El Ministerio Público, a través de su Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado ante el Congreso una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, en su calidad de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La medida es por el presunto delito de colusión agravada. Es la segunda denuncia constitucional en el día que se presenta contra Dina Boluarte ante el Parlamento. Más temprano, la Fiscalía de la Nación informó que presentó una denuncia constitucional contra la mandataria por el caso de 75 víctimas de lesiones durante las protestas contra la presidenta.
La segunda denuncia constitucional del día contra Dina Boluarte, señala que mientras ella era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, habría incurrido en colusión agravada en agravio del Estado. La presunta comisión de ese delito se habría dado al supuestamente haber favorecido la contratación de Víctor Hugo Torres Merino. Este implicado es amigo de infancia del hermano presidencial, Nicanor Boluarte.
Los presuntos favorecimientos que son materia de la denuncia habrían determinado su designación como proveedor de servicios en programas adscritos al ministerio a cargo de Dina Boluarte, antes de ocupar la presidencia. Estos programas incluirían a Qali Warma y el Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social. El caso ahora está en manos del Congreso, que deberá evaluar la acusación y determinar si procede.
Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte por lesiones graves durante protestas
Más temprano, la Fiscalía informó que presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y ex altos funcionarios, entre ellos Alberto Otárola y Pedro Angulo, que fueron sus jefes de gabinete. La medida es por las víctimas durante las protestas contra la mandataria.
La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y ex altos funcionarios, entre ellos Alberto Otárola y Pedro Angulo, que fueron sus jefes de gabinete. También se comprende en la medida a los exministros César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández,
La denuncia presentada por el Ministerio Público es por presuntos los delitos de lesiones leves y graves en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros ciudadanos. La imputación está vinculada a las protestas contra Dina Boluarte producidas entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023.
Las regiones que menciona la Fiscalía son Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana, donde sucedieron las movilizaciones ciudadanas. El Ministerio Público también señala que se identificaron a 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
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