El financiamiento de las organizaciones políticas ha sido un tema de debate en los últimos años, en especial en lo que respecta a la participación de actores privados en las campañas y actividades partidarias. Durante mucho tiempo, los partidos políticos recibieron fondos, tanto públicos como privados, lo que incrementó la corrupción y la falta de transparencia en procesos electorales.
En 2019, tras el escándalo de corrupción Lava Jato que destapó una red de sobornos y financiamiento ilegal que influyó en decisiones políticas clave, el Congreso aprobó la prohibición del financiamiento privado en la Ley 28094 de Organizaciones Políticas. El objetivo: garantizar una mayor equidad en las contiendas electorales y reducir la influencia de intereses privados sobre las decisiones gubernamentales.
Pero esta prohibición, ¿realmente ha funcionado?
Aunque la ley de prohibición del financiamiento privado fue aprobada para frenar la influencia de dinero ilícito en la política del país, la realidad es más compleja. Si bien se ha logrado reducir el flujo de donaciones directas de empresas privadas, aún existe el problema del financiamiento ilegal hacia grupos políticos. Estos han recurrido a mecanismos indirectos para recibir dinero de fuentes cuestionables, como aportes ilegales disfrazados de contribuciones de militantes o simpatizantes. Además, siguen encontrando formas de evadir la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así el dinero de economías ilegales sigue infiltrándose y afectando la integridad del sistema político.
Es el caso concreto de Fuerza Popular y sus cuestionadas donaciones de campaña. También de Perú Libre y otros grupos políticos, con casos menos conocidos.
Modificatorias a la ley: ¿restitución del financiamiento privado?, ¿en qué se usará el financiamiento público?
El 29 de noviembre llegó al Pleno del Congreso un compilado de proyectos de ley que busca modificar la Ley de Organizaciones Políticas en sus artículos sobre el financiamiento, tanto público como privado. En la sustentación, el Vicepresidente de la Comisión de Constitución, Luis Aragón, comentó que estos 10 proyectos estaban orientados a la optimización del financiamiento político en el país, promoviendo la transparencia y equidad.
La propuesta incluye el restituir el financiamiento privado hasta un máximo de 200 UIT’s por organización. Además, canalizar los aportes privados a través del Banco de la Nación de manera parcialmente confidencial. Y ampliar el uso del financiamiento público para servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política, entre otros. Sin embargo, estas modificaciones ¿garantizarán transparencia en los aportes privados?, ¿garantizarán el buen uso del dinero público? Durante el debate, estas y otras interrogantes fueron planteadas sobre el texto presentado.
¿Transparencia en el financiamiento privado?
El congresista Alejandro Muñante abre el debate mencionando que esta propuesta corrige el error que se cometió al prohibir aportes privados a las organizaciones políticas, dejando solo a las economías ilegales como posibles aportantes y que, de restituirse, tiene que tener todos los mecanismos de transparencia posibles. Sin embargo, la congresista Ruth Luque fue la primera en observar que en la propuesta no se asegura la transparencia de los aportes privados.
Además, la propuesta presentó cuestionamientos de otros congresistas como Víctor Cutipa y Guido Bellido. Ellos se cuestionaron a quién se buscaba favorecer con la ley y quién tendría la capacidad económica para aportar esas grandes cantidades de dinero, si no eran las grandes empresas y grupos económicos.
Otro de los puntos polémicos fue el relacionado a la modificación del artículo 29. Allí se plantea que, del porcentaje del financiamiento público directo, se destine a los servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política.
Los congresistas que participaron del debate calificaron la propuesta como inconcebible. Ellos alegaron que el dinero de los peruanos no puede ser usado para financiar la defensa de representantes de partidos investigados. El congresista Edwin Martínez pidió cuestión previa para votar esta modificatoria por separado de las de financiamiento privado, sin embargo, la moción fue rechazada.
El debate culminó con la participación del parlamentario Jaime Quito. Por todo lo expuesto anteriormente, él pidió una cuestión previa que fue aprobada con 57 votos a favor y 51 votos en contra.
¿Podría ser beneficioso restituir el financiamiento privado?
Consultamos al abogado constitucionalista Jorge Luis Mamani sobre las observaciones hechas a los proyectos de ley en el pleno. Él indicó que, desde su posición, ve como preocupante la modificatoria que buscan hacer sobre el financiamiento privado. Aunque se pueda alegar que este modelo de financiamiento funciona en otros lugares como Estados Unidos, allá sí se garantiza la transparencia. Y funciona bajo un sistema bipartidista, es decir, las empresas pueden financiar a uno de los dos partidos o incluso a los dos. No hay más.
“En nuestro país, no. Tenemos un sistema multipartidista, es decir, financiando a un determinado partido podríamos hacer que se incline la balanza para este. Y si queremos fortalecer a los partidos políticos, más bien con esta ley los vamos a debilitar. Entonces es un poco riesgoso. Quizá en el futuro se puede evaluar, no en este momento, considero que no es, no era oportuna, todavía no es oportuno esta reforma.”
Abogado constitucionalista Jorge Luis Mamani
Sobre la transparencia y las economías ilegales
El abogado Mamani también menciona que es positivo que se planteara la transparencia, pero que si hablamos de ser transparentes, los empresarios como personas naturales sí podrían financiar a los partidos políticos, ya que la actual legislación lo permite.
“Ellos podrían de forma transparente decir: yo, Jorge Mamani, te doy un millón de soles. Podrían hacerlo. Pero con lo que sucede con esta nueva reforma, sería que la empresa sea quien entregue una partida económica a los partidos políticos”
Abogado constitucionalista Jorge Luis Mamani
Añade que esta modificatoria, hará que la empresa sea quien entregue una partida económica a las organizaciones políticas. Es decir, de alguna manera despejar la culpa o responsabilidad del financiamiento bajo la premisa de “lo autorizó el gerente general de la empresa.”
“Creo que esta es la principal crítica a la reforma. ¿Por qué no son valientes y decir yo como dueño de tal empresa voy a financiar a este partido? ¿Por qué tendría que esconderse bajo la denominación de determinada empresa o razón social? De alguna manera, lo que estamos ocasionando con esto es que quien responda sea el gerente general o la persona jurídica. Y la persona jurídica es bien complicado que sea procesado por lavado de activos, por financiamiento ilegal u otros delitos.”
Abogado constitucionalista Jorge Luis Mamani
Además, aseguró que no se garantiza el argumento que presentaron los congresistas de que, restituyendo el financiamiento privado, se evitará que las economías ilegales inyecten dinero a las organizaciones políticas.
“Las economías ilegales no tienen RUC en principio. ¿Cómo vas a identificarlos? La minería ilegal no tiene RUC. El narcotráfico no tiene RUC. Entonces no es un argumento válido decir que con esta ley se va a acabar con el financiamiento ilegal”.
Abogado constitucionalista Jorge Luis Mamani
Leyes con nombres
El abogado mencionó que la modificación del artículo de financiamiento público para que se use una parte en la defensa jurídica de los partidos, no es necesariamente malo. Si no que es cuestionable, ya que la coyuntura actual señala que es una propuesta con nombre propio.
“Todos sabemos que hay determinados partidos políticos que requieren servicios legales. Entonces, más pareciera que en vez de ser una propuesta democrática, es una propuesta coyuntural en base a las necesidades actuales, no pensando en lo que ha sucedido o en el futuro. Creo que por ahí podría pasar la crítica”
Abogado constitucionalista Jorge Luis Mamani
También nos comentó que el financiamiento público debe mantenerse, que es positivo y que no debería eliminarse para darle lugar solo al privado. Comentó que la norma se dio buscando democratizar las actividades de los partidos políticos y el acceso a recursos. Primero, aprobándose el indirecto, es decir, la franja electoral para que todos los partidos pueden acceder a un espacio en medios de comunicación. Posteriormente, implementando el directo, dando dinero para realizar actividades partidarias destinadas sobre todo a la educación y formación de nuevos militantes.
Propuestas positivas para el uso del financiamiento público
Finalmente, añadió que si bien en el acumulado de 10 proyectos de ley proponen estas modificatorias cuestionables, también propone el tema de la paridad en la formación partidaria. Así, el financiamiento público se consideraría en las escuelas de formación con criterios de igualdad y no discriminación, lo cual cree que es muy positivo.
El pasado 11 de diciembre se aprobó en el pleno la reconsideración de esta cuestión previa planteada en el primer debate, siendo aprobada con 67 votos a favor, 35 en contra y 1 abstención. El acumulado de proyectos de ley volverá a debate en el pleno.
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