Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. | FOTO: El Búho
La consejera regional Marleny Arminta informó sobre una fiscalización realizada en hospitales de Arequipa, en la que se detectaron diversas deficiencias que podrían afectar la atención médica. La autoridad expresó especial preocupación por la situación del hospital Honorio Delgado, el cual —según indicó— enfrenta una creciente presión asistencial que podría derivar en un colapso si no se adoptan medidas correctivas.
Durante la supervisión se observaron limitaciones en infraestructura, equipamiento e insumos. Arminta señaló que la demanda en el Honorio Delgado se incrementa debido a restricciones o procesos de cambio en otros establecimientos de salud como Goyeneche e Iren Sur, lo que concentra la atención en el principal hospital regional.
Entre los hallazgos, se identificaron fallas en el área de lavandería del hospital Honorio Delgado. De seis lavadoras nuevas instaladas el año anterior, varias presentaron desperfectos recurrentes y permanecen en mantenimiento; además, cinco secadoras y dos calandras fueron calificadas como obsoletas y fuera de servicio. La falta de liquidación administrativa del proyecto original impediría su renovación.
Asimismo, personal médico reportó carencias de insumos químicos, equipamiento y materiales en áreas como laboratorio, banco de sangre y gastroenterología. Ante ello, el Consejo Regional solicitó informes detallados al Ejecutivo regional y la adopción de medidas para evitar impactos en la atención de pacientes de Arequipa y de la macroregión sur.
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Los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, denuncian abusos del INPE por la difusión de imágenes de la requisa que realizaron en sus celdas del penal de Barbadillo donde cumplen sus sentencias.
El último fin de semana, el penal de Barbadillo fue escenario de un operativo de requisa ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional. La intervención tuvo como objetivo oficial fiscalizar presuntos privilegios en las celdas de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Martín Vizcarra, quienes purgan prisión en dicho centro penitenciario.
Durante la inspección, las autoridades constataron que los exmandatarios contaban con diversos electrodomésticos y objetos de uso personal para cubrir necesidades básicas. Se halló que Vizcarra poseía una radio, una refrigeradora y un ventilador, mientras que en la celda de Humala se encontró un horno microondas. Por su parte, a Castillo se le incautó un televisor, una radio, una bicicleta de ejercicios, una refrigeradora y una cocina implementada; en tanto, a Toledo solo se le hallaron cubiertos.
Sin embargo, el operativo ha sido duramente cuestionado por diversos sectores que lo califican como una «cortina de humo» diseñada para desviar la atención de los recientes escándalos que rodean al presidente interino, José Jerí. Estos cuestionamientos surgen en medio de polémicas por reuniones clandestinas de Jerí con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares en mayoría a jóvenes damas, tras visitas nocturnas al Palacio de Gobierno.
Abogado de Ollanta Humala: «La filtración de fotografías fue algo ‘indignante y tendencioso’”
La defensa de Ollanta Humala también expresó su rechazo formal ante lo que consideran una vulneración sistemática al derecho fundamental a la intimidad. El abogado Wilfredo Pedraza calificó la filtración de fotografías como «indignante y tendenciosa», acusando al gobierno de Jerí de utilizar el sistema penitenciario para distraer a la opinión pública de las denuncias que pesan sobre su gestión.
Paralelamente, el abogado de Humala, Edinson Huamán, remitió un oficio a la presidenta del INPE, Shadia Valdez, exigiendo detalles sobre quién autorizó la toma y posterior difusión de las imágenes. Huamán enfatizó que la sentencia en primera instancia contra Humala, que aún se encuentra en apelación, no restringe sus derechos fundamentales, como la protección de su imagen y vida privada garantizados por la Constitución.
Huamán Chacón en la carta oficial que remitió a la titular del INPE denunció que, “durante las dos intervenciones ejecutadas el domingo 8 de febrero se tomaron imágenes del exmandatario sin su consentimiento expreso”. Por lo que, en el mismo documento, solicita información detallada sobre la cadena de mando involucrada. Y la autorización expresa del expresidente para el uso de su imagen.
“La sentencia dictada en primera instancia contra mi patrocinado, y que se encuentra aún en apelación, no restringe sus derechos fundamentales”, dice en la carta. Resalta que, el artículo 2, inciso 7, de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la intimidad. Mientras que el Código Penal tipifica como delito la violación y el tráfico ilegal de datos personales. Con agravantes si el agente es un funcionario público.
Martín Vizcarra: “En la tercera requisa tomaron fotos para filtrarlas a la prensa”
El expresidente Martín Vizcarra denunció públicamente que fue objeto de tres requisas en menos de 24 horas, calificando la medida de abusiva y desproporcionada. Según relató, la primera diligencia ocurrió el sábado 7 de febrero y culminó sin observaciones. Pese a esto, los funcionarios regresaron en dos ocasiones adicionales, incluyendo una intervención para tomar fotografías que fueron filtradas inmediatamente a la prensa.
Vizcarra también aprovechó para comparar su situación con las condiciones de reclusión que tuvo el fallecido Alberto Fujimori. «¿Le hicieron alguna (requisa) a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo?», cuestionó. Recordó que el exdictador incluso cultivaba una huerta con herramientas y un tractor. Y sugirió que la orden de intervenir su celda responde a una directiva política «de arriba».
Ante estos hechos, Vizcarra presentó una denuncia penal contra Henry García Malpartida, director de Seguridad Penitenciaria del INPE. Esto, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación a la intimidad en forma agravada. La acción legal sostiene que la segunda requisa se llevó a cabo sin razón ni sustento, lesionando los derechos del exmandatario a sabiendas de que ya se había realizado una inspección previa horas antes.
Asimismo, el expresidente ya había denunciado restricciones en visitas luego de que sus dos hijas no pudieran verlo. El refirió que sus dos hijas fueron a visitarlo durante el horario de visita semanal establecido. Sin embargo, los trabajadores de la institución habrían negado el ingreso de ambas. «Me dijeron en la puerta que solo podía entrar una, que escoja, y como padre no podía hacer eso y tuvieron que irse».
Califican acciones como efectistas y manotazos de ahogado
Especialistas consultados advierten que estas acciones buscan mejorar la imagen del sistema penitenciario mediante un discurso de «mano dura» para recuperar la confianza ciudadana. El politólogo Alejandro Godoy explicó que, aunque inicialmente este tipo de medidas fueron percibidas como positivas, hoy son vistas como actos efectistas que contrastan con la falta de fiscalización previa en casos como el de Alberto Fujimori.
Por otro lado, el analista Alejandro Mejía calificó la medida como «manotazos de ahogado» por parte de un presidente cuya aprobación se ha desplomado. Mejía criticó que se intente exponer privilegios carcelarios —asunto que amerita investigación— para ocultar que el actual gobierno poco ha hecho para combatir la corrupción persistente dentro del sistema penitenciario nacional.
Para ambos analistas consultados por La República, el clima político para José Jerí es crítico, pues una encuesta de Imasen indica que su desaprobación alcanzó el 70,4 % en enero. Este incremento en el rechazo popular estaría relaciondoa con la exposición mediática de la requisa en Barbadillo. Todo hace ver que es una maniobra distractiva frente a la crisis de inseguridad ciudadana y la falta de un Plan Nacional de Seguridad.
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La congresista y candidata al Senado por Renovación Popular, María de los Milagros Jáuregui, viene siendo cuestionada por exponer públicamente a adolescentes víctimas de abuso sexual a las que coaccionaron para continuar con sus embarazos en el albergue que fundó junto a su esposo.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) decidió intervenir el refugio fundado por la congresista y candidata al Senado por Renovación Popular, María de los Milagros Jáuregui. Ella admitió que en ese espacio niñas víctimas de violación son obligadas a llevar a término sus embarazos. El MIMP informó que la intervención busca verificar si el albergue cumple los estándares de protección integral y atención para menores en extrema vulnerabilidad. Esto, conforme al principio del interés superior del niño.
Jáuregui y su esposo crearon el refugio “Casa del Padre”, para albergar de entre 10 y 13 años que sufrieron abuso sexual y quedaron embarazadas. La propia congresista ha declarado que en ese lugar las menores “no se arrepienten” de dar a luz. Y que “la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé”, comentarios que generaron una ola de rechazo entre organizaciones de derechos humanos.
Durante un evento realizado en dicho centro, la parlamentaria presentó a las menores ante el público y participó con ellas en actividades religiosas junto a sus hijos. Las imágenes difundidas generaron reacciones críticas en redes sociales y en diversos sectores.
Especialistas y usuarios señalan que esta exposición podría constituir una forma de revictimización, al tratarse de menores en situación de alta vulnerabilidad.
En entrevistas previas, Jáuregui ha señalado que decidió involucrarse en esta labor tras ver diversos casos de adolescentes en situacion de abandono. A esto lo calificó como un “llamado divino”. No obstante, también se le cuestionó por reiterar públicamente que las jóvenes fueron víctimas de abuso sexual y por afirmar que “la principal víctima” es el bebé en gestación.
A través de sus redes sociales, la congresista de Renovación Popular sostuvo que esta información es falsa. Afirmó que su trabajo se realiza en coordinación con el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial. Sin embargo, sus críticos señalan que el cuestionamiento no apunta al funcionamiento del albergue, sino al uso político del espacio para reforzar su postura ideológica. Así también, defender su visión sobre el enfoque de género y cuestionar políticas públicas como el aborto terapéutico en caso de abuso sexual.
Además de las críticas políticas, organizaciones de la sociedad civil han pedido formalmente a la Fiscalía que investigue el refugio gestionado por Jáuregui. Advierten que las prácticas admitidas por la legisladora podrían poner en grave riesgo a las niñas víctimas de violación. Colectivos como Amnistía Internacional, Flora Tristán, Demus, Manuela Ramos, PromSex y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han señalado que la afirmación de que la “única víctima” es el feto niega la dignidad de las menores y desconoce su calidad de víctimas de violencia sexual, lo que puede agravar su sufrimiento físico, emocional y social.
Las organizaciones también han exhortado al Ministerio Público a iniciar una investigación exhaustiva y de oficio. Esto con el fin de determinar si en el albergue se están cometiendo posibles delitos como la revictimización institucional o la coerción. Y han instado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a revisar sus mecanismos de atención y derivación para garantizar que las intervenciones se rijan por el interés superior del niño y los estándares internacionales de derechos humanos.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Si bien no hubo un nombramiento oficial, tanto el exalcalde de Lima como el entonces jefe de Estado anunciaron su participación en el equipo de asesores del despacho presidencial
El 29 de enero el candidato a la presidencia del partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, fue entrevistado en el programa ‘Tu decisión 2026’, de TV Perú, y tras ser consultado sobre su período como asesor del gobierno de Pedro Castillo, respondió:
“Primera aclaración: yo no fui nombrado asesor [de Pedro Castillo]”.
Sin embargo, existen distintas declaraciones y evidencias que confirman que Ricardo Belmont sí fue asesor de Castillo.
Pedro Castillo y Ricardo Belmont anunciaron que trabajarían juntos en 2021
El 18 de octubre de 2021, el entonces presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse a su equipo de asesores. “Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, escribió.
El expresidente Pedro Castillo brindó agradecimientos públicos a Ricardo Belmont por sumarse a su equipo de asesores. Fuente: @PedroCastilloTe
Ese mismo día, el también exalcalde de Lima brindó declaraciones a la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno y señaló que se reunió con Castillo Terrones tras una invitación del profesor. “¿Cómo me voy a negar a colaborar con el país si fui el primero en decir que si las cosas no se explican bien, vienen los malentendidos, las adjetivaciones, y creo que hay que pensar en el Perú, en los 33 millones de peruanos, eso le dije al presidente”, mencionó.
Los periodistas le consultaron cuáles serían sus labores, a lo que respondió que iba a comentarle al presidente la necesidad de armar un equipo de “primera” con especialistas en materia constitucional y económica. Belmont también comentó que no sabía que planeaban invitarlo a ser parte del gabinete de asesores.
A los pocos días, Ricardo Belmont aseguró que el anuncio era “de palabra”
El 21 de octubre de 2021, tres días después del anuncio de Castillo, el exalcalde de Lima se pronunció ante los medios de comunicación y dijo que su resolución no iba a oficializarse.
“Estoy designado, estoy de palabra. No vengo por un sueldo ni por un puesto. Al presidente lo conozco, he hablado mucho con él, he hablado mucho con su gente y hay un respeto mutuo”, dijo.
PerúCheck se comunicó con el abogado especializado en derecho público, José Elice, quien comentó que hay quienes trabajan como asesores sin que exista un nombramiento oficial. El también exsecretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros comentó que estas personas trabajan de forma gratuita para algunos funcionarios públicos.
“El tema de los asesores llamados ‘de palabra’ no es nuevo. Siempre hay personas que por diversas razones se acercan a las autoridades y ofrecen sus servicios de asesoría, y cuando les dicen que no los van a contratar dicen que no importa el sueldo. Y usan ese vínculo para relacionarse con otras autoridades porque se presentan como sus asesores, entonces así comienzan a trabajar en un ministerio”, explicó.
Además, Elice comentó que hay otro tipo de profesionales que buscan trabajo y comienzan de forma gratuita, pero que en el tiempo los contratan. “Cuando daba charlas y talleres para congresistas nuevos, siempre les decía que se cuiden de los asesores ad honorem porque no tienen ningún tipo de vínculo formal con la institución con la que trabajan y luego pueden meterse en problemas”, añadió.
Ricardo Belmont afirmó que ser asesor de Castillo fue “una tomada de pelo”
El 14 de enero del presente año, el candidato del Partido Cívico Obras conversó con la periodista Rosa María Palacios en el programa Sin Guión, de La República, y aseguró que Pedro Castillo le preguntó si quería ser su asesor, a lo que respondió que podía asesorarlo gratuitamente. “Fue una tomada de pelo”, indicó.
“Cuando salgo de Palacio de Gobierno había lanzado un twitter. ¿Qué hago con un twitter acá? El twitter no es una resolución, no es un nombramiento”, dijo.
PerúCheck intentó comunicarse con el candidato a la presidencia a través del área de su prensa, pero la respuesta fue que el señor Belmont no tenía disponibilidad para atender la entrevista.
Conclusión
Pese a que en 2021 el presidente Pedro Castillo anunció que Ricardo Belmont se unía a su equipo de asesores en el Despacho Presidencial, nunca se oficializó el cargo. Sin embargo, esto no implica que el exalcalde de Lima no haya asesorado por unos días al entonces jefe de Estado. Por este motivo, PerúCheck califica las declaraciones del candidato a la presidencia por el Partido Cívico Obras como imprecisas.
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Es el turno del candidato Alfonso López-Chau de Ahora Nación. Su avance en las encuestas es pekgrliorospo
La Contraloría General de la República (CGR) ha dispuesto a la OCI el inicio de una auditoría de recopilación de información relacionado a la contratación de bienes, servicios y obras realizadas por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) durante la gestión de Alfonso López-Chau, del 12 de noviembre de 2021 al 6 de mayo de 2025.
La disposición fue ordenada por la jefa de la OCI de la UNI, Carla Remigio Palacios, quien, en oficio remitido al rector de dicha universidad, Arturo Talledo Coronado, le informa que por orden de sus superiores de la Contraloría debía investigar la gestión de López-Chau Nava, según los documentos a los que accedió La República.
Esta determinación se conoce luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación contra el candidato presidencial por el partido Ahora Nación López-Chau. Por presuntamente haber destinado fondos públicos de la UNI, a favor de miembros de su agrupación política y que son parte de su campaña.
De acuerdo con la tesis fiscal, el candidato a presidente habría usado su cargo como rector de la UNI para beneficiar a militantes y promover su candidatura. Sin embargo, Carlo Magno Salcedo, vocero del partido y uno de los presuntos beneficiados, rechazó que López-Chau ordenara contratarlo.
Esto constituiría los presuntos delitos de corrupción en la modalidad de peculado doloso y negociación incompatible. El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción declaró ‘compleja’ la investigación y dispuso ampliar el plazo de esta por 8 meses.
¿Por qué hechos se le investiga a López-Chau?
López-Chau Nava es investigado por tres hechos, presuntamente irregulares, cometidos cuando ejerció el cargo de rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
El primero es, por presuntamente, haber beneficiado con contratos al abogado Carlo Magno Salcedo Cuadros (Secretario de Doctrina y Formación Política del Partido Ahora Nación). A Salvador Arévalo La Rosa (Secretario Nacional de Industria y Emprendimiento de Ahora Nación) y Leandro Josué Gámez Ramos (Presidente del Tribunal Electoral de Ahora Nación). Los tres son militantes activos o directivos del partido Ahora Nación.
Los tres dirigentes presuntamente beneficiados y también citados como testigos por la fiscalía, habrían suscrito diversos contratos con la UNI. Los montos ascenderían a S/ 54,000, S/ 75,000 y S/ 32,000, respectivamente, durante los años 2022 al 2024. Esto, cuando López-Chau Nava era rector de esa casa de estudios.
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Entérate además que revelan que José Jerí festejó su cumpleaños con trabajadoras parlamentarias señaladas como parte de red de prostitución en el Congreso
Cuando César Acuña decía que Alianza Para el Progreso era una raza distinta no bromeaba. Resulta que el 20% de los candidatos del partido para estas elecciones tiene antecedentes penales. Así lo reveló el dominical Cuarto Poder, que concluyó que 53 postulantes del acuñismotienen sentencias judiciales firmes. De estos angelitos, 32 quieren convertirse en diputados, 20 en senadores y 1 en parlamentario andino.
Entre los delitos por los que fueron condenados figuran corrupción de funcionarios, homicidio culposo, lesiones graves, omisión a la asistencia familiar y violencia familiar. Sin embargo, no son las únicas perlas de las listas aliancistas.
Dos actuales parlamentarias señaladas por mochasueldos quieren reelección. Se trata de Magaly Ruíz y Rocío Torres, quienes enfrentan investigaciones fiscales. Y como olvidarnos de Juan José Santiváñez, alias Cachete, engreído de Dina Boluarte y tristemente célebre por su nula labor al frente del Ministerio del Interior; quien es objeto de seis investigaciones fiscales. Al final sí se convirtieron en la banda del choclito.
Revelan que José Jerí festejó su cumpleaños con trabajadoras parlamentarias señaladas como parte de red de prostitución en el Congreso
Los trapitos sucios de José Jerí no paran de salir. Perú21 reveló los detalles de la encerrona que se metió el pipiléptico de palacio en su cumpleaños número 38, el 9 de noviembre de 2024, cuando aún era un otorongo más. El presidente más turbado de la historia peruana hizo su fiestita temática en las afueras de Lima con verdaderos invitados de peso: los entonces ministros Morgan Quero y César Vásquez, además del fujimorista Arturo Alegría y Luis Cordero Jon Tay.
Hasta ahí nada fuera de lo común, salvo un pequeñísimo detalle. En la actividad también participó la infame Isabel Cajo, extrabajadora parlamentaria y creadora de Onlyfans señalada como supuesta integrante de la red de prostitución que funcionaba dentro del Congreso. Junto a ella habrían participado otras dos distinguidas damas, una de ellas la finada Andrea Vidal, acribillada meses después de 15 disparos en un taxi.
Las señoritas se metieron a la piscina, ante la atenta y salivante mirada de los caballeros presentes. Con todas estas revelaciones, no se entiende qué más hace falta para que Fernando Rospigliosi convoque a un pleno extraordinario. Si suena a violín, se toca como violín y parece violín; que no nos vengan a decir que es una guitarra. La incapacidad moral se cae de madura.
Keiko Fujimori rechaza la difusión de imágenes de requisas a expresidentes encarcelados promovidas como “logro” del gobierno de José Jerí
José Jerí está más desesperado que nunca por subir, aunque sea un puntito, en respaldo popular, tras la avalancha de escándalos por su debilidad con sus “amigas”, que después de juergas con él parecen encontrar con sorprendente facilidad jugosos contratos en el Estado.
Y como sus famosas requisas en penales no convencen a nadie, decidió ir hasta el penal que, probablemente será su futura casa: Barbadillo.
Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo fueron despertados de madrugada y, aún en calzoncillos, pasaron por una requisa inopinada. ¿El gran hallazgo? Nada ilegal. Solo algunos electrodomésticos como refrigeradora, microondas, televisor y una máquina para hacer ejercicios.
Pero la primicia, curiosamente, la tuvo solo El Comercio, que tituló en letras gigantes que los expresidentes vivían en una “cárcel de oro”. Si bien se puede cuestionar si estos aparatos ingresaron con autorización del Consejo Técnico Penitenciario ya que deben ser de uso colectivo y no personal, lo de Alberto Fujimori fue diez veces peor: teléfono privado, comodidades exclusivas y hasta jardín propio.
Este burdo intento de Jerí por ganar simpatía terminó siendo tan evidente que hasta su principal aliada decidió marcar distancia. Keiko Fujimori saludó diplomáticamente la requisa, pero rechazó la difusión de imágenes de expresidentes recluidos, al considerar que vulnera su privacidad y dignidad, sin importar de quién se trate.
Demasiado notorio el intento de fingir “mano dura” y “lucha contra la delincuencia” cuando acumula investigaciones, denuncias y un país donde las muertes por extorsión siguen creciendo más rápido que su desprestigio … incluso más que en el gobierno de Dina.
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Alianza para el Progreso tiene el 20% de sus candidatos con antecedentes penales
Revelan que José Jerí festejó su cumpleaños con trabajadoras parlamentarias señaladas como parte de red de prostitución en el Congreso
Keiko Fujimori rechaza la difusión de imágenes de requisas a expresidentes encarcelados promovidas como “logro” del gobierno de José Jerí
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El exgobernador Elmer Cáceres Llica viene disfrutando de su libertad participando en diversas actividades artísticas. Esta vez fue visto en la festividad de la Virgen de la Candelaria, donde bailó caporales junto a otros danzantes.
A inicios de año también participó en actividades culturales con pobladores de Chumbivilcas. Estas apariciones públicas han llamado la atención en redes sociales.
Llica permaneció en prisión durante cuatro años tras ser acusado de presuntamente liderar una organización criminal en el caso “Los Hijos del Cóndor”. Además, enfrentó una condena por la adquisición irregular de butacas valorizadas en más de 20 mil soles cuando fue alcalde de Caylloma.
El exgobernador ha señalado que ahora busca dedicar más tiempo a su familia y que no tiene intención de regresar a la política.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Dos socios de la inmobiliaria Continental fueron dados de alta tras permanecer hospitalizados por las graves lesiones que sufrieron durante un violento ataque registrado la noche del sábado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa. Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza luego de ser agredidos al interior del local.
Según información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche, cuando un grupo de sujetos ingresó de manera irregular a las instalaciones de la inmobiliaria, ubicadas en la avenida Dolores. Los atacantes habrían roto el cerco eléctrico y accedido al inmueble a través de una vivienda colindante, sorprendiendo a los socios que se encontraban en el lugar.
Las víctimas fueron identificadas como Jhon Ederson León Rosales y Jhowaldo Cabrera Casio, ambos socios de la empresa. León Rosales sufrió la agresión más grave, ya que los atacantes lo golpearon con un extintor y luego cayó desde el segundo piso del inmueble. El impacto le causó lesiones de consideración. Pese a ello, recibió el alta en las últimas horas y dejó el hospital en silla de ruedas, con visibles heridas en el rostro.
Tras la alerta de transeúntes y vecinos, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar y auxiliaron a los heridos. La División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa asumió el caso en coordinación con el Ministerio Público. Ambas entidades investigan los hechos por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y robo agravado.
Durante el operativo, la Policía detuvo a varios presuntos implicados. Las diligencias se extendieron hasta la madrugada con el recojo de evidencias y la toma de declaraciones. Las autoridades no descartan que existan más responsabilidades vinculadas a este violento episodio, ocurrido en medio de un conflicto interno en la empresa.
Fiscalía evalúa robo agravado en caso de inmobiliaria en Arequipa
La abogada de los socios agraviados, Solange Quispe, informó que el Ministerio Público viene evaluando el caso bajo la tipificación de robo agravado, prevista en los artículos 188 y 189 del Código Penal. Precisó que este delito podría acarrear penas de entre 20 y 30 años de prisión, debido a las lesiones graves causadas a las víctimas.
La letrada indicó que la defensa de los detenidos habría intentado justificar el ingreso violento al inmueble bajo el argumento de una supuesta defensa posesoria. Sin embargo, aclaró que esta figura legal no ampara actos de violencia extrema ni el despojo de bienes. Añadió que los socios afectados tenían posesión efectiva del inmueble, donde incluso residían.
Quispe detalló que la inmobiliaria está conformada por seis socios y que el conflicto se originó tras el abandono del cargo de gerente general por parte de Álvaro Gil, quien dejó de asistir a la empresa a inicios de febrero. Ante esta situación, los socios le cursaron una carta notarial para iniciar su remoción, procedimiento que aún se encuentra dentro del plazo legal.
Asimismo, negó que exista una compra-venta válida de acciones, como habría sostenido la defensa de Gil, y advirtió sobre una posible falsificación de documentos. Entre los bienes presuntamente sustraídos durante el ataque figuran celulares, dinero en efectivo, laptops, una motocicleta dañada y el sistema de grabación de cámaras de seguridad. El perjuicio económico preliminar superaría los S/ 5.000.
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La crecida de una quebrada arrasó un puente en construcción en la localidad de Pedro Ruiz Gallo, distrito de Jazán, provincia de Bongará, región Amazonas. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días provocaron el aumento del caudal, que arrastró la estructura en cuestión de segundos y causó sorpresa entre los pobladores.
El hecho generó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron a las autoridades responsables de la obra y advirtieron sobre la pérdida de la inversión pública en un proyecto considerado clave para la conectividad de la zona.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
La Constitución y la Ley Marco del Empleo Público detallan que ningún empleado del sector público puede recibir del Estado “más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso”
El domingo 1 de febrero, el candidato a la presidencia de Avanza País, José Williams, brindó una entrevista al programa Punto Final, transmitido por Latina, en la que fue cuestionado por la periodista Mónica Delta por recibir el sueldo de congresista y su pensión como exmiembro del Ejército.
La conductora le preguntó: ¿Cualquier funcionario público puede recibir pensión y sueldo del Estado? A lo que el exmilitar respondió: “todos los reciben, menos nosotros”.
PerúCheck revisó las normas legales y encontró que existe la Constitución y otras normas prohíben la percepción de doble ingreso del Estado, por lo que los funcionarios públicos no pueden percibir dos remuneraciones.
¿Qué dicen las leyes peruanas?
La Constitución política, norma máxima del Estado, tiene un capítulo destinado a la regulación de la función pública. En uno de sus artículos se detalla que un funcionario del sector público no puede percibir doble ingreso.
Artículo 40.-
La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente o en servicios de salud como personal médico y profesionales de la salud con especialidad, conforme a ley.
Pero esta no es la única norma que especifica dicha prohibición. La Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175, tiene como finalidad establecer las normas correspondientes para tener una administración pública más “moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada”. Ésta busca determinar cuáles son los principios que rigen al empleo en el sector público y crear condiciones para las entidades del Estado.
En esta ley también se detalla la relación entre el Estado y el empleado, y en el primer capítulo se especifica que los empleados públicos no pueden percibir del Estado más de una remuneración.
Artículo 3.- Prohibición de doble percepción de ingresos
Ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado. Las únicas excepciones las constituyen la función docente y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas.
En este documento, además, se detalla que el funcionario público es todo aquel que “desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas”.
¿Los congresistas que fueron policías o militares, como José Williams, reciben doble ingreso del Estado?
En reiteradas ocasiones los congresistas han mencionado que no reciben dinero del Estado, sino la pensión a la que tienen derecho. No obstante, su pensión no se calcula como la de un ciudadano cualquiera.
La abogada laboralista Lucy Marmanillo explicó a PerúCheck que la regla general es que ningún funcionario público puede recibir dos ingresos, entre ellos pensión y remuneración, de parte del Estado. Sin embargo, en el caso de policías y militares sí hay un debate porque el Estado contribuye con una parte de su pensión.
“Cuando hablamos de que una persona tiene una pensión y aparte percibe una remuneración de parte del Estado, debemos evaluar a qué régimen pertenece esta pensión. No es lo mismo recibir una pensión de la AFP, que el monto responde a un fondo [privado] que hemos ido acumulado en el tiempo, a recibir una pensión que sí es financiada por el Estado, como pasa con los militares y policías”, dijo.
Lo que sucede es que los militares policiales reciben una pensión conformada por un porcentaje de fondos acumulados por ellos mismos y otra parte asumida por el Estado. Así lo informó la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso.
“La tasa de aporte vigente es 19% (6% a cargo del Estado y 13% a cargo del efectivomilitar policial), y se fijó en correspondencia al diseño actual del régimen previsional, donde las pensiones se otorgan en base a una tasa de reemplazo de 55%”, indica el documento.
Una muestra de ello es la noticia que publicó Agencia Andina el 12 de diciembre de 2025, en la que dio a conocer que, a través del Decreto Supremo Nº 294-2025-EF, se autorizó la transferencia de más de S/88 millones a favor del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.
El objetivo de este presupuesto era “financiar las transferencias financieras que dichos pliegos deben efectuar a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), para ser destinadas exclusivamente al financiamiento del pago de las obligaciones previsionales a cargo de la citada entidad.
Entonces, ¿qué se le cuestionó a José Williams?
Hasta el año 2022, el personal militar y policial que recibía pensiones del Estado no podía percibir doble ingreso de parte del sector público, debido a que aún estaba vigente la Ley N° 19846, la cual determinaba los derechos de los pensionistas de las fuerzas del orden. En éste se definía que sólo era posible que un exmilitar o expolicía percibiera doble remuneración del Estado si se trataba de servicios de docencia.
Artículo 6.-
El servidor o sus deudos sólo podrán percibir simultáneamente dos sueldos o dos pensiones o un sueldo y una pensión del estado, cuando uno de ellos provenga de servicios docentes prestados a la enseñanza pública.
Sin embargo, en el año 2021, poco después de que se instale el nuevo Congreso, la parlamentaria María del Carmen Alva, entonces de la bancada de Acción Popular, presentó la iniciativa legislativa N° 00319/2021-CR que modifica la autorización para la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Ley N° 30539.
De acuerdo al documento, el objetivo era que se haga válido el siguiente texto:
«Autorícese a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las Instituciones Públicas y las Empresas del Estado la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para prestar servicios laborales en todas las áreas de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Instituciones Públicas y Empresas Públicas, quienes pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado.»
El Congreso también pidió una excepción para que policías y militares puedan percibir ingresos de parte del Estado sin considerar un tope máximo, como lo pedía el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº038-2006:
“Ningún funcionario o servidor público que preste servicios al Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público, salvo en los meses en que corresponda las gratificaciones o aguinaldos de julio y diciembre”.
Con estas especificaciones, el 28 de abril de 2022, la iniciativa legislativa fue aprobada. Desde entonces, se le cuestiona a los congresistas que fueron parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú la percepción de doble ingreso del Estado, pese a estar prohibido.
Conclusión
José Williams, candidato presidencial de Avanza País, indicó que todos los funcionarios públicos pueden percibir doble ingreso del Estado. Pero la Constitución y la Ley Marco del Empleo Público señalan que está prohibido que los funcionarios públicos reciban doble ingreso de parte del Estado. Por este motivo, PerúCheck califica las declaraciones del candidato de Avanza País, José Williams, como falsas.
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La Policía Nacional desarticuló una red criminal, denominada “Los Invisibles de la Extorsión”, dedicada a la extorsión que operaba desde el interior del penal de Socabaya, en Arequipa. El operativo se ejecutó el sábado 8 de febrero, alrededor de las 16:00 horas, tras una investigación iniciada por la denuncia de un empresario que recibía amenazas a cambio de dinero.
De acuerdo con la información policial, la banda utilizaba llamadas y mensajes de WhatsApp con números de prefijo extranjero para intimidar a sus víctimas. En uno de los casos, los delincuentes exigieron el pago de S/ 50 mil y enviaron imágenes de la vivienda del agraviado y de armas de fuego como método de presión.
La intervención estuvo a cargo de agentes de la Divincri Arequipa, quienes lograron identificar a los integrantes de la organización y ejecutar allanamientos tanto en el penal como en un inmueble del distrito de Tiabaya.
Extorsiones se organizaban desde prisión en Arequipa
La organización criminal coordinaba sus acciones desde los pabellones A3 y A4 del penal de Socabaya. Operaban bajo una modalidad conocida como “escopetazo”. Desde el interior del centro penitenciario se realizaban las amenazas, mientras que en el exterior se ejecutaban labores de marcaje y cobro del dinero.
Entre los detenidos figura Carlos Andrés Segura Góngora, alias “Negro Colombiano”, señalado como cabecilla de la banda. También fueron intervenidos Luis Mauricio García Huamán, alias “Ñañito”, y Luis Alberto Obando Montoya, alias “Luchito”. Ambos son internos del penal y presuntos encargados de coordinar el flujo del dinero producto de las extorsiones.
Asimismo, fue detenida en flagrancia Juana Rosa Obando Montoya. Según la investigación, sería la responsable de recibir los depósitos y facilitar su ingreso al penal. Además, se identificó a un sujeto conocido como “Coyote”. Este último habría cumplido funciones de marcaje y reglaje de las víctimas y se encuentra en proceso de identificación.
Durante los allanamientos, la Policía incautó seis teléfonos celulares, tarjetas bancarias y chips telefónicos. También se hallaron vouchers de depósito, agendas con anotaciones de montos y cuentas bancarias, además de dinero en efectivo. Las autoridades informaron que las diligencias continúan para determinar si existen más víctimas y establecer responsabilidades penales adicionales.
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El Perú sigue bajo el asedio de los criminales. Los homicidios se han incrementado en lo que va del año y podría superar a los niveles de años anteriores sin que el gobierno de José Jerí haga nada efectivo en contra de este flagelo. Foto: Panamericana
Asegurando que no se busca esconder la información a la ciudadanía, el ministro de Salud, Luis Quiroz, confirmó este lunes que las cifras de homicidios de las Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional el Perú (PNP) es mayor a la registrada por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).
La víspera, el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, cuestionó la credibilidad del SINADEF. Refirió que las cifras que dio el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, «son las más aproximadas a la realidad»
En tanto, crece la expectativa por la publicación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya entrega ofreció el gobierno de José Jerí en dos oportunidades que hasta ahora no se cumplen.
Sin embargo, este lunes también, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, anunció que el documento ya está elaborado y que falta solo que lo apruebe formalmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). “Esta semana lo van a publicar”, aseguró. Explicó que la demora respondió a la intención gubernamental de diseñar medidas de largo plazo y no solo respuestas coyunturales ante la ola de criminalidad que afecta distintas regiones del país.
La Policía ahora difunde dos registros de homicidios
De acuerdo con el analista de datos, Juan Carbajal, “el Gobierno actual de José Jerí (tras casi 4 meses) sigue siendo el de mayor promedio diario de homicidios que cualquier gobierno anterior”. Según datos oficiales de esta gestión por medio del SINADEF, y de proseguir la tendencia actual hasta el término de su mandato podrían ser mayores. Sin embargo, el perito hace notar que ahora la Policía difunde dos registros de homicidios totalmente diferentes.
“El día jueves 05 de febrero, la PNP difundió un boletín informativo por medio del CENOPPOL (Central de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú), en el que daba a conocer un registro de homicidios totalmente diferente a lo que públicamente se visibiliza en el SIDPOL (Sistema Informático de Denuncias Policiales) del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.
Así, y según lo registra el CENOPPOL-PNP, a nivel nacional en el Perú, en enero del 2026 se han registrado 204 homicidios, cifra menor a los 239 homicidios registrados en enero del 2025. “Sin embargo, el SIDPOL-PNP denota registros diferentes indicando que en enero del 2026 se han registrado 185 homicidios, inferior a los 246 homicidios registrados en enero del 2025”, refiere.
Lima ha tenido el peor inicio de año 2026 en cuanto a homicidios
Carbajal remarca que en ambos escenarios (a nivel nacional) se denota una reducción, pero no existe data abierta/pública por parte del CENOPPOL-PNP de modo tal [que permita] analizar todo el contexto/tendencia por regiones, provincias y distritos.
Explica que, cuando sólo se limitan en informar «comparativos nacionales», lamentablemente se cae en un claro ‘sesgo selectivo’, es decir, no visibiliza la situación del panorama completo de cada región, provincia o distrito del Perú.
Lo que no dicen en tal «boletín informativo» del CENOPPOL-PNP es que Lima Metropolitana ha tenido el peor inicio de año en cuanto a registros de homicidios. Esto último sí lo indica claramente el SIDPOL-PNP. “Esperemos que, algún día, se difunda de manera abierta y pública la data del CENOPPOL-PNP. Y sobre todo con una frecuencia diaria y no cada 45 días como lo hace actualmente el SIDPOL-PNP», dijo.
Del Boletín Informativo del 1 al 31 de enero del 2026. Data preliminar. Policía Nacional del Perú
Ministerio de Salud asegura que Sinadef no oculta cifras de homicidios
Luis Quiroz, ministro de Salud, confirmó que las cifras por homicidios de la Policía Nacional del Perú son mayores a las registradas en el Sistema de Información de Defunciones. Defendió el registro de datos y aseguró que “no buscan ocultar el número real”.
Esto tras los cuestionamientos del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, a las cifras del Sinadef, sobre la veracidad de los datos. Aseguró que el número es mayor. El ministro de Salud, en declaraciones a Canal N, confirmó esta preocupante situación.
«Nosotros venimos realizando un trabajo en conjunto con la PNP, el Ministerio del Interior, así como también el Ministerio de Justicia, el INEI. Tenemos una sola información. Lo que ha dicho el general Arriola es totalmente cierto en el momento que se refiere a que las cifras que ellos tienen son mayores que la que tenemos nosotros como Sinadef», señaló.
Explicó que “la PNP cuenta con el registro de todos los fallecidos por homicidios. Mientras que el Sinadef tiene el registro de los certificados de necropsia que normalmente no suele estar al día por la demora». Esto, debido a que la información llega de las diferentes regiones del país.
Espichán: «Las cifras del Sinadef son falsas e irreales»
El ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas, cuestionó la credibilidad del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Pese a que esta entidad pertenece al Ministerio de Salud (Minsa).
Tras respaldar totalmente la versión del general Arriola, aseveró que las cifras que revela el SINADEF son «falsas e irreales». Por ello, planteó su revisión porque no estaría brindando información exacta sobre la cantidad de decesos que se producen en el país a diario. Y que incluye a las víctimas de la delincuencia que debe contrarrestar el propio Gobierno.
Y mientras aumentan los asesinatos, y aunque el presidente José Jerí y el ministro de Justicia, Walter Martínez, anunciaron que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encontraba a «detalles» de ser aprobado y presentado ante la población, esto fue postergado por una tercera vez.
El Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal tenía 10 días calendario, a partir del 26 de enero. Esto, para presentar su propuesta de elaboración de la estrategia del Gobierno contra la delincuencia. Que, según lo dicho por el mandatario, contaría con el asesoramiento técnico del FBI de los Estados Unidos. Incluirá acciones en los penales y el repotenciamiento de las fuerzas del orden tanto policías como serenos municipales. Pero hasta el momento, no hay nada.
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Festividad Virgen de la Candelaria 2026, concurso traje de luces. El video Festividad Virgen de la Candelaria 2026, concurso traje de luces | LA RED se publicó en YouTube en este enlace Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
El cantante puertorriqueño sorprendió y emocionó a millones de latinos en Estados Unidos al dedicar parte de su show a reivindicar a los países de América
Bad Bunny se ha convertido en uno de los mayores exponentes artísticos latinos en enfrentar abiertamente a Donald Trump y sus políticas migratorias. Su presentación en el Super Bowl incluso habría intentado ser censurada tras sus críticas contra ICE durante la ceremonia de los Grammy.
Sin embargo, el cantante puertorriqueño sorprendió y emocionó a millones de latinos en Estados Unidos al dedicar parte de su show a reivindicar a los países de América, incluyendo una mención al Perú y toda Latinoamerica. Este gesto generó una fuerte reacción del presidente estadounidense, quien calificó su presentación como “repugnante”.
La actuación de Bad Bunny en el evento deportivo más importante del país fue interpretada como una muestra de resistencia cultural y política de Latinoamérica frente a las políticas del gobierno de Trump, consideradas racistas y abusivas.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El accidente ocurrió el pasado domingo 8 de febrero en Camaná y obligó al rescate de personas atrapadas entre los fierros de los vehículos de carga pesada.
Un accidente de tránsito se registró la tarde del domingo 8 de febrero en la Quebrada del Toro, en Arequipa, tras la colisión entre dos camiones de carga pesada que circulaban por esta vía. Las unidades involucradas corresponden a los vehículos de placas BNS-982 y AKY-716.
El impacto provocó que varias personas resultaran heridas, algunas de ellas atrapadas entre los fierros de los camiones. El siniestro generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona, quienes brindaron apoyo inicial mientras se alertaba a las autoridades.
Hasta el lugar se desplazó personal de la Compañía de Bomberos, que realizó las labores de rescate correspondientes. Asimismo, personal de Carreteras, junto con la ambulancia de Covinca del peaje de Camaná, participaron en la atención de la emergencia.
Los heridos fueron evacuados al establecimiento de salud más cercano para recibir atención médica. En tanto, la Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
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El candidato presidencial de Frente Esperanza aseguró que el Perú “no le pide papeles” a los migrantes venezolanos, pero desde julio de 2024 rige la obligatoriedad de presentar pasaporte vigente y visa consular.
Durante una entrevista en el programa F.E., de Resurge TV, el candidato presidencial de Frente Esperanza, Fernando Olivera, aseguró que el Perú tiene un “efecto llamada” con la población venezolana debido a una presunta falta de control migratorio. “Aquí tienen trabajo, tienen educación, tienen salud, tienen todo… Perú es el paraíso que no le pide papeles, nada de nada”, sostuvo el político.
La afirmación de Olivera se dio tras asegurar que “la migración en Europa se maneja de otra forma […] han tratado de hacerla ordenada. Aquí no es que cruzan en balsa, llegan por diversos medios, y ya está, bienvenidos todos. Hay países que lo han hecho [así] y eso llama el efecto llamada”.
Venezolanos requieren visa para ingresar al Perú
En junio de 2024, la Superintendencia Nacional de Migraciones, a través de la Resolución de Superintendencia N° 000121-2024-Migraciones, actualizó los requisitos para el ingreso a territorio nacional de los ciudadanos de Venezuela. Desde julio de ese mismo año, los venezolanos, además de contar con su pasaporte vigente, deben presentar una visa obtenida previamente en un consulado peruano.
La normativa señala que estos documentos son obligatorios para efectos del control migratorio. Para obtener la calidad migratoria temporal o residente, se deberá presentar el pasaporte ordinario venezolano vigente y la visa correspondiente.
A diferencia de otros ciudadanos de América del Sur, sólo los ciudadanos de Venezuela necesitan contar con visado para ingresar al Perú, salvo que posean residencia permanente en algún país miembro de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia o México).
Esta misma condición la tienen los residentes de Cuba, El Salvador, Haití y Nicaragua, países de Centro América.
Barreras económicas y el aumento de la irregularidad
Zubeido Rafael Herrera, asesor migratorio de la ONG OCASIVEN, explicó a PerúCheck que para obtener la visa peruana, el venezolano en situación de migrante se enfrenta no sólo a trabas económicas, sino también a aquellas de desplazamiento debido a que “la solicitud de una visa se realiza a través del consulado peruano más cercano a Venezuela, que es la que se ubica en Bogotá, Colombia”.
Además, “para obtener esta visa, el ciudadano venezolano debe tener consigo un boleto aéreo comprado y el pasaporte vigente; [esto ha provocado que el ingreso irregular al territorio peruano aumente porque] la mayoría que sale de Venezuela por la situación económica no cuenta con los recursos para hacer una solicitud de visa, que cuesta alrededor de US$100, y mucho menos para adquirir un boleto de vuelo o pasaporte, cuyo costo bordea los US$350”.
Por su parte, María José Vargas Hurtado, migrante venezolana y especialista en comunicaciones, precisó que la visa que les permite el ingreso regular a los venezolanos es la de turista, pero no garantiza un cambio de estatus migratorio.
“Si tú llegas a conseguir un trabajo, con contrato mínimo de un año, lo elevas a la Superintendencia Nacional de Migraciones y recién podrías cambiar el estatus migratorio. Anteriormente, los venezolanos llegaban como turistas y estaba el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que duraba un año. Luego ese PTP mutaba a carné de extranjería, calidad migratoria especial, que tiene que renovarse anualmente”, explicó Vargas.
Venezolanos son intervenidos y expulsados por ingreso irregular
El especialista migratorio de OCASIVEN aseguró que la ley del visado, como se le define a la normativa que instauró la solicitud de visa, no sólo ha provocado más ingresos irregulares sino también que estos migrantes caigan en manos de los traficantes de personas.
En comunicación con PerúCheck, el Frente Policial de Tumbes detalló que, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se intervino a 76 extranjeros por infracción a la Ley migratoria. De esta cifra, 59 eran venezolanos.
Tras una intervención, Migraciones realiza un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para decidir la expulsión de los ciudadanos extranjeros irregulares. Según una nota de prensa de Migraciones, hasta noviembre del año 2025, fueron emitidas 3,000 órdenes de expulsión a extranjeros que ingresaron de forma irregular al territorio peruano
Respuesta de Fernando Olivera
PerúCheck intentó obtener los descargos de Fernando Olivera. En una breve comunicación telefónica, el candidato evitó profundizar en el sustento de su afirmación. “Ya me escribieron, estoy ocupado, tengo una agenda. En su momento contestaré, por favor deje de acosarme”, respondió antes de finalizar la llamada.
Conclusiones
El candidato de Frente Esperanza, Fernando Olivera, sostuvo que el Perú no les pide papeles a los migrantes venezolanos. No obstante, esta afirmación no se condice con la normativa migratoria peruana que, desde el 2024, ha endurecido los requisitos de ingreso para ciudadanos venezolanos, a quienes se les exige pasaporte vigente y visa, y cuyo incumplimiento puede generar procesos de expulsión y sanciones administrativas por las autoridades migratorias y policiales. Por tanto, PerúCheck califica como falsa la aseveración de Fernando Olivera.
PerúCheck está integrado por una alianza de medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana y aliados de varias regiones del Perú que colaboran en la distribución de contenido mediante sus plataformas digitales, impresas y televisivas. El Búho es aliado de esta iniciativa.
Desde Arequipa, Rafael Belaúnde, candidato presidencial por Libertad Popular, arremetió contra el actual Congreso por haber traicionado la confianza de la población al dedicarse a realizar lobbies y promulgar leyes en beneficio propio. Incluso cuestionó el incremento del presupuesto para la contratación de personal, refiriéndose críticamente a la incorporación de trabajadoras a quienes calificó como […]
Desde Arequipa, Rafael Belaúnde, candidato presidencial por Libertad Popular, arremetió contra el actual Congreso por haber traicionado la confianza de la población al dedicarse a realizar lobbies y promulgar leyes en beneficio propio. Incluso cuestionó el incremento del presupuesto para la contratación de personal, refiriéndose críticamente a la incorporación de trabajadoras a quienes calificó como «queridas y amantes».
Estas son algunas de las propuestas que propone el partido: Propuestas de Seguridad Ciudadana: El plan de gobierno de Libertad Popular 2026-2031 dice alejarse de las promesas vacías y se enfoca en la operatividad real: -Reforma Penitenciaria: Traslado de delincuentes peligrosos a penales aislados de las ciudades para romper sus vínculos con las mafias. -Inteligencia y Tecnología: Fortalecimiento de la inteligencia policial y cámaras interconectadas para una respuesta inmediata. -Derecho a la Defensa: Belaúnde sostiene que los ciudadanos tienen derecho a defender su vida y propiedad, facilitando el acceso legal a armas para defensa personal tras evaluaciones rigurosas.
Compromiso con Arequipa y el Sur del Perú -Majes Siguas II: Destrabe definitivo de este proyecto agroindustrial como motor económico de Arequipa. -Conectividad Rural: Implementación de internet satelital (tipo Starlink) en todas las escuelas rurales del sur para cerrar la brecha educativa. -Gestión del Agua: Inversión en infraestructura hídrica y plantas desalinizadoras para garantizar el recurso tanto en el agro como en el consumo humano.
Aquí puedes revisar el plan de gobierno completo: https://mpesije.JNE.gob.pe/docs/30bab146-a532-4d1b-87a7-e0f8078dc70b.pdf
Esta es una de las entrevistas y análisis que te ayudarán a que emitas un voto informado en estas elecciones presidenciales.
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
El presidente interino José Jerí y Patricia Li, presidenta de Somos Perú, el partido oficialista, no solo tienen a la militante ministra Sandra Gutiérrez en el MIMP sino también a otros afortunados somistas.
Ser militantes cercanos a la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, tal como la propia titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Sandra Gutiérrez, quien también está afiliada a dicha organización política habría bastado para beneficiarse con un contrato en dicho sector.
De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, tras asumir José Jerí la presidencia interina de la República en octubre de 2025 y nombrar a Gutiérrez Cuba como ministra del MIMP, los militantes cercanos a Li Sotelo a quienes ella llama “hijos” se beneficiaron con contratos con el Estado.
La investigación periodística denunció al menos unas doce contrataciones en el MIMP de personas con vínculos políticos cercanos a la dirigencia del partido oficialista Somos Perú. Las órdenes de servicio se dieron incluso a personas -afiliadas a Somos Perú- pero sin experiencia previa en el Estado ni trayectoria académica registrada.
Uno de los “hijos” de Patricia Li, Jean Paul Sosa, de 25 años obtuvo su primera orden de servicio como auxiliar administrativo por un monto de 2 500 soles, el 15 de diciembre de 2025. Cuando se le contrató no contaba con Registro Nacional de Proveedores (RNP). Realizó el trámite recién el 30 de diciembre. Tampoco contaba con títulos académicos registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), informaron.
El problema es que no se respeta la meritocracia
Otro caso similar es el de Carlos Huamán Zamudio, también afiliado a Somos Perú y a quien Li Sotelo promovía en las redes sociales. Obtuvo una orden de servicio por 8 000 soles para labores de sistematización y análisis de información, el 21 de noviembre de 2025. En su caso, un día antes, el 20 de noviembre, regularizó su registro de proveedores, el cual no estaba actualizado desde 2015, según el reportaje.
Presentaron a otro beneficiado, Laris Mediana Rabanal, de 24 años, quien recibió su primera orden de servicio el 12 de diciembre de 2025 como auxiliar administrativo, aunque no contaba con experiencia previa en el Estado, ni RUC activo al momento de la contratación ni grado académico registrado en la Sunedu.
Un cuarto beneficiado es Luis Antonio Calderón, quien de tener un contrato de 2 800 soles en el Gobierno Regional de Ica en diciembre de 2022 pasó a dos órdenes de servicio en el MIMP: una por 18 000 soles y otra por 4 000 soles. Calderón dijo en su defensa que lo convocaron al inicio para un proyecto, pero como no se concretó, lo contrataron finalmente para labores de comunicación.
En el dominical, la analista política Mabel Huertas, dijo que si bien la contratación de militantes es, «hasta cierto punto algo legítimo», el problema surge cuando “no se respeta la meritocracia”.
«Si [estas personas] no están preparadas y esto es un favor que se hace o una suerte de clientelismo, el Estado termina siendo, finalmente, como bolsa de trabajo para quienes rodean a las personas que están en el poder», dijo.
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El expresidente Pedro Castillo brindó agradecimientos públicos a Ricardo Belmont por sumarse a su equipo de asesores. Fuente: 
