En un comunicado público, los fiscales especializados en materia ambiental de Madre de Dios se pronunciaron en contra de los proyectos de ley, impulsados por diferentes bancadas del Congreso de la República, que buscan abrir nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y establecer nuevas condiciones para su acceso. De manera específica, se oponen al dictamen recaído en las iniciativas legislativas 2172, 2519, 3621 y 5171, debido a que promoverían la minería ilegal.
Según el pronunciamiento, esas nuevas condiciones, así como determinar otro plazo de inscripción en el Reinfo, desnaturalizan el carácter excepcional y temporal que tiene este padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En ese sentido, advirtieron que esto “resulta perjudicial para la sostenibilidad del país” y beneficia a la actividad minera ilegal.
“Llevamos, desde 2002, un proceso de formalización eterno, donde los operadores, asesores y representantes de los mineros informales aducen lo ‘complejo del proceso’ como una imposibilidad para lograr la formalización, cuando a la fecha hemos visto que existen mineros que han logrado resultados. O utilizan la excusa de que esta vez sí será posible lograrlo. Son los mismos argumentos de las anteriores ampliaciones, que desincentivan la formalización y contribuyen a que tengamos en gran medida mineros ilegales amparados en la formalización”, se lee en el documento.
Preocupación por proyecto de ley aprobado por insistencia
Los representantes del Ministerio Público expresaron su preocupación ante la decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de aprobar por insistencia el dictamen emitido sobre el proyecto de ley 2715-2021, que pretende modificar el Decreto Legislativo 1100, encargado de regular la interdicción de la minería ilegal en Perú. Dicho informe, cuya autógrafa observó previamente el Ejecutivo, fue aprobado el 30 de octubre pasado.
La propuesta legislativa, presentada por el congresista Eduardo Salhuana (APP), propone implementar medidas adicionales a fin de destinar a los gobiernos locales y regionales los bienes, maquinaria, equipos e insumos decomisados durante las operaciones de interdicción de minería ilegal.
Uno de los cambios clave es dar prioridad a las municipalidades distritales y centros poblados donde se realizó las acciones de interdicción. Esto, para la custodia temporal o permanente de los bienes y equipos confiscados, seguidas por las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales.
Además, dispone que la destrucción o demolición de bienes, maquinarias o equipos que, por sus características o situación, resulte no viable su decomiso, sean entregados al gobierno regional del lugar donde fueron intervenidos.
Piden no aprobar norma que debilita la lucha contra la minería ilegal
Los fiscales especializados en asuntos ambientales han instado al Congreso a no aprobar la normativa en el Pleno. Al mismo tiempo, han exhortado al Poder Ejecutivo, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Así como, al Ministerio del Ambiente (Minam), al Ministerio de Defensa (Mindef) y al Ministerio del Interior (Mininter) a estar alertas.
Según consideran, la norma en cuestión “debilita el mecanismo de interdicción al incluir un procedimiento adicional que puede dilatar y comprometer las investigaciones del delito”. Asimismo, se pone en riesgo la vida de los fiscales que realizan su trabajo en zonas de alto peligro y sumamente distantes.
Los gobiernos municipales (distritales y provinciales) y gobiernos regionales tampoco cuentan con recursos económicos y logísticos para la custodia. Ni para el traslado de maquinaria, entre otros equipos incautados, en actividades de minería ilegal. Delegar esta competencia perjudica la lucha contra la minería ilegal.
Lee la nota original aquí o visita Inforegión, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.
