Prefería no ver películas distópicas sobre el fin del mundo. Me angustiaban. Hoy, sin darnos cuenta, estamos viviendo una realidad ni siquiera imaginada en esas películas. Recuperar el mundo tal como era antes es imposible, sabemos que cuando esto acabe, si es que acaba, el mundo no volverá a ser el mismo. Por ahora seguimos haciendo el esfuerzo para que el virus no cause los estragos que ha generado en España o Italia. Aún no sabemos si lo lograremos. Pero mientras estamos como en uno de los universos paralelos más bizarros jamás imaginados, parece que no todos remaran en la misma dirección. Las taras de siempre no desaparecen, por el contrario, se acentúan. La represión se consolida.
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Primero un militar dándole de cachetadas a un menor de edad, repitiéndole que le iba a perdonar la vida. La respuesta del Ministerio de Defensa fue inmediata y por un momento sentimos un alivio. Sin embargo, la esperanza se diluyó rápidamente. No solo la represión se ha multiplicado. El video de un cantante en Ica que, mientras ensayaba en su casa, es agarrado a golpes por la policía, insultado, detenido, vejado, es solo la muestra de tantos casos que se deben estar repitiendo a nivel nacional.
Luego, un oficial militar saliendo a proponer el servicio militar obligatorio para menores de edad. Según el general, si desde 16 años los jóvenes no estudian deberían trabajar de manera forzada dentro de las Fuerzas Armadas. Y todo el Perú sabe a quién va dirigida esa norma. Porque esa norma no va a dirigida a los hijos del general o de los oficiales del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, que de seguro han estudiado o tuvieron la oportunidad de hacerlo ni bien terminaron el colegio. Esa propuesta es para los pobres (en masculino, a propósito), que no tienen cómo pagarse un instituto superior o una universidad. Porque siempre fue así. Los soldados son los pobres, los oficiales, no. En la pandemia, los miedos y prejuicios se potencian y el sistema militar de castas que ya habíamos olvidado cobra nueva vigencia.
Subrepticiamente, desde el Ejecutivo se han aprobado una serie de normas preocupantes. Quizás la más evidente, una Fe de erratas aprobada mediante Decreto Supremo (que por naturaleza es solo para corregir algún defecto de ortografía o de redacción) que termina ampliando las facultades para que las Fuerzas Armadas, aun cuando no hayan asumido el control del orden interno en estados de emergencia, puedan efectuar detenciones. Así, cuando haya acabado esta emergencia, los militares seguirán facultados para detener a las personas. Precavidos, ya están pensando en lo que harán cuando todo esto pase.
Hoy despertamos con una norma aún más preocupante. Este Congreso aprobó una ley (N° 31012) que no pudo ser aprobada por el Congreso anterior, en parte porque recibió muchos cuestionamientos. La han llamado “Ley de protección policial”, pero parece más una ley de impunidad policial. Esta ley borra de un plumazo el principio de proporcionalidad, principio imprescindible cuando la policía hace uso de la fuerza. Además, como si armaran un rompecabezas de piezas represivas, impide que los jueces dicten prisión preventiva contra un policía que haya matado a alguien. Cada una de estas medidas por sí solas son preocupantes, juntas ya sabemos lo que pueden generar.
Así, en Perú esta realidad que aún no digerimos, este encierro angustiante para algunas personas, invivible para otras e imposible para miles que tienen que buscar el pan diario para alimentar a sus hijas e hijos, viene acompañado de represión. Una represión que no es nueva, ya la conocimos en el conflicto armado interno, con miles de comuneros asesinados, desaparecidos, con miles de mujeres violadas. Y para la gran mayoría de estos crímenes la única respuesta fue la impunidad.
Y fue tanta la impunidad y nos la inocularon hasta lo más profundo de nuestro inconsciente, que inclusive nos prohibieron nombrar lo que había pasado, y de pronto ya no podíamos llamarle conflicto al conflicto armado, pasó a llamarse “el periodo entre los años 80 y 2000”. Por eso ahora al más mínimo desbalance, tantos años de impunidad y silencio nos explotan en la cara y ese virus de la represión que creíamos controlado avanza tan o más rápido que el coronavirus.
Tenemos que cumplir las normas, sí. Tenemos que acatar el estado de emergencia. Y quien no lo haga debe ser sancionado. Eso está fuera de toda discusión. Es imprescindible para salir de esta pandemia. Lo que no puede hacerse, y se está haciendo, es violar el Estado de derecho, es asumir que estamos en guerra y limitar aún más derechos. No se puede permitir la tortura ni los malos tratos, ni menos la impunidad por el uso desmedido de la fuerza. Y eso es lo que están intentando hacer.
(Publicado en Noticias Ser)
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