Mark Vito Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, era el encargado de recoger los dineros captados para la campaña del 2011. Con estos dineros creó su empresa MVV Bienes y Raíces en la que se hacían operaciones simuladas.
Según la sustentación de la acusación del fiscal José Domingo Pérez, Mark Villanella ingresa a la organización porque participa con su entonces esposa entre 2012 y 2013 en reuniones con empresarios de la construcción. Les entregaban cuotas mensuales de 1,000 dólares a la pareja.
Villanella va a las instalaciones de Rasmus para recibir en efectivo el dinero acordado con Keiko Fujimori, le entregan en dos momentos. En la fábrica de El Callao en noviembre del 2015 una bolsa de 80 mil dólares y en diciembre 80 mil dólares.
Se identificaba como el esposo de Keiko Fujimori y una encargada de entregarle -quien acudirá al juicio- relatará cómo hacen una compra de un terreno solo en minuta. Hay otro caso de compra de otro terreno que los esposos mantienen en secreto.
Así crea su empresa MVV Bienes y Raíces y se instrumentaliza para la compra y venta de terrenos. Recolecta 61 facturas ascendentes a más de 2 millones de dólares. Con operaciones de corretaje simulados, porque los supuestos contratantes niegan la participación de Mark Vito Villanella.
Villanella recogía dinero de manera clandestina de las oficinas de Sudamericana de Fibras. La empresa le entregó dinero que a su vez le entregó a su esposa, la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori, y que nunca declaró ante las autoridades.
Según la tesis fiscal, la empresa de Villanella habría servido dentro del esquema de lavado de activos del dinero que recibió el fujimorismo en sus campañas pasadas. La fiscalía pide para él, 22 años y ocho meses de cárcel.
El Ministerio Público, consideró que “las fuentes de ingreso de Villanella no eran transparentes”. Es por ello que el fiscal José Domingo Pérez decidió ampliar las pesquisas contra el esposo de Keiko Fujimori.
Como se sabe, la lideresa de Fuerza Popular es acusada del delito de lavado de activos, debido a presuntos aportes ilícitos que habría recibido en las campañas electorales del 2011 y 2016, entre ellos, de la empresa Odebrecht.
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