La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos ha presentado su informe final tras su visita al Perú durante las protestas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. El informe señala que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en conjunto con las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, han encubierto delitos de lesa humanidad. Por la tanto, su gobierno es una dictadura.
La Misión recorrió Lima, Ica al sur de Lima, Juliaca, Ayacucho y Cusco. En cada región recibió testimonios directos de familiares de las víctimas y de dirigentes sociales. Documentaron que «los casos de detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles y degradantes que ha podido recabar la Misión hasta la fecha se cuentan por centenares». La directora del Departamento de Derechos de los Pueblos de ATE-CTA, María José Cano, insistió en que «no se puede estar ajenos ante las gravísimas violaciones que constatamos y que se relatan en este informe».
«Hemos podido constatar la violación de los protocolos y estándares internacionales en materia de disuasión, la utilización irregular de armamento antidisturbios y la aplicación de armamento de guerra. A esto se suma una campaña sistemática y sostenida en importantes medios de comunicación y en la voz de políticos afines al régimen vigente de discriminación y denigración racial contra los pueblos originarios y campesinos»
INFORME FINAL – Violación de los Derechos Humanos en Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Sin embargo, los integrantes de la comisión también insisten en señalar la ilegalidad de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. Consideran que tras su destitución la represión fue generalizada existiendo una persecución constante a líderes políticos.
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