El Gobierno de Dina Boluarte no formuló ninguna observación a la autógrafa propuesta por Fuerza Popular en el Congreso para favorecer a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en los años ochenta y noventa, como Alberto Fujimori y otros acusados de estos crímenes.
La ley propuesta determina la prescripción de los delitos cometidos con anterioridad a julio del 2002, cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Este estatuto establece que, “nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002”, tal como lo incluye el proyecto del partido Fuerza Popular, en su artículo 5.
De esta forma el Gobierno le da la prerrogativa a los congresistas para que la aprueben por insistencia, como ha ocurrido con otras leyes.
¿Qué congresistas presentaron la ley y quiénes la aprobaron?
Esta ley fujimorista la presentó el ahora fujimorista, Fernando Rospigliosi, junto con José Cueto, de Renovación Popular y fue aprobada en la Comisión Permanente, el pasado 4 de julio.
Votaron a favor del texto los fujimoristas Martha Moyano, Arturo Alegría, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla y Alejandro Aguinaga. Y la respaldaron los congresistas de la alianza parlamentaria, Patricia Chirinos, Eduardo Salhuana, María Acuña, José Luna, Wilson Soto, Diego Bazán, Montoya y Cueto.
El texto se envió a Palacio el 8 de julio y según algunas fuentes del propio Ejecutivo, ya se anticipaba que el Gobierno no la observaría.
El Perú en desacato ante la Corte IDH
Al no haber observado la norma el Ejecutivo, el Perú queda nuevamente en desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta instancia de justicia, había dictado “medidas provisionales sobre esta futura ley”.
Como se informó, la Corte IDH requirió a los tres poderes del Estado peruano “a tomar las acciones necesarias para que no se otorgue vigencia al proyecto de ley 6951 (el proyecto de Rospigliosi”.
Al no haber formulado observación, el gobierno de Dina Boluarte incurre en un nuevo desacato. Y lo más grave es que, los abogados de los sentenciados y procesados por delitos considerados como de lesa humanidad “podrán solicitar la anulación de las condenas o pedir la anulación de los procesos judiciales en curso”.
Nuevamente, las víctimas del régimen del excarcelado expresidente Alberto Fujimori tendrán que acudir a las instancias judiciales. Esto a fin de que no se aplique la ley creada para favorecer a Alberto Fujimori. Que mintió sobre su enfermedad para lograr el indulto, no ha pagado las reparaciones civiles. Y ahora, recibirá una pensión vitalicia de 15,600 soles mensuales gracias al Congreso del 4 % de aprobación ciudadana.
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