Gremios agrarios y sindicales están opuestos a la Ley Chlimper 2.0 por ser un retroceso histórico para el campo peruano porque daña el modelo asociativo de las cooperativas y no aporta ningún beneficio a la agricultura familiar. Además, del costo fiscal de S/1.880 millones al año, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Para Florentino Mallma, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), en la aprobación de esta norma “primó el lobby empresarial por encima del bien común”.
Por estas consideraciones, las organizaciones sociales rechazan su aprobación y los trabajadores le exigen al gobierno de Dina Boluarte que la observe o no la promulgue porque es una ley que beneficia a las grandes agroexportadoras.
La norma permitirá que siete grandes agroexportadoras y otras industrias del sector vitivinícola paguen una tasa de impuesto a la renta del 15%, en lugar del régimen general del 29,5%, mientras la agricultura familiar está olvidada y los trabajadores, en condiciones precarias.
Trabajadores agrarios en indefensión con Ley Chlimper 2.0
Sumado al impacto fiscal, esta ley agraria, debilitará la fiscalización laboral, ya que una de sus disposiciones restringe el accionar de Sunafil, que solo podría intervenir en el 25% de los casos que involucran a grandes agroexportadoras. Esto, pese a las denuncias por incumplimiento de beneficios laborales, despidos arbitrarios y prácticas antisindicales que existen, explicó Mallma.
También cuestionan la disposición para digitalizar los documentos laborales como contratos y boletas de pago, porque “se podría dificultar el acceso a la información para los trabajadores rurales, que en muchas ocasiones, no tienen conectividad adecuada o manejo de las plataformas tecnológicas”, dijo.
Mallma dijo que “hablan de una agricultura moderna y sostenible, pero es solo para las grandes empresas” y alertó sobre la posibilidad de que los empresarios aprovechen la presencia de Dina Boluarte por menos de un año para dictar otras normas que atenten contra los trabajadores.
Ministro de Agricultura, el principal defensor de la ley
“El ministro de Agricultura, Ángel Manero, ha sido uno de los principales defensores de la nueva ley agraria, pese a su alto impacto fiscal” y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) ya defendió las bondades de la nueva ley agraria, advirtió Florentino Mallma de Fentagro.
Como se informó, este beneficio tributario para el sector agroexportador se logró con el respaldo del fujimorismo en el Congreso en segunda votación. Por lo que los trabajadores agrarios creen que así Dina Boluarte la observe, los congresistas la aprobarán por insistencia.
«La posición de los trabajadores es que se vaya al archivo, aunque eso parezca poco posible. Nos encontramos en reuniones a nivel nacional para dar una respuesta contundente», aseguró Mallma a La República, que consultó a otros gremios.
¿Qué gremios agrarios se han pronunciado?
Convención Nacional del Agro (Conveagro): “La nueva Ley Agraria constituye un retroceso histórico, ya que atenta contra la sostenibilidad del agro, desconoce derechos logrados y pone en riesgo la seguridad alimentaria nacional. Además, daña el modelo asociativo de las cooperativas y no aporta ningún beneficio para la agricultura familiar”. Responsabilizan al Congreso y su alianza con el Ejecutivo, por esta ley que responde a una agenda empresarial.
Confederación Nacional Agraria (CNA): “Estos beneficios tributarios contenidos en la Ley Chlimper 2.0 agravan la desigualdad en el campo. Mientras las familias agricultoras, soportan impuestos y burocracia, las grandes empresas agroexportadoras reciben privilegios fiscales”. Exigen su derogación y demandan al gobierno políticas públicas con equidad que prioricen créditos, asistencia técnica y mercados justos para los agricultores familiares.
Asociación Nacional de Productores Agroecológicos (ANPE): “La aprobación de la nueva ley agraria refuerza la marginación de las autoridades hacia quienes producen día a día los alimentos. En su opinión, los 43 congresistas que votaron a favor de esta norma son cómplices de un modelo que prioriza los intereses de un reducido grupo empresarial”. Los miembros repudian enérgicamente esta ley, «hecha a la medida de un sector privilegiado, así como las expresiones de desprecio del ministro Manero», quien dijo que si la agricultura no resulta rentable para los pequeños productores, deberían dejar de producir y dedicarse a otra actividad».
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