La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso pasó a sesión reservada la sustentación de la denuncia contra los fiscales supremos, luego de que públicamente blindaran a la presidenta Dina Boluarte por las muertes de 40 peruanos en las protestas contra su gobierno.
Cuando el abogado de los Fiscales Supremos, Samuel Abad, iba a solicitar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso que la sesión siguiera siendo pública para que los medios de comunicación pudieran conocer la denuncia sobre sus defendidos, cortaron la transmisión.
Abad Yupanqui, defensa legal de Juan Carlos Villena, Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, consideró que, la SAC cometió «una gravísima violación al debido proceso» al impedir que se trate de forma pública la denuncia interpuesta por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú).
Los parlamentarios denunciaron a los fiscales supremos por los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y usurpación de funciones, porque supuestamente, se habrían negado a cumplir la Ley 32130 que otorgó a la Policía Nacional la dirección de la investigación preliminar de los delitos.
Denuncia se inicia con una gravísima violación al debido proceso
Como se sabe, esta Subcomisión la preside la parlamentaria María Acuña (Alianza para el Progreso), quien citó a los fiscales a la audiencia, pero estos presentaron oficios en días previos para informar que no se presentarían y que, en su representación, estaría presente el abogado Samuel Abad.
Tras dar a conocer las excusas de los magistrados, se dio lectura de los artículos del Reglamento del Congreso que detallan que las audiencias sobre denuncias por presuntos delitos son reservadas, a menos que los involucrados estén de acuerdo con que la sesión sea pública. Luego Acuña Peralta, pidió que se retiren todos menos los miembros de la subcomisión y las partes. Pero justo cuando el abogado iba a hacer uso de la palabra, cortaron la transmisión.
Al terminar la sesión, Samuel Abad dijo a los periodistas presentes que hubiera resultado importante que estén presentes para escuchar las razones de la denuncia que «se inicia con una gravísima violación al debido proceso… Cuando el denunciado solicita que el acto sea público, debe ser público», enfatizó.
Como se recuerda, la Ley 32130 se encuentra impugnada en un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque contraviene el artículo de la carta magna que determina que es el Ministerio Público la institución que conduce una investigación desde el inicio.
Blindan nuevamente a Boluarte pero deudos pueden ir al SIDH
Previamente, los congresistas de la SAC archivaron la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y sus exministros, por su presunta responsabilidad frente a los 40 peruanos que murieron en las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 a marzo de 2023.
A la mandataria y a los ministros de entonces, se les acusaba de los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves. El congresista José Jerí (Somos Perú) quien sustentó el informe que recomendaba archivar la denuncia constitucional, dijo que “no hay pruebas suficientes que acrediten fehacientemente la existencia de una ‘conducta típica antijurídica’ por parte de Boluarte Zegarra”.
El abogado de IDL, Carlos Rivera, refirió que la Fiscalía hace un año tiene una investigación potente, que da cuenta de al menos diez acontecimientos en los que se han producido asesinatos. La Fiscalía determina que la presidenta, teniendo perfecto conocimiento e información, no hizo nada a pesar de tener atribuciones legales para impedir el resultado de [estos] acontecimientos, en su tesis.
Opinó que, “sería complicado que el Ministerio Público presente otra denuncia constitucional por este caso ante un nuevo Congreso, dado que debería presentar ‘nueva evidencia’”. Sin embargo, los deudos de los fallecidos pueden acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que podría determinar que la decisión de la subcomisión “enmarca un cuadro de impunidad”.
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube. Únete también a nuestro canal informativo de WhatsApp haciendo clic AQUÍ.
