Wilber Mayta Fernández, presidente de la asociación Jorge Basadre, deberá pensar una nueva excusa para no perder el apoyo de sus socios. Este miércoles, los cuartos que habían construido a un costado de la quebrada de Culebrillas, quedaron reducidos a escombros. Mayta Fernández lideró la invasión alegando tener sustento legal en una donación realizada por una representante del extinto Común de Los Zeballos.
La situación motivó que el dirigente reúna rápidamente a sus socios en la zona conocida como Llamagas. Así lo demuestran algunos comunicados a los que tuvimos acceso. Primero, Mayta Fernández invocó a las personas a dirigirse a los terrenos. Sin embargo, los controles policiales frustraron el intento.
Durante la intervención, llegaron diversos vehículos intentando ingresar a la Ruta del Sillar. El equipo de El Búho pudo constatar que las personas alegaban tener alguna otra propiedad, ajena a la asociación Jorge Basadre, o que iban a otro lugar. La advertencia de Mayta Fernández es un indicio de que estuvimos frente a un juego de mentiras.
El comandante PNP Carlos Blanco señaló que la agrupación tiene “un brazo armado y legal”. Según Blanco, hasta cuentan con oficinas en el centro de la ciudad. El nivel de organización de Jorge Basadre se demuestra en una reunión de emergencia post desalojo. En el comunicado se nota que hasta conmemoraban sus aniversarios.
Según fuentes cercanas, Mayta Fernández y otras personas sí lograron llegar al lugar aproximadamente a las 9:30 de la mañana. La Policía habría efectuado un control de identidad, revelando que algunos individuos tenían celulares robados.
Asociación Jorge Basadre desalojada nuevamente
No es la primera vez que la asociación Jorge Basadre sufre un desalojo. En diciembre de 2023 se registró una intervención de similar magnitud. Este miércoles, un aproximado de 500 agentes policiales llegaron alrededor de las 5 de la mañana. El ingreso a la asociación es a través del desvío que lleva a la Ruta del Sillar, a pocos kilómetros del puente Virgen de Chapi, en la autopista Arequipa-La Joya. Desde ese punto, el tránsito fue restringido y nadie pudo ingresar. La operación duró al menos 3 horas.
Usando maquinaria amarilla, se procedió al derrumbe de un centenar de habitaciones precarias. En el lugar no se encontraba ningún miembro de la asociación, por ello, la intervención se desarrolló sin contratiempos. Alunas fotografías muestran que la zona había sido lotizada. En un informe anterior, evidenciamos cómo los miembros se organizaban tiempo atrás para realizar guardias.
Como es común en este tipo de asociaciones, el material predominante es la bloqueta y calamina. Algunos cuartos habían sido construidos mediante puntales y sacos azules. Esta característica hacía que la desaparecida infraestructura de Jorge Basadre se note a kilómetros de distancia. El comandante PNP Carlos Blanco informó que fueron 6 hectáreas las que presentaban construcciones.
Traficantes sin escrúpulos
No sería sorpresa que pronto se organice una marcha contra el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Tampoco, que denuncien a funcionarios públicos por supuesto abuso de autoridad. Todo ello, ya lo han hecho y probablemente estén coordinando nuevas acciones. En una intervención pasada, incluso un vehículo fue incendiado.
Aquella vez, estuvo involucrada una trabajadora del GRA, Nicolasa Quispe, quien laboraba en una oficina de Tesorería y fue acusada de dirigir actos vandálicos. En abril, acudió a un programa de televisión para negar lo acontecido.
La procuradora del GRA, Amparo Begazo, espera que la oficina de Ordenamiento Territorial disponga de una vez la utilidad de los terrenos recuperados. Si el lugar no esté debidamente protegido y proyectado, se arriesga a ser nuevamente ocupado. No es la primera vez que ocurre y los comunicados de Mayta Fernández son advertencia de que no se quedarán con los brazos cruzados.
La existencia formal de la asociación Jorge Basadre se remonta al 2018. Se desconoce el monto real de la cuota de ingreso que cobraron, pero se sabe que al menos tienen 1800 socios. Entre ellos, gente que realmente necesita una vivienda y otros que han hecho de esta necesidad una forma de lucrar. Lo cierto es que muchos fueron nuevamente estafados y el problema de las invasiones sigue latente en Arequipa.
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