La nueva gestión del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA) ha tomado muy en serio la vocación por el litigio. Este viernes, se realizó una inspección por parte del Juzgado Constitucional, apoyada por el sector minoritario de la Junta Directiva. Durante la diligencia, no faltaron los enfrentamientos verbales. Al parecer, los “trapitos sucios” sobran en la institución.
Este último capítulo comenzó el jueves 2 de mayo. Según, Arturo Salas Vildoso, Director Tesorero del CAA, aquel día no se permitió el ingreso de Rodolfo Sánchez Salazar, Director de Defensa Gremial y Disciplina, a su oficina. Por ello, Sánchez Salazar interpuso un recurso de habeas corpus, que condujo a la intervención del último viernes.
Alrededor de las 4 de la tarde, miembros del Juzgado y policías ingresaron a la sede del CAA, bajo la consigna de conversar con John Mesías Romero, decano de la institución. Salas Vildoso señaló que, aquel jueves, lo correcto habría sido notificar el cierre de la oficina mediante una resolución oficial y el lacrado de puertas.
También se acusa a Mesías Romero de cesar el Consejo de Ética y el Tribunal de Honor del CAA, para designar a nuevos miembros POR SU CUENTA. Los expedientes que investigan a Mesías Romero y otros abogados, se encontrarían en la oficina de Defensa Gremial, presuntamente clausurada por el decano.
“Acá nadie se lava las manos, para nosotros como minoría esta junta y gobernabilidad es insostenible. Lo único que puede salvar a nuestra institución, es que se convoquen a nuevas elecciones.”
Arturo Salas Vildoso, Director Tesorero del Colegio de Abogados de Arequipa.
Decano del Colegio de Abogados responde
John Mesías Romero, decano de la institución, informó que las labores en el CAA se desarrollan con normalidad y que no se ha restringido el tránsito de ningún colaborador. Según su versión, cuatro personas de la oficina en controversia culminaron contratos el 30 de abril, sin embargo, se negaron a dejar los cargos.
Mesías Romero acudió el 2 de mayo a las oficinas junto a un notario, para realizar el inventario de los bienes. Allí se suscitaron algunos conflictos y preventivamente se cerró el despacho, hasta convocar a nuevo personal. Agregó que no tiene ningún proceso abierto en la Dirección de Defensa Gremial y Disciplina.
Colaboradores denunciaron ante SUNAFIL
El ahora ex personal de la oficina fue contratado bajo el concepto de locación de servicios. Dicha característica les otorga autonomía durante la ejecución de su trabajo. Sin embargo, Milagros Farfán Quispe ―una de las colaboradoras implicadas― explicó que sí tenían un horario establecido. Cuando se venció el contrato, solicitaron 30 días adicionales para transferir el cargo y capacitar al nuevo personal, pero no tuvieron respuesta.
En ese despacho se originó la denuncia de acoso contra Mesías Romero. Según Farfán Quispe, posterior a los hechos, sufrieron hostigamiento y falta de pagos. Por ello, acudieron a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Las acciones resultaron en que consideraran a los trabajadores “conflictivos” y no aptos para renovar su contrato.
Dalith Carpio Sánchez ―otro de los colaboradores afectados― es nieto del Director de Defensa Gremial. Bajo el argumento de una falta ética, Mesías Romero justifica el no haber extendido su contrato. Sin embargo, Carpio Sánchez indica que en todo momento el decano supo del vínculo familiar.
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