En la última semana, el Perú ha sido sacudido por hechos violentos que evidencian el avance del crimen organizado y la ineficiencia del gobierno. En Trujillo, región La Libertad, un atentado con explosivos contra la sede del Ministerio Público causó daños en un radio de 200 metros. Según investigaciones iniciales, la banda criminal Los Pulpos, en alianza con Los Compadres, estaría detrás del ataque, cuyo objetivo habría sido intimidar a fiscales que investigan sus operaciones.
El exfiscal trujillano Alfredo Galindo, vecino del lugar, describió el atentado como “estruendoso y aterrador”. Recordó que meses antes se advirtió en un Consejo Regional de Seguridad sobre un ataque planeado desde el penal El Milagro, pero las autoridades no actuaron.
En Ica, el asesinato del periodista Gastón Medina, bajo la modalidad de sicariato, profundizó la crisis. Aunque se detuvo a un sospechoso, fue liberado por falta de pruebas. Este hecho ha generado temor entre los periodistas y debates sobre la necesidad de proteger su labor en un clima de creciente inseguridad.
Críticas al Ejecutivo y el Legislativo
El exministro del Interior Rubén Vargas señaló que el Perú atraviesa la mayor crisis de criminalidad organizada en su historia republicana. Criticó la falta de estrategia del gobierno y la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad. Vargas alertó sobre la “mexicanización” de la violencia, donde bandas como Los Pulpos y el Tren de Aragua han impuesto sus reglas en varias regiones.
Vargas denunció que el tráfico de cocaína, oro y madera ilegal genera ingresos estimados en 15 mil millones de dólares anuales. También acusó a gobiernos anteriores de instrumentalizar la Policía Nacional, recordando la venta de ascensos policiales por hasta 40 mil dólares durante la administración de Pedro Castillo.
Por su parte, Galindo criticó el debilitamiento de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), eliminada en 1988. Además, señaló la infiltración de delincuentes en instituciones clave, como la policía y el poder judicial.
¿Existen soluciones contra el crimen organizado en Perú?
Ambos expertos coincidieron en la necesidad de acciones urgentes. Galindo instó al Tribunal Constitucional a declarar inconstitucionales las llamadas “normas pro-delincuencia”, que dificultan las detenciones y favorecen a los criminales. Por su parte, Vargas destacó la importancia de la movilización ciudadana. “No podemos normalizar estos asesinatos. Necesitamos que el gobierno y el Congreso nos escuchen”, afirmó.
En Trujillo, los ciudadanos viven en medio de explosiones y tiroteos incluso en el centro histórico de la ciudad. En Ica, tras el asesinato de Medina, la población exige la expulsión de extranjeros vinculados a actividades delictivas.
