Es al cuerpo legislativo al que me refiero, considerando que se caracteriza, en este aspecto, por su composición mayoritaria. Según la teoría política, fundamento a la democracia contemporánea, el Poder Legislativo tiene la función primordial de legislar, función que la vigente Constitución explaya en 8 de las 10 atribuciones señaladas por el artículo 102º. Las otras funciones son complementarias: nombrar a ciertos funcionarios; velar por el respeto de la Constitución y las leyes; debatir la política del gobierno; e interpelar y censurar a los ministros.
Por lo tanto, para calificar la actuación del Congreso se debe ver su desempeño aprobando leyes.
Desde que el Congreso, con su actual conformación, comenzó sus funciones en agosto de 2021 ha aprobado hasta ahora 87 leyes y 29 resoluciones legislativas. Ninguna de esas leyes tiene una importancia estratégica para el desarrollo económico y social de nuestro país, ni ninguna es orgánica. La Ley del Presupuesto, la más importante, se ha limitado a reproducir el proyecto preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas, al que, sin embargo, se le amputó las atribuciones pedidas por el Poder Ejecutivo para empezar la reforma de la tributación y hacer que quienes más ganan paguen más. Las resoluciones legislativas son, se diría, de mero trámite.
Los pocos avances sociales han sido promovidos por el Poder Ejecutivo mediante decretos supremos.
¿Se requieren 130 congresistas, con sueldos de 23,800 soles mensuales, para hacer tan poco?
¿En qué han andado ocupados los congresistas?
Los de la derecha recalcitrante (43) en tratar de vacar sin causa al Presidente de la República, criticar y censurar a ministros sin ton ni son, tratar de modificar la Constitución por simples leyes para reducir ciertas funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo, negar la confianza a los gabinetes ministeriales y entregarse al parloteo requerido por el poder mediático para llenar sus páginas y espacios.
Los otros han empleado su tiempo laboral, asistiendo a las comisiones para firmar lo que sus asesores les ponen delante; muchos del centro secundando a sus colegas de la derecha recalcitrante; y los de la izquierda tratando de darse cuenta de que están en el Congreso.
Aquí es necesaria una pregunta complementaria.
¿Hasta qué punto los congresistas son los autores de los proyectos de leyes?
Por su formación profesional y antecedentes curriculares se puede suponer que casi todos son ajenos a esta tarea.
La mayor parte de proyectos sale de sus asesores y de los estudios económicos, jurídicos o de ingeniería particulares, de los gabinetes de las asociaciones de empresarios y de los lobbies o de consultores contratados por quien tenga interés en una ley. Es evidente que si las materias a legislar son complejas desbordan la limitada formación profesional de los legisladores, quienes terminan aprobando y firmando lo que sus asesores les recomiendan.
Por la importancia para la ciudadanía de esta situación, puesto que ella elige a los congresistas para que legislen, se debería exigirles a estos: 1) una declaración jurada que indique quienes son los autores reales de los proyectos de leyes que presentan; y 2) la nómina de sus asesores, precisando su formación profesional y los sueldos que se les paga.
Lo concreto es que para los congresistas de la derecha recalcitrante y sus aliados de centro no existe el artículo 45º de la Constitución que dispone que quienes ejercen el poder del Estado “lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”.
Cuando el gabinete ministerial se presenta al Congreso, tras asumir sus funciones, va para “debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión” (Constitución, artículo 130º), y no para ser criticado y juzgado por los antecedentes personales de los ministros. La interpelación y censura de estos solo puede sobrevenir por hechos inconstitucionales o ilegales cometidos por ellos como ministros (Constitución, art. 128º y 132º), y no por lo que se les ocurra a los congresistas.
Además, con los requisitos tan simples exigidos por la Constitución vigente a los congresistas (solo “ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio”, artículo 90º), ¿están capacitados para criticar a tales o cuales funcionarios con calificaciones superiores a las suyas impugnándolas? Más aún ¿están calificados para tomarles examen a los candidatos a miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y miembros del directorio del Banco Central de Reserva?
Y si carecen de calificación por ser su nivel de formación inferior, su voto en esos nombramientos no puede ser técnico, sino político y hasta por conveniencias de amistad u otras oscuras.
La voz cantante y estridente del coro ha sido la derecha recalcitrante, acompañada por la resonancia del centro y el opaco murmullo de la izquierda; a tal punto que al espectador no advertido llega a parecerle que los únicos que cantan son los congresistas de la derecha recalcitrante.
Cuando se desemboca en estas evidencias, se advierte con claridad que es casi nulo el servicio que esos congresistas le prestan a la ciudadanía. Y por lo tanto, no se justifica su costo.
El problema es que no se ha previsto en la Constitución un tribunal para juzgar a los congresistas por su pésimo trabajo; y por sus transgresiones a la Constitución, y así poder despedirlos.
La posibilidad de renovar al Congreso de la República por la negativa de la confianza a dos gabinetes ministeriales podría no darse nunca; por la conveniencia de los congresistas de permanencer en sus cargos (elevados sueldos, trabajo bobo, compromisos económicos personales contraídos e imposibilidad de la reelección). Los congresistas de la ultraderecha, que furibundamente votan contra la confianza a los gabinetes, también quieren quedarse; pero les dejan la tarea de aprobarlos a los otros, a los del centro, que se dividen. Dan la impresión de que no se dan cuenta de que son utilizados; o, si se dan cuenta, es posible que les guste o les convenga jugar en esta forma, esperando alguna ventaja del poder del dinero.
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