En medio de la incertidumbre política que atraviesa el país, la reciente autorización de explotación minera para el proyecto Tía María en Arequipa ha generado críticas por parte del congresista Jaime Quito. Según el parlamentario, el Ministerio de Energía y Minas emitió la resolución en un contexto de crisis institucional, lo que, a su juicio, evidencia un aprovechamiento político en favor de la empresa Southern Perú.
Irregularidades en la autorización del proyecto Tía María
El congresista cuestionó la decisión del Ministerio de Energía y Minas al otorgar la licencia de explotación el pasado 14 de octubre, durante la transición política tras la vacancia de Dina Boluarte. Afirmó que el documento presenta vicios administrativos y que la empresa minera no cumple con los requisitos ambientales vigentes. Entre las observaciones, mencionó la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental, presentado originalmente en 2014, y cuya vigencia máxima habría expirado hace varios años.
Arequipa, según precisó el legislador, estaría siendo afectada no solo por la reactivación del proyecto Tía María, sino también por la falta de fiscalización estatal frente a la actividad minera. La ausencia de una licencia social y de una adecuada evaluación ambiental serían motivos suficientes, indicó, para solicitar la nulidad del documento emitido por el Ejecutivo. La denuncia formal ya fue presentada ante las instancias correspondientes.
Asimismo, el parlamentario destacó que existen problemas adicionales relacionados con el uso del agua. Señaló que Southern no cuenta con autorización para extraer recursos hídricos en la zona del Valle de Tambo y que la única licencia, vinculada al sector San Camilo, se encuentra en proceso judicial. Para Quito, esta situación agrava la conflictividad social en la región Arequipa y pone en riesgo la actividad agrícola del valle.
Denuncias sobre impactos en la región Arequipa
El legislador también advirtió sobre el impacto de otros proyectos energéticos vinculados a Southern. Afirmó que la empresa Ocoña Hydro S.A. (Ohysa), encargada de la construcción de una central hidroeléctrica en Chaucalla, sería una sucursal de Southern y que los recursos energéticos generados se destinarían a las operaciones de Tía María. En este contexto, sostuvo que la población del distrito de Toro, en la provincia de La Unión, enfrenta el riesgo de ser desplazada por inundaciones.
Además, subrayó, no solo enfrenta la amenaza de la minería a gran escala, sino también la pérdida de ecosistemas y tierras agrícolas. En el caso del Valle de Tambo, se calcula que más de 15 mil hectáreas podrían verse comprometidas por la expansión minera. En tanto, en la comunidad de Chaucalla, se proyectan afectaciones menores, pero significativas en términos ambientales y sociales.
El congresista insistió en que estas acciones vulneran la ley y desconocen la voluntad de las comunidades locales. Añadió que el Ministerio de Energía y Minas no ha considerado las observaciones técnicas ni las demandas sociales expresadas desde hace más de una década. Según su despacho, la autorización a Southern representa una continuidad de decisiones políticas que priorizan los intereses empresariales por encima de los derechos de la población.
“Nosotros hemos presentado una nulidad de esa resolución directorial para que sea anulada porque no se está respetando lo que la población ha venido indicando hace 15 años, aparte de la licencia social, el estudio de impacto ambiental que tiene una caducidad de tres años, máximo a cinco años; eso se ha vencido del 2014”.
La controversia por Tía María vuelve a poner a Arequipa en el debate nacional sobre la gestión de los recursos naturales y la relación entre minería y desarrollo sostenible. Mientras se procesa la solicitud de nulidad, las comunidades locales mantienen su rechazo al proyecto y exigen que se respete su derecho a participar en las decisiones que afectan su territorio.
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