Carlos Rivera sobre pena de muerte: “¿Cúal sería la solución al matar a 12 mil sancionados por crímenes sexuales?”

Tras el debate en Arequipa sobre la pena de muerte: “Es una falsedad hacer encuestas en eventos con funcionarios para que salga el 97% a favor”. Carlos Rivera analiza el grave problema de las agresiones sexuales y la inviabilidad de la propuesta del Ejecutivo.

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Tras el “debate” sobre la pena de muerte que el Ministerio de Justicia realizó en Arequipa y apunta a desarrollarse en 20 regiones, entrevistamos a Carlos Rivera. El abogado especializado en derechos humanos y con experiencia defendiendo causas en tribunales internacionales, critica la propuesta planteada hace más de un mes por Dina Boluarte. También señaló con preocupación el despliegue y las declaraciones del ministro Eduardo Arana.

Carlos Rivera señala que, con más de 12 mil personas condenadas por crímenes sexuales en los penales del país, la aplicación de la pena de muerte no resolvería el problema, sino que sería un retroceso en los derechos humanos. El abogado experto también cuestiona las encuestas utilizadas por el Ejecutivo en los “debates”. Subraya que el verdadero desafío es desarrollar políticas públicas eficaces para abordar el dramático fenómeno social de la violencia sexual, especialmente dentro del entorno familiar.

El experto legal también señaló que los plazos no se ajustan a la realizad como apuntó el congresista Jorge Montoya.

El ministro Eduardo Arana abrió un debate sobre la pena de muerte, este jueves 16 de enero en Arequipa, acompañado del congresista Jorge Montoya.

El “falso debate” sobre la pena de muerte

El Ejecutivo está haciendo una serie de debates. Los asistentes son instruidos a votación por un QR. Según el resultado que ellos están manejando en Arequipa es que el 97% estaría  a favor de esa sanción para agresores sexuales de menores de edad, sin señalar expresamente en la página del MINJUS que solo 67 personas habrían respondido esa pregunta. ¿Cuáles son los peligros de encuestar y con poco detalle técnico acerca de una sanción que va contra los derechos humanos?

Para empezar, un derecho tan sustancial como la vida no se puede someter a referéndum, está prohibido constitucionalmente. Me parece que esa es una prohibición es correctísima, porque claro, cuando uno habla de temas de derechos fundamentales o derechos humanos como son denominados, en realidad estamos hablando de principios, derechos, garantías esenciales que establece el avance de la historia en relación con la humanidad.

Consecuentemente, eso determina la imposibilidad de que asuntos tan elementales y tan sustanciales para la vida de la gente puedan terminar siendo sometidos a votaciones o encuestas o referéndum en medio de una comisión del Gobierno que hará un informe, porque claro, eso puede terminar siendo objeto de deformación, de distorsiones

Creo que están generando un falso debate. El ministro Arana sabe perfectamente que eso que está pretendiendo alentar nunca va a ocurrir, porque su gobierno si tuviera la decisión de aplicar la pena de muerte como una ampliación a los casos que establece la Constitución, en realidad simplemente tendría que denunciar el Pacto de San José.Creo que él mismo ha escuchado eso no va a ocurrir.

Por lo tanto, lo primero que habría que exigirle a la gente del Ejecutivo es un poco más de coherencia y de dignidad, porque no tengo ninguna duda que el único objetivo que estas iniciativas están teniendo es caerle bien al conglomerado político, a la coalición política que controla el Congreso. 

Un ministro de Justicia es el que conduce la política del Estado peruano en materia de Derechos Humanos. En segundo lugar, creo yo que se distorsiona por completo esta idea de debate. Podríamos ser categóricos en señalar esta falsedad o esta suerte de espejismo de hacer encuestas en eventos llenos de funcionarios públicos para que la votación salga al 97% a favor de la pena de muerte.

Esta situación dice bastante de un gobierno como el de volverse comprometido con crímenes graves contra los Derechos Humanos y que se haya dado la libertad de permitir este manoseo de la Constitución y manoseo de instrumentos internacionales simplemente para terminar generando una política condescendiente con la gente que la sostiene en el poder. 

A nivel internacional da cuenta que este tipo de posiciones son posiciones que están completamente en retroceso, porque justamente los diversos instrumentos y mecanismos que provienen del Derecho Internacional es a favor de los derechos y no en contra.  Iniciativas de esa naturaleza simplemente van a ser repudiadas por la comunidad internacional.

Como se recuerda, en diciembre de 2024, Dina Boluarte sugirió la aplciación de la pena de muerte en declaraciones públicas. Dias despues el ministro de Justicia, Eduardo Arena, autorizó la creación de una comisión que viajará para debatir en regiones esa propuesta.

Sobre los plazos para permitir la aplicación de la pena de muerte: “Desconocimiento tremendo del congresista Jorge Montoya”

Muchos ciudadanos pensaron en un primer momento que se trataría de una cortina de humo. Sin embargo, el congresista Jorge Montoya, en la audiencia sobre la pena de muerte en Arequipa, señaló que “si este Gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte se lo propone, todavía alcanzará el tiempo para concretar este propósito”.

Eso reflejaría un desconocimiento tremendo del congresista Jorge Montoya sobre el contenido expreso de una norma internacional. No se trata acá de que hoy día se le ocurra a Dina Boluarte denunciar la Convención Americana y que supuestamente a mediados de año ya estamos fuera del sistema interamericano. Eso no es cierto. 

La propia Convención Americana, como todo tratado que se rige por el derecho internacional, tiene un mecanismo previamente establecido de la forma como se quiere denunciar: si todo el tratado, o si no, parte del tratado. Aun en tratados tan especiales como el de la Convención Americana, que no solamente son tratados de derechos humanos, sino que además es una suerte de estatuto de creación de los órganos internacionales de protección a los derechos humanos como la Convención de la Corte Interamericana. Es decir, no es tan fácil.

Y luego, si hablamos de tiempo, no cabe ninguna duda de que no va a haber ninguna posibilidad de que el inicio de una denuncia por parte de un Estado como el peruano, como el Ejecutivo que se está yendo, supuestamente, en julio del próximo año.  No hay ninguna posibilidad de que llegue en términos de plazos a tener la posibilidad. De que exista una respuesta de parte de la Organización de Estados Americanos aprobando esa decisión en el plazo que le queda al Gobierno de Dina Boluarte de supuestamente dejar el poder hasta julio del 2026. Eso no es cierto.

El plazo de denuncia, de comunicar la denuncia a la Secretaría General de la OEA, la comunicación de la OEA a todos los estados parlamentarios, las opiniones de los estados y la aceptación, eso tiene un plazo de más de dos años para comenzar. Por lo tanto, no sé qué cuentas está sacando el congresista Jorge Montoya.

El ministro Eduardo Arana, momentos previos a abandonar el debate sobre la pena de muerte en Arequipa.

Carlos Rivera señala que el control judicial o control difuso ser frenaría leyes y cambios penales contrarios a los derechos humanos

Por ejemplo, uno de los temores se fundamenta en que los llamados desde la Comisión Interamericana iban a hacer que frenaran la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, esa ley es vigente y el Congreso y el Ejecutivo han respondido desafiantes a los llamados internacionales. ¿Podrían actuar de igual manera con la populista propuesta de pena de muerte?

Coincido en el sentido de que en realidad le ha importado poco al Ejecutivo y al Congreso los llamados de atención y recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad. Pero también es cierto que hay un nuevo elemento que me parece que es de verdad muy importante,que es el elemento del control judicial (conocido como “control difuso”). .

Es cierto, se promulgó la ley de prescripción que tenía un único objetivo de sacar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad, pero también es cierto, y ese es el dato con el que me quedo, que el control judicial de esa ley determina un resultado objetivo.

La opinión de los tribunales que han venido recibiendo este tipo de pedidos es una opinión de rechazo absoluto. Por lo tanto, hay un elemento nuevo que creo que no habían considerado los legisladores, que es el elemento del control judicial de las leyes inconstitucionales o leyes contrarias al derecho internacional, 

En el caso de promulgarse una decisión de ese nivel, se va a tener que encontrar un mecanismo para que ese dispositivo que tiene que ser a través de una norma, de un acto no solamente político, sino legal del Ejecutivo, sea sometido a un control de constitucionalidad.

Con más de 12 mil sancionados por crímenes sexuales “¿el Perú se va a poner a matar a toda la gente?”

¿Cómo le explicamos a la población los peligros de estas supuestas encuestas y esta propuesta de la pena de muerte?, teniendo en cuenta que son encuestas con un uñado de respuestas que no representarían un universo significativo y otras carencias técnicas.

Si tienes un Ejecutivo y una prensa que está alentando A que hay que matar a los violadores, obviamente la gente se va a terminar convenciendo que esa es la respuesta. Primero debemos señalar que el tema de las violaciones sexuales de menores de edad, es un tema, sobre todo, social.

El inmenso porcentaje de procesados o condenados por este tipo de actos en la mayoría son familiares de las víctimas. Ese solo dato da cuenta de la existencia de un gravísimo problema de carácter social. Ahí el ejecutivo no está diciendo nada. ¿Cómo se va a enfrentar un fenómeno de esta naturaleza? ¿Se va a enfrentar con esas declaraciones completamente desubicadas? Como las declaraciones del ministro Morgan Quero y la exministra Urteaga cuando se dio cuenta de las violaciones a niños de Condorcanqui.

Se tendrá que exigir a un nuevo gobierno que establezca una política de protección de la integridad física, de la integridad sexual de los menores. Eso no basta con dar una declaración, sino por definir y ejecutar de una manera intensa, sostenida, permanente, una política de Estado a nivel educativo y a nivel familiar.

Hay que dar cuenta de un gravísimo retroceso. me parece que la alternativa) de solución es difícil de explicar eso a la gente, pero también es cierto que hay que hacerlo. Hay que explicar que matando a otra persona no se resuelve nada.

Por ejemplo, en el Perú, en este momento, de los cerca de 100.000 internos en los penales, hay cerca de 12.000 personas procesadas y condenadas por crímenes sexuales. La pregunta es: ¿el Perú se va a poner a matar a toda la gente? ¿Esa es la solución?

Aquí no se trata de responder con el sistema penal solamente y eso ha sido un gravísimo error de todos los parlamentos de los últimos 40 años. 

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Milagros Gonzáles Sánchez
Milagros Gonzáles Sánchez
Instagram: @milagonzalessanchez / Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.

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