Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte tienen una nueva investigación fiscal por dos hechos, la defensa de cinco policías y la recuperación de terrenos de la mina El Dorado. En ambos casos, el actual ministro de Justicia está sindicado como el “hombre clave” de una organización criminal que nació junto con su cargo de ministro del Interior. En las pesquisas se menciona también a Dina Boluarte.
Los allanamientos realizados este miércoles a la vivienda de Nicanor Boluarte y a diversas oficinas de Lima y Ayacucho, tienen que ver con un nuevo caso que investiga el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) desde marzo de este año, muy aparte del caso los «Waykis en la sombra», para el que cuentan con documentos y testimonios reunidos en estos meses.
Se trata de una presunta organización criminal liderada por Juan José Santiváñez, desde que fue ministro del Interior, cargo que utilizó para direccionar contrataciones del Estado a favor de Percy Tenorio Gamonal, quien fue su cliente. Y con los cuales se benefició con un millón de soles en cinco órdenes de servicio, para defender a policías investigados por las matanzas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte.
Según la tesis fiscal, el hoy ministro de Justicia usó como intermediario a Marco Antonio Palacios Meza, con quien coordinaba todo a través de llamadas, encuentros en restaurantes y hasta en el propio ministerio.
La defensa de los policías con contratos a medida
Para que el estudio de abogados de Tenorio Gamonal se ajuste a los términos de referencia de los contratos, Santiváñez dispuso que la Defensoría de la Policía los adecúe al perfil de la empresa y así logre la defensa de los cinco policías investigados. En un primer momento, habría accedido a estas contrataciones públicas sin cumplir con los requisitos, pero luego ya, con los términos de referencia ajustados, entre los meses de agosto a octubre de 2024, según el documento al que accedió La República.
Según la tesis fiscal, participaron también Yber Torres Pariona servidor de la Defensoría de la Policía, y Máximo Gustavo Ramírez de la Cruz, director de esta institución. Hay conversaciones de WhatsApp entre Torres y Palacios Meza y Ramírez. También existen las conversaciones de Percy Tenorio con su subordinada Julissa Lores Muñoz dando indicaciones.
El fin era, cobrar la suma total de las cinco defensas legales de los generales subvencionados por el Estado, a través de las cuentas de Empresas Asesoría y Proyecto Tenorio SAC, de Percy Tenorio que recibió los términos de referencia ajustados en su estudio, en la misma Defensoría de la Policía y hasta por mesa de partes del Ministerio del Interior.
Los cinco policías que defendieron según las órdenes de servicio son: Augusto Ríos Tiravanti, Ántero Mejía Escajadillo, David Villanueva Yana, Gregorio Villalón Trillo y Walter Calla Delgado.
Santiváñez y los operativos policiales bamba para la mina El Dorado
El otro hecho que se investiga involucra a la minera El Dorado, propietaria de las concesiones Agripina I y II en Ayacucho. En este caso, Percy Tenorio se habría reunido con el empresario Franco Parisi en su oficina de San Isidro, planteando un operativo policial disfrazado como intervención ambiental para recuperar la posesión de unos terrenos.
El acuerdo que se pactó fueron dos pagos, uno de 60 mil dólares para la primera “inspección” en agosto-septiembre de 2024 y luego otro de cien mil dólares adicionales para ejecutar el operativo en diciembre del mismo año. El soborno fue de 160 mil dólares.
Estos operativos policiales se realizaron en Ayacucho y es por eso que se allanó también este miércoles, la Dirección Regional de Energía y Minas de esa región. La Fiscalía buscó documentos que habrían permitido a la empresa continuar con la exploración.
El operativo policial armado se concretó en diciembre de 2024 con efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía.
Aparece el nombre de la presidenta Dina Boluarte en la investigación
Siguiendo con la tesis fiscal, y de acuerdo a un testigo protegido, la presidenta Dina Boluarte le habría pedido a Santiváñez que ayude a su hermano a obtener arraigo laboral, por lo que Nicanor tuvo hasta siete reuniones en el estudio de Percy Tenorio de San Isidro, tal como se registra en videos.
El objetivo era lograr una relación contractual con la empresa minera para que Nicanor Boluarte aparezca como consultor, y así refuerce su situación procesal y se evite una prisión preventiva.
Hay otros investigados, entre ellos, Yesenia de la Cruz, cercana a Santiváñez, y se destaca que varios testigos han entregado audios, documentos y videos que refuerzan la hipótesis de la red criminal. Como se recuerda, meses atrás, en Cuarto Poder se reveló que, por la cercanía entre ambos, Percy Tenorio custodiaba documentos de Santiváñez.
De acuerdo con investigaciones anteriores, Santiváñez hay testigos que contaron que, como abogado, el exministro del Interior censurado habría solicitado pagos irregulares a clientes. Esto es algo que la Fiscalía revisará para determinar si este comportamiento constituye un patrón en su carrera.
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