El “innovador” sistema es impulsado por Avanza País, que busca “promover la competitividad entre el sector público y privado para mejorar la calidad de la educación en el Perú”.
Esta medida implicaría entregar vouchers subsidiados por el Estado a las familias, quienes podrían utilizarlos para financiar total o parcialmente las pensiones en colegios privados. Según el proyecto de ley, esto daría a las familias mayor autonomía en la elección de la institución educativa para sus hijos. Además, permitirá que el sector privado pueda “abordar las deficiencias del sistema educativo a nivel nacional”.
Sin embargo, es necesario analizar críticamente esta propuesta. Por un lado, esta basada en teorías previas, como las planteadas por Milton Friedman en 1955, que han sido aplicadas en otros países con resultados variados. Por ejemplo, en Chile, los resultados iniciales no mostraron mejoras significativas y se mantuvo la segregación entre estudiantes.
En ese país, el acceso a colegios privados de mayor calidad seguía dependiendo principalmente de los ingresos familiares. En contraste, en Colombia, el programa de bonos sí demostró beneficios positivos en el aprendizaje.
Sistema de vouchers y su incompatibilidad con el sistema peruano
El Perú enfrenta desafíos educativos que van más allá de la competitividad entre el sector público y privado. Existe un déficit de infraestructura educativa y bajos niveles de calidad de aprendizaje, especialmente en las zonas rurales. La desigualdad entre las escuelas públicas y privadas se acentúa en los grupos más vulnerables, como los estudiantes de escasos recursos y las comunidades indígenas, los cuales podrían quedar excluidos de este sistema de vouchers.
Es importante considerar también los problemas estructurales en la ejecución del gasto público en educación, la necesidad de abordar las deficiencias en la gestión y ejecución de los recursos. Aumentar el presupuesto destinado a la educación es necesario, pero no se debe ignorar los desafíos adicionales que pueden surgir al implementar un sistema de vouchers educativos que elevaría la cantidad de gasto. El presupuesto destinado a los vouchers debe provenir de algún lado.
El proyecto de ley de vouchers educativos presenta una medida para mejorar la calidad de la educación en el Perú. Esto requiere un análisis crítico sobre su efectividad y su capacidad para abordar los desafíos educativos del país. Se deben considerar las brechas existentes, la exclusión de los grupos más vulnerables y la necesidad de una gestión eficiente de los recursos públicos. Algo que no se está haciendo, ya que según denuncia el mismo SUTEP, nunca se hizo pues el proyecto paso de manera “express” todo los procedimientos legislativos.
La municipalización de la educación y la política
La municipalización de la educación es la otra razón del descontento del SUTEP. Va de la mano con el copamiento de instituciones que ocurre en el país. Esta se da cuando las municipalidades tienen el control de la educación en su zona de influencia. Esto comienza a darse en el gobierno de Dina Boluarte que, a través del Ministerio de Educación, prometió entregar la Dirección de Educación de Lima Metropolitana a la Municipalidad de Lima, el 28 de Julio del 2023.
El permitir que la municipalidad tome el control de la educación en su zona de influencia, viene acompañado del presupuesto asignado para esa zona. Por ejemplo en Lima, se transferirá el control según datos del Ministerio de Educación a 7 UGEL, 3165 instalaciones de centro educativos. Estas atienden a 2 millones 354 mil 891 escolares (representan a ⅓ de los estudiantes del país), 25 institutos superiores (2000 profesores), 65 mil profesores y auxiliares. Esto significa la entrega de un presupuesto no menor 3 mil millones 427 mil soles que es el presupuesto actual destinado a Lima.
Esto permitirá que la municipalidad se inmiscuya en la formación de los estudiantes. Determinando ¿Qué se enseñará?, decidiendo sobre el mismo currículo escolar. Así como el ¿Cómo se enseñará?, pues podrán escoger a los docentes que realicen está labor que podrán ser despedidos por razones políticas. Politizando la educación, algo que perjudicaría al desarrollo estudiantil y académico, lo cual afectará a las primeras generaciones y a la educación peruana.
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