La presidenta Dina Boluarte se encuentra en la mira de una investigaciĂłn preliminar de la FiscalĂa. Esto debido a las acusaciones de genocidio relacionadas con las trágicas pĂ©rdidas de vidas durante las protestas en contra de su gobierno.
El Ministerio PĂşblico citĂł a Boluarte para comparecer el prĂłximo 31 de mayo, con el objetivo de que responda sobre las numerosas muertes ocurridas en varias regiones del paĂs durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.
El abogado Carlos Rivera Paz, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), es defensor de los familiares de las vĂctimas de Andahuaylas, Ayacucho, Puno y Cusco. El interrogatorio se llevará en las instalaciones del Ministerio PĂşblico, ubicado en la avenida Abancay en Lima.
Estas investigaciones tambiĂ©n involucran a miembros actuales y anteriores del gabinete de Boluarte, entre ellos, Alberto Otárola, actual presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa. TambiĂ©n Pedro Angulo, extitular de la PCM; Jorge Chávez Cresta, ministro actual de Defensa; y VĂctor Rojas y CĂ©sar Cervantes, exministros del Interior.
¿Por qué no avanza el caso contra Dina Boluarte?
El 30 de enero pasado, se le solicitĂł a la jefa de Estado que declarara en persona, pero ella prefiriĂł hacerlo de forma virtual. Posteriormente, se programĂł una nueva fecha para el 23 de febrero, pero, una vez más, solicitĂł cambiar el formato, argumentando “riesgos de seguridad y agitaciĂłn social que podrĂa generar su presencia en la fiscalĂa”. Sin embargo, el requerimiento tampoco fue atendido hasta el 25 de febrero.
Finalmente, el 7 de marzo, Boluarte acudiĂł al Ministerio PĂşblico. Pero la diligencia se suspendiĂł porque el Poder Judicial aĂşn no habĂa resuelto una solicitud de protecciĂłn de derechos presentada por la ProcuradurĂa General del Estado para anular la ampliaciĂłn de la declaraciĂłn ofrecida por el primer ministro, Alberto Otárola, el pasado 16 de febrero.
Además, la entidad tambiĂ©n buscaba participar en el interrogatorio a Boluarte Zegarra. DĂas despuĂ©s, el Juzgado Supremo de InvestigaciĂłn Preparatoria fallĂł a favor de la mandataria. No obstante, la fiscal Patricia Benavides apelĂł esta decisiĂłn para excluir a la procuradurĂa. TambiĂ©n pidiĂł que se excluya a los abogados de las vĂctimas de las protestas de todas las diligencias que se realicen en contra de la presidenta.
La FiscalĂa de la NaciĂłn presentĂł un recurso de apelaciĂłn contra la resoluciĂłn emitida por el Juzgado Supremo de InvestigaciĂłn Preparatoria el 14 de marzo de 2023. Hasta ahora dicho recurso está pendiente de resoluciĂłn. Por lo tanto, la FiscalĂa decidiĂł:
“programar las declaraciones indagatorias de los investigados en la presente carpeta fiscal, una vez que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por este despacho fiscal contra la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el incidente de tutela de derechos”.
El caso se torna aún más lento
SegĂşn un informe del diario La RepĂşblica, el fiscal Marco Huamán, encargado de las investigaciones contra las altas autoridades del Ejecutivo, aĂşn no ha citado a los mandos policiales y militares de Ayacucho y Puno, regiones donde se registrĂł la mayor cantidad de vĂctimas mortales, para que brinden sus declaraciones, pese a contar con sus nombres y direcciones.
En marzo pasado, la fiscal Patricia Benavides anunció la formación de un equipo especial de fiscales encargado de investigar las muertes ocurridas durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y enero de este año. Sin embargo, el trabajo presenta retrasos y no se vislumbra resultados a largo plazo.
Las fiscalĂas regionales, como las de ApurĂmac, Cusco, Puno y Ayacucho, donde se produjo violaciones a los derechos humanos por parte de la PolicĂa Nacional y las Fuerzas Armadas, están transfiriendo la informaciĂłn muy lentamente al equipo liderado por la fiscal Marena Mendoza Sánchez.
La AsociaciĂłn de Familiares de las vĂctimas asesinadas y heridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte ha expresado su preocupaciĂłn y rechazo ante la decisiĂłn de la fiscal Patricia Benavides de trasladar todos los casos de muerte a Lima.
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