Tercer capítulo del combate contra la corrupción: nuevos congresistas

El primer capítulo de esta miniserie (o tal vez miseria) tuvo como hecho central el referéndum de diciembre de 2018, que los congresistas de ese momento fueron compelidos por el presidente de la República a admitir (so pena de cesarlos), acto que incorporó en la Constitución tres normas contra la corrupción y le dio a este una apabullante aprobación. 

El segundo capítulo se articuló en torno a la disolución del congreso de la República y al despido de los congresistas, por inútiles, obstruccionistas y soberbios, hecho que casi toda la ciudadanía aplaudió.

El tercer capítulo comienza con la elección de nuevos congresistas y resultados que confirman el repudio largamente mayoritario de los ciudadanos a los partidos tradicionales y a ciertos aventureros convivientes con la corrupción que se habían enquistado en el Congreso de la República. Esta elección tiene también al presidente de la República como autor.

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Un primer examen de las preferencias en las recientes elecciones muestra que obedece, en gran parte, a la reducida manipulación del poder empresarial en la campaña prelectoral por medio de la prensa y la televisión. Frenado por los escándalos del financiamiento ilegal a determinados partidos en las elecciones pasadas, que son materia de procesos penales, los empresarios acostumbrados a darles dinero, no han podido hacerlo esta vez en las cantidades que hubieren sido necesarias para cubrir los espacios en los periódicos y las pantallas de televisión. Por lo tanto, la gran masa de electores quedó limitadamente libre para decidir su voto llevada por motivaciones diversas, consejos y recomendaciones.

Sólo una minoría de votantes sabe que las personas elegidas tendrán la responsabilidad de dar las leyes del país, una función que a la mayoría le es aún indiferente.

Los resultados generales al 99.25% de las actas procesadas por la ONPE, que dan una visión cierta de ellos, fueron los siguientes:

El rechazo al partido fujimorista Fuerza Popular y a su incondicional súbdito, el Partido Aprista, es más que evidente. Es una censura a la corrupción patrocinada y ejecutada por ambos grupos. Fuerza Popular, que obtuvo el 39.86% de la votación en la primera vuelta de las elecciones de 2016, se ha reducido al 7.24%. Su dirigente dinástica pensó erróneamente que un rostro fiero y amenazante como cabeza de lista le bastaría para reunir votos y apoyo financiero. Será ese rostro amargado el de su partido en el Congreso. Mientras que el Partido Aprista sólo alcanzó el 2.72% y no tendrá congresistas.

Acción Popular, un partido de blancos y blanquiñosos, financiado por una parte del capitalismo, ha logrado acumular el 10.31%. Pero su electorado prefirió votar por líderes menos conocidos. Curiosamente este partido tiene como símbolo una lampa que nunca sus dirigentes y financistas han agarrado, ni siquiera para arreglar los jardines de sus mansiones.

También fue una sorpresa que varias agrupaciones, algunas relativamente nuevas, hayan logrado los votos de millones de electores; son, por lo tanto, formaciones políticas populares: Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Unión por el Perú, Partido Democrático Somos Perú y Democracia Directa.

Para los opinólogos del poder empresarial esta masiva irrupción, que ha destrozado el cuadro en el cual se movían las piezas colocadas por este poder con titularidad exclusiva, los ha dejado fuera del estadio.

Numerosos electores se sintieron representados por los rostros mestizos del FREPAP y su disciplina y moral de grupo confesional, expresando su alejamiento del catolicismo tradicional que sigue teniendo como fachada la cara del cardenal Cipriani, de ciertos jerarcas eclesiásticos y los rostros blancos del Partido Popular Cristiano.

Podemos Perú les pareció a muchos que podría aportar la seguridad en las calles y los hogares, y combatir la delincuencia con mano firme. Mientras que Alianza para el Progreso es una expresión de una parte del capitalismo nuevo y mestizo, ajeno a la oligarquía blanca. El Partido Morado se presenta como una nueva opción de renovación dentro del sistema capitalista, animada por profesionales y ciudadanos de la pequeña burguesía.

Unión por el Perú, que ha dejado de ser el partido que fundara Pérez de Cuéllar, reúne ahora a trabajadores y reservistas del Ejército que apoyaron a Ollanta Humala y se sintieron traicionados por éste, y estiman que Antauro Humala, su líder, es la expresión de una parte del Ejército, con el don de mando indispensable para gobernar a nuestro país. El Partido Democrático Somos Perú expresa a otros grupos de la pequeña burguesía urbana. Democracia Directa sigue siendo un esfuerzo encomiable de los fonavistas, es decir de extrabajadores que desean tener representación en la política a través de congresistas

De haberse presentado unidos los grupos de izquierda y autocalificados como de izquierda: Frente Amplio (6.21% de la votación), Juntos por el Perú (4.76%) y Perú Libre (3.44%) habrían obtenido teóricamente el 14.41% de la votación y tal vez más porque hubieran decidido a otros electores a apoyarlos como una promisoria fuerza legislativa.

Pero esa unión era imposible, primero, porque en los grupos integrantes de Juntos por el Perú se halla cómodamente establecido el virus del caudillismo, la arrogancia y la inopia ideológica; segundo, porque no querían juntarse con el principal dirigente de Perú Libre, condenado por hechos calificados de ilícitos durante su gestión como gobernador y que él no ha desvirtuado ante la opinión pública; y tercero, porque los dirigentes del Frente Amplio rehusaron juntarse con ellos por su deslealtad en las elecciones anteriores, no obstante haber acogido sus candidaturas; querían quedarse con su partido inscrito. Por lo demás, ninguno de estos grupos diversos le ha dado nada a los trabajadores y a otros sectores de la población cuyas aspiraciones dicen representar.

El tiempo de trabajo legislativo para estos congresistas hasta el próximo período constitucional es muy breve.

Se espera y es de desear, para la inmensa mayoría de la ciudadanía que les ha ofrecido su voto, que las formaciones nuevas con representantes en el Congreso continúen la faena ya emprendida contra la corrupción, que es la causa de fondo por la cual han sido elegidos.

Robarle al Estado requiere de técnicas, como los robos a los bancos que numerosas películas tienen como argumento. Esas técnicas deben conocerse. Algunos partidos políticos han formado a sus militantes, con habilidades y gusto por el delito, en la manera de llegar a los cargos públicos y utilizar allí los recursos de la ley para sus exacciones e impunidad, con la complicidad de ciertos fiscales y jueces que previamente han hecho nombrar.

Así, parece obvio que deba revisarse la legislación sobre adquisiciones y contratos del Estado y licitaciones públicas y cambiarla. Correlativamente, es preciso prohibir la adquisición por el Estado de servicios que su propio personal debiera efectuar, puesto que para eso están y se les paga un sueldo. Junto a ello se debería sustituir la Contraloría General de la República por un Tribunal de Cuentas de cinco miembros. El Contralor de la República se ha convertido en una suerte de autócrata incapaz de evitar tanto latrocinio contra el Estado.

Otra labor indispensable de los congresistas para poner orden en el país tendría que ser declarar en reorganización al Poder Judicial y al Ministerio Público, y revisar los nombramientos de jueces y fiscales de todos los niveles, mientras se les da un plazo perentorio para poner al día el despacho que sufre retrasos de meses y años, aduciendo como disculpa la carga procesal, que no figura como causa para esas demoras en ninguna norma. Se debe suponer que al aceptar ocuparse de esas funciones por un sueldo se han comprometido a cumplirlas según los términos de la ley y como ese trabajo se presenta.

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