La actual coyuntura política, tras las Elecciones Generales del 12 de abril, ha puesto nuevamente a los ciudadanos frente a la profunda fractura social que existe en el Perú. Sectores políticos, centrados mayoritariamente en Lima, no aceptan otra vez, los resultados electorales inminentes, evidenciando un preocupante menosprecio a reconocer la voluntad de los peruanos que viven en las regiones, especialmente en el sur y zonas rurales del país.
Para analizar esta situación, la Red de Medios Regionales del Perú invitó a Germán Vargas, secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH y a Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno (FOP), quienes consideran preocupante también la violencia de las palabras y los hechos de quienes no aceptan los resultados, la impasividad selectiva de las autoridades cuando se pide hasta la muerte de un funcionario del Estado o se terruquea sin más a quienes votaron diferente a sus intereses partidarios.
El problema es la incapacidad de ciertos sectores urbanos para reconocer la ciudadanía de sus compatriotas
Para Germán Vargas, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), esta resistencia no es solo una disputa de cifras, sino que refleja un desprecio histórico hacia un electorado considerado «contestatario» o «antisistema».
Según explica, «existe un racismo latente que aflora con fuerza en los procesos electorales, donde se pretende que el voto de las regiones no tiene el mismo valor que el de la capital. El problema principal radica en la incapacidad de ciertos sectores urbanos para reconocer la ciudadanía de sus compatriotas».
Germán Vargas Farías, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
El experto sostiene que: «Hay un problema que no es de ahora, que viene de hace mucho tiempo atrás, pero que ahora se expresa de una manera más descarnada, más desembozada, más brutal, incluso con expresiones que llegan a ser flagrantemente racistas».
Se advierte una peligrosa escalada de violencia verbal y llamados a la agresión directa
Esta autojerarquización de la ciudadanía se ha manifestado trágicamente en la historia reciente, donde incluso el valor de la vida parece depender de la ubicación geográfica. Vargas Faría señala que durante las masacres de finales de 2022 y principios de 2023, la respuesta institucional y social no fue tan firme como cuando las tragedias afectan a residentes de Lima.
La falta de reconocimiento de la dignidad del «otro» es un lastre estructural que ni siquiera la formación académica de élite ha logrado superar en la sociedad peruana.
En el ámbito político, se advierte una peligrosa escalada de violencia verbal por parte de candidatos como Rafael López Aliaga, quien ha atacado sistemáticamente a los organismos electorales sin enfrentar consecuencias legales proporcionales.
La narrativa del fraude ha sido alimentada por discursos que «terruquean» a las autoridades y llaman a la agresión directa.
Vargas Faría es enfático al señalar los límites de la libertad de expresión: «Nuestro derecho a la opinión no nos permite ofender la dignidad de los demás, de las demás personas. Hay un límite, pero se ha permitido pasarlo, una y otra vez».
Germán Vargas Farías, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
El fraude es una estrategia de grupos de poder que no aceptan que el país vota de forma distinta a sus intereses
Por otro lado, desde la región Puno, el sentimiento es de profunda indignación. Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP), denuncia que los intentos de desconocer el voto regional son una repetición de tácticas del pasado, como las ocurridas en 2021.
Para el dirigente puneño, «las acusaciones de fraude no son más que una estrategia premeditada de grupos de poder que se niegan a aceptar que el país vota de forma distinta a sus intereses».
Amador Núñez Mamani, presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP)
La frustración en el sur se agrava por lo que consideran un doble estándar en la aplicación de la justicia. Núñez resalta que, mientras candidatos de derecha insultan a la población o amenazan a funcionarios con total impunidad, los dirigentes sociales son perseguidos y procesados judicialmente solo por levantar la voz en protesta.
Al respecto, el dirigente expresó con dureza: «Dijeron que nuestra votación era un fraude… están haciendo lo mismo, la ‘pataleta’ correspondiente. Pareciera que todo está premeditado, pareciera que esto lo han planeado mucho más antes».
Amador Núñez Mamani, presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP)
Ante este escenario, las organizaciones de Puno han decidido tomar un rol activo en la vigilancia del proceso electoral. Núñez anunció que la población se está organizando para actuar como personeros y recorrer diversas regiones para garantizar que cada acta sea entregada y respetada, evitando cualquier manipulación en el traslado de los votos.
Su postura es clara: «Basta ya de fraudes. Basta ya de que se hablen muchas cosas. El pueblo velará por el voto popular del pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo».
La crisis es producto también de la degradación de los partidos políticos que abandonaron su rol formativo y doctrinal
Vargas Faría coincide en que la participación ciudadana y la vigilancia son fundamentales para sostener la democracia. Destaca la labor de organizaciones como Transparencia, que mediante la observación directa ha confirmado la ausencia de indicios de fraude sistemático.
Sin embargo, advierte que existen fuertes presiones sobre organismos como el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia que buscan revertir la voluntad popular expresada en las urnas.
El análisis de la crisis también apunta a la degradación de los partidos políticos, que han abandonado su rol formativo y doctrinal para convertirse en maquinarias electorales que utilizan «streamers» y desinformación para ganar a cualquier costo.
«Esta ausencia de valores democráticos básicos dentro de las propias organizaciones políticas es lo que permite que el racismo y la violencia se conviertan en herramientas de campaña legítimas para algunos sectores».
Germán Vargas Farías, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
La situación en Lima también ha mostrado deficiencias logísticas por parte de la ONPE, lo cual ha servido como pretexto para alimentar las teorías del fraude que ya se anunciaban desdenoviembre del año pasado.
No obstante, Vargas Faría insiste en que el problema de fondo es la falta de apego a los valores democráticos y la pretensión de que «no vale la opinión del otro si no coincide con la mía».
Esta intolerancia es el combustible de la inestabilidad que atraviesa el país.
El respeto a los resultados del 7 de junio será la prueba de fuego para la democracia peruana
De cara a la segunda vuelta, el llamado de los especialistas es a la responsabilidad ciudadana y al cese de la violencia, provenga de donde provenga. Es imperativo no repetir los episodios de violencia que en el pasado costaron miles de vidas en el Perú.
La vigilancia electoral no debe ser vista como un acto de confrontación. Más bien, como un ejercicio de defensa de un derecho fundamental: que todos los votos valgan lo mismo, sin importar la región de procedencia.
Finalmente, el panorama para los próximos cinco años se vislumbra complejo y de gran inestabilidad. El respeto a los resultados del 7 de junio será la prueba de fuego para la democracia peruana.
Como concluyen los participantes, solo mediante una educación basada en valores, el respeto a la diversidad cultural y el fin de la impunidad ante los discursos de odio, podrá el Perú superar este ciclo de desprecio y exclusión que hoy asedia las urnas.
No se pierda la entrevista completa. Puede verla aquí.
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