La empresa que institucionalizó la corrupción al más alto nivel en el país sobornando a alcaldes, gobernadores y presidentes a perpetuado su última jugada. Odebrecht ha denunciado al estado peruano ante al CIADI (una entidad internacional que funciona como árbitro) por 1,200 millones de dólares; como indemnización por la cancelación de la adjudicación que tenía para ejecutar el gasoducto sur peruano.
En esa obra, estaba asociada con Graña y Montero y Enagas. Los trabajos tenían un avance de 30% pero no había logrado el cierre financiero,
esto es, el capital que le había falta, pues las denuncias de corrupción explotaron por todo Latinoamérica y ningún financista se animó.
Sin embargo, el costo del proyecto se había elevado en 4 años, de 1,330 millones, a más de 7,300 millones de dólares, probablemente por los costos de la corrupción.
Tras la resolución unilateral del contrato, el Consorcio exigía una compensación por las inversiones realizadas, pero el gobierno de PPK pidió a Odebrecht dejar el país, por lo junto a Enagas se fueron al CIADI.
Efectos de la demanda
La demanda ha causado preocupación y un terremoto entre los sectores políticos opuestos al acuerdo de colaboración eficaz que suscribió el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato con Odebrecht.
Aprovechando esta delicada situación, todos los opositores al acuerdo, han salido a señalar su supuesta ineptitud, inexperiencia o corrupción.
Entre ellos, los dos fiscales supremos cuestionados por su vinculación a los Cuellos Blancos, Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.
Casualmente, el magistrado del Tribunal Constitucional, opuesto al encarcelamiento de Keiko Fujimori, José Luis Sardón, también ha denunciado a Vela y José Domingo Pérez por un supuesto incumplimiento de sus deberes.
Ante ello el fiscal Rafael Vela señaló que este evento no pone en riesgo la colaboración eficaz ni los procesos que ellos están investigando. Los otros fiscales de su equipo han aclarado que nada de lo avanzado está en riesgo y que la demanda tiene muy pocas probabilidades de prosperar por la gran cantidad de pruebas de corrupción que existen sobre la obra del gasoducto. Y ese argumento puede ser usado por el Estado peruano.
Más allá de lo que ocurra con la demanda ante el CIADI. Se nota que hay una ofensiva contra los fiscales y las investigaciones que han tenido grandes avances en los casos de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Nadine Heredia, Luis Castañeda, Susana Villarán y otros políticos que quisieran que el acuerdo con Odebrecht se caiga y los fiscales sean destituidos.
Odebrecht se pronuncia
Ante la situacion perpetuada en el país, Odbrehct lazó unpronucniamiento oficial. Alegando que quieren llegar a un buen acuerdo con el pais antes de continuar con la demanda ante la insitucion internacional:
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