El Pleno del Congreso aprobó delegar en la Comisión Permanente la facultad de legislar al término de la segunda legislatura ordinaria y también aprobó, en primera votación, la reforma constitucional que restituye la inmunidad parlamentaria que se derogó en febrero de 2021.
El Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar a partir del día siguiente del término de la segunda legislatura ordinaria del Periodo Anual de Sesiones 2024-2025 hasta el 24 de julio del 2025.
Con estas facultades, la Comisión Permanente podrá legislar sobre los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el orden del día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que incluya por acuerdo de Junta de Portavoces según sus atribuciones.
También podrá hacerlo sobre las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia conforme a lo dispuesto en el art.105 de la Constitución Política del Perú.
El artículo 2 de la resolución legislativa precisa las limitaciones que tendrá la Comisión Permanente. Esto está establecido en el segundo párrafo del inciso 4 del art. 101 de la Constitución Política del Perú.
Esta decisión contó con 74 votos a favor y solo 11 en contra de la representación nacional.
Congresistas aprueban restitución de la inmunidad parlamentaria
El Pleno también aprobó, en primera votación, la reforma constitucional que restituye la inmunidad parlamentaria que se derogó en febrero de 2021, con la aprobación de la Ley N.º 31118, en el gobierno del expresidente Francisco Sagasti Hochhausler.
Como se informó, tras su aprobación en la Comisión de Constitución del Congreso, el pasado martes 20 de mayo, el texto fue presentado de manera exprés por el titular del grupo de trabajo parlamentario, Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular.
Esta ley permitirá a los congresistas elegidos en 2026 no ser procesados penalmente durante su mandato sin autorización del propio Parlamento, salvo en casos de flagrancia.
En ese sentido, el Legislativo tendrá un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre el pedido de levantamiento de inmunidad.
Si no lo hace en 30 días, se aplicará la figura del «silencio positivo», permitiendo al Poder Judicial que actúe sin limitación alguna. Del mismo modo, la ley excluye los delitos cometidos antes del inicio del mandato parlamentario, pero protege a los congresistas durante su función y hasta 30 días después de dejar el cargo.
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