Arequipa, una de las ciudades más importantes del Perú, enfrenta un problema silencioso y crítico: el crecimiento urbano sin control está llevando a la ciudad a una situación de caos y pone en riesgo su propia sostenibilidad. Más de la mitad de la urbe se ha construido a base de invasiones.
La expansión de la Ciudad Blanca, vertiginosa en el último medio siglo, ha estado marcada por ocupaciones ilegales, lo que ha contribuido a la creación de vastos asentamientos informales y ha perpetuado un modelo urbano insostenible que amenaza el futuro de la ciudad. Según Elvis Jump, ingeniero y especialista en proyectos de inversión, este fenómeno es particularmente evidente en distritos como Cerro Colorado, Yura y Uchumayo.
En 2021, un estudio realizado por el Centro de Estudios en Economía y Empresa de la Universidad Católica San Pablo ratificó que las invasiones de terrenos son uno de los principales motores de la expansión de la ciudad en los últimos 40 años. El crecimiento desmedido sin planificación genera una sobrecarga a la capacidad de las entidades públicas.
A pesar de haberse implementado procesos de formalización, las deficiencias en servicios básicos permanecen. Esto se hace evidente en lugares como la asociación Consorcio, ubicada a un costado de la carretera Arequipa-La Joya. El poblado nació producto de una invasión hace más de una década, y aunque actualmente ha sido reconocido por la Municipalidad Provincial de Arequipa, los servicios básicos no tienen viabilidad. Los habitantes se abastecen de agua gracias a cisternas, y algunos generan electricidad con paneles solares.
Fallido Plan de Desarrollo Metropolitano
A nivel institucional, otra causa del crecimiento desordenado recae en la ausencia de un Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). En 2014, se creó el Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa (Impla), que aprobó un PDM vigente hasta 2025. Sin embargo, el documento fue observado en 2017 por cuestionamientos respecto a la campiña. El tema se judicializó y el PDM no ha podido ser aplicado desde entonces.
Juan Melgar Begazo, decano del Colegio de Arquitectos de Arequipa, refiere que en la ciudad hay 30 mil hectáreas sin planificación que se van perdiendo conforme las invasiones se expanden indiscriminadamente. “Arequipa se está convirtiendo en una megápolis de informalidad”, declaró a El Búho.
Durante las fiestas de Arequipa, la Municipalidad Provincial firmará un convenio con el Ministerio de Vivienda, con el fin de subsanar todas las observaciones que se han hecho al proyecto del nuevo PDM. Posteriormente, el equipo a cargo tendrá un plazo de 8 meses para finalizar el plan. De esa manera, la ciudad podría tener una guía para un adecuado ordenamiento territorial. Una planificación correcta haría que los espacios tengan un uso asignado, lo que permitiría protegerlos de la depredación y el desorden, y evitar que sean ocupados ilegalmente.
Crecimiento desordenado, violento y politizado
Otro factor asociado a la expansión urbana sin control se traduce en enfrentamientos violentos, donde la ley ha pasado a segundo plano. La carretera Arequipa-La Joya ha sido escenario de balaceras y desalojos, situaciones que se hacen de conocimiento público solo cuando ocurre una tragedia.
El ciclo es siempre el mismo. Un dirigente formula una base legal inconsistente, suficiente para convencer a cientos de personas de que los terrenos son legítimos. Con ello, se crean asociaciones que registran a nuevos integrantes previos pagos y cuotas.
Cuando las autoridades intentan recuperar el lugar, no solo se enfrentan a un dirigente, sino a muchas personas que han “invertido” importantes sumas de dinero por un pedazo de tierra. Los desalojos requieren personal policial y maquinaria, la burocracia y los procesos judiciales solo provocan que los procedimientos se dilaten.
La gran cantidad de población que conforma estas agrupaciones también le otorga a este fenómeno tintes políticos. Un viejo conocido en este contexto es Felipe Domínguez, presidente del Frente de Defensa y Desarrollo del Cono Norte (Fredicon), que abarca a 75 asociaciones de vivienda y es conocido por su participación política.
Domínguez ya era una figura conocida desde el siglo pasado y en el año 2000 inauguró en Arequipa las “portátiles”, gracias a su masivo poder de convocatoria, apoyando al fujimorismo. Desde aquellos años, era un secreto a voces que las invasiones se fueron dando gracias a “acuerdos” entre actores políticos y “dirigentes” de numerosos grupos humanos sujetos a ellos por su necesidad de vivienda. Incluso este acuerdo se hizo explícito en la elección previa al segundo mandato de Juan Manuel Guillén, quien ofreció a estos dirigentes “cogobernar” con él, a cambio de su apoyo masivo. La misma práctica, a su estilo, le llevó a cabo el exalcalde provincial Alfredo Zegarra, quien aún tiene procesos judiciales por eso.
El Cono Sur de Arequipa también fue escenario de una tragicomedia dirigencial. El exalcalde de Quequeña, José Palomino, llegó al poder tras contribuir a que al menos 600 personas cambien sus domicilios ante la Reniec. Para ello, como directivo en la asociación Peregrinos de Chapi, facilitó constancias de posesión a cambio de votos. Tras el masivo trámite, Quequeña duplicó su población de la noche a la mañana y Palomino ganó las elecciones en 2010. La invasión de este distrito se consolidó y aún ahora no para de crecer.
Tráfico de terrenos, rumbo al quinto centenario
El caso de El Común de los Zeballos es un ejemplo paradigmático de cómo la falta de regulación y planificación urbana en Arequipa ha dado lugar a disputas de tierras y tráfico de terrenos a gran escala. Este vasto terreno, reclamado como propiedad privada, abarca un área que, según los herederos, se extiende por más de 70 mil hectáreas en el distrito de Yura. Documentos de 1894 y trámites inconsistentes avalaron diversas ventas de predios que finalmente llegaron a manos de dirigentes.
En ese contexto, Wilber Mayta Fernández, dirigente de la asociación Jorge Basadre, intentó establecer su propiedad en el espacio disputado, alegando que una representante de El Común de Los Zeballos le donó terrenos en 2023. Bajo ese argumento, Mayta reunió a más de mil socios y construyeron habitaciones precarias cerca de la quebrada de Culebrillas.
El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) desalojó el lugar en diciembre de 2023 y en julio de este año. Sin embargo, Mayta se niega a dejar la causa y sigue emprendiendo acciones legales contra funcionarios del GRA. El mismo dirigente admitió que cobró al menos 500 soles por registro y no descartó haber recibido hasta 15 mil soles por socio.
Hablando de dinero y el Cono Norte, tampoco se puede obviar a la asociación Arequipa Tupay. Comandados por Lucio Flores, al menos 5 mil personas pagaron individualmente 200 soles, sin contar nuevas cuotas o multas. Flores no ha ocupado terrenos, pero si es un casero de la Gerencia Regional de Agricultura. Pretende la adjudicación de 341 hectáreas que se disputan judicialmente entre esa dependencia y la asociación de agricultores (Ampaca). Un lío de nunca acabar.
La Ciudad Blanca cumple 484 años y en 2040 llegará a su quinto centenario. ¿Será posible cambiar el panorama en 16 años? El arquitecto Melgar asegura que estamos viviendo un deterioro de la condición urbana, mientras las autoridades toman el tema con pinzas para no perder popularidad.
Planificar, una palabra que denota hacer algo con preparación, tiene su antónimo en Arequipa, donde primero se invade los terrenos y luego se proyecta. Todo, a vista y paciencia de sus autoridades, cuando no con su complicidad.
