Adenda 13: pobladores denuncian amenazas de Autodema y responden

Pobladores de Pusa Pusa exigen las miles de hectáreas de tierras que el Gobierno Regional de Arequipa les prometió en 2016 por la adenda 13. Advierten conflictos sociales y enfrentamientos.

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La adenda 13 y sus consecuencias. En 2016, el Consejo Regional de Arequipa, con firma de Yamila Osorio, aprobó la ordenanza que disponía la reserva de 506.147 hectáreas para los pobladores del anexo de Pusa Pusa, cuyas tierras se vieron afectadas con el embalse de Angostura de Majes Siguas II. Esos mismos 52 propietarios, insisten en que se hagan cumplir los convenios y por ende, reciban sus tierras, o que los reubiquen. De no suceder, buscarán denunciar fiscalmente a Autodema.

Después de cuatro años y tres gobernadores regionales, se realizó hace poco en Lima, la firma de la adenda 13 que reinicia el proyecto Majes Siguas II. Pero en secreto, a escondidas y con sigilo, sin un acta de desistimiento, sin resolverse el pliego de reclamos de los pobladores de Caylloma, en medio de acusaciones de traición y con un costo de 654 millones de dólares.

Según Felix Yanque Huanca, presidente de la Asociación de Propietarios Individuales del Anexos de Pusa Pusa, durante el mes de julio, los pobladores han estado siendo amenazados por funcionarios de Autodema para que desalojen esas zonas.

“Tienes que alistarte para que te vayas, tienes tres meses. Vende tus animales, recoge tus cosas y debes de irte. Sino se retiran, vamos a venir con militares y policías para sacarlos. Les vamos a hacer un acto extrajudicial”, declaró Felix Yanque.

Asimismo, explicó que su formulario de compra y venta fue cambiado y modificado luego de su firma por la Notaría de Chivay y Autodema. En ella, agregan una clausula en el debe retirarse cuando esta última, necesite el terreno para hacer obras. Él asegura que dicha clausula nunca existió. “Nos sentimos engañados. Esto es una estafa”, agregó.

¿Un posible conflicto social tras la firma de la adenda 13?

La respuesta y postura de los afectados de Pusa Pusa, es quedarse en los terrenos y no moverse hasta que no se cumpla la ordenanza o la reubicación. Tras la firma de la adenda 13, el conflicto social parece ser inminente. Sin embargo, a pedido del alcalde del distrito de Caylloma, Leonardo Huaccha, el Colegio de Abogados de Arequipa estará presente para resguardar el derecho a su vida y su integridad.

“Señor Alfredo Álvarez Díaz, queremos que usted esté presente y cuida la vida porque no queremos que esto se convierta en un campamento de guerra como caso Tía María”.

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