Los representantes de la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa y Alto Tamaya, que agrupa a 28 territorios y trece pueblos originarios de Ucayali y Brasil, llegaron a Lima para exigir acciones concretas frente a la amenaza de inseguridad. Los proyectos de infraestructura ilegal, la deforestación masiva, el crimen organizado y la falta de protección para las comunidades son los problemas más resaltantes.
Los líderes indígenas denunciaron la construcción de la carretera UC-105 impulsada por economías ilícitas y sin estudios de impacto ambiental ni consulta previa. El informe de la Universidad de Richmond revela que la vía ha causado una deforestación de 4 mil hectáreas entre 2016 y 2023.
El presidente de la Organización Regional AIDESEP de Ucayali, Jamer López, señaló que el Estado avala la construcción de las carreteras sin la supervisión de OSINFOR. Ni SERFOR aprobó las normativas que benefician a los concesionarios. Los pueblos exigen la revisión de las concesiones forestales sin consentimiento para proteger su territorio y cultura.
Llamado de emergencia para proteger la cultura (Ucayali)
La Comisión Transfronteriza realizó una reunión en Brasilia, donde se reunieron con los ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia de Brasil para denunciar las actividades criminales en la frontera. La comisión está conformada por los pueblos Asháninka, Ashéninka, Shipibo, Yanesha, Kakatalbo y otros.
Desde Brasil, Wewito Piyáko, presidente de Apiwiza un pueblo de Asháninka, alertó que se están protegiendo las haciendas de los ríos en Perú por el valor del agua para la supervivencia.
Los pueblos de Ucayali y Brasil exigen una mayor protección de la cultura y denuncian el abandono estatal en la Amazonía, la lucha por el agua y territorio es un riesgo entre la cultura y la criminalidad.
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