El Sodalicio de Vida Cristiana y el exarzobispo Juan Cipriani han dejado una profunda marca en las regiones del Perú. En una entrevista de la Red de Medios Regionales del Perú, víctimas y testigos denunciaron abusos, despojos y manipulación cometidos por esta organización vinculada a la Iglesia Católica en Arequipa, Ayacucho y Piura.
Marcelino Inga, dirigente campesino de San Juan Bautista de Catacaos (Piura), denunció que desde 2011 su comunidad ha enfrentado hostigamientos por parte de la Asociación Civil San Juan, fundada por el sacerdote Anthony Liguri. “Nos han criminalizado, nos han perseguido y hasta nos han envenenado el agua”, afirmó. También denunció la presencia de vigilantes armados y represión policial para intentar desalojarlos.
En Arequipa, el oftalmólogo Héctor Guillén Tamayo expuso la forma en que el Sodalicio captó jóvenes mediante manipulación psicológica. Su hijo fue reclutado en el colegio Max Uhle en cuarto de secundaria, durante retiros de confirmación. Según Tamayo, estos eventos eran “laboratorios de lavado de cerebro”.
El Sodalicio contó con el respaldo del Estado, el Poder Judicial, la Policía y sectores de la élite económica y social. “Han usado el Concordato con la Iglesia Católica para infiltrarse en instituciones educativas, cementerios y otros espacios, siempre con el objetivo de obtener poder y dinero“, señaló.
A pesar de las denuncias, el Sodalicio siguió operando con impunidad. Guillén reveló que la organización habría trasladado mil millones de dólares a cuentas offshore en Panamá y Denver. “Han transferido sus bienes a terceros para evitar pagar reparaciones”, aseguró.
El foro también abordó la reciente disolución del Sodalicio, ordenada por el Papa Francisco. Sin embargo, las víctimas dudan de su impacto real. “Han pasado décadas de abusos sin reparación ni disculpas”, afirmó Guillén Tamayo. En Arequipa, la Universidad San Pablo sigue sin pronunciarse sobre las víctimas.
Las denuncias han revelado un entramado de abusos de poder, violencia y manipulación con respaldo institucional. Mientras las víctimas exigen justicia, la pregunta sigue abierta: ¿habrá un cambio real o la impunidad de los apéndices del Sodalicio continuará en las regiones del Perú?