En diciembre y enero, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvieron en Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco. Luego de analizar y compilar 55 testimonios y otras evidencias, publicaron este miércoles un informe sobre la desastrosa y sangrienta situación de los ciudadanos en Perú a partir de la toma del poder de Dina Boluarte.
Hasta los observadores internacionales de la CIDH lograron identificar cinco consignas importantes de las protestas que varios representantes del Ejecutivo y el Legislativo se encargaron de negar que existieran. Las demandas son: Adelanto de elecciones generales, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente, la renuncia de Dina Boluarte y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
En el informe, la CIDH destaca cómo la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad ha perjudicado la vida de los ciudadanos. En el texto de esta delegación experta también se demanda la investigación exhaustiva para garantizar la rendición de cuentas de los responsables:
“La respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones. Así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta”
El gobierno presentó sus observaciones al proyecto de informe el 30 de marzo de 2023. La CIDH incorporó las partes pertinentes y aprobó la versión final. Es decir, Dina Boluarte y el gabinete Otárola conocían gran parte del contenido a publicarse por la CIDH, desde hace dos meses al menos.
La CIDH señala también como potencial riesgo para la democracia el actuar del Congreso con los intentos de descabezar y copar las instituciones electorales autónomas. El 4 de enero de 2023, varios congresistas presentaron proyectos de reforma constitucional en el Parlamento. Uno de ellos buscaba acortar por única vez el mandato del presidente del JNE y del jefe de la ONPE.
Violación a los Derechos Humanos, ejecuciones extrajudiciales y masacre
El documento de la CIDH también narra el pésimo manejo del gobierno a través de la PNP y FF.AA. ante los pedidos de la población. Estas instituciones y sus agentes habrían usado violencia desmedida contra ciudadanos indefensos para imponer un concepto de orden incompatible con la vida:
“En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de Derechos Humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”
El vergonzoso discurso racista de difamar como “terrorista” a cualquiera que no está de lado de la derecha peruana está siendo observado hasta por la comunidad internacional. Esta inhumana violencia simbólica se ha ensañado hasta contra las victimas y sobrevivientes de la represión desde el Estado para minimizar sus denuncias.
Terruqueo y violencia racial
La CIDH recogió evidencias del terruqueo y racismo empleado en la narrativa e intervención de autoridades, incluso de medios de comunicación, contra las víctimas y sobrevivientes:
“La CIDH constató un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras formas despectivas. Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población”
Como por inevitable añadidura a esta estigmatización casi institucionalizada, la CIDH aborda esto como un antecedente importante en la detonación de toda la violenta represión y la justificación del derramamiento de sangre por parte de figuras y grupos de poder:
“La crisis política y el descontento social no son hechos aislados, sino que, según la información recibida por la Comisión durante la visita, guardan estrecha relación con la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país. Regiones donde se concentraron la mayor cantidad de protestas, de mensajes estigmatizantes y denuncias de violaciones de Derechos Humanos”
La publicación de la CIDH describe cómo el gobierno de Dina Boluarte advirtió a la Comisión sobre la infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley, con el fin de desestabilizar a la actual gestión. Sin embargo, hasta el cierre del informe no había entregado ningún medio de prueba que confirmara dicha hipótesis.
Datos y cifras clave en el informe de la CIDH
- El informe se refiere a los hechos sucedidos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023.
- La CIDH visitó Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco. En más de 60 reuniones con víctimas y sus familiares, y autoridades, se obtuvieron 55 testimonios individuales.
- De los 55 testimonios recabados, 17 fueron brindados por familiares de víctimas fatales, 25 por personas heridas, 7 por personas que fueron detenidas y 6 por personas que presenciaron hechos de represión.
- La Comisión aprobó el proyecto de informe el 28 de febrero de 2023 y lo notificó a Perú en el mismo día para sus observaciones por un plazo de 15 días.
Lee también: Sí hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas, segpun CIDH
- El gobierno presentó sus observaciones al proyecto de informe el día 30 de marzo de 2023. La CIDH incorporó las partes pertinentes y aprobó la versión final. Es decir, Dina Boluarte y el gabinete Otarola conocían gran parte del contenido a publicarse por la CIDH, desde hace dos meses al menos.
- La CIDH documenta como potencial riesgo para la democracia, el actuar del Congreso por descabezar y copar las instituciones electorales autónomas. El 4 de enero de 2023, varios congresistas presentaron dos proyectos de reforma constitucional en el Congreso de la República. Uno de ellos buscaba acortar por única vez el mandato del presidente del JNE y del jefe de la ONPE.
- Las demandas de las protestas se centraban en el adelanto de elecciones y la renuncia de la Dina Boluarte.
- La CIDH recoge cifras de la Defensoría del Pueblo del 7 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023. En esas fechas se registraron 477 protestas.
- En este periodo, 57 personas perdieron la vida en el contexto de la conflictividad social, entre ellos 2 bebés, 8 adolescentes y un agente policial.
- La CIDH describe cómo el gobierno de Dina Boluarte advirtió a la Comisión sobre la infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley con el fin de desestabilizar a la actual gestión. Sin embargo, hasta el cierre del informe no había entregado ningún medio de prueba que confirmara dicha hipótesis.
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