El coronel Harvey Colchado Huamaní, exjefe de la Diviac, advirtió que el incremento de la criminalidad en el país no es casual. Según él, responde a un proceso de descomposición institucional originado por la corrupción que ha permeado el sistema de justicia, el Congreso y la propia Policía Nacional. En entrevista con la Red de Medios Regionales del Perú, el oficial sostuvo que la solución pasa por reordenar la Policía, derogar leyes recientes que favorecen al crimen y recuperar el principio de meritocracia dentro de las instituciones del Estado.
Colchado sostuvo que la corrupción ha sido “el hilo conductor” que explica el colapso actual. “Tenemos presidentes presos o investigados, fiscales que pagaron por sus cargos y coroneles que compraron ascensos”, dijo. Esa cadena de favores, añadió, impide que existan líderes honestos y coloca en puestos de poder a quienes buscan recuperar el dinero invertido o devolver favores políticos. Frente a ello, propuso una medida concreta: aplicar pruebas de polígrafo a todos los funcionarios que manejen recursos públicos o decisiones sensibles. “Hay que poner fiscales, jueces y policías de calidad. Si no hay meritocracia, no hay solución”, remarcó.
“El Congreso gobierna y ha dado leyes pro crimen”
El coronel fue enfático al señalar que el actual contexto político agrava la inseguridad. “Con Pedro Castillo la democracia estuvo sitiada, con Dina Boluarte fue tomada por el Congreso”, sostuvo. Por eso considera que el Parlamento ha pasado a controlar el país y ha emitido normas que obstaculizan la lucha contra la delincuencia. Colchado reveló que envió una carta al presidente José Jerí exigiendo la derogatoria de siete leyes aprobadas por el Congreso que, según él, debilitan las herramientas de investigación de la Policía y el Ministerio Público.
Entre esas normas, mencionó la Ley 31.990, que modifica el procedimiento de colaboración eficaz y obliga a grabar al delator; la Ley 32.138, que cambia la tipificación del delito de organización criminal y eleva su estándar probatorio; la Ley 32.108, que impone la presencia obligatoria del abogado defensor en los allanamientos; y la Ley 32.130, que limita la duración de las intervenciones telefónicas a cuatro meses. Además, criticó la Ley 32.326, que frena la extinción de dominio hasta obtener sentencia firme; la Ley 31.989, que impide a la Policía intervenir a mineros ilegales; y la Ley 32.054, que protege a los partidos políticos de ser sancionados si son investigados por crimen organizado.
“Estas leyes deben ser derogadas inmediatamente. Si el presidente Jerí lo hace, demostrará que quiere cambiar. Si no, será más de lo mismo”, advirtió. Según Colchado, las normas fueron impulsadas por congresistas vinculados a economías ilegales, interesados en “tumbarse las buenas leyes que combatían el crimen”.
“Nos distraen con los delitos urbanos mientras las mafias siguen intactas”
Colchado explicó que el país enfrenta dos grandes tipos de criminalidad organizada: las economías ilegales —como la minería y tala ilegal, el contrabando, la corrupción y el lavado de activos— y las organizaciones dedicadas a delitos urbanos violentos, como el robo, el secuestro y la extorsión. A su juicio, los grupos económicos ilegales financian partidos y congresistas para aprobar leyes que los favorezcan. “Mientras tanto, las policías especializadas que deberían combatir esos delitos están distraídas enfrentando extorsiones y asaltos en las calles”, lamentó.
Respecto al nuevo presidente, Colchado recordó que Jerí votó a favor de las leyes pro crimen cuando era congresista. Por eso, considera que sus recientes mensajes de mano dura contra los extorsionadores “carecen de coherencia”. Sin embargo, le concedió el beneficio de la duda. “Si realmente quiere cambiar, tiene que derogar esas leyes y recuperar a los mejores investigadores que fueron desplazados por el gobierno anterior”, dijo.
“La Policía combate con arcos y flechas frente a delincuentes con bazucas”
El coronel también denunció la falta de recursos e inteligencia operativa dentro de la Policía Nacional. “Las comisarías de investigación criminal no manejan ni un sol. No pueden pagar informantes ni usar tecnología”, expresó. A su juicio, cada departamento de investigación criminal debería disponer de al menos 50 mil soles mensuales para gastos de inteligencia. “Estamos en una guerra y la Policía tiene arcos y flechas, mientras los delincuentes tienen bazucas”, graficó.
Asimismo, pidió equipar con tecnología moderna a las unidades de investigación: herramientas para geolocalización, interceptación legal de aplicativos, grabaciones a distancia y extracción de datos digitales. Denunció que el Ministerio del Interior “solo ha ejecutado el 20% de su presupuesto” y exigió que se aceleren las compras. “Si no hay inversión en inteligencia, no habrá resultados”, remarcó.
“Hay que reordenar la Policía y filtrar con polígrafo a los jefes”
Colchado consideró urgente un reordenamiento del personal policial por meritocracia. “Un policía de prevención no puede trabajar en investigación criminal y viceversa”, afirmó. Propuso también un sistema de control interno más drástico, con investigaciones rápidas en Inspectoría y el uso del polígrafo para detectar corrupción en mandos claves. “Si los puestos estratégicos los ocupan policías corruptos, el 60% restante los seguirá. Pero si subes a los honestos, el cambio será inmediato”, aseguró.
Finalmente, planteó una reforma educativa dentro de la institución. Dijo que el problema empieza en la admisión a las escuelas de oficiales y suboficiales, donde aún existen prácticas de favoritismo y “tarjetazo”. “Si ingresan los mejores jóvenes, sin pagar ni tener padrinos, tendremos buenos policías”, señaló. También consideró positivo incorporar profesionales civiles —sociólogos, ingenieros o politólogos— para fortalecer el análisis criminal y el diseño de políticas públicas. “Captemos lo mejor de lo mejor, sin corrupción ni amiguismo”, concluyó.
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