El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) descartó la realización de elecciones complementarias en Lima Metropolitana, tal como lo solicitó el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien de acuerdo con el último conteo quedó fuera de la segunda vuelta. Sería Roberto Sánchez quien enfrente a Keiko Fujimori.
El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, asistió a una parte de la reunión. En el análisis de las autoridades electorales se precisó que no puede haber otra solución salvo “la legal” a fin de realizar una elección complementaria.
Refirieron también que, por un tema de tiempo, tampoco se harían los comicios en los distritos en los que no se pudieron instalar las mesas de sufragio. Según indicaron fuentes del JNE a La República, la votación alcanzó los tres votos contra dos y ahí se entrampó. Acordaron que no saldrían de la reunión si no había unanimidad en la decisión y, al momento, no hay acuerdo posible.
Al momento, la ONPE sigue con el conteo de las actas regulares. Están al 94.794 % de un total de 92,766 actas. De estas, 5.206 % de actas son para el envío al JEE y 0 % de actas pendientes. Así el conteo de votos entra en su etapa final. El organismo electoral registra para Roberto Sánchez más de 20.552 votos sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular), perfilándose así para disputar la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori.
Fiscalía ordenó peritaje a equipos informáticos de la ONPE
De otro lado, el Ministerio Público dispuso el peritaje informático a equipos de la ONPE para identificar posibles delitos de corrupción y manipulación de datos tras las fallas del último 12 de abril. Así, la Fiscalía busca ayudar a esclarecer las graves fallas ocurridas durante la jornada electoral bajo las órdenes del fiscal Raúl Martínez Huamán.
La Fiscalía decidió intervenir tras detectarse retrasos sistemáticos que impidieron la apertura oportuna de cientos de mesas de sufragio. Lo que se busca es determinar si hubo una coordinación ilícita entre funcionarios y agentes externos para sabotear la transparencia del escrutinio nacional.
También solicitan el acceso total a las comunicaciones de los directivos encargados de la logística y la informática. Revisarán bandejas de entrada, carpetas de borradores y mensajes eliminados para rastrear cualquier instrucción irregular que haya alterado el cronograma del Plan Operativo Electoral.
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