La junta de Fiscales Supremos del Perú, a través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, manifestó su preocupación por el proyecto pendiente de segunda votación en el Congreso. La propuesta en cuestión debilita la labor y los avances de la Fiscalía y le otorga funciones investigativas a la Policía, lo que contradice la Constitución.
El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, acompañado del pleno de fiscales supremos, dijo además que la Policía Nacional del Perú no estaría preparada para llevar a cabo las indagaciones.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el Congreso en primera votación la semana pasada. Ahora está en agenda para estos días y así pasar al Ejecutivo para su promulgación. Siendo así, quedaría en manos de la mandataria Dina Boluarte que la controversial propuesta se convierta en Ley.
¿Se busca que el Ejecutivo tenga injerencia en las investigaciones penales?
La propuesta que busca modificar el Código Procesal Penal “abiertamente contradice el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política del Estado que establece como atribución del Ministerio Público la conducción de la investigación del delito desde su inicio y la obligación de la Policía Nacional de cumplir nuestros mandatos en el ámbito funcional”, señaló el Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena a la ciudadanía.
Con la propuesta del Congreso se le quita una función esencial al Ministerio Público y se invierte la jerarquía en el sistema de Justicia. Es decir, se pretende encargar la investigación preliminar de delitos a la Policía, con lo que se subordina la labor de los fiscales.
La Policía no está capacitada ni cuenta con suficiente logística criminalística
La Junta de Fiscales Supremos recordó que una reciente sentencia del TC reafirmó las competencias constitucionales de conducción de la investigación del delito del Ministerio Público:
Para sustentar ese apunte, el titular de la Fiscalía mencionó un informe de la Defensoría del Pueblo. En el documento: “Por una atención policial de calidad con respeto de los derechos fundamentales”, se solicitó la atención de la infraestructura del 87% de los departamentos de atención urgente. Además, se hizo requerimientos logísticos e implementación de oficinas de criminalística a nivel nacional
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