Ayer, viernes 16 de mayo, tras informarse que la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de información en declaraciones (caso Rolex), anunció dos denuncias más.
La cuarta denuncia constitucional es por el presunto delito de encubrimiento personal en el caso Cobre. La mandataria habría incurrido en este ilícito de haber facilitado la huida de su ex correligionario: Vladimir Cerrón Rojas. Juan José Santiváñez, debió alertar sobre la irregularidad. Por ello, se le implica por la presunta comisión del delito de omisión de denuncia.
La quinta arremetida del Ministerio Público a Dina Boluarte llegó seguidamente, ya por la noche del viernes. Esta denuncia constitucional es por el caso Cirugías. La Fiscalía presentó la denuncia constitucional contra la mandataria como presunta autora del delito de omisión de funciones y alternativamente por abandono de cargo en agravio del Estado.
Los hechos se refieren a que la mandataria habría omitido comunicar al Consejo de Ministros y al Congreso su impedimento físico el cargo. La presunta incapacidad se habría dado entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023. El comunicado de la Fiscalía señala que es por las investigaciones que se siguen a las múltiples cirugías estéticas a las que se sometió Dina Boluarte. En dicho periodo, se encontró bajo una causal de suspensión del ejercicio de sus funciones. Alternativamente, señala la Fiscalía de la Nación, en el periodo indicado, habría abandonado temporalmente el cargo de presidenta de la República.
Colusión y lesiones: Las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte, del jueves 15 de mayo
Previamente, la Fiscalía de la Nación presentó ante el Parlamento la denuncia constitucional por lesiones leves y graves a por lo menos 75 víctimas heridas de las protestas contra la mandataria. Esta implica también a Alberto Otárola y a Pedro Angulo, que fueron jefes de gabinete ministerial. Además, están comprendidos en la denuncia los exministros del Interior y de Defensa en el periodo de diciembre de 2022 a febrero de 2023.
Luego, ese mismo día se presentó la denuncia constitucional por presunta colusión agravada. Se investiga el supuesto favorecimiento en el que habría incurrido Dina Boluarte a un amigo de Nicanor, mientras esta era ministra. Las denuncias formalizadas están en trámite del Congreso, institución que decidirá si las admite, y luego las evaluará y determinará si se archivan o progresan en investigaciones.
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