La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso suspendió por un cuarto intermedio el debate del informe final -por presunta traición a la patria que habría cometido el presidente, Pedro Castillo- a fin de notificar y citar debidamente a los nuevos miembros de este grupo de trabajo que se integraron minutos antes.
Diego Bazán Calderón (Avanza País) ya había dado lectura al informe final de la denuncia constitucional. Incluso algunos congresistas intervinieron en el debate, cuando Lady Camones Soriano, presidenta de la SAC, suspendió la sesión argumentando el cambio de cuatro miembros en ese grupo de trabajo a quienes debían notificar y citar. No precisó una nueva fecha para reanudar la sesión.
Como se sabe, el informe final de la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo, lo preparó el congresista Wilson Soto Palacios, de Acción Popular. Lo presentó el 8 de agosto a la presidencia de la SAC, a cargo entonces de Rosio Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso. Sin embargo, al salir de la comisión, hizo suyo el contenido Diego Bazán.
¿Quiénes elaboraron la denuncia por traición a la patria contra Castillo?
La denuncia la elaboraron y presentaron los políticos y ciudadanos Fernán Altuve-Febres Lores y Ángel Delgado Silva. También, Lourdes Flores Nano, Hugo Guerra Arteaga, Francisco Tudela van Breugel-Douglas, y César Vignolo Gonzáles Del Valle, el pasado 1° de febrero del 2022. Luego la adoptó por los legisladores Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular).
El documento se basa en una entrevista que brindó el presidente Castillo a la cadena CNN, los días 24 y 25 de enero de este año. En esta se le recordó unas declaraciones que dio (Castillo) en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú y en las cuales comenta la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia.
Y cuándo se le consulta cómo lo haría (que ya es presidente) dijo: “Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo”. “Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”. Esto, refiriéndose a una eventual consulta popular (referéndum) para otorgar una salida al mar a Bolivia por territorio de Perú.
Según el informe, estos dichos se pueden considerar “presuntas infracciones constitucionales y delito de traición a la patria en agravio del Estado. Y por eso recomienda inhabilitar a Pedro Castillo para el ejercicio de la función pública por cinco años.
¿Qué dice el informe final sustentado en la SAC?
Pedro Castillo habría violado cuatro artículos de la Constitución, en los que se establecen normas sobre soberanía nacional, tratados internacionales y referéndums.
“Apreciándose que el máximo representante de la república mediante sus declaraciones demostró su intención de transgredir el mandato de la Carta Fundamental, se concluye y se recomienda: Acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, por infracción de los artículos…de la Constitución Política del Perú; y, de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, proponemos que se imponga la sanción de inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública”, dice el documento.
Al final del mismo, se recomienda: acusar por antejuicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, como presunto autor del delito de Traición a la Patria previsto y sancionado por el artículo 325° del Código Penal; en calidad de Autor y en grado de tentativa en agravio del Estado Peruano, concluye.
¿Qué sigue si se aprueba el informe?
De acuerdo al Reglamento del Congreso, si el informe se aprueba en la SAC, tendrá que discutirse luego en la Comisión Permanente. Si se aprueba, pasaría en última instancia al Pleno del Congreso que deberá decidir si opta por el antejuicio político o el juicio político.
Si van por el antejuicio político, se levantará la inmunidad presidencial y el juicio continuará en la Corte Suprema del Perú. Y si optan por un juicio político, el Congreso puede sancionar al primer mandatario con la destitución, inhabilitación o suspensión.
¿Qué opinan algunos constitucionalistas?
En agosto del presente año, el exmiembro del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, se mostró sorprendido por la recomendación de inhabilitar al presidente Pedro Castillo de la función pública por cinco años por el presunto delito de traición a la patria, sin haberlo destituido.
“No creía que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República le iba a dar tan mala cobertura”. “Se da la sanción señalada y no se destituye al muy alto funcionario ¿cómo se entiende eso? De entrada, hay una incongruencia, porque para inhabilitarlo de un cargo público, primero debo destituirlo, dijo entonces Espinosa-Saldaña.
Asimismo, al recordar lo ocurrido durante la entrevista que dio el jefe de Estado a CNN dijo que, “traición a la patria son actos efectivos que vayan contra la preservación del territorio. O pongan en riesgo la seguridad del país, y nada de eso se ha hecho”.
Por su parte, Ángel Delgado Silva, abogado constitucionalista y uno de los firmantes de la denuncia afirma que, “las declaraciones del presidente de la república a un medio internacional (…) no son opiniones particulares. No son puntos de vista (individuales), sino que está hablando a nombre del Estado peruano, en la medida que personifica a la nación y es el jefe de la política exterior. Sobre esto, hay una reiterada jurisprudencia en el derecho internacional”. Por tanto, dijo que las declaraciones del mandatario expusieron al país a un “conflicto internacional innecesario”. Y ponían en riesgo “la integridad de la soberanía estatal y el territorio”.
Además, refirió que con la acusación constitucional no se está determinando “si el presidente cometió un delito o no”. Eso le correspondería al Poder Judicial. Pero sí, estaban “abriendo las puertas” para que el mandatario sea procesado penalmente por sus declaraciones.
Para abogado de Castillo informe debe ser declarado improcedente
De otro lado, Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo dijo que el informe por presunta traición a la patria atribuida al mandatario debe ser declarado improcedente al no reunir ningún elemento jurídico para su aprobación.
En ese sentido, calificó de “mamarracho político” tanto la denuncia constitucional como el informe que tiene la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya que inicia “invocando una norma derogada que en derecho ya no existe, porque traición a la patria hay cuando se cede soberanía y territorio…te puede gustar o no una declaración, pero de allí a criminalizar es otra cosa”, dijo.
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube
