El proyecto para tener un Sistema Integrado de Transporte urbano (SIT) nació con el respaldo de cooperación internacional y con el objetivo de modernizar la movilidad urbana de Arequipa. Sin embargo, el avance ha sido lento y ha estado plagado de tropiezos administrativos, deficiencias en la infraestructura y problemas en la fiscalización de concesionarios. Hoy, las disputas entre autoridades y transportistas, junto a denuncias por presunta corrupción, colocan al sistema en una encrucijada decisiva para el futuro de la ciudad.
Arequipa: denuncias por irregularidades en la optimización de rutas
Después de dos décadas de concebido sin consolidarse, el 22 de agosto, el presidente del Frente de Defensa del Transporte, Víctor Mendoza, denunció públicamente que la optimización de rutas del SIT se aprobó con una norma derogada, lo que califica como una irregularidad grave. El dirigente señaló además que la actual gerencia municipal no actúa con transparencia y no cuenta con personal capacitado para resolver la crisis del transporte urbano.
Mendoza cuestionó la designación de un nuevo gerente de Transportes traído desde Lima, a quien criticó por no tener experiencia en movilidad urbana. Para él, este nombramiento refleja improvisación en la gestión provincial. “La verdad, han cometido muchas irregularidades acá en esta optimización de rutas, que la han aprobado con una resolución derogada”, advirtió.
El dirigente insistió en que la única salida viable es convocar a un diálogo amplio entre autoridades, transportistas y sociedad civil, pues la ausencia de concertación mantiene a la población atrapada en un sistema deficiente y conflictivo.
Arequipa y la acreditación de buses antiguos en el SIT
Uno de los puntos que más preocupación genera es la acreditación de buses con más de diez años de antigüedad. Mendoza sostuvo que el contrato establecía como requisito que las unidades tuvieran un máximo de tres años, pero actualmente se validan vehículos fabricados en 2006, 2008 y 2012.
Para los transportistas alternativos, esta decisión significa un retroceso que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y afecta la imagen del SIT como un sistema moderno. “Ahorita se está llenando Arequipa de carros viejos, han aprobado una directiva que no tiene sustento legal”, señaló el dirigente.
La extensión de la preoperatividad por diez años, cuando debía durar solo dos, agrava el problema. En lugar de avanzar hacia la operación plena del sistema, la ciudad enfrenta un parque vehicular cada vez más obsoleto.
Denuncias presentadas en la Fiscalía
Las irregularidades ya han sido elevadas al ámbito judicial. Mendoza confirmó que se han presentado denuncias ante la Fiscalía por delitos como cohecho pasivo, abuso de autoridad, omisión de funciones y falsedad documental.
El dirigente aseguró que estas acusaciones podrían ser tipificadas como crimen organizado debido a la participación de varios funcionarios y operadores. “Esto (lo vamos a analizar), nos vamos a sentar con los fiscales y lo van a tipificar como crimen organizado, porque es un crimen organizado”, sostuvo.
Actualmente, las investigaciones se encuentran en etapa de declaraciones, aunque Mendoza denunció que ni el alcalde ni otros funcionarios han asistido a las citaciones, lo que incrementa la desconfianza de la población en la gestión provincial.
Arequipa: el gerente de Transportes responde a las críticas
El 28 de agosto, el nuevo gerente de Transportes, David Hernández, respondió a las acusaciones defendiendo la vigencia de los contratos del SIT. Recalcó que ninguna empresa puede aumentar el costo de los pasajes sin autorización y que cualquier incumplimiento será sancionado.
Hernández explicó que el sistema aún se encuentra en fase de pre operación y que para avanzar a la etapa operativa se deben cumplir estrictamente las condiciones de los contratos. “Cualquier persona o cualquier autoridad no tiene competencia para hacer una modificación sobre un contrato de concesión en el cual no ha participado”, enfatizó.
Además, anunció un refuerzo de la fiscalización para verificar el cumplimiento de frecuencias, el uso de tecnología de monitoreo y la calidad del servicio, advirtiendo que las sanciones podrían llegar hasta la anulación de concesiones.
Arequipa y la ampliación de rutas en Cayma
El 27 de agosto, el alcalde distrital de Cayma, Juan Carlos Linares, defendió la ampliación de rutas hacia la zona de Los Jazmines, en la parte alta del distrito, pese a que la Municipalidad Provincial dijo desconocer el plan. Linares mostró cargos de entrega formal y acusó a la comuna provincial de ocultar información.
El burgomaestre sostuvo que la medida responde a una necesidad de la población y que cuenta con respaldo vecinal y empresarial. “Cuando existe la voluntad de la empresa, con una necesidad de la población, podemos hacerlo viable”, expresó.
Linares reconoció también que el transporte alternativo, como las llamadas «loncheritas», ha cubierto la falta de servicio en zonas donde el SIT no llega, aunque advirtió que esta situación evidencia la ausencia de un sistema articulado en Arequipa.
Arequipa y la amenaza de un paro masivo de transportistas
El Frente de Defensa del Transporte anunció la preparación de un paro masivo que podría involucrar a más de siete mil unidades de transporte alternativo. Mendoza señaló que ya 36 de las 79 empresas del sector han confirmado su participación en la medida de protesta.
El dirigente advirtió que el objetivo de la paralización será exigir que se detengan las acreditaciones irregulares. Además, que se respete el contrato original del SIT. “Señores, se viene la paralización, porque no vamos a permitir que sigan acreditando unidades sin sustento legal”, alertó.
Mientras tanto, el gerente Hernández confirmó que en septiembre se implementará el servicio troncal norte-sur, como parte de las acciones para ordenar la cobertura y dar señales de avance en medio de la crisis.
El mayor proyecto de transporte en Arequipa, el SIT, atraviesa un momento decisivo. Lo que debía transformarse en un sistema moderno y transparente se ha convertido en un campo de disputas políticas, denuncias judiciales y desconfianza ciudadana. Con un paro en puerta, investigaciones fiscales en marcha y una gestión provincial debilitada, la continuidad del proyecto dependerá de la capacidad de las autoridades para garantizar legalidad, transparencia y cumplimiento de contratos en beneficio de los usuarios.
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