Un estudio de la Contraloría General de la República cuantificó el impacto negativo de la corrupción para la economía de Arequipa. El trabajo, denominado “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: una aproximación exploratoria”, tasó las pérdidas en 966 millones de soles, para el año 2019.
Las estimaciones de la entidad se realizaron en función al presupuesto institucional ejecutado real de las regiones del país durante el 2019. A nivel nacional, este rubro aglutina unos 156 mil millones de soles. De los que más de 5 mil correspondieron a Arequipa.
De esta partida, el perjuicio económico asciende a un 18.2% del presupuesto de la región. Esto convierte a la ciudad en la cuarta jurisdicción con mayores pérdidas económicas a raíz de la corrupción y la inconducta funcional. Por delante se ubicaron Lima, Callao y Piura. Mientras que supera a Áncash, Junín, Cusco y Junín.
Los calculos para determinar las pérdidas por corrupción en el 2019 se hicieron en base a la mella económica en agravio al Estado que se detectó en las intervenciones de control posterior de la Contraloría entre los años 2017 y 2018.
Con esa data; se extrapoló los perjuicios por sobrevaloraciones, pagos injustificados y afines; al presupuesto del que dispuso cada región en el presente año.
En Arequipa y a nivel nacional
La situación a nivel nacional fue similar a la de Arequipa en el 2019. De acuerdo con Contraloría, las pérdidas por la corrupción en Perú ascenderían a más de 23 mil millones de soles.
Esto representa cerca del 15% del presupuesto público ejecutado y alrededor del 3% del PBI nacional. Dentro del gobierno nacional, los sectores más castigados son transportes y comunicaciones, educación y salud.
Según explicó el gerente regional de control de Arequipa, Valery Fabio Niño de Guzmán, los recursos comprometidos equivalen a decenas de obras de infraestructura. Se habría podido construir 346 establecimientos de salud, o haber escolarizado a 90 mil nuevos alumnos de educación primaria o 79 mil estudiantes de secundaria rural. También se pudo financiar la construcción de mil 500 kilómetros de carreteras, entre otras obras y servicios que requiere la población para tener mínimos estándares de calidad de vida.
La corrupción y la inconducta funcional tienen efectos devastadores en el desarrollo económico y social del país. Estas figuras distorsionan la asignación de los recursos públicos y comprometen la eficacia del gasto público. Principalmente en detrimento de personas en situación de pobreza y pobreza extrema.
Otro aspecto que revela el estudio es que la ineficiencia en el sector público es mas perniciosa que la corrupción. Su impacto económico se debe a que no invierten oportunamente en adquirir bienes y servicios necesarios para la población.
En lo que va del 2020 se emitieron más de 700 informes de control simultáneo en Arequipa. El objetivo de las intervenciones es prevenir situaciones adversas que puedan propiciar la corrupción.
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