La SUNEDU: una propuesta de consenso

"Para ir entonces a una auténtica reforma universitaria hay que dejar de maltratar la palabra “reforma”, que ya bastante ha sufrido en estos tiempos. Esto significa, retomar la orientación original de la ley 30220 de articular democracia con calidad"

Columnista invitado

El debate de los últimos tiempos sobre la SUNEDU ha puesto sobre la mesa, una vez más, la situación de la universidad peruana y en particular de la universidad pública. Esta es la cuestión más importante del debate hasta la fecha y lo digo como universitario con cincuenta años a cuestas, primero como estudiante y luego como profesor, en los claustros de San Marcos.

Esta amplia exposición de la cuestión universitaria que le ha permitido hacerse un lugar en la agenda pública es la que me anima a plantear un consenso sobre el tema que ojalá lleve el debate, en términos prácticos, a alguna parte.

Lo primero es señalar que los problemas con la SUNEDU no son los más grandes ni los más importantes que ha causado la política del Ministerio de Educación (Minedu) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la tecnocracia neoliberal que controla esos sectores, en la universidad peruana. Los problemas mayores son causados por la privatización creciente que esta tecnocracia ha impulsado en los últimos años. Su manifestación más importante es el financiamiento, cada vez mayor, de unas pocas universidades privadas con dinero del tesoro público, que ha sumado un aproximado de 1,200 millones de soles al año en el último quinquenio. Alrededor del 20% de lo que el estado destina a las universidades en el Perú. 

Este dinero debe destinarse al Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Universidad Pública que ya figura en la ley 30220 pero que no ha merecido la atención correspondiente.

Primer consenso. Terminar con el financiamiento público de la universidad privada bajo cualquier concepto para que el estado se aboque a lo que le toca: financiar adecuadamente a la universidad publica.

Lo segundo. El DL 882 que da el gobierno de Fujimori en 1996 permite el establecimiento de las universidades con fines de lucro que envilecen la educación universitaria en el Perú. Esta primera ola privatizadora termina en un rotundo fracaso como herramienta para enfrentar la mayor demanda de educación superior en el país. El actual SUNEDU ha cumplido una labor importante de limpieza al denegar autorización de funcionamiento a 47 de estas universidades. Este escenario de envilecimiento no se debe repetir.

Segundo consenso. Hay que consolidar y ampliar esta labor de limpieza y avanzar a reponer lo que ya estaba en el proyecto de la ley 30220, la derogación de del DL 882 y la prohibición de universidades con fines de lucro.

En tercer lugar. La necesidad de una Política de Estado sobre la educación universitaria es fundamental para la universidad y para el país. Era indispensable terminar con el abandono de la universidad que caracterizó la actividad estatal en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el regreso del estado ha sido nefasto para la universidad y también para el Perú.

En un primer momento con el DL 882 que buscó entregarle las universidades al mercado, sin control alguno, y que tuvo como resultado la estafa que todos conocemos; pero luego, cuando pudo corregir su error, viene una segunda ola privatizadora por la vía de entregar los recursos de la universidad pública a la privada y buscando que la primera funcione, vía el control del órgano regulador, con parámetros también de la actividad privada. Este tipo de conducta estatal de privilegiar lo privado sobre lo público debe terminar, para dar paso a una Política de Estado que garantice la autonomía y la democracia para que sea posible la producción de conocimientos sin tutela ninguna.

Tercer consenso. Señalar una Política de Estado en la educación universitaria que garantice libertades y señale la necesidad de rendir cuentas en el uso de las mismas por medio de los mecanismos que democráticamente señale el órgano regulador. Dejar de lado la intervención y los castigos, así como la mentalidad de vigilancia, con sesgos de raza y de clase, que proponen algunos.

En cuarto lugar. La SUNEDU es un injerto en la ley 30220, que es una buena ley, por eso no funciona. La impuso el exministro Jaime Saavedra en junio de 2014, cuando el proyecto de ley ya estaba terminado y cambió esta inclusión por los votos de la entonces bancada del Partido Nacionalista, para garantizar la aprobación del proyecto en el pleno. La ley 30220 considera por primera vez en nuestra historia la necesidad de un órgano regulador, indispensable en cualquier sistema universitario complejo y el nuestro lo es, pero de un regulador universitario y no de la SUNEDU que es un órgano extrauniversitario.

Asimismo, la razón por la cual en la regulación universitaria deben participar los universitarios es por la naturaleza de su función: se trata de regular la producción de conocimientos, no de la energía, el agua o las telecomunicaciones. Por ello se les debe incluir, como se hace en la mayor parte del mundo. Los neoliberales no entenderán esto jamás porque para ellos los conocimientos son una mercancía más; útil en cuanto se pueda comprar o vender en el mercado.

Cuarto consenso. Establecer en la universidad peruana un órgano regulador universitario, que articule legítimamente a la universidad con el estado y la sociedad; y que sea un espacio de entendimiento (concilium) y no de castigo para los regulados.

Quinto. La composición del Consejo Directivo de la SUNEDU no debe incluir a rectores o representantes elegidos por los mismos.  La razón es, como mostraron en el caso de la fenecida ANR, hay alta probabilidad que, una vez instalados, desarrollen intereses corporativos de corto plazo. Y así pierdan una mirada de conjunto del sistema universitario. De preferencia debe cambiarse el nombre de Superintendencia por el de Consejo, denominando al organismo Consejo Nacional de Universidades.

Quinto consenso. La representación universitaria debe combinar calificación con participación. Los representantes universitarios en el Consejo Directivo del órgano regulador deben ser elegidos por los profesores principales, doctores e investigadores. Representantes expertos elegidos por expertos.

Sexto. La regulación no debe y no tiene porque limitar la autonomía universitaria. La autonomía es un valor intrínseco a la formación de la universidad desde sus orígenes. Y es especialmente importante en la universidad pública porque brinda un espacio de crítica frente al poder para tener opinión propia, tanto técnica como política.

El que, en muchos casos, haya sido deformada por la mediocridad y convertida en autarquía para medrar de las pobrezas universitarias no la invalida. La autonomía significa libertad para organizar la producción de conocimientos, libertad de cátedra en primer lugar, pero también libertad para diseñar programas, carreras y facultades. La autonomía es la que permite el trabajo académico sin que este sea condicionado por intereses ajenos a la universidad y al desarrollo social. Asimismo, en la autonomía encuentra sus cimientos la democracia universitaria. Esta libertad es la que permite rendirle cuentas a la sociedad y a los organismos públicos respectivos de la labor que se realiza.

La autonomía, sin embargo, jamás será entendida por los neoliberales porque es un concepto inexistente e innecesario en su mundo privatizado. Para ellos no es sino un pretexto que tienen los universitarios parar evitar la supervisión de sus actividades. Que la composición del Comité Directivo de la SUNEDU sea definida por el Ministerio de Educación y que este organismo decida sobre los programas de estudios definitivamente atenta contra esta condición fundamental.

Sexto consenso. La autonomía debe mantenerse como un valor central de la universidad que le permite definirse como tal. Ello no inhibe sino más bien anima la función de regulación que no debe buscar la supervisión del detalle, sino resultados de la actividad universitaria.

En sétimo lugar, el enemigo fantasmal: la mediocridad. El abandono del estado primero y la descomposición de las fuerzas internas han traído el fenómeno de la mediocridad; primero visible en la universidad pública pero luego multiplicado en la privada, especialmente en la privada con fines de lucro. Me refiero al facilismo académico que rechaza grados, títulos, investigaciones, méritos, plazos, en una palabra, calidad. Rara vez se trata de una oposición argumentada, pero si ruidosa, que se alía con todos aquellos que les permitan avanzar sus propósitos. Constituye una subcultura de sobrevivencia en la universidad. Es fundamental extirpar a la mediocridad porque con ella no es posible ninguna reforma de la universidad. No es fácil combatirla porque se esconde en los mecanismos democráticos a los que frecuentemente coloniza para deformarlos.

Sétimo consenso. Hay que erradicar a la mediocridad porque es enemiga de la producción de conocimientos y hace peligrar a la democracia universitaria; además sirve de pretexto para la intervención de fuerzas externas que quieren terminar con la autonomía.

Para ir entonces a una auténtica reforma universitaria hay que dejar de maltratar la palabra “reforma”, que ya bastante ha sufrido en estos tiempos. Esto significa, retomar la orientación original de la ley 30220 de articular democracia con calidad. Y conseguir, en esta coyuntura, un órgano regulador universitario y participativo. Pero, quizás lo más importante; promover un movimiento universitario que levante las banderas de la democratización y la calidad en un contexto mayor de democratización de la política y el estado en el Perú. Sin un movimiento social universitario y sin relación con la política nacional es poco lo que se podrá lograr dentro de los muros de la universidad.

(*) Para mis amigos progres que no gustan de las razones  pero se entusiasman con los consensos

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