El capricho le está saliendo caro. Aunque Juan José Santivañez sabía perfectamente a lo que iba cuando viajó a Suiza para participar en la sexagésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, seguramente tuvo que tragarse varias de las barbaridades que suele repetir aquí en Perú.
Y es que resulta casi una burla que el flamante ministro de Justicia —primer impulsor de que el Perú se salga de los tratados internacionales de derechos humanos, terruqueador profesional de ONGs, con investigaciones abiertas y hasta con impedimento de salida del país— haya conseguido un “permiso especial” para codearse con diplomáticos de medio mundo.
Pero apenas empezado el evento, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue directo: señaló en su informe anual que el Perú ha hecho historia, sí, pero por retroceder vergonzosamente al aprobar la Ley de Amnistía que favorece a policías y militares.
También respondió a los ataques contra la CIDH y los tratados internacionales disfrazados de “defensa de la soberanía nacional”. Aclaró al gobierno de Dina —y de paso a otros dictadorsillos que creen lo mismo— que ser soberano no significa ser dueño de sus pueblos, y que los tratados deben cumplirse. Pero claro, las redes oficiales muestran a un Santivañez abierto al diálogo y la democracia. Y ojo, que las actividades recién empiezan.
Juez rechaza aplicar la Ley de Amnistía que transgrede derechos de víctimas
El juez Leodán Cristóbal Ayala ha decidido hacer caso omiso de la flamante Ley de Amnistía, ese polémico pase libre aprobado a dúo por el Gobierno de Dina Boluarte y un Congreso siempre en su papel de defensor de los desvalidos (es un decir). La norma, diseñada para borrar los delitos de militares retirados favorece a siete ciudadanos acusados de la masacre de Chumbivilcas, que incluye joyitas como abuso de autoridad, violación y tortura, fue declarada inaplicable.
El magistrado, ejerciendo el “control difuso” (esa molesta facultad constitucional que permite a los jueces pensar), argumentó que la ley es manifiestamente inconstitucional, pues sacrifica descaradamente los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia en el altar de la impunidad. Para remate, y como para dejar claro que la idea era tan mala como parecía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había sentenciado que esta amnistía viola la Convención Americana y ordenó abstenerse de aplicarla. Los abogados de los acusados, impertérritos, anunciaron apelar. La farsa continúa.
Rafael López Aliaga culpa a Acuña, Keiko y Cerrón de fracaso de su proyecto del tren Lima-Chosica y avisa que lo hará por las buenas o por las malas
El tío Porky otra vez hizo berrinche. Ahora resulta que no hay tren a Chosica porque, según él, Acuña, Keiko y Cerrón se juntaron en un aquelarre solo para arruinarle el pastel. Esa es la excusa que el alcalde de Lima dio para justificar su capricho de comprar los trenes museo desde Estados Unidos, y que no puede poner a andar.
López Aliaga también agarró de piñata a Dina Boluarte y se quejó porque le canceló la cita, para acto seguido llamar “payaso” al ministro de Transportes, César Sandoval. Y para no perder la costumbre, el edil capitalino volvió a amenazar con poner a funcionar sus trenes aunque sea al caballazo, ya sea por las buenas o por las malas. Cómo se nota que ya está en campaña.
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