Tuvo que morir un cantante famoso a manos de sicari0s para que los que han blindado al ministro del Interior cedieran a plantear una moción de censura en el Congreso, cuando se habían negado a firmar la que presentó hace varias semanas la congresista Susel Paredes.
Pero el probable reemplazo del ministro no solucionará el gravísimo problema de la inseguridad ciudadana. Porque no hay un buen diagnóstico de los males que han llevado a la situación actual. Y porque desde el 2021, por ineptitud y corrupción, el régimen se ha hecho cómplice del crimen organizado.
El mal diagnóstico y errado tratamiento del problema de la inseguridad ciudadana por el que los órganos de “inteligencia” y los políticos toman decisiones, soslayan la causa fundamental. Y la causa es que la policía, instrumento central de cualquier Estado para combatir el crimen, es parte del problema. Es decir, desde hace muchos años está atravesada por la corrupción que la ha llevado a su cuasi paralización durante la gestión del actual ministro. Éste, más preocupado de su imagen que de entender cómo surge y funciona el sicariato tan mortífero desde el 2022.
Una oportunidad perdida para sanear las fuerzas policiales ocurrió durante el gobierno de Alejandro Toledo cuando, paradójicamente, el hoy padrino del ministro, Fernando Rospigliosi, intentó reorganizar la policía del fujimorismo y fracasó. Intento que trató de repetir el ministro Basombrio, durante el breve gobierno de PPK, porque los mismos mandos de la PNP ofrecieron resistencia. Hoy el problema ha adquirido tales dimensiones que parece insoluble.
A lo largo de los últimos 25 años ha habido solo parches recomendados por uno u otro jefe policial, rindiendo culto al empirismo. Despreciando los aportes de expertos y estudiosos nacionales e internacionales. Ni siquiera se ha consultado seriamente a los policías con experiencia de calle que conocen cómo funciona la corrupción interna.
Por tanto, la prensa repite y repite lo que se oye en la calle y logra que políticos ignaros tomen decisiones erradas: intervención de las fuerzas armadas; aumentar las penas de cárcel; expulsar a los venezolanos; aplicar los “remedios” de Bukele sin que se conozca su política; simplificar o saltar los procedimientos de investigación y juicio; matar de inmediato a los sospechosos; perdonar a los policías que maten a sospechosos; expulsar fiscales y jueces corruptos y tener jueces sin rostro, como en el pasado. Se ha llegado al colmo del enfrentamiento entre policía y fiscalía azuzado por el ministro, experto en la defensa de policías enjuiciados por diversos delitos.
Los que saben, señalan que no es necesario cambiar leyes ni el Código de Procedimientos Penales. Se trata de que los fiscales estén debidamente preparados para dirigir las investigaciones que siempre ha hecho, sigue y seguirá haciendo la policía. En otras palabras, deben aplicar las leyes. Ni tampoco aumentar el presupuesto (Interior derrocha dinero en cambiar las fotos del ministro y del director general en todas las comisarías).
Hay diagnósticos serios – que no leen los generales, alcaldes y menos los congresistas – sobre las mafias del crimen organizado: las del narcotráfico, la minería del oro, la tala ilegal, el tráfico de terrenos, la trata de mujeres, el contrabando. Y ahora, la sanguinaria extorsión. Esas debieran haber sido combatidas y desarticuladas hace rato, pero las mafias infiltraron la policía y hasta la Fiscalía y la judicatura, para paralizar o desviar su acción.
Según el testimonio de un policía recientemente jubilado, el mal institucional reside en la cabeza y es vox populi en la institución que todos los comandantes y coroneles ascendidos por Pedro Castillo pagaron su cuota de veinte mil dólares a su secretario. “La cosa, venía antes y ha seguido después”. Ahora bien, si la corrupción es el problema en las alturas y los mandos medios; la ineficacia, la ineptitud, “la vagancia” y el descontrol son las enfermedades de los suboficiales, de los policías de a pie.
Según él, los graves problemas se remontan a la fusión mal pensada y mal ejecutada (de la Guardia Civil, la PIP y la Guardia Republicana) de los tiempos del primer gobierno de Alan García. Los que ingresan a las escuelas no tienen ninguna vocación de servicio, pues, para ellos, la Policía es una chamba asegurada por treinta, cuarenta años. “Qué se puede enseñar o capacitar a un futuro policía en los tres años que pasan por la Escuela, si todo está centrado en la preparación física, la memorización de reglamentos o del Código Penal y los ejercicios de tiro?”
El policía debe enfrentar conflictos cotidianos entre esposos, entre vecinos, entre vendedores y compradores, entre choferes; es decir, faltas, más que delitos. Y eso se enfrenta con sentido común, pero también con psicología, y esa ciencia es desconocida por los policías de a pie. Por consiguiente, reaccionan con la cultura machista corriente y a las señoras que se quejan de los golpes del marido les dicen “¿qué habrás hecho, pues, para que te castigue?”
Solo una reforma a fondo hoy, que varios gobiernos la sostengan, podría empezar a mejorar la situación en unos veinte años, sostuvo. Pero, puesto a recomendar remedios, el viejo policía, señaló los siguientes:
- Reducir el número de escuelas de policías a no más de seis. Hacer más exigentes las pruebas de reclutamiento y cambiar la malla curricular del entrenamiento y capacitación.
- Retomar la especialización de grandes unidades dedicadas a la investigación, persecución y captura de las mafias de esos principales crímenes que agobian a la nación. En particular, reforzar y entrenar a los equipos de inteligencia, con ayuda de la cooperación extranjera.
- Revisar los reglamentos internos, de manera que la supervisión tenga más herramientas para impulsar el cumplimiento de los planes. Y que se permita la intervención de la ciudadanía en la fiscalización, porque la del Congreso es absolutamente insuficiente.
- Para supervisar si el personal de calle cumple con sus tareas, prohibir el uso de sus celulares y dotarlos de walkie talkies que cuestan menos que los patrulleros, fusiles, cámaras, chalecos antibalas y pueden ser más eficaces.
- Eliminar el sistema del uno por uno que aún subsiste (un día de trabajo por un día de descanso). Y reemplazarlo por el sistema universal de los turnos de mañana, tarde y noche.
- Poner fin a la impunidad: hay cientos de oficiales corruptos que fueron dados de baja y volvieron por leguleyadas de abogados, fiscales y jueces.
¿Y quién haría esas reformas?, le pregunté. Es casi un problema insoluble, afirmó con amargura, porque la mano dura no funciona. Elidio Espinoza la puso en práctica y mire cómo está Trujillo hoy. “Inclusive, si tuviéramos a un gobierno decidido a reformar la policía con un ministro capaz y honesto. Eso solo duraría cinco años, ¿no?”, me dijo y no supe qué contestarle.
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