En medio de fuertes medidas de seguridad con calles enrejadas y un gran contingente de policías, la presidenta de la República, Dina Boluarte, salió de la sede de la Fiscalía de la Nación luego de casi tres horas de declarar sobre las muertes durante las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023.
La Policía impidió el trabajo de cobertura de los periodistas de diferentes medios de comunicación que intentaron registrar el ingreso de la presidenta a la sede de la Fiscalía.
Como lo señaló la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), los hombres de prensa «de diferentes medios intentaban registrar un hecho de interés público en exteriores de una institución pública», por lo que consideraron que «no hay justificación válida para este proceder» de impedir el acceso a la información.
En tanto, el grupo de ciudadanos que ya estaba apostado a las afueras de la sede fiscal cuando llegó la mandataria y mientras estaba declarando, esperaron la salida de Boluarte con carteles de rechazo en mano.
Presidenta debe responder por 49 muertes en protestas
Al coro de «Dina asesina, el pueblo te repudia» y «la sangre derramada, jamás será olvidada» los ciudadanos hicieron sentir su rechazo. Mientras, los policías que estaban resguardando el local donde se encontraba la presidenta impedían que se acercaran más a la camioneta negra en la que se transportaba la jefa de Estado.
La mandataria debe responder por el presunto delito de homicidio calificado por las 49 muertes registradas en las protestas, producto de la brutal represión que ejercieron los efectivos policiales y del Ejército.
Boluarte solo respondió preguntas de la Fiscalía y no de abogados de los deudos ni de la Procuraduría
En la diligencia judicial que se inició a las 9 de la mañana, por parte del Ministerio Público estuvo presente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. También participó el fiscal adjunto supremo provisional Marco Huamán.
La Fiscalía hizo veintidós preguntas a la mandataria. “Todas muy generales”, según una fuente conocedora de los hechos. Encima, “no hubo repreguntas”. E incluso algunas de las preguntas generales fueron evadidas por la presidenta.
Pero cuando llegó el momento en que la presidenta debía responder las preguntas tanto de los abogados de los familiares de las víctimas de las protestas como el representante de la Procuraduría General, la presidenta no respondió.
El abogado de la mandataria alegó que buscaban la mayor “objetividad” en la investigación fiscal, y que por eso Boluarte no respondió. Argumentó además que la Corte Suprema aún no resuelve la apelación del fiscal supremo adjunto Marco Huamán.
Huamán se opuso en marzo a la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley que autorizaba a los abogados de las víctimas de las masacres de Ayacucho y Puno interrogar a la presidenta de la República.
Frente a la insistencia de los abogados de las víctimas, la presidenta Boluarte apeló a su derecho de guardar silencio y no habló más durante el resto de la audiencia.
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