arremete contra gobierno de José María Balcázar

La congresista María del Carmen Alva parece estar esperando sentada a que el presidente José María Balcázar haga algo, cualquier cosa, que justifique los 64 votos que lo llevaron al poder, y la derrotaron a ella, aunque cree que ese número de votantes solo se explica por acuerdos bajo la mesa con bancadas de todo el arco político. En su análisis, Alva señala que Balcázar no solo no ha hecho nada concreto, sino que además se enteró de las devastadoras lluvias en Arequipa por un periodista, lo que sugiere que el parte meteorológico lo ve en el noticiero como cualquier mortal.

La expresidenta del Congreso también aprovechó para diseccionar al Gabinete de Denisse Miralles, donde según su ojo clínico, los ministros que se quedaron no son señales de continuidad, sino de que alguien no quiso mover el ratón. Y claro, si Balcázar negoció votos, también negoció carteras, concluye Alva con la certeza de quien perdió una elección pero ganó un argumento.

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Hoy en Pico a pico: – Delia Espinoza con nuevo pedido de inhabilitación – Tribunal Constitucional liberaría pronto a Cerrón de su orden de detención – Cosas que solo pasan en el Perú: Malcricarmen raja de Balcázar – Conexión regional: linchan delincuente en Juliaca e indignación por la falta de gas.

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