Fuerza Popular y sus aliados en el Congreso, aprobaron en primera votación una ley que otorga una serie de beneficios tributarios para las grandes empresas agroexportadoras. La llamada Ley Chlimper 2.0, les reducirá el Impuesto a la Renta del 29,5% al 15% del 2026 al 2035.
El fujimorismo sigue legislando en contra de los intereses del país. Esta vez la propuesta la hizo el congresista Eduardo Castillo, presidente de la Comisión Agraria que según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), generaría «una pérdida para el país estimada en S/1.850 millones cada año, y de aproximadamente, S/20.000 millones entre 2025 y 2035».
Y faltando a la verdad, Castillo Rivas, aseguró que la ley tenía el consenso de las organizaciones agrarias, cuando lo cierto es que han sido varias las veces que la Conveagro y otros gremios se han pronunciado en contra de esta norma.
Y como ya es una práctica de Fuerza Popular, la última versión del texto sustitutorio fue subido recién a la página web del Congreso a las 5:41 p.m. cuando ya se estaba en pleno debate parlamentario. Esto va en contra del Reglamento del Parlamento.
¿Qué más han logrado los fujimoristas para los empresarios?
Además de la reducción del Impuesto a la Renta del 29,5% al 15%, los grandes empresarios agroexportadores gozarán también de créditos por reinversión, depreciación acelerada y recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV).
Las empresas que sacarían ventaja de estos privilegios serían Camposol, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Ecosac Agrícola, Agrovisión Perú, entre otras que figuran en un informe del MEF bajo la gestión de José Arista. Todas estas compañías ya vienen gozando de los alcances de la Ley N.º 31110 y son las que concentran más exportaciones.
El exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros explicó a La República que, con esta ley, “se ha aprobado, regalar S/ 2.000 millones al año, de manera indefinida, a las grandes agroexportadoras. Un nuevo subsidio a su rentabilidad, cuyo costo será asumido por todos los usuarios de servicios públicos, como salud, educación, seguridad, entre otros, vía un empeoramiento de su calidad”.
Ley ahonda un perjuicio para los trabajadores
Y además, se limitará al mínimo la fiscalización laboral de la SUNAFIL a las grandes agroexportadoras, a pesar de las numerosas denuncias de violación de derechos laborales que existen, dijo Cuadros.
La CGTP ya denunció desde hace tiempo que la Ley Chlimper 2.0 “legitima un modelo en el que los pequeños productores terminan siendo subordinados a las grandes empresas agroexportadoras”. Esto por cuanto, mientras estas compañías han multiplicado su productividad en los últimos años, la explotación a los trabajadores continúa.
Refirió que el 94% de los contratos en el sector agrario son temporales, “lo que refuerza un régimen de desprotección, impide la continuidad de aportes a salud y pensiones, y debilita gravemente la libertad sindical”.
Denunciaron también en un comunicado que el proyecto responde a los intereses de grandes empresas agroexportadoras, señalando que estas han tenido históricamente vínculos con partidos políticos como Fuerza Popular.
Según esta organización gremial, la tasa de sindicalización en el agro ha caído a un mínimo histórico de 2%, en un contexto donde abundan los despidos arbitrarios, las represalias contra dirigentes y la hostilidad abierta hacia la organización sindical.
¿Por qué se llama ley Chlimper?
Se le llama “Ley Chlimper” porque fue impulsada durante la dictadura fujimorista por el entonces ministro de Agricultura José Chlimper empresario agroexportador, es decir, que favoreció a sus propias empresas mediante incentivos tributarios (El País, 2020). Y si bien iba a ser temporal, su vigencia fue extendida sucesivamente desde 2006 hasta 2021. Pero en noviembre de 2020, durante el Paro Agrario en el que tres peruanos fueron asesinados, se derogó.
Esta ley, a través del análisis de fuentes normativas, datos económicos y acontecimientos recientes, consolidó un esquema de acumulación basado en la precarización laboral, la tercerización y la desprotección del trabajador agrario.
Como se sabe, José Chlimper está relacionado con el caso Cócteles, que tiene como principal involucrada a Keiko Fujimori. Y si bien el Tribunal Constitucional anuló el proceso judicial en su contra, aceptando parcialmente su petición, instó al Ministerio Público a presentar una nueva acusación fiscal contra quien fue el exsecretario general de Fuerza Popular.
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