El juez especializado en delitos de corrupción, Max Bengoa, dio lectura a la sentencia integra que sanciona al alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, a 6 años de prisión efectiva. La condena corresponde al caso de la compra irregular de 40 cámaras de vigilancia que se realizó en el 2012, cuando era autoridad en el distrito de Alto Selva Alegre. Esta misma pena se le impuso a su actual gerente municipal, Daniel Gómez, dos exfuncionarios del municipio y dos empresarios.
El titular del Juzgado que ve delitos de corrupción en Arequipa empezó a leer la sentencia a las 11 de la noche del lunes y acabó pasada la 1 de la madrugada de este martes. Los argumentos para condenar al burgomaestre por delito de colusión agravada están contenidos en más de 400 páginas.
Ahora, la autoridad tiene 5 días hábiles para apelar la condena una vez sea notificado físicamente. El edil mencionó días atrás que interpondría recursos de apelación pues se considera inocente de cometer tal delito.
El fallo fue adelantado el 20 de diciembre último en una audiencia en la que se impuso el pago de una reparación civil de 2 millones 100 mil soles a favor del Estado.
Como en aquella ocasión, Omar Candia Aguilar tampoco se hizo presente en la sesión. Aunque, en esta oportunidad llegaron un grupo de sus simpatizantes que se apostaron en los exteriores del Palacio de Justicia.
Los argumentos de la sentencia contra Omar Candia
El juez Max Bengoa estableció que el alcalde y sus funcionarios concertaron entre ellos para defraudar al Estado al ejecutar un proyecto, pese a las irregularidades advertidas desde el inicio de la adquisición.
Para el magistrado, Omar Candia hizo caso omiso a las comunicaciones de la OSCE, SEAL y Osinerming, que le advertían de las irregularidades en la compra e instalación de las cámaras.
El Organismo de Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE le advirtió de los vicios hallados en la integración de las bases del proceso de selección. Sin embargo, el edil siguió adelante y firmó el contrato con el consorcio Soluciones Andinas, representado por José Luis Ríos Sánchez. Asimismo, la empresa SEAL y Osirnerming informaron a Candia Aguilar que el consorcio no tenía los permisos para usar los postes donde se instalarían las cámaras. Esto generó que la comuna sea sancionada con una multa de más de 300 mil soles.
Funcionarios y proveedores
En relación a su gerente, Daniel Gómez, se estableció que el funcionario aprobó la modificación del proyecto sin justificación y con imprecisiones. Por ejemplo, no se supo si se trataba de una obra o de una adquisición de bienes. Además, se alteró sustancialmente el contrato al cambiar el sistema de comunicación, de radio enlace a fibra óptica, e incrementar de 9 a 40 cámaras.
Asimismo, los exfuncionarios Reynaldo Díaz Chilo, sub gerente de Servicios Comunales, y Juan Luis Lipe Lizárraga, sub gerente de Logística, llevaron la licitación contraviniendo la norma de contrataciones del Estado. Ambos integraron el comité de selección y asignaron puntajes al consorcio que no le correspondían; por el contrario, lo privilegiaron recibiendo una carta fianza como si se tratara de una empresa y no de un consorcio.
Mientras que se atribuyó al empresario José Luis Ríos Sánchez, representante legal del consorcio Soluciones Andinas, conocer que causaba perjuicio económico a la comuna. Por último, el ingeniero Sandro Martínez Sardón, fue condenado por tener vinculación con el empresario. Asimismo, con los funcionarios de la comuna antes y durante la ejecución del proyecto.
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