La Contraloría detectó un perjuicio de 100 mil 800 soles a la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA). Este monto se estuvo usando de manera irregular para pagar la movilidad de trabajadores del ente durante los años 2019 y 2020.
El informe de control señala una presunta responsabilidad administrativa en una servidora. Además, se detalla la responsabilidad civil en diez funcionarios y servidores de la GREA.
Se efectuó un análisis a la información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público. También se halló documentación que sustenta los pagos efectuados por “concepto de movilidad como condición de trabajo”, durante los años 2019 y 2020.
De esta manera, durante la auditoria se evidenció que funcionarios y servidores públicos suscribieron y e hicieron efectivo, documentos para ejecutar el gasto e incrementar los ingresos de trabajadores de la institución. El informe de control hace hincapié que estos trabajadores están sujetos a los regímenes laborales DL N° 276, 1057 y 1153.
Pagos a trabajadores de Gerencia de Educación de Arequipa
Se intentó justificar estos pagos excedentes, indicando que se dio cumplimiento al convenio colectivo entre el Gobierno Regional de Arequipa y la Federación de Sedes Administrativas de Educación del Perú.
“Sin embargo, por las condiciones establecidas en el acuerdo y por las normas de gestión fiscal de recursos humanos vigentes, no correspondía el incremento“
Informe de Servicio de Control Específico N° 015-2023-2-0710-SCE.
En el informe se detalla que el presupuesto asignado para la movilidad, no cumplió con los criterios de “condición de trabajo” establecidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Además, no estuvo sujeto a rendición de cuentas e implicó un incremento patrimonial prohibido por las normas presupuestales.
El informe fue notificado a la titular de la Gerencia Regional de Educación para iniciar los procesos administrativos sancionadores, según corresponda. El informe también recomienda a la Procuraduría Pública de la Contraloría General dar inicio a la acción legal civil contra diez funcionarios y servidores involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad.
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